Hace meses que anticipé (Entre estafa y estafa le quitan la vivienda a la gente )
que el gobierno indultaría al banquero delincuente Alfredo Sanz,
consejero Delegado del Banco de Santander, así que no me ha extrañado
que lo haga, aunque debo reconocer que el hecho de hacerlo de una manera
tan vergonzante y desvergonzada, ya en funciones después de las
elecciones, ha superado todas mis expectativas.
Estaba
ya indignado de antes, pero ni siquiera así he podido impedir que
aumente mi rabia en el momento en que conocía la decisión del Ejecutivo.
Aunque la verdad, no sé si ahora mucho más que cuando en estas últimas
semanas ha ido tomando otras medidas de última hora dirigidas a
concederle favores añadidos a los bancos, para aliviar sus
responsabilidades incluso penales, para darles más facilidades a sus
negocios y para que sigan actuando frente a sus clientes con la
prepotencia y la desvergüenza con que lo vienen haciendo. En suma, para
aumentar el poder económico y financiero del que la banca española
dispone.
A pesar
de que estaba seguro de que el indulto se iba a producir, no puedo
evitar indignarme cuando compruebo que a quienes han provocado la
situación en la que estamos y engañado a miles de personas se les dan
favores o se les salva o indulta y en lugar de obligarles a que hagan
frente a sus responsabilidades se les conceden nuevos privilegios,
mientras se deja sin protección a los afectados por sus estafas o no se
hace nada para impedir que docenas de miles de personas tengan que
abandonar sus viviendas por la voracidad de esos mismos banqueros
delincuentes.
Lo que
acaba de hacer el gobierno del Partido Socialista es una felonía ante el
pueblo español. No ha sido la única, ni siquiera en estas última
semanas, pero sería por sí misma suficiente para que pase a la historia
como un gobierno traidor. Se le podría perdonar su impotencia ante
poderes más fuertes pero nunca un pisoteo tan grande a las reglas más
elementales de la justicia como el que supone este indulto, pues supone
pasarse por la entrepierna de la manera más descarada el principio de
igualdad de todas las personas ante la ley.
En
cualquier caso es una ingenuidad creer que el asunto es solo obra del
gobierno. Aunque no haya sido la que ha dado el indulto, la
administración de justicia también tendría mucho que decir. No entro en
la gravedad de la pena impuesta pero sí en la sorprendente decisión del
tribunal que permitió su suspensión por si se producía el indulto
solicitado, un criterio de favor de consecuencias hasta irrisorias si se
generalizase por los jueces que condenan a los delincuentes. Y,
también, por supuesto, también tendría que decir algo el Banco de España
que, al permitir que Sáenz siguiera ejerciendo como banquero a pesar de
estar condenado en firme, se ha vuelto a comportar, como en tantas
otras ocasiones, no como el servidor de los intereses públicos que
debería ser sino como el cómplice de los banqueros privados.
Según informó El Confidencial,
hasta los inspectores del Banco de España han denunciado en un
comunicado que no se ha cumplido con la legislación bancaria que obliga a
separar del cargo a los ejecutivos sin honorabilidad por haber
condenados, tal y como establece el Real Decreto de 1995 al imponer que
"se entenderá que carecen de tal honorabilidad [requisito para ser
consejero o director general] quienes, en España o en el extranjero,
tengan antecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados
para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de
entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley
Concursal".
En este saco de complicidades necesarias
se encuentran también los medios de comunicación que han pasado por alto
o con extraordinario disimulo los antecedentes del caso, para evitar
crear el caldo de cultivo de indignación social que hubiera impedido el
indulto. Y, por supuesto, los partidos mayoritarios, el Partido Popular
que solo muestra su posición con la boca chica, y por supuesto el
Partido Socialista que una vez más calla para deja actuar a su
secretario general como césar neoliberal y omnipotente al servicio de
los banqueros.
El
gobierno se ha saltado a la torera los informes negativos emitidos en su
día por la Fiscalía o por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que
tomó por unanimidad de sus cinco magistrados la decisión de
“desaconsejar” el indulto a Alfredo Sáenz. Simplemente se ha limitado a
ponerse a los pies de Botín, eso sí, haciéndole a toda España un último
favor: mostrar de manera bien clara, para que no le quede duda a nadie,
quién manda aquí y a quién hay que quitar el poder para que las cosas
funciones de otro modo, para que no se sigan cometiendo los desmanes y
las injusticias que estamos sufriendo, para poder salir del túnel en el
que estamos y para que votar cada cuatro años no sea nada más que una
pantomima.