El pasado
lunes salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de
Catalunya el Decreto Ley por el que la Generalitat quiere modificar la
Ley de protección de los animales en el que se establece un régimen de
captura en vivo y posesión de pájaros fringílidos (pinzón, verderón,
jilguero y pardillo) para la cría en cautividad, dirigida a la actividad
tradicional de canto durante el año 2011.
A juicio de SEO/BirdLife y ADENC, la Generalitat ha cedido ante
la presión de la Federación Catalana de Caza para autorizar prácticas
prohibidas por las por las directivas europeas y la legislación
nacional. Además, las ONG recuerdan que actualmente se encuentra
imputada una ex directora general por dar este tipo de autorizaciones en
Cataluña. De hecho, es más que probable que la Generalitat quiera
blindar la decisión al hacerlo en formato de Decreto Ley que debe ser
refrendado el martes que viene por el Parlamento Catalán para evitar que
las ONG puedan recurrir la decisión.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya ha confirmado
por dos veces que las administraciones no pueden dar autorizaciones para
capturar aves silvestres para enjaular. En este mismo sentido se han
pronunciado los técnicos de caza de la Generalitat de Cataluña en
informe de agosto de 2010 y la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Medio Ambiente en noviembre de 2010. La propia Generalitat hizo una
consulta a la Comisión Europea que fue contestada el 20 de julio de 2008
en el que le especificaba que habiendo la posibilidad de obtener aves
provenientes de la cría en cautividad no había posibilidad de autorizar
la captura de más ejemplares silvestres.
Además, en julio, todas las Comunidades Autónomas, con el visto bueno
de la Generalitat aprobaron unas directrices en las que se especifica
que no se pueden autorizar nuevas capturas si no se acredita previamente
que no existen alternativas viables a la captura de nuevos ejemplares
para evitar la consanguinidad de la población cautiva. Evidentemente, la
Generalitat vulnera también estas directrices ya que no ha acreditado
este último aspecto. Para SEO/BirdLife y ADENC es evidente que no
existe consanguinidad en la población cautiva compuesta por millones de
aves en toda Europa y que, localmente puede solventarse mediante el
comercio e intercambio de ejemplares.
Por lo tanto, SEO/BirdLife y ADENC no pueden compartir el contenido
de este Decreto y recurrirán a todas las instancias para evitar su
ratificación por el Parlamento y su aplicación. Estas entidades ya han
enviado información a la Comisión Europea y, en el caso de ser
ratificado el Decreto Ley, enviarán la semana que viene una queja ante
la Comisión Europea y una solicitud al Gobierno de España para que lleve
esta reforma legislativa ante el Tribunal Constitucional solicitando su
suspensión cautelar.
Por otra parte, es criticable el mecanismo establecido por la
Generalitat para autorizar esta práctica ilegal. Hacerlo por Decreto Ley
evita la participación pública y el control por parte de los
tribunales, lo que pone de relevancia es la falta de diálogo por parte
del gobierno de la Generalitat, y en definitiva la falta de sensibilidad
hacia el medio natural, patrimonio de todos los catalanes. Para las
entidades ambientales lo más grave es la forma en que este decreto ley
ha sido aprobado, sin permitir la opinión de la sociedad civil ni haber
procedido a la consulta sobre el mismo a las entidades ambientales que
la representan.
Asunción Ruiz, Directora Ejecutiva de SEO/BirdLife considera que “es
muy grave y preocupante que las administraciones aprueben por ley
prácticas ilegales contrarias al medio ambiente, que eliminan la
posibilidad de recurso en los tribunales por parte de las ONG. Este es
el caso de los fringílidos en Cataluña, de la Ciudad del Medio Ambiente
de Soria, del Parany en Valencia o del Catálogo de Especies Amenazadas
de Canarias”.
El decreto elimina cuatro especies de la lista de especies protegidas
(pinzón, verderón, jilguero y pardillo); prohíbe el pegamento (vesc)
aprobando sólo como métodos de captura de aves que estén aquellos
previstos en la normativa comunitaria y la legislación básica estatal, y
autoriza la captura de hembras de estas 4 especies con el objetivo de
conseguir una población cautiva. Esta modificación de la Ley de
protección de los animales para sacar del anexo de especies protegidas a
estas especies, no se fundamenta en criterios científicos.
Varios informes sobre este tema en: http://www.seo.org/programa_seccion_ficha.cfm?idPrograma=24&idArticulo=6054
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