Este artículo critica la teoría
dominante en los círculos políticos y mediáticos más importantes de
España que asumen que la crisis financiera es resultado de la falta de
confianza de los mercados financieros hacia los Estados y su habilidad
para pagar su deuda pública. El artículo señala que el problema no es ni
el tamaño de la deuda pública ni la falta de confianza de los mercados
sino la ausencia de defensa que los Estados tienen frente a la
especulación de los mercados. El artículo concluye que en la manera como
se construyó el euro estaba implícito el debilitamiento de la
protección social en tal unidad monetaria.
Lo más indignante de la enorme crisis
que está sufriendo la Eurozona es que todo lo que ocurre podría haberse
evitado, y no se ha evitado porque el sistema financiero de tal área
monetaria se diseñó para optimizar los intereses del poder financiero –y
muy en especial de la banca- a costa del poder de la ciudadanía, cuyo
único instrumento que podía protegerles, el Estado, fue debilitado para
impedir que pudiera ayudar a la población. Si el lector cree que estoy
equivocado, le aconsejo que lea los documentos que establecieron el
Banco Central Europeo (BCE), que estudie la reglamentación de tal
organismo y que mire los documentos producidos por tal institución.
Cuando el BCE se
estableció, la banca alemana puso una serie de condiciones para que el
marco alemán fuera sustituido por el euro, condiciones que favorecieron
sus intereses a costa de la población de los países miembros de la
Eurozona. La mayoría de estas condiciones fueron aceptadas. Una de ellas
era que el BCE, en contra de lo que hacen los bancos centrales, no
podía ayudar a los Estados miembros de la Eurozona comprándoles su deuda
pública. Esto es lo que hace cualquier banco central cuando la deuda
pública de su país está sujeta a los ataques de los mercados financieros
especulativos. El banco central imprime dinero y compra deuda pública
de su Estado. Y con ello se fuerza que los intereses de la deuda bajen.
El BCE tiene prohibido
hacer esto. Imprime dinero y se lo transfiere a los bancos para que
sean ellos los que compren deuda pública. A éstos les interesa que los
intereses de tal deuda pública sean elevados. Y mientras tanto, los
Estados están totalmente desprotegidos, ya que no pueden defender su
deuda pública frente a los ataques especulativos. Y así ha ido
ocurriendo país tras país. No hay país que tenga su deuda pública a
salvo. Ni siquiera Alemania, como estamos viendo estos días. La manera
de construir el euro es equivalente a que en EEUU se hubiera establecido
el dólar sin un Estado federal y sin un banco central. El dólar y la
deuda pública de los Estados se hubieran colapsado. Y esto es lo que
está ocurriendo en la Eurozona. Éste es el primer problema, que podía
haberse evitado si el BCE hubiera actuado como un banco central que, en
contra de lo que anuncia su nombre, no lo es.
El segundo problema es
que cuando lo ha hecho, forzado por el posible colapso de la deuda
pública (que habría afectado negativamente a los bancos privados que
poseen la deuda pública del Estado, en dificultades), lo ha hecho en
cantidades muy menores y a posteriori, no a priori. Es decir, no se ha
comunicado a los mercados que el BCE ayudaría y apoyaría la deuda
pública (tal como hace el banco central estadounidense, el Federal
Reserve Board), sino que ha comprado la deuda pública de los países en
dificultades (ahora España e Italia) después, y no antes, de que los
intereses se disparasen, conllevando un coste elevadísimo al país. Es
más, lo hace sin anunciarlo, y a posteriori.
Según las
declaraciones de miembros del consejo directivo del BCE, esta
organización se ha comprometido a comprar deuda pública, unos 20.000
millones de euros a la semana, una cantidad menor, en comparación con la
cantidad que sería necesaria. El BCE, que es el que imprime moneda,
podría comprar cantidades mucho mayores. El que no lo haga es debido a
que su mayor objetivo es el objetivo de la banca: que no aumente la
inflación, pues si existe mucha moneda circulando podría aumentar la
inflación. Pero la inflación no es en este momento un problema mayor en
la Eurozona. El mayor problema es el bajo crecimiento económico. Pero el
BCE da prioridad al control de la inflación (que es lo que desea la
banca) sobre el crecimiento económico (que es lo que necesita la
población).
Pero la aplicación de
tales medidas excepcionales del BCE (la compra silenciosa de la deuda
pública en cantidades menores) no está resolviendo la situación. Y
mientras, el posible colapso de la deuda pública de algunos países puede
crear un colapso de la banca alemana y francesa (que tienen gran parte
de los bonos públicos) e indirectamente de toda la banca europea
internacional. Los bancos alemanes y franceses poseen nada menos que
265.000 millones de euros de deuda pública. De ahí que la deuda pública
de tales países no puede colapsarse. Y de ahí también que sea un absurdo
creerse que el gobierno alemán intente expulsar a Grecia del euro. Es
lo último que desea.
Como consecuencia, el
BCE se encuentra en un dilema. Su lealtad a la banca alemana le hace
pensar que algo debe hacerse para impedir que Grecia, Irlanda, Portugal,
España e Italia no puedan pagar a los bancos lo que les deben, que ha
alcanzado niveles astronómicos. Pero por otra parte, no quiere cambiar
su norma de que el BCE no puede ayudar sistemáticamente a los Estados y a
su deuda pública. La solución a este dilema ya estaba proveída en su
constitución. En su artículo 23 indica que el BCE puede prestar a
instituciones internacionales (léase el Fondo Monetario Internacional,
otro portavoz de la banca, FMI) lo que llama “ayuda” a los Estados de
países terceros. Y esto es lo que está pensando hacer. El BCE prestará
dinero al FMI para que éste “ayude” a los Estados a que paguen a los
bancos, siempre y cuando estos Estados acepten condiciones leoninas, que
consisten en un ataque frontal al mundo del trabajo y a la protección
social (todo ello, en teoría, para aumentar la competitividad), aunque
en la práctica su intento es desmantelar las transferencias públicas
(como las pensiones) y los servicios públicos (como la sanidad) para
privatizarlos, permitiendo la entrada del capital financiero en tales
sectores. Lo que está ocurriendo en España, con la reducción del gasto
social en sanidad, educación y pensiones (entre otros), es el intento de
expandir el sector privado en pensiones y sanidad. En estos dos
últimos sectores, por ejemplo, las aseguradoras privadas, dependientes
de la banca, está beneficiándose de los recortes realizados en estos
ámbitos. Esta es la realidad ignorada en los medios de mayor difusión
del país.