Los intentos de las confesiones religiosas de imponer su moral a todos los ciudadanos se han hecho, últimamente, muy patentes, pero no son ninguna novedad .Las organizaciones religiosas tienen derecho a expresarse y a intentar convencer, pero de ningún modo a imponer sus criterios ni a recibir trato de favor por parte del estado, ni el Estado puede seguir las pautas que dictan. En una democracia, quien decide son los ciudadanos.
1.- Las confesiones religiosas reciben unas ayudas económicas del Estado inaceptables en cualquier democracia, y más en un Estado que se proclama aconfesional. Este trato discriminatorio, incompatible con un sistema en el que la igualdad de los ciudadanos ante la ley sea un derecho fundamental, lejos de eliminarse, se ha asentado en los últimos tiempos con la inclusión en la declaración de la renta de una opción que quita dinero público para asignarlo a las iglesias. La solución no está, evidentemente, en extender este asalto otorgando los mismos privilegios a otras confesiones, sino en eliminar cualquier trato de favor.
2.- En un “régimen de libertades”, la libertad de conciencia es un derecho fundamental que exige la máxima protección. Que se siga adoctrinando en las escuelas públicas, con cargo al erario público, en una asignatura de religión supone una violación de la libertad de conciencia de los niños y de la igualdad de derechos de los padres proclamada por la Constitución. La solución no puede ser la creación de asignaturas alternativas sobre creencias o convicciones, sino la eliminación de toda asignatura de este tipo.
3.- Hay muchas situaciones en las que el Estado actual se sigue pareciendo demasiado al régimen nacional-católico franquista: este Estado exime a las confesiones religiosas del pago de numerosos tributos, financia sus colegios, residencias y hospitales, empotra en la escuela pública sus enseñanzas, paga a los catequistas que elige su jerarquía, adopta como fiestas cívicas sus celebraciones religiosas, recauda el IRPF de aquellos que prefieren dárselo en vez de ingresarlo en el erario común, les regala suelo urbano para la construcción de sus templos, mantiene su patrimonio monumental y no interfiere en sus organizaciones internas aunque no sean democráticas y sean discriminatorias frente a las mujeres.
Estas situaciones intolerables en un Estado aconfesional, en una democracia, parecen de difícil eliminación en España mientras sigan vigentes los Acuerdos de 1976 y 1979 entre el Estado Español y la Iglesia Católica, una mera puesta al día del Concordato de 1953, en el que se fijaron los fundamentos del nacional-catolicismo. Estos acuerdos con un Estado extranjero que dista mucho de ser una democracia respetuosa con los Derechos Humanos, no deben ser objeto de revisión ,sino de derogación total. Para esto no es necesario negociación alguna con las organizaciones religiosas, basta con una decisión política en la que pese más la decencia y el respeto a los ciudadanos que el deseo de mantenerse en el poder.
Nuestra democracia no ha superado esta situación por lo que, desde Granada Laica, una asociación cuyo principio es combatir “la discriminación por motivos religiosos o de conciencia que se practica en España”, se ha lanzado una campaña de recogida de firmas para reclamar la definitiva separación entre Estado y confesiones religiosas.
Esto supone fundamentalmente:
1.- La no-financiación de las iglesias con dinero público,
2.- la exclusión de las religiones de la escuela pública,
3.- la derogación del Concordato y de los Acuerdos de 1976 y 1979 del Estado Español con la Iglesia Católica.
Por una ley de libertad de conciencia
El desarrollo de estas demandas hará de este Estado una democracia más justa e igualitaria.
¡Ninguna confesión religiosa puede imponer su moral al conjunto de la sociedad!
¡Por una ley de libertad de conciencia!
Firma y difunde la campaña en http://www.laicismo.org/