6 sencillas medidas para reducir el déficit aumentando los ingresos públicos (EDUARDO GARZÓN ESPINOSA)

El déficit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del estado. Por lo tanto, si el objetivo es reducir el déficit se puede lograr tanto recortando los gastos como aumentando los ingresos. Estamos muy acostumbrados a contemplar cómo los dirigentes políticos prefieren disminuir el déficit mediante la primera opción., y cómo ignoran la segunda. Desde la aparición del problema de las cuentas públicas, el gobierno ha adoptado numerosas y diversas medidas que pasan por recortar el gasto público: rebaja del salario de los funcionarios, eliminación del cheque bebé, aumento de la edad de jubilación, congelamiento de las pensiones, eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial, reducción del gasto farmacéutico, modificación de la ley de Dependencia, reducción de la ayuda al Desarrollo, reducción de inversión pública… Y apenas unas pocas medidas para aumentar los ingresos públicos, entre los que destaca un aumento del IVA que es una medida altamente regresiva (es decir, trata por igual a ricos y a pobres, perjudicando por ende a los segundos al partir de una situación inicial inferior).

Gastos públicos

Una simple ojeada a la batería de recortes de gasto nos basta para darnos cuenta de que todos ellos perjudican a la clase trabajadora y a los que menos recursos tienen. Salen perdiendo los funcionarios, las madres trabajadoras, los pensionistas, los beneficiarios del gasto sanitario público, los beneficiarios de las medidas de dependencia, los países subdesarrollados… En definitiva, salen perdiendo todas aquellas personas que se benefician del Estado del Bienestar. Si recordamos el funcionamiento del Estado del Bienestar consistente en recolectar recursos de toda la ciudadanía para favorecer a las personas que menos renta tienen, concluimos sencillamente que los recortes del gasto público perjudican a este último grupo. Al fin y al cabo, a las personas más adineradas no les afectará que reduzcan los servicios públicos de sanidad, de dependencia, de pensiones o cualquier ayuda de otro tipo ya que podrán acceder a estos servicios en el mercado (que exige un precio más alto pero que se pueden permitir). Las personas con menos recursos, en cambio, no podrán acudir al mercado y el abastecimiento de tales servicios se verá restringido.

Por otro lado, ninguna de esas medidas atenta contra los intereses de las personas más acaudaladas y poderosas. Los recortes de gasto van destinados a reducir el tamaño del Estado del Bienestar, pero por ejemplo no van dirigidos a reducir el gasto que supone mantener las concesiones y ayudas a la Iglesia Católica, que recibe al año 10.000 millones de euros de las arcas públicas. Ni tampoco a reducir el gasto militar, que alcanza los 8.500 millones de euros anuales. Ni tampoco a disminuir el gasto destinado a la Corona Española, la cual recibe 8 millones de euros anuales del presupuesto del estado. De llevar a cabo estas medidas, los perjudicados serían otros sujetos muy diferentes a las clases trabajadoras: serían fundamentalmente la Iglesia, la Corona, y las empresas armamentísticas. Estas instituciones y agentes sociales tienen mucho más poder que las clases populares para poder defenderse de las actuaciones del gobierno e influir para que las medidas no afecten a sus intereses.

Ingresos públicos

Lo mismo ocurre por el lado de los ingresos. Como vimos, aumentar los ingresos públicos sólo es eficaz si se hace aumentando los impuestos a las rentas más altas. Pero estas rentas son precisamente las que mayor poder y mayor capacidad de influir tienen sobre los círculos políticos, y por tanto, estas medidas encuentran mayores dificultades políticas para llevarse a cabo. Sin embargo, técnicamente todas ellas son factibles. Entre estas medidas destacan:

1) Restablecimiento del Impuesto sobre el Patrimonio. Este tributo recaudaba fondos fundamentalmente de las personas más acaudaladas ya que son las que poseen más propiedades. Las personas menos adineradas apenas se veían afectadas al disfrutar de pocas propiedades. La recuperación de este impuesto supondría una recaudación de unos 2.000 millones de euros anuales.

2) Reforzamiento del cuerpo de inspectores de Hacienda y aumento de las investigaciones a grandes fortunas, de las cuales sólo declara el 20% de las existentes en nuestro país. Según un estudio de la Universidad Pompeu Fabra, por estas vías se dejan de ingresar unos 80.000 millones de euros cada año.

3) Modificación del IRPF para que las grandes fortunas tributen a mayores tipos impositivos. Así se hacía hace unos pocos años en nuestro país y así se hace actualmente por ejemplo en los países nórdicos, donde los grandes ricos aportan entre el 50% y el 59% de su renta mientras en España sólo aportan el 43%.

4) Aumento de la tributación de las grandes empresas S -como Inditex- que actualmente tributan al 1% mientras las pequeñas y medianas empresas lo hacen al 25%.

5) Tributación por parte de la Casa Real Española, la cual recibe de los fondos presupuestarios unos 8 millones de euros, todos libres de impuestos.

6) Eliminación del régimen fiscal especial que permite que las empresas de alquiler de las entidades de crédito (SOCIMI) puedan alquilar los grandes patrimonios inmobiliarios adquiridos de los desahucios y embargos.

Viabilidad de las medidas

No es cierto –como se nos dice constantemente- que las actuaciones realizadas por el gobierno sean las únicas que se pueden tomar para reducir el déficit público. Se nos dice que los recortes son indeseables, pero a la vez inevitables porque algo hay que hacer y eso es lo único que se puede hacer. Pero es mentira. Lo que ocurre es que, de entre todas las alternativas existentes para reducir el gasto o aumentar los ingresos, no se llevan a cabo aquellas medidas que perjudican a los agentes sociales que tienen más poder para influir y presionar sobre la agenda política. Por lo tanto, finalmente los costes de las disposiciones políticas son soportados por aquellos que no tienen medios para defenderse: las clases populares.

Los continuos mensajes lanzados desde los grandes medios de comunicación y desde todos los poros de influencia y poder que tiene el sistema social, económico y político; nos hacen creer que las medidas que han sido adoptadas son las únicas que se pueden tomar. Otras actuaciones, nos dicen, son ineficientes, ineficaces, o imposibles de realizar. Y de tanto repetirlo nos lo acabamos creyendo. Pero hemos de tener muy claro que cualquier otra opción es perfectamente viable, y que si no se lleva a cabo es porque aquellos que resultarían afectados influyen y presionan mediante su poder fáctico para imponer sus intereses en la agenda política de los gobernantes.

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¿En qué consiste realmente la modificación del Impuesto de Sociedades? (EDUARDO GARZÓN ESPINOSA)

Desde la publicación ayer por parte de la ministra Elena Salgado de la modificación del Impuesto de Sociedades, he escuchado y leído bastantes opiniones que valoran esta actuación como una gran actuación progresista o de izquierdas. Estas valoraciones se basan básicamente en que las medidas sólo afectarán a las grandes empresas, concretamente a las que facturen más de 20 millones de euros al año. Sin embargo, he notado que existe mucho desconocimiento sobre el propio Impuesto de Sociedades, y especialmente sobre el funcionamiento de los pagos fraccionados. En este post se pretende dar una visión sencilla pero rigurosa sobre la dinámica de este impuesto para demostrar que las disposiciones del gobierno, lejos de significar un aumento del impuesto, no cambian sustancialmente las cosas.

Para empezar hay que entender cómo funciona el Impuesto de Sociedades y concretamente el mecanismo de los pagos fraccionados.
El Impuesto de Sociedades es un tributo que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Su cálculo es, en principio¹, muy sencillo: el último día del año² se observa el total de beneficios que ha obtenido la empresa en cuestión durante ese año; y  luego se aparta el 30% de esos beneficios, que irán destinados a la hacienda pública. Por ejemplo, si la empresa “X” el último día del año 2011 declara unos beneficios de 1000 euros, 300 euros tendrán que ser pagados como Impuesto de Sociedades.
Sin embargo, puesto que el cálculo de los beneficios puede ser muy complejo y duradero, el legislador fiscal concede seis meses a la empresa para que ajuste bien sus cuentas y pueda pagar al Tesoro Público. Es decir, aunque el 31 de diciembre de 2011 la empresa “X” haya calculado unos beneficios de 1000 euros, no tendrá que pagar a Hacienda hasta julio de 2012. Por lo tanto, la recaudación del impuesto se produce seis meses más tarde de la obtención de beneficios. Esto viene muy mal a Hacienda, ya que no dispondrá del dinero hasta pasado un cierto tiempo. Para solucionar parte de este problema se inventaron los pagos fraccionados.
Los pagos fraccionados son adelantos de pago que hace la empresa a Hacienda para ir pagando poco a poco y no hacerlo todo de golpe. Estos pagos son tres, y se producen en abril, octubre y diciembre. La empresa “X” ya no tendrá que pagar sus 300 euros en julio de 2012, sino que ese pago de 300 euros se dividirá en pequeños pagos que se efectuarán en los meses indicados y en julio del año siguiente. Por ejemplo, en abril la empresa paga 75 euros; en octubre paga otros 75 euros, y en diciembre otros 75 euros. Al final del año 2011 habrá pagado 225 euros (75+75+75). Cuando llegue julio de 2012, como tiene que pagar un total de 300 euros, entonces pagará sólo 75 euros (300-225), puesto que ya pagó 225 euros. De esta forma Hacienda no tendrá que esperar hasta julio de 2012 para cobrar una parte del impuesto. Sin embargo, es importante destacar que al final la empresa paga exactamente lo mismo que si no existiesen los pagos fraccionados: 300 euros. Lo único que ha cambiado es la forma de pagar esos 300 euros, pues parte del pago se ha adelantado.
¿En qué consiste la reforma del impuesto de sociedades anunciada ayer por el gobierno?
Fundamentalmente consiste en que los pagos fraccionados de las grandes empresas sean mayores. Es decir, en nuestro ejemplo, digamos que la empresa “X” en vez de pagar 75 euros cada uno de los tres meses indicados, pasaría a pagar 100 euros en abril, 100 euros en octubre, y 100 euros en diciembre. Cuando llegase julio de 2012 ya habría pagado un total de 300 euros, por lo que ya no tendría que pagar más. En los meses citados la empresa se ha visto obligada a efectuar pagos mayores, pero al final del año en realidad ha pagado exactamente lo mismo que si no hubiese existido la reforma: 300 euros.
Así las cosas, la modificación del Impuesto de Sociedades que va a llevar a cabo el gobierno no es en absoluto un aumento de los impuestos a las grandes empresas. Consiste en cambiar la forma de ingresar el impuesto para cobrar antes, pero no más. Las grandes empresas pagarán exactamente lo mismo que pagaban antes de la reforma. Claro que esto no quiere decir que la reforma sea inútil. En realidad Hacienda sale beneficiada con esta modificación, ya que le viene mejor cobrar antes que después. En sentido contrario, esta medida perjudica a las grandes empresas ya que tendrán que pagar sus impuestos antes de lo previsto, con el menoscabo contable y económico que ello supone.
A modo de conclusión, esta medida supone un alivio temporal para las cuentas del estado, pero en absoluto supone una solución al problema del déficit estructural, y mucho menos una disposición altamente progresista. No podemos confundirnos y pensar que, por estar dirigida a las grandes empresas, sea una proposición de izquierdas. Tan sólo es un pequeño guiño que intenta recuperar la imagen progresista que hace mucho tiempo perdió el gobierno del PSOE. Pero la verdad es otra, y está muy ligada a los recortes sociales y recortes de derechos que lleva implementando largo tiempo este gobierno que se dice de izquierdas.

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¿Por qué no se reduce el déficit aumentando los ingresos públicos? (EDUARDO GARZÓN ESPINOSA)

Teniendo en mente que el déficit presupuestario es la diferencia entre los ingresos del estado y los gastos que ha de acometer, se deduce que hay tres formas para reducirlo: A) reducir los gastos; B) aumentar los ingresos; o C) una combinación de las anteriores.

Sin embargo, en la agenda política de los gobernantes europeos las opciones B y C parecen
no tener ninguna relevancia. Desde el primer momento la ideología imperante ha dominado el debate público esparciendo la idea de que para solucionar el problema presupuestario hay que recortar el gasto público. Este discurso ha quedado claramente de manifiesto con la publicación del “Pacto por el Euro” de la mano de los dirigentes europeos, en el cual se considera totalmente necesario efectuar grandes recortes en las partidas de gasto. Y estamos también acostumbrados a ver en los medios de comunicación a los políticos nacionales más influyentes discutir sobre qué tipo de gasto hay que recortar, y nunca debatir cómo incrementar los ingresos. Ayer mismo el candidato a la presidencia del gobierno por el PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba mencionó que “prefiere quitar diputados provinciales antes que quitar maestros o médicos”. Como si no pudiese elegir otras opciones diferentes.

Apenas se dice nada de la posibilidad de aumentar los ingresos públicos. Parece que esa posibilidad no existe. Se olvida o se quiere olvidar que aumentar los ingresos públicos es otra alternativa para solucionar el problema del déficit. ¿Pero por qué los gobernantes actuales no se plantean dicha posibilidad? ¿Por qué se quiere evitar hablar de esta alternativa?

Normalmente los argumentos más utilizados giran en torno a una idea que parece obvia: para aumentar los ingresos públicos hay que aumentar los impuestos, y esta acción deprimiría aún más la economía al reducir la capacidad adquisitiva de los contribuyentes, que tendrían más dificultades para consumir y para invertir. Sin embargo este razonamiento aparentemente obvio no es del todo correcto porque está incompleto. Hay muchas formas distintas de recaudar impuestos, y no todas tienen el mismo impacto sobre la economía. De hecho, el factor más importante es a quién se le recauda el impuesto. No es lo mismo aumentar los impuestos a las personas que tienen un sueldo de 800 euros al mes, que aumentárselos a los que cobran más de 800.000 euros al mes. Resulta obvio que a ese segundo tipo de personas les afectará mucho menos una mayor contribución con la hacienda pública. Aquí está la trampa de este discurso. Cuando uno afirma que mayores impuestos contraen la economía, hay que pedirle que matice a quiénes se les va a imponer esos impuestos para revisar la veracidad de su declaración.

Con respecto a esto último, el discurso neoliberal (imperante en nuestros días) ya se ha encargado de expandir y fortalecer la idea de que aumentar los impuestos a los más ricos es un error. Los neoliberales sostienen que las personas más adineradas son precisamente las más capacitadas para invertir en la economía y, por tanto, generar empleo y crecimiento económico. Sin embargo, no parece que ese razonamiento sea muy cierto cuando estamos acostumbrados a ver cómo las grandes fortunas huyen del sistema tributario hacia oscuros paraísos fiscales y cómo se destinan a especular en los mercados financieros obteniendo ganancias ficticias que en absoluto generan empleo (de hecho, en ocasiones generan desigualdad, pobreza y hambre).

Además, incluso aceptando esa dudosa premisa de que los más ricos generan oportunidades de negocio y con ello puestos de trabajo, hay que recordar que esa misma labor puede ser igualmente realizada (incluso de forma más eficaz y con mayor alcance) por los mecanismos del estado. Al fin y al cabo, los fondos recaudados por los impuestos se terminan destinando fundamentalmente a iniciar proyectos de inversión (como construcción de carreteras, hospitales, colegios…) y a ofrecer servicios a toda la población (como servicios sanitarios, de educación, de ocio…); intervenciones que relanzan la economía al requerir trabajadores e impulsar la demanda agregada de la economía.

Por lo tanto, la vía que pasa por aumentar los ingresos fiscales es efectivamente una locura si los que van a pagar los impuestos son las personas con menor renta. Esto es así por dos razones: 1) perderían capacidad adquisitiva y disminuirían su consumo (lo que reduciría la demanda agregada de la economía) puesto que estas personas destinan una proporción elevada de su renta a consumir y 2) dada la distribución de la renta en nuestro país –donde la riqueza está concentrada fundamentalmente en pocas manos- los afectados serían la mayor parte de la población, por lo que el consumo total caería bastante y haría resentir intensamente la actividad económica.

En cambio, la vía que pasa por aumentar los ingresos fiscales es todo un acierto si los que van a pagar los impuestos son las personas con mayor renta. Esto se explica por varias razones: 1) al disponer de una elevada renta, un recorte en la misma no afectaría a su capacidad para consumir, puesto que estas personas destinan una proporción muy pequeña de su renta a consumir; 2) tendrían menos fondos para especular en los mercados financieros y por lo tanto no se seguirían haciendo más ricos a partir del dinero, no provocarían tantos desequilibrios en la bolsa o en el mercado de derivados o en el de deuda pública, y no aumentarían tanto los precios de los alimentos en el tercer mundo; 3) se produciría un reparto más equitativo de la riqueza total; y 4) puesto que las personas más adineradas representan una pequeña proporción de la población, los afectados no serían muchos.

Una vez comprendido esto, ya se entiende mejor por qué en la agenda política actual no
aparecen propuestas para aumentar los ingresos del estado: simplemente porque estas medidas perjudicarían a las grandes fortunas, que son precisamente las que más poder tienen para influir en los círculos políticos, mediáticos y económicos.

No nos podemos dejar engañar. Nos mienten cuando nos dicen que no hay dinero y que por lo tanto hay que realizar recortes en el gasto público. Claro que hay dinero, lo que ocurre es que las personas que lo tienen no quieren perderlo, y por eso influyen en los gobernantes para que no les toquen su bolsillo. De ahí que nada se haga para recaudar impuestos a los más ricos y mucho para realizar recortes sociales que, al fin y al cabo, restan recursos a los que menos tienen. Por eso se dice que la crisis la están pagando los más pobres.

El déficit público se podría combatir poderosamente si los gobernantes no estuviesen subyugados por el poder económico y financiero. Como veremos en el próximo artículo, existen medidas muy fáciles de adoptar (técnicamente hablando) que recaudarían millones de euros, que no deprimirían la actividad económica, y que darían un respiro a las arcas del estado.

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