martes, 30 de agosto de 2011

IU e ICV presentan ante la Mesa del Congreso un escrito de impugnación por el procedimiento acordado para tramitar la reforma de la constitución

Texto íntegro del escrito de impugnación registrado sobre el que se debe pronunciar la Mesa a la mayor rapidez para o bien reconsiderar el procedimiento elegido para la reforma constitucional de su artículo 135 o bien para rechazar la propuesta de IU e ICV en todos su términos

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Los diputados abajo firmantes proceden, mediante el presente escrito, a ejercer el derecho que les confiere el artículo 31.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, impugnando por este trámite la decisión adoptada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 30 de agosto de 2011 en relación con la tramitación de la Proposición de Reforma de la Constitución presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios del PSOE y del PP.

Esta impugnación se fundamenta en los siguientes MOTIVOS:

PRIMERO. El procedimiento acordado por la Mesa, siguiendo la solicitud de los dos grupos parlamentarios proponentes de la reforma constitucional, no se corresponde con el contenido y consecuencias del texto propuesto.

El contenido de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución Española implica una modificación encubierta de su Título Preliminar y, en consecuencia, su tramitación debe seguir los trámites contemplados por el artículo 168 de la propia Constitución. Según este procedimiento, una vez que el Congreso y el Senado acuerdan por mayoría de los dos tercios la iniciativa de reforma constitucional, se debe proceder a la disolución de las Cortes para que sean las nuevas Cámaras electas las que tramiten la reforma constitucional, culminando el proceso con un referéndum vinculante.

El texto de la propuesta de modificación de la Constitución Española, pactado a puerta cerrada entre el PSOE y el PP, afirma textualmente en el apartado 3 del artículo 135 que "Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta."

Esta propuesta supone la modificación encubierta del artículo 1.1 de la Constitución, en el que se define al estado español como un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."

Es fácil comprobar que el texto contenido en la Proposición de modificación de nuestra norma fundamental introduce un valor superior a los de la justicia y la igualdad, que es el del cumplimiento incondicional del pago de los intereses y el capital de la deuda, cumplimiento que también se sitúa por encima del carácter social de nuestro Estado. La aprobación de la reforma propuesta implica que, la utilización del dinero público por el Estado, Comunidades Autónomas y municipios, tendrá la obligación de priorizar este nuevo valor económico sobre la cobertura de las necesidades sociales que garanticen el cumplimiento de los valores de justicia e igualdad.

De aprobarse la reforma, en los supuestos en los que haya que optar entre el pago de intereses y capital de la deuda pública, o cubrir necesidades sociales en relación con el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la justicia, la investigación o la promoción de la recuperación económica, tanto el Estado, como las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, deberá priorizar el cumplimiento del nuevo valor supremo: la prioridad absoluta al pago de los intereses y la deuda pública.

En definitiva, la propuesta de reforma antepone los intereses de los prestamistas sobre los intereses y necesidades sociales de la ciudadanía.

El cambio constitucional supone, en consecuencia, un drástico cambio en la definición de nuestro Estado como "social", pasando a ser un Estado rehén de las condiciones que "el mercado" vaya imponiendo para la financiación de las necesidades presupuestarias.

Este cambio encubierto del artículo 1.1 de la Constitución Española y, como consecuencia, la rebaja del nivel de protección de derechos fundamentales contenidos en la Sección Primera del Capítulo II del Título Primero de la Constitución, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva plasmado en el artículo 24 (los recursos económicos para que la administración de justicia pueda cumplir este derecho quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda) o el derecho a la educación contenido en el artículo 27.5. según el cual "Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes." (los recursos económicos para que garantizar una educación pública de calidad quedan condicionados al prioritario pago de intereses y capital de la deuda)

En consecuencia con todo lo anterior, la Mesa ha de reconsiderar su decisión, debiendo ajustar la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PP y PSOE a lo dispuesto por el artículo 168 de la Constitución y el artículo 147 del Reglamento del Congreso de los Diputados, procediendo a hacer coincidir la disolución del Parlamento con la anunciada por el Presidente del Gobierno, con las consiguientes obligaciones del nuevo Parlamento electo.

En cualquier caso ha de considerarse que, ante la más mínima posibilidad de que los cambios constitucionales afecten tanto al Título Preliminar como a derechos y libertades fundamentales, ha de optarse por la vía que más garantías ofrezca en su tramitación y que garantice que el pueblo tenga la posibilidad de decidir en última instancia mediante el oportuno referéndum. Lo contrario sería rebajar todavía más la calidad y profundidad democrática de nuestro país y dejar en papel mojado las múltiples declaraciones mediante las que se resalta la importancia de respetar la voluntad popular, como la contenida en el propio Preámbulo de la Constitución según el cual se proclama la voluntad de la nación española de "consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular" y de"establecer una sociedad democrática avanzada".

SEGUNDO. Con carácter subsidiario al motivo anterior, el acuerdo de la Mesa por el que se decide el procedimiento y los plazos para la tramitación de la Proposición de reforma constitucional de los grupos PSOE y PP también vulnera flagrantemente las normas reguladoras del procedimiento de reforma constitucional, contenidas en el artículo 167 de la propia Constitución y en el artículo 146 del Reglamento del Congreso de los Diputados.

Tres son las decisiones cuestionables legalmente en relación con la tramitación de la reforma constitucional promovida por los grupos del PSOE y PP:

1. Tramitación por el procedimiento de lectura única, es decir, eludiendo la participación de la Comisión Constitucional, que es la primera de las Comisiones Permanentes contempladas por el artículo 46.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Se ampara para ello la Mesa en el artículo 150.1 del Reglamento de la Constitución según el cual "cuando la naturaleza del proyecto o proposición de ley tomada en consideración lo aconsejen o su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar que se tramite directamente y en lectura única."

Es obvio que cuando el Reglamento del Congreso permite la simplificación máxima del procedimiento normativo en función de la "naturaleza" del proyecto o proposición de ley no está pensando en una reforma constitucional que no sea meramente semántica, puesto que la reforma constitucional es, lógicamente, la que requiere más garantías, más transparencia y más cuidado en su elaboración y aprobación, por tratarse de la norma fundamental que regula la convivencia en nuestro país. Así se constata con la lectura del Título X de la Constitución y de los artículos del Reglamento del Congreso de los Diputados que lo desarrollan (artículos 146 y 147).

Tampoco la "simplicidad" de la Proposición de reforma constitucional puede justificar la opción por el procedimiento de lectura única, pues si algo define la reforma constitucional propuesta es su complejidad técnica y la trascendencia social, política y económica.

2. Tramitación por el procedimiento de urgencia, es decir, reduciendo todos los plazos ordinarios de los trámites para cualquier reforma legal. Entre otros plazos que se reducen, está el plazo ordinario para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas que, según dispone el artículo 110 del Reglamento del Congreso de los Diputados, es de 15 días. Son los artículos 93 y 94 del Reglamento los que admiten este procedimiento de urgencia, para cuya declaración se requiere que exista alguna justificación explícita, que deberá ser debidamente motivada por la Mesa del Congreso de los Diputados, máxime cuando nos encontramos ante una reforma de la Constitución Española.

Ya desde un primer momento resulta no sólo sorprendente, sino evidentemente contrario a los artículos 146 y 147 de la Constitución Española y a la finalidad perseguida por los mismos, la tramitación como urgente de cualquier reforma constitucional, por la trascendencia política, social y legal de estas reformas. La calidad democrática de un Estado se ha de medir, en uno de los primeros lugares, por las garantías, la transparencia y la búsqueda del máximo consenso en los procesos de aprobación de las normas constitucionales. La declaración de urgencia de una reforma de la Constitución con el calado de la propuesta por los Grupos de los grupos PSOE y PP, supone un desprecio absoluto a la profundización de la democracia en nuestro país.

En segundo lugar, la declaración de urgencia debe ser motivada, pues no nos encontramos ante una decisión que pueda considerarse discrecional por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados, debido a los derechos que se encuentran en juego en las tramitaciones parlamentarias, entre los que se destaca el derecho a la participación en los asuntos públicos, contenido en el artículo 23.1 de la Constitución Española.

No existe ni en la Proposición de reforma constitucional de los Grupos PSOE-PP, ni en el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados la más mínima explicación de las razones por las que se ha acordado la tramitación urgente y, por lo tanto, se han reducido los derechos y garantías de los y las Diputadas para participar en la tramitación parlamentaria.

¿No tiene derecho el pueblo español a conocer porque los dos partidos políticos mayoritarios han pactado reducir al máximo los trámites y plazos para la reforma de la Constitución Española que en su día fue sometida a referéndum?. La Mesa del Congreso debe rectificar este atropello a la democracia participativa y representativa, acordando la tramitación de la Proposición de reforma constitucional por los trámites y en los plazos ordinarios.

De lo contrario habrá que concluir que existen razones para la declaración de urgencia que son inconfesables para los grupos parlamentarios mayoritarios. En estas condiciones de ausencia de motivación de las razones por las que se acude al procedimiento de urgencia, sería fácil deducir que nos encontramos ante una imposición de "los mercados", de los "mercaderes de las finanzas" y de algunos representantes y defensores de sus intereses. ¿Existe un chantaje por parte de quienes han causado la actual crisis económica, en relación con la suscripción de deuda pública? ¿Se ha aceptado ese chantaje consistente en amenazar con graves prejuicios económicos para nuestro país si no se cambia de manera "urgente" e inmediata la Constitución Española para garantizar los intereses de esas minorías que dirigen los "mercados financieros"?. Si algo parecido fuera lo que condiciona la decisión de reformar la Constitución antes de la disolución efectiva del Congreso y sin referéndum, haría ilegítima e ilegal la aceptación de tales presiones por dos partidos políticos y por sus representantes en el Congreso de los Diputados.

La ausencia de justificación de las razones para la urgencia en la tramitación de la reforma constitucional por parte de un Parlamento cesante, además de indigno desde una perspectiva política, es sonrojante para cualquier persona con convicciones democráticas profundas. , al objeto de que con carácter inmediato, se constitucionalice la garantía de los prestamistas de que la adquisición de deuda pública. Es por ello que, para evitar este atentado a los principios elementales de la democracia, la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reconsiderar su decisión de la tramitación como urgente de la reforma de la Constitución.

3. Reducción extraordinaria de los plazos, mas allá de la reducción correspondiente a la declaración de la urgencia del procedimiento. Aplica fraudulentamente a estos fines la Mesa del Congreso de los Diputados el artículo 91.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, según el cual "salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a otro tanto del plazo ni las reducciones a su mitad."

Nuevamente cabe preguntarse cuál es esa situación "excepcional" que lleva a que en menos de una semana de tramitación parlamentaria se quiera decidir una reforma constitucional de profundo calado.

Cuáles sean las ocultas razones que llevan a los grupos parlamentarios del PSOE y del PP a forzar hasta extremos sorprendentes el reglamento del Congreso de los Diputados deben ser tan vergonzantes que no son explicitadas y, por lo tanto, que en ningún caso han de considerarse legítimas.

Al igual que con la declaración de la urgencia, acudir a una vía de "excepcionalidad" ha de venir precedida por una expresa y profunda explicación y argumentación, máxime ante un procedimiento como el de reforma constitucional que, como queda dicho, es el trámite normativo que más garantías, participación y transparencia ha de ofrecer.

También en este supuesto se vulnera el artículo 23 de la Constitución Española, convirtiendo en ridículo el plazo que los grupos políticos que no están de acuerdo con el resultado de las negociaciones a puerta cerrada entre las cúpulas de los partidos políticos del PSOE y PP. Pasar de los 15 días de plazo ordinario para formular las enmiendas (plazo que en la mayoría de los casos referidos a cualquier otra iniciativa legislativa es ampliado) a 48 horas implica una burla a los trámites parlamentarios y un claro fraude de ley que pretende evitar las garantías contenidas en los artículos 167 de la Constitución Española y 146 del Congreso de los Diputados.

Es por ello que también esta decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados ha de reputarse como ilegal, debiendo ser reconsiderada.

TERCERO. Cabe resaltar el carácter fraudulento de todo el procedimiento propuesto por los partidos mayoritarios y aceptado por la Mesa del Congreso de los Diputados, puesto que pretende:

· eludir la negociación previa de las reformas constitucionales en la búsqueda del máximo consenso posible.
· eludir la transparencia en la explicación y contraste público de las consecuencias de la reforma propuesta.
· evitar un debate transparente, sereno y en profundidad a través de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.
· Dificultar al máximo el trabajo y la participación de los grupos parlamentarios que no han aceptado el acuerdo PP-PSOE.
· Evitar la participación y la aportación de opinión de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, claramente afectados por la reforma
· evitar la celebración de un referéndum que permita conocer la opinión del pueblo español sobre la reforma propuesta, que en caso contrario aparecerá como "impuesta".

Todos los objetivos anteriores chocan frontalmente con lo que los artículos 167 y 168 de la Constitución Española, así como con la unánime doctrina constitucional que reserva a las reformas constitucionales el procedimiento más riguroso y rígido de todos los procedimientos normativos regulados en nuestro estado democrático y de derecho.

"Las constituciones democráticas promulgadas en Europa tras la desaparición de los regímenes fascistas parten del reconocimiento del poder constituyente como momento fundante del sistema democrático en un doble sentido, como rechazo del autoritarismo político y social del fascismo, y como pacto o compromiso constituyente refundador del Estado y de la convivencia civil. Este consenso constituyente no sólo abarca a los partidos políticos, sino más en general a los sujetos sociales portadores de un proyecto de sociedad y al conjunto de la ciudadanía que está convocada a participar en esta definición constitucional a través de la consulta popular o referendaria. La constitución de un país requiere por tanto un amplio debate que culmina en un consenso entre diferentes líneas ideológicas y culturales que se replican en las diferentes fuerzas políticas que coinciden en este diseño. Eso explica la "rigidez" constitucional del constitucionalismo moderno, que prevé un procedimiento especial agravado para la reforma de la Constitución y la instauración de un control de constitucionalidad de las leyes a cargo de la jurisdicción ordinaria y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional."

Por todo lo anterior se reitera la solicitud de reconsideración por la Mesa del Congreso de los Diputados del procedimiento acordado para la reforma de la Constitución Española, reconduciéndolo al procedimiento contemplado por el artículo 168 de la misma o, subsidiariamente, siguiendo los trámites ordinarios para los procesos legislativos, sin lectura única, sin declaración de urgencia y sin reducción excepcional de los plazos.

Así se firma en Madrid a 30 de agosto de 2011

lunes, 29 de agosto de 2011

¡BIENVENIDOS ZOE Y GORKA!

¡BIENVENIDOS PEQUEÑOS ZOE Y GORKA!

FANIA ¡ENHORABUENA!  ¡POR FIN ESTÁN AQUÍ!
¡Estoy muy contenta y tengo muchas ganas de conocer a tus pequeños y también a tu chico! ¡Felicidades a los dos! mañana voy a veros :-)

Un abrazo muy fuerte,
Anina

domingo, 28 de agosto de 2011

CENA AMIGOS CAMPEONATO MOTO GP 2011 - INDIANÁPOLIS-



Llegué a tiempo para la Cena de aficionados moteros a los Campeonatos GP, que suelen celebrar mis padres y sus antiguos compañeros de almacen (aficionados a las motos). Me fueron a buscar Maria (la mujer de Gelo), sus niñas y mi madre. Y cuando llegué a casa ya estaban todos (Salomé, Mario, Paco, Elena, Gelo, Maria y sus niñas y mis padres) pendientes de la carrera, la verdad que no sé ni qué pasó en ella, jejeje! Pero luego nos pusimos las botas en la cena: ¡¡todo riquísimo!! ¡lo pasé muy bien!
Anina

LOS TRILEROS MAYORES DEL REINO Y LA CLAVE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL (JUAN TORRES LÓPEZ)

No hace ni siquiera un mes Mariano Rajoy decía a los cuatro vientos que cuando ganase las elecciones "volverá el déficit cero" (es decir, que en ningún caso la administración pública podría gastar más de lo que ingresara). Antes, le había propuesto a Rodríguez Zapatero reformar la Constitución para introducir la obligación de alcanzarlo y el Presidente del Gobierno se rió de la propuesta en el debate sobre el Estado de la Nación de 2010: “Una reforma que, como saben, es rápida, dado cómo es nuestro procedimiento de reforma constitucional, y que sería muy eficaz para combatir la coyuntura de la crisis. Ésa ha sido toda la reforma original que le hemos oído en los últimos meses y que no tiene ni fundamento, ni eficacia, ni capacidad”. El ahora candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba terció en el debate y también descalificó la propuesta de reforma constitucional diciendo: “Como todos sabemos, la Constitución es una ley que se cambia fácilmente y en un plis-plas nos arregla la crisis” y en marzo de 2011, durante una sesión de control al Gobierno, Rubalcaba recalcó de que "no vamos a imponer por ley del Estado un techo de gasto a las comunidades autónomas, no lo vamos a hacer porque creemos que va contra la Constitución".
Ahora, de repente, estos tres grandes dirigentes han desarrollado un auténtico trile para hacer que la población mire a otro lado cuando se disponen a someter los intereses nacionales a los poderes financieros con una ilegítima y muy dañina reforma de la Constitución.
Quien decía que la reforma constitucional no tiene fundamento, ni eficacia  ni capacidad, propone en el Parlamento llevarla a cabo urgentemente. El opositor que defendía el déficit cero acepta ahora una fórmula que en la práctica puede permite que los gobiernos de turno se salten la estabilidad presupuestaria cuando les venga en gana. El candidato que ironizaba sobre la propuesta de los conservadores afirmando defender posiciones más progresistas, tercia en el debate y entre los tres desvían la atención de los ciudadanos para aprobar una reforma mucho más lesiva para los intereses sociales que el simple control del déficit.
Veamos qué es lo que ha ocurrido.

El Pacto que no es lo que decían que iba a ser

El pasado 23 de agosto Zapatero anunció en el Congreso su propuesta de modificar la Constitución para controlar los déficit presupuestarios e inmediatamente Rajoy le mostró su apoyo. Enseguida hay protestas incluso en el propio grupo parlamentario socialista, cuyos miembros han sido ninguneados y en la sociedad y Rubalcaba se incorpora al debate proponiendo que el acuerdo contemple suficiente flexibilidad en la aplicación del principio de estabilidad (que en realidad es malo en sí mismo y no en función de que sea más o menos flexible).
En unas horas se presenta el acuerdo y aparece entonces la sorpresa que la inmensa mayoría de los ciudadanos son incapaces de descubrir porque sus representantes ocultan lo fundamental del pacto para seguir hablando de lo que en realidad ha terminado por resultar accesorio.
Lo que ha ocurrido es que el PSOE el PP han “descafeinado” la propuesta que ambos habían hecho con anterioridad.
Inicialmente hablaban de constitucionalizar el déficit cero en sentido estricto, en la misma línea del artículo de la constitución alemana que terminantemente pone un límite al déficit público. Pero en lugar de eso el acuerdo señala que una posterior ley orgánica establecerá un límite al "déficit estructural", un concepto mucho más sutil que puede permitir que el gobierno de turno tenga mucha más facilidad para saltarse el principio de estabilidad que defienden.
El concepto de déficit estructural no es el resultado del simple saldo de las cuentas anuales del Estado sino el saldo que tendrían esas cuentas en unas condiciones ideales: cuando la economía estuviera en pleno empleo y, por tanto, cuando el PIB realmente registrado fuese igual al potencial (el que se alcanza cuando se utilizan todos los recursos de una economía).  El acuerdo político que ampara la reforma lo define como "aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos fundamentales".
En la práctica esto significa que a la hora de calcular el saldo presupuestario (estructural) al que se le pondrá techo en la próxima ley orgánica habrá que descontar los ingresos y los gastos que no sean "estructurales" (es decir, los que sean resultado de circunstancias más o menos "anormales" que alejan a la economía de esa situación ideal, por ejemplo de una recesión). Pero su cálculo es muy problemático ya que la forma en que se haga será siempre discutible, nunca objetiva y, además, muy fácilmente manipulable.
Por eso, como dice David Lizoain (El insoportable error del 0,4%) limitar el déficit estructural del país al 0,4% (que es lo que se prevé que establezca la futura ley orgánica) es "una política radicalmente aberrante para una economía avanzada". En primer lugar sostiene con razón, siguiendo el análisis de Nick Rowe (What is a "structural" deficit?), que este concepto de déficit estructural no tiene mucho sentido económico ya que responde a criterios políticos más que económicos. Por ejemplo, si dos gobiernos hacen exactamente lo mismo generando un déficit de la misma cuantía pero uno había anticipado lo que pensaba hacer con los ingresos y gastos cuando llegara una recesión y el otro no hubiera adelantado nada sino que se hubiera limitado a hacer lo mismo una vez que se produjo la recesión, la consideración de su saldo debería ser distinta. En el segundo caso se consideraría que el déficit es estructural (porque sería teóricamente resultado de la recesión) y en el primero no.
Y además, Lizoain indica que la medida es completamente irreal: ni la zona euro ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año en los últimos veinte.
Podemos concluir, por tanto, que lo que finalmente han pactado los dos partidos mayoritarios no ha sido el criterio de déficit cero como habían dicho sino algo muy irrealista y que seguramente solo se pueda cumplir manipulando los registros presupuestarios. Posiblemente, porque así pueden vender a la población, como está haciendo Rubalcaba, que así no hay peligro de que la estabilidad presupuestaria ponga en cuestión los programas sociales (que es lo que lleva consigo la política de estabilidad presupuestaria, sobre todo, en países con déficits sociales como España, tal y como he explicado en mis artículos Razones económicas para rechazar el acuerdo neoliberal entre el PSOE y el PP y Acuerdo PSOE-PP sobre la deuda: un pacto que perjudica a España). Pero eso no quita que, al mismo tiempo, al introducir en la Constitución el principio de la estabilidad, se esté imponiendo (y además sin debate social) la filosofía neoliberal que implica renunciar a la política fiscal discrecional, con los efectos negativos que ello conlleva y que he tratado de explicar en esos mismos textos.

El contenido verdaderamente nefasto del acuerdo 

Pero lo que realmente han conseguido de esta manera los líderes de ambos partidos, es decir, haciendo creer que asumen rígidos criterios de austeridad cuando en realidad no los van a ser, ha sido comportarse como verdaderos trileros porque mientras llamaban la atención sobre el debate del techo presupuestario lo que estaban haciendo era incluir, sin apenas comentarlo públicamente, un nuevo precepto en la Constitución que da "prioridad absoluta" al pago de la deuda y los intereses frente a cualquier otro compromiso de pago del Estado.
Es decir, los parlamentarios del Partido Popular y del PSOE están dispuestos a aprobar sin recurrir al referéndum que permitiera que el pueblo se pronuncie al respecto que si en algún momento faltaran ingresos se dejarían de pagar los servicios más básicos del Estado para hacer frente antes que nada a los compromisos de la deuda.    
Esta es, pues, la auténtica clave de la reforma.  Una concesión vergonzosa a los poderes financieros que es muy grave por cuanto que supone una cesión de la soberana capacidad de decisión del pueblo español para determinar en un momento dado la prioridad que quisiera darle a sus compromisos de financiación.
En mi opinión, quienes promueven esta medida siguiendo el mandato de intereses extranjeros están traicionando a los intereses nacionales y al impedir que el pueblo español, que es el verdadero poder constituyente que podría cambiar con legitimidad la Constitución, se pronuncie sobre una cuestión tan fundamental están prostituyendo la Carta Magna y convirtiéndola en papel mojado para quienes de verdad asuman los principios del constitucionalismo democrático. Como acaba de señalar claramente Rubén Martínez Dalmau en su artículo ¿Quién puede reformar legítimamente una Constitución democrática?
"Cualquier modificación de la Constitución por parte de un órgano que no es el poder constituyente, aunque sea legal -también autoritarismos y fascismos se han fundamentado en la legalidad- no es otra cosa que la apropiación de la soberanía popular por un órgano ajeno al pueblo; es decir, el fin del constitucionalismo democrático (...)
Si la Constitución no es otra cosa que la voluntad del poder constituyente, la respuesta a esta pregunta, desde el constitucionalismo democrático, no puede ser otra: sólo el pueblo puede modificar legítimamente su Constitución. Lo contrario es negar la naturaleza de la legitimidad del sistema democrático en el que creemos vivir. Si la Constitución queda en manos de otras personas -gobiernos, mayorías en los parlamentos, reyes.-podremos hablar de otra legitimidad del poder político, de democracias más o menos limitadas, de decisiones mayor o menormente acordadas. pero nunca de constitucionalismo democrático".

La alternativa, Asamblea Constituyente

Frente al engaño con que se quiere llevar a cabo esta reforma ilegítima de la Constitución que además puede comportar en el futuro un grave daño para los intereses de la nación no cabe otra alternativa, como también indica Rubén Martínez, que activar un nuevo poder constituyente que elabore una nueva Constitución en una nueva Asamblea, un horizonte que me parece fundamental que asuman los movimientos que giran en torno al 15-M y, en general, todas las personas sin distinción de ideologías o posiciones políticas que deseen vivir en una verdadera democracia.

Juan Torres López - Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla-
http://www.juantorreslopez.com/component/content/article/137-articulos-de-opinion-y-divulgacion-2011/2470-los-trileros-mayores-del-reino-y-la-clave-de-la-reforma-constitucional

El insoportable error del 0,4% (2) (DAVID LIZOAIN)

Es absurdo fijar limites de gasto sin tener en cuenta el resto de la macroeconomía como bien nos señalan Andrew Watt y George Irvin. Nos recuerdan una identidad macroeconómica muy sencilla , donde (S-I) + (T-G) = NX.
  • S-I se refiere al ahorro del sector privado menos sus inversiones. Si el número es negativo, se está endeudando.
  • T-G se refiere a lo que el gobierno recauda menos lo que gasta. Si el número es negativo, corresponde a un déficit.
  • NX es el saldo externo de bienes y servicios , la diferencia entre lo que el país cobra por la exportación de bienes y servicios y lo que paga por la importación de bienes y servicios.
La reforma pretende limitar el déficit público (T-G) al 0,4% del PIB. Si se logra hacer esto, los otros sectores tendrán que ajustarse para que la economía este en equilibrio.
El problema de deuda en España es principalmente un problema de deuda privada, no de deuda pública. No conviene al sector privado español endeudarse más. Para que el sector privado tenga un saldo positivo (S-I > 0), limitando el déficit público al 0,4% del PIB, implica que el saldo NX no puede ser inferior a -0,4% del PIB.
Podemos comparar el saldo externo de bienes y servicios de España con el de Alemania desde 1991, también incluyendo una proyección hasta el 2012:



Fuente: Eurostat

El saldo externo de Alemania ha sido superior al -0,4% durante 20 años. El saldo externo de España ha sido inferior al -0,4% desde el nacimiento del euro en 1999. Son situaciones totalmente diferentes.
Evidentemente, España tiene que reestructurar su economía para mejorar su saldo externo de bienes y servicios. Pero sin eliminar este déficit externo, limitar el déficit público al 0,4% del PIB supondría más deuda para el sector privado. Es lo último que necesita la economía española.

viernes, 26 de agosto de 2011

EL GOLPE (PACO ARNAU)

La ministra de Economía Elena Salgado ha declarado con motivo de la reforma constitucional en ciernes que apoyan PSOE y PP que se trata, fundamentalmente, de un mensaje claro a los inversores en el sentido de que las reformas económicas en España van en serio y de que el déficit público no aumentará en el futuro. La reforma constitucional (propuesta por un agónico gobierno del PSOE cuyo presidente ni siquiera se presenta a la reelección) es la primera de gran calado desde la aprobación de la vigente Constitución Española en 1978 (en 1992 se modificó el artículo 13.2 para otorgar derecho a voto a los residentes extranjeros en elecciones locales a propuesta de todos los grupos parlamentarios y en votación unánime) y pretende introducir en su texto un techo de endeudamiento para el conjunto de las administraciones públicas del Estado español… 
Precisamente un precepto legal similar, el llamado “techo de la deuda”, ha sido una de las causas por la que Estados Unidos ha estado recientemente al borde del colapso económico con un Estado federal en el límite de la suspensión de pagos durante varias semanas del mes de agosto de este año en un país, EEUU, con una mortalidad infantil muy superior a la de Cuba y con decenas de millones de súbditos sobreviviendo gracias a los cupones alimenticios. La ministra de Economía ha añadido que limitando el techo del déficit del Estado español, los inversores (léase los “socios capitalistas” que compran deuda estatal) son situados en un rango legal de primer nivel, el constitucional.
Esta reforma, cuyos defensores en la derecha del espectro político —ya sea desde el gobierno o desde su “oposición”— nos venden también como una especie de designio fatal del los tiempos que corren (una imposición de la Unión Europea o de su eje franco-alemán), confirma algo que ya venían avanzando lo más destacados economistas de izquierdas desde el estallido de la burbuja financiera-especulativa en EEUU en 2008: que esta crisis implica en realidad un golpe del poder económico capitalista en Occidente cuyo fin es eliminar los últimos restos del Estado del bienestar surgido en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial, para así dar rienda suelta a un capitalismo especulativo desbocado desde el momento histórico que dio inicio a la actual etapa: la disolución de la URSS hace dos décadas. Un acontecimiento que —de seguir así las cosas, esperemos que no— podría ser definido por los historiadores del futuro como el principio del fin de la Edad de los derechos del hombre y del ciudadano que se inició en 1789 con la Toma de la Bastilla de París. 

El golpe constitucional

Si algo define esta segunda legislatura del PSOE con gobiernos formados en torno a Zapatero es el desmantelamiento de las últimas bases del Estado del bienestar en España: drástica disminución de la renta de la clase trabajadora en forma de recortes de salarios y pensiones, ataque a la negociación colectiva con una reforma tendente a su supresión en la práctica (la “línea de flotación” del movimento obrero organizado en las empresas y sectores productivos) y la eliminación de todo rastro garantista para los trabajadores en la legislación laboral española (ya de por sí una de las menos garantistas de Europa) bajo la coartada de una mayor “flexibilidad” en la contratación y en los despidos para los empresarios (en un país con una de las legislaciones ya de por sí más flexibles en su entorno). Todo ello ha venido siendo acompañado con una serie de medidas económicas cuyos fines no han sido otros que inyectar dinero público a la banca privada y proseguir un proceso de concentración del capital (capitalismo monopolista privado) en beneficio de la Gran Patronal representada por la CEOE y en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.
La reforma constitucional —hurtando la posibilidad de refrendo popular— que se anuncia por parte de un gobierno que ha promovido a su vez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, es más importante de lo que a simple vista pudiera parecer. Algunos ya han comparado este “golpe constitucional” con el intento de Golpe de Estado de utraderecha de 1981. El objetivo es el mismo: acabar con preceptos básicos que establece una Constitución que fue fruto de un pacto que establecía cesiones tanto por parte de la derecha como de la izquierda. Algunos de quienes aún consideran de izquierdas al PSOE —lo que es mucho considerar a estas alturas del partido— han definido esta reforma constitucional como “un suicidio político de la izquierda”. 
Volviendo a las declaraciones de la señora Salgado, principal valedora y fuerza de choque de las políticas de derecha extrema que viene aplicando el gobierno de ZP, efectivamente esta reforma sitúa al capital especulativo en el primer rango legal, el constitucional, y ataría de pies y manos cualquier iniciativa parlamentaria tendente a asegurar el llamado “gasto social” (inversiones públicas redistributivas de la riqueza y el bienestar) ya sea en tiempos de crecimento o de crisis, poniendo en primer plano la estabilidad de los mercados especulativos sobre las necesidades inversoras estatales (centrales o autonómicas) en Sanidad, Educación o infraestructuras… e incluso la posibilidad de renacionalizar sectores estratégicos como la banca, la energía o las telecomunicaciones de forma constitucional, por mucho que en su articulado y espíritu la Constitución actual establezca la primacía del interés público sobre el privado.
No se trata, por tanto, sólo de una cesión de soberanía nacional bajo el diktat de Alemania o Francia. En el plano interno esta reforma supone en la práctica ceder la soberanía del pueblo al capital especulativo y a los oligopolios privados locales, que son quienes —en última instancia— marcan los ritmos de las reformas y las decisiones de los gobiernos y oposiciones de turno desde los inicios del régimen bipartidista actual en 1982. La llegada al gobierno del PSOE poco tiempo después del Golpe de 1981 tuvo su letra pequeña y ahora la estamos leyendo con trazos muy gruesos. Tan gruesos que ese mismo partido, con el apoyo de su alter ego bipartidista, está proponiendo ahora culminar su legislatura con la ruptura del pacto constitucional de 1978, la base de la llamada “paz social” durante más de tres décadas.

‘Negras tormentas agitan los aires’… 

En estas condiciones, indignarse soñando con rebeliones de clases medias que ni lo fueron ni lo serán (la clase media es un concepto tan metafísico como el centro político) o jugar a ser diana de la represión policial con repetitivas convocatorias minoritarias e insuficientemente preparadas o con debates paralizantes en los que nos dedicamos a “descubrir el Mediterráneo” de forma sucesiva ya no basta. Hay que pasar de la indignación a la acción masiva, consciente y organizada por todos los medios al alcance de la mayoría social. En justicia algunos podrían proponer que rueden cabezas, depurar responsabilidades políticas, pero eso sería irreal sin capacidad para llevarlo a cabo. En realidad tenemos ante nosotros un horizonte de sucesos mucho más amplio frente al poder real, que no es otro que el económico: reconstruir el movimiento obrero (cautivo y desarmado en la actualidad), transformar el clamor popular contra las políticas de derecha extrema en voto útil, consciente y organizado y, al mismo tiempo (sólo votando no se alcanzan objetivos plenos), proseguir en la construcción de un movimiento de oposición real por medio de asambleas de base territorial realmente representativas de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, único camino para asegurar la continuidad del movimiento y su incidencia real en los acontecimientos para detener el avance del único contendiente —hasta ahora— en esta lucha de clases que nos arrastra porque todos estamos inmersos en ella.
Sólo un 10% de diputados de izquierdas podría haber impuesto la celebración de un referéndum sobre esta reforma constitucional que muy posiblemente hubiera sido rechazada en tal caso. No ha sido así porque no hay un 10% de diputados de izquierdas en el Parlamento español. Llegados a este punto, la izquierda no debe seguir considerándose comprometida con el pacto social que dio lugar al régimen actual por el sencillo motivo de que lo han roto sus dos principales facciones políticas; de la misma forma que quienes voten al PSOE o al PP o aseguren sus hasta ahora amplias mayorías absteniéndose, blanqueando o anulando su voto forman parte del problema, no de su solución.

Texto: Paco Arnau / Ciudad futura

ACUERDO PP-PSOE SOBRE LA DEUDA: UN PACTO QUE PERJUDICA A ESPAÑA (JUAN TORRES LÓPEZ)

La reforma que proponen los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, consistente en limitar desde la constitución el déficit y la deuda pública es una medida que impedirá salir de la crisis y que España elimine el déficit social que tiene respecto a los países de su entorno y, además, constituye un ataque frontal a los principios más elementales de la democracia que demuestra que el capitalismo neoliberal es cada vez más incompatible con esta última. No sólo por la forma sugerida para aprobar la reforma de la constitución, sin que medie referéndum y pronunciamiento directo del pueblo, sino también porque su contenido mismo restringe el margen de maniobra que tienen los Estados para gestionar su economía. Por esa razón hemos decidido escribir este artículo, de ánimo divulgativo, en el que revelamos los enormes problemas económicos de una medida profundamente antidemocrática.
Los ingresos y gastos de un Estado
Un Estado, como cualquier otro agente económico, tiene una partida de ingresos y una partida de gastos.
Los ingresos pueden provenir de muchas fuentes, pero en la actualidad y como consecuencia de decisiones erróneas de política económica la gran mayoría se obtienen únicamente de los impuestos. En otro tiempo el Estado también obtenía cuantiosos ingresos de los beneficios de las empresas públicas, pero en las últimas décadas y debido a la avalancha de privatizaciones (más de 110 empresas en España) esta fuente de ingresos se ha agotado. Por otra parte, actualmente de todos los impuestos los más importantes son el de la renta (IRPF), el de sociedades (IS) y el impuesto sobre el valor añadido (IVA). Hasta 2007 también existía el impuesto del patrimonio (IP), que afectaba únicamente a las personas con más riqueza, pero fue eliminado por el gobierno actual.
Los gastos también pueden ser de diferente naturaleza. Desde el mantenimiento de los servicios públicos del Estado del Bienestar (como la sanidad pública, la educación pública o el transporte) y el pago de todo el personal asociado (médicos, profesores, bomberos…), hasta el simple despilfarro y la corrupción política.
Por lo tanto tenemos que los ingresos de un Estado dependen fundamentalmente de los impuestos, pero estos a su vez dependen de la actividad económica. El Estado recaudará más cuantos mayores salarios tengan los trabajadores (impuesto sobre renta), cuanto mayor sea el nivel de beneficios empresarial (impuesto sobre sociedades) y cuanto más consumo haya en la economía (impuesto sobre el valor añadido). Así que en momentos de bonanza económica los ingresos del Estado serán elevados. Y con ingresos elevados se permitirá gastar más, o incluso ahorrar.
Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que la economía ha estado creciendo a ritmos muy altos debido a una burbuja inmobiliaria, que tarde o temprano tenía que estallar. Pero mientras la burbuja duraba los ingresos del Estado han sido cuantiosos porque había muchos trabajadores cobrando sueldos, las empresas ganaban mucho dinero y el consumo era muy importante (ayudado por el crédito bancario, eso sí). Sin embargo, en lugar de modificar el patrón de crecimiento y promover un modelo productivo distinto que permitiera que el país no dependiera de la existencia de una burbuja, los partidos políticos en el gobierno prefirieron (PP y PSOE) dejar pasar el tiempo y aprovechar las ventajas de un ciclo económico positivo pero ilusorio.
Además, estos gobiernos aprovecharon las circunstancias de bonanza para beneficiar principalmente a los propietarios  de capital y sobre todo a los del inmobiliario rebajándoles los impuestos. Redujeron los tramos del impuesto sobre la renta y rebajaron los tipos impositivos (el porcentaje de impuestos) tanto del impuesto sobre la renta como de el de sociedades. Y al mismo tiempo iniciaron un proceso de desgravaciones fiscales (también principalmente beneficiosas para los más ricos) que suponían que el Estado ingresara menos. Aún así, y debido a que el gasto público no crecía suficiente para acercarse a los estándares del resto de países europeos, existía capacidad para ahorrar. Por eso la economía española ha tenido superávits en las cuentas públicas, es decir, ha gastado menos de lo que ingresaba. A pesar, como hemos dicho, de que la capacidad recaudatoria había disminuido.
Pero cuando llegó la crisis, primero por la vía del contagio financiero internacional y luego como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, las cosas se pusieron feas. Los bancos dejaron de prestar dinero a empresas y hogares, y se dejó de invertir y de consumir. Cayeron entonces los beneficios y el consumo, lo que llevó a la baja la recaudación por impuestos y, por lo tanto, los ingresos públicos. Pero por el contrario los gastos se incrementaron. Y se incrementaron porque el Estado tuvo que salir a ayudar a la banca, pero sobre todo porque para intentar frenar la crisis tuvo que comenzar proyectos de estímulo económico que suponían un importante gasto. Además, el Estado tiene medidas llamadas anticíclicas, como las prestaciones por desempleo, que hicieron aumentar el gasto. En definitiva, como consecuencia de la crisis el Estado vio cómo sus gastos se disparaban y sus ingresos se reducían. El Estado entraba, por lo tanto, en déficit.
Cómo pagar el déficit
Cuando el Estado tiene que gastar más de lo que ingresa necesita obtener el dinero de algún lado. Existen diferentes herramientas económicas para conseguir ese dinero, pero algunas han sido delegadas a instituciones independientes y de la Unión Europea (como la potestad de imprimir dinero, ahora dominio del Banco Central Europeo). Por lo tanto lo común es que el Estado se endeude en el mercado de deuda pública, donde pide prestado a los inversores financieros. Y estos inversores financieros son aquellos que tienen dinero de “sobra”, como los bancos y las grandes fortunas que hacen anualmente millones de beneficios y que cada vez pagan menos impuestos. Así, al final la paradoja emergió cuando los propios bancos culpables de la crisis y las grandes fortunas beneficiadas de las rebajas de impuestos en todo el mundo eran las que finalmente prestaban dinero al Estado para que éste enjugara los déficits que habían surgido por su culpa.
En cualquier caso, es obvio que la deuda contraída deberá ser pagada de alguna forma, y en una situación en la que los gastos superan a los ingresos eso parece difícil. Por esa razón los economistas neoliberales –que son los que dominan las instituciones europeas y los que han asesorado a los distintos gobiernos españoles- proponen lo que se llaman “planes de ajuste”. Estos planes tienen como objetivo prioritario reducir el gasto público hasta el punto en el que se equilibran de nuevo los ingresos y gastos o incluso, si es posible, hasta que los ingresos vuelven a ser superiores a los gastos. Por eso se llaman “políticas de austeridad”.
Las políticas de austeridad no funcionan
El problema es que lo que parece muy intuitivo a nivel doméstico (por ejemplo de una familia) no lo es tanto para la economía en su conjunto. Es lo que en economía se llama “falacia de la composición” y que significa que aunque haya medidas que individualmente sean buenas en realidad si se aplican colectivamente pueden ser catastróficas. Por eso rebajar los gastos en un momento en el que los gastos superan a los ingresos puede ser fatal para la economía.
La razón es que el gasto público es un estimulante del crecimiento económico, como a continuación explicaremos. Eso significa que si se rebaja el gasto público se reduce la capacidad de crecimiento económico de una economía, y eso conlleva que habrá menos beneficios empresariales y menos consumo. Dado que como hemos visto antes los ingresos dependen de esas variables (beneficios y consumo) al final tenemos que los ingresos también caen. Así, aunque bajemos el gasto público lo que conseguiremos será deprimir la economía (que entrará en recesión) y por lo tanto también los ingresos públicos, lo que significa que la relación ingresos-gastos se mantendrá igual. O, lo que es lo mismo, tendremos los mismos problemas de deuda que antes de comenzar a rebajar el gasto pero, además de ello a una población que en conjunto será más pobre (porque verá cómo los servicios públicos se deterioran y se pierden puestos de trabajo y caen los salarios).
Se necesita más gasto público, pero más eficiente
En realidad, y aunque sea contraintuitivo, lo que se requiere es precisamente más gasto público. Porque lo que se necesita es recuperar los ingresos, no rebajar los gastos, y eso puede hacerse bien subiendo los impuestos (medida recomendable y necesaria, como recordaremos) bien incrementando la recaudación vía beneficios y consumo. O, dicho de otra forma,  lo que necesitamos es crecimiento económico. Aunque no de cualquier tipo.
Durante la crisis los economistas neoliberales proponen medidas aparentemente orientadas a facilitar que las empresas creen empleo. Para eso reducen los tipos de interés y facilitan préstamos baratos a los bancos, siempre con el objetivo de promover que las empresas se endeuden para que inviertan (contratando trabajadores y mejorando la capacidad productiva). Pero sucede que en un contexto de crisis todas esas medidas no funcionan debido a lo que se llama “trampa de liquidez”, y que se explica porque las empresas no quieren invertir porque saben que nadie va a comprar sus productos. Y como no pueden vender, lo que hacen es despedir trabajadores, y dado que esos trabajadores son también los consumidores de los productos de otras empresas, al final la economía profundiza su crisis. Es decir, por más facilidades monetarias que se les de a bancos y empresas no se saldrá de la crisis en ningún momento.
Lo que se requiere, entonces, es que el Estado empuje la economía a través del gasto público y de lo que se llama el “multiplicador keynesiano”. Cuando el Estado gasta dinero en, por ejemplo, construir una carretera, lo que está haciendo es pagar sueldos a trabajadores que antes estaban en paro y pagar a empresas del sector que antes estaban desocupadas. Eso pondrá dinero en la economía, ya que esos trabajadores gastarán ese dinero en otras empresas, y esas otras empresas contrataran más trabajadores que a su vez gastarán también el dinero en más consumo, y sucesivamente. Si el impulso inicial del gasto público está bien planificado y es suficientemente poderoso, puede salirse de la crisis. Y además eso permitirá que el Estado recaude mucho más y por lo tanto que sus ingresos crezcan. Ese crecimiento de los ingresos reducirá la brecha con los gastos e incluso podrá conseguir que sean superiores.
Lo que importa es, por supuesto, que el gasto público tenga sentido y esté programado. El llamado “Plan E” tuvo un efecto muy temporal porque la economía estaba atrapada en los restos de la burbuja inmobiliaria y el plan lo único que hizo fue intentar resucitar esos restos. Lo que se requiere, por el contrario, es planificar un programa de gasto público potente encaminado a cambiar el modelo productivo y promover sectores como las energías renovables y las nuevas tecnologías, teniendo presente también el reciclaje del sector de la construcción.
Es importante remarcar que no cualquier gasto público es bueno, y por eso es necesario incrementar la eficiencia de dicho gasto. Eso quiere decir que hay que iniciar programas destinados a mejorar la eficiencia en la administración pública, a racionalizar mejor el dinero público y también a perseguir todos los casos de corrupción y de privilegios desorbitados de la clase política (amén del gasto militar).
La recaudación de los ingresos
Si bien los gastos, como hemos dicho ya, deben ser eficientes y bien planificados (y no basados en el derroche), a su vez los ingresos deben ser suficientes y estar igualmente bien planificados.
Los impuestos no son todos iguales ni afectan a todos los sectores y personas por igual, de modo que cualquier modificación impositiva tendrá consecuencias variadas. Por eso conviene planificar un sistema de incentivos adecuado que organice qué tipo de impuestos y qué nivel para los mismos tienen que existir.
En unos momentos como los actuales, en los que la desigualdad se ha incrementado extraordinariamente y la financiación del Estado del Bienestar depende de facto de los ingresos de las clases medias (porque las grandes fortunas evaden impuestos en paraísos fiscales) se requieren medidas de shock.
Hay que incrementar los impuestos a las rentas altas, lo que significa incrementar los tipos impositivos y también crear nuevos tramos. Simultáneamente hay que incrementar los impuestos a las rentas del capital y a las empresas, amén de recuperar el impuesto de patrimonio. Pero todo eso será insuficiente si no se combate con firmeza el sistema financiero especulativo que permite la existencia de paraísos fiscales. En definitiva y sin ánimo de profundizar en un programa detallado, hay que incrementar los impuestos a las rentas altas (que consumen menos pero especulan más) sin modificar mucho la presión fiscal de las rentas populares. Eso permitirá incrementar los ingresos del Estado sin que el consumo privado se vea mermado.
Limitar por ley el gasto y la deuda es una aberración económica
Por todo lo expuesto debe quedar claro que limitar por ley el gasto es una verdadera barbaridad, que no sólo afecta al carácter democrático del sistema político (al restringir el margen de maniobra) sino también al propio funcionamiento del sistema económico.
Los déficits son necesarios y una herramienta “extra” en el ámbito económico. Es cierto que no pueden sostenerse indefinidamente, pero precisamente para combatir la crisis y los déficits crónicos es necesario que en determinadas fases del ciclo económico se incurra en déficits importantes. Y sin esa herramienta es más que evidente que no se podrá salir de la crisis.
Y en economía como la española que tiene un gran déficit social respecto a los países de nuestro entorno, los déficits presupuestarios serán imprescindibles incluso en etapas de bonanza. Las infraestructuras públicas, los servicios educativos y sanitarios (hospitales, colegios, universidades, centros de investigación…) y en general la inversión a largo plazo necesaria no solo para el bienestar de los grupos de población de menos renta que no se podrían pagar los proporcionados por el mercado sino también para las empresas obtengan beneficios no se pueden pagar al contado. Sin endeudamiento es muy probable que no se puedan crear y al no crearse se perderá empleo y riqueza en el futuro.
¿Por qué se proponen entonces este tipo de medidas que van a ser tan negativas para el conjunto de la población?
Sencillamente porque favorecen al capital privado. Por un lado, menos posibilidades de financiar servicios públicos abrirá la puerta al negocio privado en salud, educación, servicios de dependencia… Y, por otro lado, todos ellos, serán financiados por los bancos privados.
Porque lo que pone de relieve el cinismo de la propuesta que hacen PP y PSOE es que limitar el endeudamiento del Estado para financiar la provisión de los bienes y servicios púbicos que se requieren para que haya suficiente y buena actividad económica y empleo, no va a evitar que haya más deuda. No la habrá pública pero sí privada como consecuencia de la financiación de los mercados, mucho menos eficiente además, y del mayor endeudamiento familiar como consecuencia de la pérdida de nivel de vida.
Obstáculos importantes
Para terminar debemos reconocer que España tiene dificultades añadidas porque está especialmente endeudada a nivel privado y porque tiene una camisa de fuerzas muy incómoda en la Unión Europea. Para superar estas dificultades España necesita que la Unión Europea cambie su política de actuación y comience a desarrollar un programa similar al aquí apuntado pero en el marco de la Unión Europea. Además, ninguna de estas medidas será efectiva si no se regula masiva y estrictamente el sistema financiero internacional que sirve para que las grandes fortunas y las grandes empresas especulen sin fin a costa de las arcas públicas de todos los Estados y, por lo tanto, del bienestar de todos los ciudadanos. Eso supone establecer prohibiciones de prácticas como las operaciones a corto, operaciones al descubierto, el uso de instrumentos financieros altamente especulativos (como los hedge funds y los Credit Default Swap) y el establecimiento de controles de capitales en toda la Unión Europea.
En lo que a nivel privado se refiere, el endeudamiento privado puede resolverse promoviendo mayores ingresos (en este caso salarios). Por eso es necesario promover un pacto capital-trabajo basado en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, el refortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores y  en la regulación de los beneficios empresariales (para que se destinen a la creación de empleo). Entramos así de lleno en el mundo de la política y las relaciones de fuerza, lo que requerirá el uso de herramientas económicas como las nacionalizaciones para imponer las condiciones a los empresarios reticentes. Con un pacto capital-trabajo y con una estrategia de coordinación salarial a nivel europeo España puede superar su alto nivel de endeudamiento privado y acabar con los desequilibrios comerciales que arrastra desde hace tanto tiempo, y sin salir del euro.
Por el contrario, aplicando el recetario neoliberal del Partido Popular y del gobierno de Rodríguez Zapatero es completamente seguro de que nuestra economía se resentirá. Se crearán más oportunidades de beneficio para el capital privado y las clases más ricas pagarán menos impuestos aún, pudiendo adquirir sus servicios de bienestar en el mercado, pero las clases populares perderán cada vez más calidad de vida.
Bibliografía complementaria:
En Octubre la editorial Aguilar publicará un libro titulado “¡Hay Alternativas!” en el que Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón explican de forma pedagógica las causas últimas de la crisis y las medidas necesarias para salir de una forma justa y social.
Debe tenerse en cuenta que la medida en este artículo analizada fue una recomendación incluida en el llamado Pacto por el Euro, que dio lugar a las movilizaciones del 19 de junio promovidas por la plataforma Democracia Real Ya y los sindicatos. Por eso es recomendable leer el artículo de Juan Torres y Alberto Garzón (19-J. Contra el Pacto del Euro. ¡Democracia real en Europa ya!) en el que criticaban con detalle los argumentos esgrimidos por los economistas neoliberales. De una forma más genérica merece la pena leer los artículos de Juan Torres titulados ¿Por qué el 3% de déficit público y no el 2 o el 7? Mentiras y verdades sobre el déficit y la deuda, de 2010, y Pacto de Estabilidad y Estado del Bienestar: una nota sobre su dudosa credibilidad, de 2005.
En lo que se refiere al comportamiento de los mercados financieros es interesante leer la descripción que hace Alberto Garzón en ¿Qué son los mercados financieros y la especulación financiera? y las propuestas que existen para solucionar el problema de deuda pública y desactivar el chantaje de los mercados financieros en ¿Por qué debemos reestructurar la deuda pública y cómo hacerlo?. De forma paralela el papel de la desigualdad en el crecimiento económico queda explicado en “La importancia económica de la desigualdad” que se suma al estudio de la “Evolución de los Salarios en España (1978-2011)“, donde se puede comprobar que la desigualdad es la causa principal de la crisis que padecemos. De forma más general la página personal del profesor Vicenç Navarro (http://www.vnavarro.org) contiene gran cantidad de artículos que analizan la situación actual y en particular la importancia clave de la desigualdad.
Dado que este debate no está solo limitado a España, y ni siquiera a Europa, conviene leer también los documentos académicos escritos sobre la situación de Estados Unidos. Por eso recomendamos leer el artículo de Robert Pollin “U.S. Government Deficits and Debt Amid the Great Recession: What the Evidence Shows“, el de James Crotty “The Great Austerity War: What Caused the Deficit Crisis and Who Should Pay to Fix It?“ y otro de Robert Pollin “Fighting Austerity and Reclaiming a Future for State and Local Governments“.
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CONCIERTO ALBERTO ROSADO (XXVII CURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN VILLAFRANCA DEL BIERZO)

 






Como estos últimos años, mi madre estuvo atenta a los conciertos del "XXVII Curso Internacional de Composición" que organiza Cristóbal Halfter en Villafranca del Bierzo, este año en torno a un instrumento: el piano.
Así que para allá que nos fuimos, siempre es una buena oportunidad de escuchar a grandes músicos.
Esta vez, ademas de mis padres y Elena, también vino Juanma.
La música es contemporánea, es decir, para oidos inexpertos: dura, difícil de escuchar. Además es solo piano. Lo que lo hace aún más duro.
Aún así a mi siempre me parece muy interesante asistir a estos conciertos, tocan grandes músicos y ves diferentes maneras de tocar, de sentir...
Luego rematamos el día cenando en el Mesón Ancares, ¡lo pasamos muy bien!
Anina

6 sencillas medidas para reducir el déficit aumentando los ingresos públicos (EDUARDO GARZÓN ESPINOSA)

El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado. Por lo tanto, si el objetivo es reducir el déficit se puede lograr tanto recortando los gastos como aumentando los ingresos. Estamos muy acostumbrados a contemplar cómo los dirigentes políticos prefieren disminuir el déficit mediante la primera opción., y cómo ignoran la segunda. Desde la aparición del problema de las cuentas públicas, el gobierno ha adoptado numerosas y diversas medidas que pasan por recortar el gasto público: rebaja del salario de los funcionarios, eliminación del cheque bebé, aumento de la edad de jubilación, congelamiento de las pensiones, eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción del gasto farmacéutico, modificación de la ley de Dependencia, reducción de la ayuda al Desarrollo, reducción de inversión pública… Y apenas unas pocas medidas para aumentar los ingresos públicos, entre los que destaca un aumento del IVA que es una medida altamente regresiva (es decir, trata por igual a ricos y a pobres, perjudicando por ende a los segundos al partir de una situación inicial inferior).

Gastos públicos

Una simple ojeada a la batería de recortes de gasto nos basta para darnos cuenta de que todos ellos perjudican a la clase trabajadora y a los que menos recursos tienen. Salen perdiendo los funcionarios, las madres trabajadoras, los pensionistas, los beneficiarios del gasto sanitario público, los beneficiarios de las medidas de dependencia, los países subdesarrollados… En definitiva, salen perdiendo todas aquellas personas que se benefician del Estado del Bienestar. Si recordamos el funcionamiento del Estado del Bienestar consistente en recolectar recursos de toda la ciudadanía para favorecer a las personas que menos renta tienen, concluimos sencillamente que los recortes del gasto público perjudican a este último grupo. Al fin y al cabo, a las personas más adineradas no les afectará que reduzcan los servicios públicos de sanidad, de dependencia, de pensiones o cualquier ayuda de otro tipo ya que podrán acceder a estos servicios en el mercado (que exige un precio más alto pero que se pueden permitir). Las personas con menos recursos, en cambio, no podrán acudir al mercado y el abastecimiento de tales servicios se verá restringido.
Por otro lado, ninguna de esas medidas atenta contra los intereses de las personas más acaudaladas y poderosas. Los recortes de gasto van destinados a reducir el tamaño del Estado del Bienestar, pero por ejemplo no van dirigidos a reducir el gasto que supone mantener las concesiones y ayudas a la Iglesia Católica, que recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. Ni tampoco a reducir el gasto militar, que alcanza los 8.500 millones de euros anuales. Ni tampoco a disminuir el gasto destinado a la Corona Española, la cual recibe 8 millones de euros anuales del presupuesto del estado. De llevar a cabo estas medidas, los perjudicados serían otros sujetos muy diferentes a las clases trabajadoras: serían fundamentalmente la Iglesia, la Corona, y las empresas armamentísticas. Estas instituciones y agentes sociales tienen mucho más poder que las clases populares para poder defenderse de las actuaciones del gobierno e influir para que las medidas no afecten a sus intereses.

Ingresos públicos

Lo mismo ocurre por el lado de los ingresos. Como vimos, aumentar los ingresos públicos sólo es eficaz si se hace aumentando los impuestos a las rentas más altas. Pero estas rentas son precisamente las que mayor poder y mayor capacidad de influir tienen sobre los círculos políticos, y por tanto, estas medidas encuentran mayores dificultades políticas para llevarse a cabo. Sin embargo, técnicamente todas ellas son factibles. Entre estas medidas destacan:

1) Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Este tributo recaudaba fondos fundamentalmente de las personas más acaudaladas ya que son las que poseen más propiedades. Las personas menos adineradas apenas se veían afectadas al disfrutar de pocas propiedades. La recuperación de este impuesto supondría una recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales.

2) Reforzamiento del cuerpo de inspectores de Hacienda y aumento de las investigaciones a grandes fortunas, de las cuales sólo declara el 20% de las existentes en nuestro país. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, por estas vías se dejan de ingresar unos 80.000 millones de euros cada año.

3) Modificación del IRPF para que las grandes fortunas tributen a mayores tipos impositivos. Así se hacía hace unos pocos años en nuestro país y así se hace actualmente por ejemplo en los países nórdicos, donde los grandes ricos aportan entre el 50% y el 59% de su renta mientras en España sólo aportan el 43%.

4) Aumento de la tributación de las grandes empresas S -como Inditex- que actualmente tributan al 1% mientras las pequeñas y medianas empresas lo hacen al 25%.

5) Tributación por parte de la Casa Real Española, la cual recibe de los fondos presupuestarios unos 8 millones de euros, todos libres de impuestos.

6) Eliminación del régimen fiscal especial que permite que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan alquilar los grandes patrimonios inmobiliarios adquiridos de los desahucios y embargos.

Viabilidad de las medidas

No es cierto –como se nos dice constantemente- que las actuaciones realizadas por el gobierno sean las únicas que se pueden tomar para reducir el déficit público. Se nos dice que los recortes son indeseables, pero a la vez inevitables porque algo hay que hacer y eso es lo único que se puede hacer. Pero es mentira. Lo que ocurre es que, de entre todas las alternativas existentes para reducir el gasto o aumentar los ingresos, no se llevan a cabo aquellas medidas que perjudican a los agentes sociales que tienen más poder para influir y presionar sobre la agenda política. Por lo tanto, finalmente los costes de las disposiciones políticas son soportados por aquellos que no tienen medios para defenderse: las clases populares.
Los continuos mensajes lanzados desde los grandes medios de comunicación y desde todos los poros de influencia y poder que tiene el sistema social, económico y político; nos hacen creer que las medidas que han sido adoptadas son las únicas que se pueden tomar. Otras actuaciones, nos dicen, son ineficientes, ineficaces, o imposibles de realizar. Y de tanto repetirlo nos lo acabamos creyendo. Pero hemos de tener muy claro que cualquier otra opción es perfectamente viable, y que si no se lleva a cabo es porque aquellos que resultarían afectados influyen y presionan mediante su poder fáctico para imponer sus intereses en la agenda política de los gobernantes.

http://eduardogarzon.economiacritica.net/

Entrevista al profesor Navarro sobre el pacto PSOE-PP

El blog del profesor Navarro publica una entrevista realizada por la Asocicación de Estudiantes Progresistas de Cataluña sobre la propuesta pactada por el gobierno Zapatero con el PP de limitar el gasto público. 26 de agosto de 2011

Pregunta (P.) ¿Por qué considera usted la medida propuesta por el Presidente Zapatero, medida que parece contar con el apoyo del Partido Popular, como negativa? El argumento que utilizan los proponentes de tal medida es que un estado no debe gastar por encima de sus posibilidades. Y de ahí deducen la necesidad de impedírselo.

Respuesta (R.) El estado español no gasta por encima de sus posibilidades. Antes al contrario, los datos muestran que el gasto público por habitante de España está muy por debajo de tales posibilidades. En realidad, es el más bajo de la UE-15. Los datos muestran que no es cierto que exista un despilfarro de gasto público y que haya que frenarlo. La mayoría del gasto público es gasto público social, es decir, gasto en transferencias públicas como pensiones y servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, servicios domiciliarios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales, ayudas a las familias, y otros servicios que tienen una enorme importancia en determinar el bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. El gasto público social, que cubre estas diferentes dimensiones del estado del bienestar español, es muy bajo, muy por debajo de lo que le corresponde por el nivel de riqueza del país.

(P.) Pero el Estado está en déficit. ¿No es ello un indicador de que se gasta demasiado?

(R.) No. El déficit público no es un buen indicador de que el Estado se gaste demasiado. En el déficit se miden dos dimensiones. Una es el gasto. Pero la otra dimensión son los ingresos. Cuánto dinero un Estado ingresa en sus arcas determina también el tamaño del déficit público. Y ahí radica el problema. No es que en España el gasto sea demasiado grande. Lo que ocurre es que los ingresos al Estado son demasiado bajos. Representa sólo el 32% del PIB, mucho más bajo que el promedio de los países de la UE-15, que es el 44%. En Suecia, el país que tiene el estado desarrollado más avanzado de la UE-15, el porcentaje es 54% del PIB.

(P.) ¿Y porque es tan bajo? ¿Se debe ello a que los impuestos sean muy bajos?

(R.) La categoría de impuestos es muy amplia. Para responder a su pregunta hay que conocer y ser conscientes de quién paga impuestos y qué tipo de impuestos. En España, la mayoría de la ciudadanía que trabaja y que está en nómina ya paga impuestos (sobre la renta), en cantidades que, proporcionalmente, son comparables a las de sus homólogos en el promedio de la UE-15. Fíjese que el trabajador de la manufactura, por ejemplo, ya paga en impuestos un porcentaje  que es aproximadamente el 74% de los impuestos que pagan nada menos que sus homólogos en Suecia, el país donde los impuestos son más elevados. No puede, por lo tanto, decirse que la mayoría de españoles no pagan suficientes impuestos.
La gran diferencia en España con el promedio de la UE-15 es, sin embargo, en las rentas superiores, en las grandes empresas y en la banca. Ahí sí que la diferencia entre lo que pagan estos colectivos en España y lo que pagan sus homólogos en el promedio de la UE-15 es muy sustancial. El 1% de la población de renta superior de España paga sólo el 20% de lo que pagan sus homólogos en Suecia.

(P.) Pero se nos dice por las autoridades fiscales que el nivel de progresividad fiscal en los impuestos sobre la renta en España es semejante al resto de la UE.

(R.) No es cierto. Pero incluso más importante que las diferencias nominales son las diferencias reales, es decir, lo que en realidad tributan. Las deducciones y el fraude fiscal están muy extendidos en estos sectores. El sindicato de los Inspectores de Hacienda del Ministerio ha publicado recientemente un informe que muestra claramente el grado de regresividad de la carga fiscal. Las grandes empresas pagan mucho menos que las medianas y pequeñas empresas, y las rentas superiores pagan unos porcentajes menores que la mayoría de la ciudadanía. Y las rentas derivadas del capital tributan en la práctica sólo el 10%, mucho menos que el promedio de lo que pagan las rentas del trabajo (entre un 28% y un 32%)

(P.) Entonces no es cierto que no existan recursos. Parece, pues, que sí existen. ¿Qué pasa?

(R.) Que el Estado no los recoge. No tiene la voluntad política de enfrentarse con estos grupos de presión y con estos colectivos. El problema de la deuda pública no es un problema económico o fiscal. Es un problema político.

(P.) No es cierto, pues, que nos estemos gastando más de lo que tenemos.

(R.) No. No es cierto. Y además es fácil de demostrarlo. El PIB per cápita de España ya es el 94% del promedio de la UE-15, pero en cambio el gasto público social por habitante es sólo el 74% del promedio. Si fuera el 94%, el Estado tendría 66.000 millones de euros más. Otro dato, si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, el Estado ingresaría 200.000 millones de euros más de los que ingresa.

(P.) Otro argumento que se utiliza es que otros países han constitucionalizado el límite de gasto. Parece que esta propuesta se está generalizando en la mayoría de países de los dos lados del Atlántico. En EEUU, los estados, por ejemplo, tienen que tener sus presupuestos en equilibrio. ¿Por qué no España?

(R.) En primer lugar no es cierto que todos los países tengan escrito en su Constitución tal propuesta. Al revés, sólo Alemania lo tiene. Está gobernada por una coalición conservadora-liberal, que ha aprobado en su Parlamento tal propuesta. Hoy la Unión Europea está gobernada por las derechas y quiere imponer estas medidas a todos los estados miembros de la UE a fin de reducir la dimensión social de la UE. En EEUU tal propuesta de constitucionalizar un límite de gasto la está haciendo el Partido Republicano, controlado por el Tea Party, que es una formación de ultraderecha.

(P.) Pero en EEUU, a los Estados no se les permite tener un déficit.

(R.) A los Estados de EEUU no se les permite tener déficits en gastos corrientes, pero sí que se les permite endeudarse en inversiones. Aquí en la UE no se hacen estas distinciones. Todo el gasto público se pone bajo la misma categoría.
Pero mucho más importante que esto es que los estados de EEUU son estados de un sistema federal que si que tiene déficit público. Hoy, por ejemplo, es el 8,9% del PIB, más alto que el que tiene España. Y existe en este estado federal un Banco Central, el Federal Reserve Board, que compra deuda pública de los estados, imprimiendo dinero que transfiere a los estados En la UE, el Banco Central tiene prohibido comprar deuda pública y provee liquidez a los bancos privados, pero no a los Estados. De ahí que los Estados de la Eurozona sean muy vulnerables a la especulación de los mercados financieros, pues no tienen herramientas para defenderse Ello no ocurre en EEUU. El Estado federal asiste a los estados. California tiene una deuda semejante a Grecia, y sin embargo, la situación de aquel estado no es comparable a la de Grecia o España, debido a la existencia del gobierno federal que la ayuda.

(P.) ¿Cómo es que se hace esta propuesta de limitar el gasto ahora?

(R.) Esta propuesta ha sido una constante en las propuestas de la derecha española, que siempre ha intentado reducir el Estado y la protección social para debilitar al mundo del trabajo. Surge de la percepción equivocada de que el Estado ha crecido demasiado y es responsable de la crisis actual. Así lo ha dicho el Sr. Rajoy, presidente del partido Popular, en muchas ocasiones. Escríbase como se escriba la propuesta final pactada entre Zapatero y Rajoy, el objetivo central de tales reformas es reducir el rol del Estado. De ahí que sea hoy la bandera de las derechas neoliberales en todas partes.

(P.) Pero en España la está proponiendo un gobierno socialista
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(R.) En España, el que hizo primero esta propuesta fue el Sr. Rajoy, Presidente de una coalición conservadora-neoliberal, cuyo liderazgo es muy cercano al pensamiento del Partido Republicano, hoy controlado por el Tea Party. La derecha en España y en la Unión Europea se ha ido radicalizando, invadiendo el terreno de la ultraderecha. Esto está muy claro en las áreas de política económica. La diferencia entre, por ejemplo, el Canciller Kohl, y Angela Merkel, es enorme.
En cuanto al PSOE, éste es un partido de centroizquierda, cuyas bases electorales están más a la izquierda que su dirección, sobre todo de su equipo económico, el cual tiene claramente una orientación neoliberal. El gran error del presidente Zapatero ha sido la elección de sus asesores económicos, la mayoría muy próximos a la banca o a la gran patronal. Muchos de ellos proceden de estos grupos y vuelven a integrarse en ellos cuando dejan el poder, tal como ocurre en EEUU. Hay una puerta giratoria entre los poderes económicos y financieros y los asesores económicos del gobierno. Ocurre también en los gobiernos conservadores del PP, pero se nota menos porque es lo que uno ya espera de un gobierno de derechas. Es más llamativo, sin embargo, en un gobierno de centroizquierda, y naturalmente, más preocupante. Todos los miembros del equipo económico, ya sean en el Ministerio de Economía, ya sean en La Moncloa, han compartido una ideología neoliberal que domina la cultura económica en nuestro país. Recuerde la famosa frase del Ministro Solbes, que indicó “que la medida de la cual él estaba más orgulloso era el de no haber aumentado el gasto público en España”, dicho por un Ministro de un gobierno socialista, en el país que tenía, y continúa teniendo, el gasto público, incluyendo el gasto público social, más bajo de la Unión Europea. De ahí que el Sr. Rajoy dijera que era el único Ministro del gobierno Zapatero que él aprobaba. Y ahora, vemos como Rajoy apoya la propuesta de limitar el gasto público, acentuando y proclamando que él fue el que la había propuesto, y muy orgulloso de ello.

(P.) ¿Y cómo explica que el gobierno Zapatero haga esta propuesta?

(R.) Se dice mucho que debido a la presión de los mercados financieros. Y es más que probable que el gobernador del Banco Central Europeo le pusiera al gobierno español esta medida como condición de que el BCE comprara deuda pública. Ahora bien, no hay que olvidar o ignorar que la mayor preocupación que estos mercados están expresando hoy no es el tamaño del déficit, sino el estancamiento de la economía. La falta de crecimiento económico es el mayor problema que existe en España y en Europa. Creerse que la reducción del déficit y el límite del gasto público estimulará el crecimiento económico  -que es lo que el pensamiento neoliberal asume- es permitir que el dogma tome prioridad sobre los datos empíricos y el conocimiento histórico. Nunca antes en el mundo se ha remontado una Gran Recesión o Depresión sin un aumento significativo del gasto público. Y existe ahora una clara relación entre recortes de gasto público y caída de nuevo en la recesión. El caso de Grecia es el más claro, pero no el único.

(P.) Entonces, ¿cree usted que hay más en lo que ocurre que la famosa “presión de los mercados”?

(R.) Lo que están haciendo las derechas es utilizar el argumento de “la presión de los mercados” para conseguir lo que siempre han deseado, es decir, el descenso de los salarios y de la protección social y la privatización del Estado del Bienestar. No ignoren que el liderazgo de la avalancha neoliberal lo ofrece la banca que siempre ha deseado la privatización de la Seguridad Social y de los servicios públicos del Estado del Bienestar, desde la sanidad a la educación. De ahí que sea incoherente que un gobierno socialista acepte como suya tal propuesta.

(P.) Usted ya había predicho que ello ocurriría

(R.) Así es. No hay plena conciencia en grandes sectores de la intelectualidad española de lo sesgado hacia la derecha que está el Estado español, resultado del dominio que las fuerzas conservadoras, herederas del franquismo, tuvieron en el proceso de la transición. Fíjese lo que ha estado ocurriendo estos días. El gobierno español ha sido el primero en seguir las instrucciones de Merkel y Sarkozy y pedir la inclusión de la limitación del gasto público en su Constitución. No hay ningún otro país que lo haya hecho. Como en otras ocasiones, el Estado español es el discípulo más aventajado de la ortodoxia neoliberal. Y, por otra parte, es el último país en considerar el aumento de los impuestos de los ricos y súper ricos como manera de reducir el déficit. Por fin lo están considerando cuando todos los demás ya lo han hecho. Incluso David Cameron y Silvio Berlusconi lo habían hecho. Y aquí, Elena Salgado dijo hace sólo unas semanas que consideraba tal medida innecesaria. Hoy la proponen porque otros lo hacen.

(P.) Mientras, se promueve el mensaje de que el sector público está hipertrofiado

(R.) Como ya le he dicho anteriormente, los datos muestran que, al revés, está muy poco desarrollado. Insisto en que el gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. España está a la cola de la Europa Social. Los datos están ahí para todo el que quiera verlos (www.vnavarro.org).
En realidad, el hecho de que el debate se centre en la reducción el déficit en lugar de una reforma fiscal progresiva que aumente los ingresos al estado es, en sí, el mejor indicador del poder de los grupos y clases dominantes en España y en Europa.

(P.) Por último, ¿qué le parece la propuesta que acaba de salir en la prensa de que se aprobará por Ley que el máximo déficit tolerable sea el 0.4% del PIB?

(R.) Como bien documenta David Lizoain en su web (lizoain.tumblr.com), y que yo he puesto en mi blog (www.vnavarro.org), ninguno de los mayores países de la Unión Europea ha tenido ese déficit en los últimos veinte años. Me parece de un dogmatismo que raya en lo irreal, que se exija este déficit que imposibilita cualquier política fiscal. Es el triunfo del dogma neoliberal que alcanza dimensiones totalmente irreales.