viernes, 25 de noviembre de 2011

CONDENA A ESPAÑA POR EL DESASTRE AMBIENTAL DE LAS MINAS A CIELO ABIERTO DE LEÓN

Uno de los mayores desmanes ambientales de España, la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (León), consentido durante más de una década por todas las Administraciones, ha recibido un varapalo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha condenado a España por incumplir las directivas ambientales en las minas de carbón de la zona, fuertemente subvencionadas por Industria.

En 1998, España designó la comarca como lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves. En esta región habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. Esta protección no impidió a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno aprobar y subvencionar las minas.
Las explotaciones de carbón a cielo abierto horadan la montaña mediante enormes voladuras y son más rentables que la minería de pozo. En concreto, estas minas eran de la empresa MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, la mayor beneficiaria de las ayudas de Industria. El Ministerio de Industria ha defendido la importancia del carbón nacional y las subvenciones a estas instalaciones, mientras desde Medio Ambiente se enarbolaba un discurso ecologista.
En 2001, un vecino y la asociación ecologista Filón Verde llevaron el caso a la Comisión Europea. Ese mismo año y después en 2004 y 2008, Bruselas advirtió a España contra esas minas, entre las que se encuentran la polémica de El Feixolín. Ahora, el fallo del Tribunal de la UE declara que España incumplió la directiva de impacto ambiental al aprobar, sin una correcta evaluación sobre el oso y el urogallo, las minas de Nueva Julia y Los Ladrones.
El Gobierno justificó que las autorizó por la importancia que tenían para "la economía local", pero el Tribunal considera que esa excepción valdría si se hubiera alegado antes de emprender el proyecto y no después, ya que las autorizó "sin medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000".
Las minas de El Feixolín, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, ampliación de El Feixolín y Nueva Julia vulneran también directivas ambientales europeas, porque España no ha hecho nada para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones, que en ocasiones han arrasado con el entorno protegido.
El Tribunal destaca que la ampliación de El Feixolín funcionó cuatro años sin permiso pero con conocimiento de las autoridades.
"El tribunal da un repaso a toda la minería de la zona después de que España mirara para otro lado durante una década", explica Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y quien denunció el caso. La condena no implica multa, pero sí un varapalo enorme, ya que Bruselas no suele llegar al Tribunal en casos ambientales y menos a conseguir una condena. Sí puede llegar a multa si el Gobierno y la Junta siguen desoyendo el fallo, además de influir en los procedimientos judiciales en marcha.


EL PAIS - R.MÉNDEZ -

EGIPTO SE LEVANTA - AMNISTÍA INTERNACIONAL -

En los últimos días, más de 20 personas han resultado muertas y centenares de ellas heridas en Egipto. La información recogida por nuestros investigadores para ese país apunta a que las fuerzas de seguridad no han dudado en disparar contra la población civil para tratar de disolver las manifestaciones pacíficas y frenar las ansias de democracia.

Y es que la revolución que hace nueve meses prendió la mecha que terminó con la caída de Mubarak, ha vuelto a  la plaza Tahir a sólo unos días de las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre. Y lo ha hecho para pedir el fin del régimen militar que, en este período, se ha empeñado en aplastar las esperanzas que surgieron con el cambio de régimen.

Manifestantes, periodistas, blogueros y trabajadores en huelga han sido reprimidos despiadadamente. Doce mil civiles han sido juzgados por tribunales militares, y al menos 13 condenados a muerte.

Lo que ocurre en Egipto es otro triste ejemplo de que, a menos que seamos más fuertes, siempre habrá civiles cuyos derechos humanos no serán defendidos por nadie excepto tú y las personas que, como tú, no pueden permanecer impasibles ante los abusos.

Necesitamos ser más para que su voz se escuche.


Por eso te pido que firmes urgentemente esta petición para exigir a las autoridades militares egipcias que cesen la violencia contra su propia población. Y por favor comparte esta información para que seamos más fuertes para proteger a los manifestantes que siguen en la calle.

Con tu apoyo podemos lograrlo.

Gracias por actuar.

Esteban Beltrán
Amnistía Internacional – Sección Española


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EL EFECTO DE UN TSUNAMI EN ESPAÑA SERÍA PEOR QUE EN INDONESIA

Un tsunami en España causaría una catástrofe mayor que la acontecida en Indonesia en 2004, según han alertado investigadores internacionales en Santander, al mismo tiempo que han precisado que las zonas de Cádiz, Almería, Murcia o las Islas Baleares podrían ser inundadas con alturas de ola mayores a tres metros.

Así, el investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria) --enmarcado en el área de excelencia de 'Agua y Energía' de Cantabria Campus Internacional--, Mauricio González, ha alertado de esta posibilidad en una rueda de prensa, en la que también ha comparecido la coordinadora del grupo de Instrumentación para la detección de tsunamis de Puertos del Estado, Begoña Pérez.
   Ambos han denunciado que España no ha desarrollado su Sistema de Alerta, lo que implica que cuando llegue una alerta de tsunami "no va a saber reaccionar", y estas alertas comenzarán a llegar el próximo año cuando el resto de países pongan en marcha sus sistemas.
   Por ello, han manifestado que es necesaria un mayor implicación del Gobierno de España, primero para que se nombre una institución encargada de desarrollar el sistema, y segundo para aportar financiación que permita llevarlo a cabo.
   Un total de 80 investigadores de 40 países se han reunido hasta este jueves en el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IH Cantabria) en la reunión anual del Grupo Intergubernamental de Trabajo para el desarrollo de un sistema de alerta de tsunamis en el Atlántico Oriental, el Mediterráneo y mares adyacentes (IOC/NEAMTWS) de la UNESCO.
   Esta reunión se ha celebrado por primera vez en España precisamente para tratar de alertar al Gobierno del riesgo que corre España si sucede un tsunami cercano y no se cuenta con un Sistema de Alerta, y por lo tanto un protocolo de actuación, para detectar a dónde llegará, en qué momento y con qué magnitud.

"ALTO RIESGO" DE TSUNAMIS

   Todos los países europeos ya tienen casi a punto sus sistemas de alerta locales, que se complementarán con el sistema europeo, mientras que en España no se ha avanzado a pesar de que las costas españolas tienen "un alto riesgo" de sufrir tsunamis, ha indicado González.
   Pérez ha señalado que uno de los elementos "más importantes" para este sistema es "la instrumentalización en el mar", es decir, la colocación de sistemas de detección de los tsunamis. En España, se han renovado todos los mareógrafos después del tsunami que arribó a Baleares en 2003 tras el terremoto acontecido en Argelia.
   Sin embargo, esto no es suficiente. En la parte científica "está todo hecho", ha destacado González, ya que se han adaptado los mareógrafos para la detección de estos tsunamis, pequeños o grandes, y también se han elaborado modelos numéricos y algoritmos automáticos para detectar estos fenómenos en tiempo real.

"FALTA VOLUNTAD POLÍTICA"

   "Lo que hace falta es voluntad política para desarrollar el Sistema de Alerta", ha insistido González, ya que España tiene un riesgo "importante" de la llegada de tsunamis y "pueden llegar dentro de 100 años o mañana mismo".
   Además, este investigador ha hecho especial hincapié en que "las catástrofes naturales no existen, lo que existe es una mala gestión de los fenómenos naturales".
   Por ello, los expertos en tsunamis hacen un llamamiento para que el Gobierno de España tome conciencia de la necesidad de crear este Sistema de Alerta con protocolos de emergencia y programas de preparación a la población, porque "si mañana nos llega un tsunami no sabremos que hacer", ha ensalzado González.
   En la rueda de prensa también han estado presentes el coordinador general de Comité Oceánico Intergubernamental, François Schindele; y el director regional para el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, Bill Proenza.

LA GENERALITAT DE CATALUNYA APRUEBA UN DECRETO PARA PERMITIR LA CAPTURA DE 60.000 AVES VULNERANDO LAS LEYES EUROPEAS

El pasado lunes salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto Ley por el que la Generalitat quiere modificar la Ley de protección de los animales en el que se establece un régimen de captura en vivo y posesión de pájaros fringílidos (pinzón, verderón, jilguero y pardillo) para la cría en cautividad, dirigida a la actividad tradicional de canto durante el año 2011.

A juicio de SEO/BirdLife y ADENC, la Generalitat ha cedido ante la presión de la Federación Catalana de Caza para autorizar prácticas prohibidas por las por las directivas europeas y la legislación nacional. Además, las ONG recuerdan que actualmente se encuentra imputada una ex directora general por dar este tipo de autorizaciones en Cataluña. De hecho, es más que probable que la Generalitat quiera blindar la decisión al hacerlo en formato de Decreto Ley que debe ser refrendado el martes que viene por el Parlamento Catalán para evitar que las ONG puedan recurrir la decisión.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya ha confirmado por dos veces que las administraciones no pueden dar autorizaciones para capturar aves silvestres para enjaular. En este mismo sentido se han pronunciado los técnicos de caza de la Generalitat de Cataluña en informe de agosto de 2010 y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2010. La propia Generalitat hizo una consulta a la Comisión Europea que fue contestada el 20 de julio de 2008 en el que le especificaba que habiendo la posibilidad de obtener aves provenientes de la cría en cautividad no había posibilidad de autorizar la captura de más ejemplares silvestres.
Además, en julio, todas las Comunidades Autónomas, con el visto bueno de la Generalitat aprobaron unas directrices en las que se especifica que no se pueden autorizar nuevas capturas si no se acredita previamente que no existen alternativas viables a la captura de nuevos ejemplares para evitar la consanguinidad de la población cautiva. Evidentemente, la Generalitat vulnera también estas directrices ya que no ha acreditado este último aspecto. Para SEO/BirdLife y ADENC  es evidente que no existe consanguinidad en la población cautiva compuesta por millones de aves en toda Europa y que, localmente puede solventarse mediante el comercio e intercambio de ejemplares.
Por lo tanto, SEO/BirdLife y ADENC no pueden compartir el contenido de este Decreto y recurrirán a todas las instancias para evitar su ratificación por el Parlamento y su aplicación. Estas entidades ya han enviado información a la Comisión Europea y, en el caso de ser ratificado el Decreto Ley, enviarán la semana que viene una queja ante la Comisión Europea y una solicitud al Gobierno de España para que lleve esta reforma legislativa ante el Tribunal Constitucional solicitando su suspensión cautelar.
Por otra parte, es criticable el mecanismo establecido por la Generalitat para autorizar esta práctica ilegal. Hacerlo por Decreto Ley evita la participación pública y el control por parte de los tribunales, lo que pone de relevancia es la falta de diálogo por parte del gobierno de la Generalitat, y en definitiva la falta de sensibilidad hacia el medio natural, patrimonio de todos los catalanes. Para las entidades ambientales lo más grave es la forma en que este decreto ley ha sido aprobado, sin permitir la opinión de la sociedad civil ni haber procedido a la consulta sobre el mismo a las entidades ambientales que la representan.
Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife considera que es muy grave y preocupante que las administraciones aprueben por ley prácticas ilegales contrarias al medio ambiente, que eliminan la posibilidad de recurso en los tribunales por parte de las ONG. Este es el caso de los fringílidos en Cataluña, de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, del Parany en Valencia o del Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias”.
El decreto elimina cuatro especies de la lista de especies protegidas (pinzón, verderón, jilguero y pardillo); prohíbe el pegamento (vesc) aprobando sólo como métodos de captura de aves que estén aquellos previstos en la normativa comunitaria y la legislación básica estatal, y autoriza la captura de hembras de estas 4 especies con el objetivo de conseguir una población cautiva. Esta modificación de la Ley de protección de los animales para sacar del anexo de especies protegidas a estas especies, no se fundamenta en criterios científicos.


DOS PLANTAS INDUSTRIALES ASTURIANAS ENTRE LAS 100 QUE TIENEN UNA CONTAMINACIÓN MÁS PERJUDICIAL EN LA UE

La contaminación industrial cuesta a España entre 6.451 millones y 10.182 millones de euros al año en daños a la salud y el medioambiente, según la estimación publicada este jueves por la Agencia Europea del Medio Ambiente con datos correspondientes a 2009.

De acuerdo con este estudio, entre las 100 plantas de la UE cuya contaminación resulta más perjudicial hay cuatro españolas, dos de ellas asturianas. Se trata de la central térmica Litoral de Almería, en Carboneras (que ocupa el puesto 57 en el ranking de la UE); la central térmica de Aboño, en Gijón (puesto 70); la central de As Pontes, en A Coruña (puesto 83); y la planta de Arcelor en Avilés (89).
   En el conjunto de la UE, la contaminación atmosférica procedente de las 10.000 mayores plantas industriales en territorio comunitario cuesta entre 102.000 y 169.000 millones de euros, es decir, entre 200 y 330 euros por europeo de media en 2009.
   La mitad de este coste lo causan sólo las 191 instalaciones más contaminantes, principalmente productoras de electricidad. Los costes se han calculado utilizando los datos de emisiones proporcionados por las propias plantas.
   Alemania, Polonia, Reino Unido, Francia e Italia, donde se localiza un mayor número de grandes plantas industriales, son los países que más contribuyen a estos daños. No obstante, si se tiene en cuenta la productividad, las emisiones de Bulgaria, Rumanía, Estonia, Polonia y República Checa resultan más importantes.
   Las emisiones de CO2 son las que más contribuyen al coste total, aproximadamente 63.000 millones en 2009. Otros contaminantes atmosféricos que contribuyen a la lluvia ácida y pueden provocar problemas respiratorios, como el dióxido de azufre, el amoniaco, las partículas y los óxidos de nitrógeno causan un daño medio de entre 38.000 y 105.000 millones de euros al año.

LA CE DENUNCIA A ESPAÑA ANTE LA JUSTICIA EUROPEA POR NO APLICAR LA NORMA PARA AHORRAR ENERGÍA EN LOS EDIFICIOS

La Comisión Europea ha denunciado este jueves a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por no aplicar correctamente la norma comunitaria que obliga a reducir de forma significativa el consumo de energía de los edificios.

De acuerdo con la legislación española, el método para calcular el ahorro energético de los edificios y los requisitos de entrega de un certificado de eficiencia energética se aplican no a todos los tipos de edificios, como defiende la Comisión, sino únicamente a los edificios nuevos y a los que sufran una renovación importante.
   "Se trata de un aspecto fundamental del derecho europeo, ya que el certificado de eficiencia energética previsto ofrece una visión clara de la calidad de la construcción desde el punto de vista del ahorro de energía y los costes asociados", ha dicho el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
   Para Bruselas, se trata de "una herramienta importante a efectos de la capacidad de negociación al comprar bienes inmuebles o celebrar acuerdos de alquiler: algunas encuestas indican que los compradores pueden estar dispuestos a pagar más por edificios eficientes".
   Además, la Comisión considera que España aún no ha puesto en marcha las medidas necesarias para establecer un régimen de inspección periódica de las calderas. Unas calderas que no funcionen correctamente pueden representar una parte importante de los costes de calefacción, según Bruselas.
   En noviembre de 2010, la Comisión solicitó a España, mediante un dictamen motivado, que cumpliera íntegramente los requisitos de la UE. Aunque las autoridades españolas han notificado las disposiciones para ajustar su legislación a las normas europeas, el Ejecutivo comunitario cree que no se ha dado aún pleno cumplimiento a estas.
   Los edificios son responsables de alrededor del 40 % del consumo de energía y del 36 % de las emisiones de CO2 en la Unión Europea. La legislación Europea persigue conseguir una reducción significativa del consumo de energía de los edificios, ayudando así a combatir el calentamiento del planeta, y consolidar la seguridad energética de la UE. Además, ello permite a los hogares reducir sus facturas.
   Según la directiva, los Estados miembros deben fijar un método para calcular la eficiencia energética de todos los tipos de edificios y normas mínimas de eficiencia energética para los edificios nuevos y los grandes edificios existentes que sean objeto de una renovación importante. Los Estados miembros también han de garantizar la certificación de la eficiencia energética de los edificios y disponer el control periódico de las calderas y de los sistemas de aire acondicionado.

LA JUSTICIA EUROPEA CONDENA A ESPAÑA POR AUTORIZAR MINAS A CIELO ABIERTO EN LEÓN

El Tribunal de Justicia de la UE (TUE) ha condenado este jueves a España por autorizar la explotación de minas a cielo abierto en la zona protegida del Alto Sil, en el noroeste de Castilla y León, sin evaluar su impacto medioambiental y en especies en peligro como el urogallo.

El dictamen da la razón a la Comisión Europea, que había llevado el caso ante el TUE por considerar que España vulnera la legislación medioambiental comunitaria.
   En primer lugar, la justicia europea declara que España ha incumplido la directiva de evaluación de impacto ambiental y la de hábitats al haber autorizado las explotaciones mineras a cielo abierto de 'Nueva Julia' y 'Los Ladrones' sin supeditar la concesión de las correspondientes autorizaciones a la realización de una evaluación que permitiera identificar, describir y evaluar de manera apropiada los efectos directos, indirectos y acumulativos de los proyectos de explotación a cielo abierto existentes.
   Además, la sentencia resalta que las autoridades españolas tampoco han adoptado las medidas necesarias para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones de 'Feixolín', 'Salguero Prégame Valdesegadas', 'Fonfría', 'Ampliación de Feixolín' y 'Nueva Julia'.

GOBIERNO EN FUNCIONES Y PP NEGOCIAN LA PRÓXIMA SEMANA SU PARTICIPACIÓN Y POSTURA EN LA CUMBRE DEL CLIMA

El Gobierno en funciones y el PP mantendrán la próxima semana una reunión para acordar la postura de España así como el equipo por el que estará representada en la Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, que se celebrará en Durban (Sudáfrica) del 28 de noviembre al 9 de diciembre, según ha informado la secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Teresa Ribera.

En una reunión con periodistas, ha señalado que ella participará la próxima semana en esta cita, aunque aún está por decidir el día. La Cumbre de Durban comienza este próximo lunes; sin embargo, hasta la siguiente semana, no empezará el tramo político de la negociación.
   Respecto a la postura común, ha manifestado que se trata de ver el espacio "de interés" en el que tanto el Gobierno en funciones como el PP se sientan "cómodos". En todo caso, ha dicho que no contempla un "escenario" en el que el PP cambie la posición de España, "o que diga que hay que boicotear la Cumbre de Durban" porque el margen de maniobra es "limitado", puesto que España "juega" dentro de la Unión Europea.

MENSAJES CLAROS EN DURBAN

   Posteriormente ha añadido, en declaraciones a Europa Press, que, "a pesar de todo", es importante ver detalladamente los elementos que puedan ser "puntos calientes" durante la negociación en la Cumbre del Clima de Durban para "poder fraguar con claridad y de antemano" los espacios que comparten ambos partidos.
   Por ese motivo, ha insistido que desde la secretaría de Estado de Cambio Climático no se contempla "en ningún caso" que haya una "divergencia sustancial" por parte del Partido Popular que pudiera alterar "drásticamente" la posición de España en la Cumbre de Sudáfrica ni en sus objetivos generales.
   "Estoy convencida de que el interés de España y de la Unión Europea cuenta con un espacio muy amplio. Por lo tanto, no es previsible que haya grandes oscilaciones con respecto a lo que ha sido la defensa de los intereses colectivos y la actitud constructiva y proactiva que hemos venido representando como bloque de negociación Europa y como país miembro enormemente implicado en el seno de la Unión Europea, por que se produzca un cambio de Gobierno", ha precisado.
   De hecho, ha reconocido que es "evidente" que ambos partidos "no están de acuerdo en todo" pero que no puede imaginar "ningún" escenario en el que el Partido Popular, más allá de las discrepancias conocidas o que puedan surgir, se separe "drásticamente de lo que se ha venido haciendo" ni tampoco que deje de entender la importancia que tiene el éxito de una cumbre como Durban, o bien, que adopte una "actitud" que pueda poner en riesgo el éxito de la cumbre".
   Asimismo, ha recordado que el Gobierno en funciones apuesta por un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 30 por ciento, mientras que el PP prefiere mantenerse en el 20 por ciento.
   Respecto a la reunión de para concretar la postura y la delegación española en Durban, ha agregado que también se abordarán los temas a tratar en el Consejo de Medio Ambiente de la Unión Europea, previsto para el próximo 19 de diciembre. "Durban es una cumbre importante para la UE pero también para España. Es relevante conversar y ponerse de acuerdo con el equipo que está llamado a gobernar", ha apostillado.
   Finalmente, ha dicho que quién de momento acudirá seguro a Sudáfrica es la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Alicia Montalvo.

LA UE PREPARA LA CUMBRE DE DURBAN PARA LIDERAR NUEVOS COMPROMISOS

La Unión Europea (UE) prepara la próxima cumbre contra el cambio climático de Durban, en la que deben suscribirse acuerdos para renovar el protocolo de Kyoto que expira en 2012, con el ánimo de liderar nuevos compromisos y jugar un papel relevante en la esfera internacional.

En un acto celebrado en la sede de la Comisión Europea en Barcelona, el portavoz de la Comisión de Cambio Climático, Isaac Valero, ha considerado que el liderazgo de la UE es "fundamental" porque, a pesar de que Copenhague se cerró sin un acuerdo vinculante por parte de China, el país asiático se comprometió a reducir sus emisiones.
   Asimismo, Valero ha defendido que una nueva reducción de las emisiones forma parte de los intereses de la UE, y además "combinar crecimiento y sostenibilidad es posible", como demuestra que en los últimos 12 años el PIB de la UE ha crecido un 40% y sus emisiones se han reducido un 17%.
   El portavoz ha recordado asimismo que la lucha contra el cambio climático genera oportunidades de creación de puestos de trabajo, ya que en los últimos años se han generado 300.000 trabajados relacionados con el medio ambiente, y en el sector de la eficiencia energética podrían crearse 1,5 millones de empleos adicionales.
   Para Valero, la reducción de emisiones hasta 2020 que evite el aumento de dos grados centígrados en las temperaturas globales es "tecnológica y económicamente viable", aunque se acaba el tiempo porque, de no tomarse medidas antes de 2017, será demasiado tarde para limitar el calentamiento.
   La UE pretende por tanto alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante para todos, aunque entre las condiciones están que se sumen EE.UU. y China con "compromisos claros", por ser los causantes del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
   Asimismo, la UE pedirá que se hagan reales los compromisos adoptados en Copenhague para crear una línea de ayudas de 30.000 millones de dólares, porque "si Durban fracasa no será por Europa", ha vaticinado Valero.

ECOS POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA EN LA CUMBRE DE DURBAN

Amigos de la Tierra presenta su cuarto “Eco por la justicia climática” para exigir a los países industrializados que asuman su responsabilidad frente al cambio climático, con un acuerdo que contemple los principios de responsabilidad, justicia climática y una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El próximo domingo 27 de noviembre comienza la Cumbre de Cambio Climático en Durban, Sudáfrica. 193 países junto con observadores de la sociedad civil darán cita en la Conferencia de las Partes para dar a conocer hasta dónde están dispuestos a llegar en sus compromisos para frenar el cambio climático.
Amigos de la Tierra, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, estará presente en las negociaciones para pedir un compromiso real que garantice la equidad y la justicia social. Así, desde la Federación Internacional se insta a los Gobiernos de los países industrializados a tomar las medidas necesarias que pide la ciencia, para evitar los efectos más graves del cambio climático.
Amigos de la Tierra ha estado apoyando a la sociedad civil a través de las redes sociales, medios de comunicación y blogs, a través de su campaña “Ecos por la justicia climática“ [1], y ahora también lo hará en la cumbre. María Tiimon, una de las protagonistas de la campaña cuenta cómo la isla en la que nació, situada en el archipiélago de Kiribati en el Océano Pacífico, está a punto de inundarse por la subida del nivel del mar. María señala que “los países industrializados son los que contaminan, mientras que las pequeñas islas somos las que tenemos que sufrir las consecuencias. ¿Qué quiero?: justicia”.
Las últimas cumbres se han visto bloqueadas por las grandes potencias económicas, como EE.UU. o Japón, que han postergado la necesidad de un acuerdo ambicioso basado en la justicia climática. Sin embargo los países industrializados están obligados por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) a reducir sus emisiones y financiar la adaptación y mitigación del cambio climático en el resto de países.
Sin embargo, nos encontramos en una encrucijada en Durban. El Protocolo de Kioto, el único acuerdo legalmente vinculante del que disponemos, está muy cerca de expirar y en lugar de apostar por una segunda fase del Protocolo de Kioto la principal intención de los países industrializados parece ser convertir el acuerdo en compromisos voluntarios.
El problema del cambio climático es ineludible, no podemos esperar, ni alargarlo más. Los países industrializados han de alcanzar un acuerdo que garantice la justicia climática, un 40% de reducción de emisiones de C02 respecto a 1990, sin mercados de carbono y con un fondo de financiación de al menos 200.000 millones” declara Alejandro González, responsable de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra.

Notas: 

[1] Sigue estos enlaces para ver los "ecos por la justicia climática":
- Eco por la justicia climática 1, Eber Velázquez de Guatemala, América Latina
- Eco por la justicia climática 2, Lola Alvárez de España, Europa
- Eco por la justicia climática 3, Ciudadano de Adina en la costa de Ghana, África
- Eco por la justicia climática 4, Maria Tiimon de las islas de Kiribati en el Océano Pacífico, Asia