Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 20 de abril de 2012
Este artículo señala que la
concentración de las rentas en sectores minoritarios de la población
crea un problema grave de demanda que debería resolverse con
políticas fiscales que transfirieran fondos de tales sectores a la
población con menos recursos, mediante la creación de empleo,
estimulando la economía.
Uno de los argumentos que se reproducen
con mayor insistencia en los mayores círculos financieros, económicos,
mediáticos y políticos del país, es que aumentar los impuestos en
momentos de recesión no es aconsejable, pues disminuye la capacidad
adquisitiva de la población, y con ello disminuye la demanda, elemento
esencial para estimular la economía y ahuyentarla de la recesión. Este
argumento se ha utilizado por todos los gobiernos que han tenido que
enfrentarse en España a la recesión.
Lo que este argumento ignora es que no
todos los impuestos son iguales y no toda la población responde de la
misma manera a la bajada o subida de impuestos. Y este argumento también
ignora que el Estado puede gastarse el dinero,
adquirido al aumentar los impuestos, en actividades que estimulen la
demanda de una manera más directa de lo que pueden hacerlo algunos
sectores de la población que tienen elevadas rentas y su propensión al
ahorro es mayor que su consumo.
Para entender la importancia de este
hecho hay que darse cuenta de que la renta en la sociedad española está
muy concentrada. Aunque es siempre muy difícil conseguir información
creíble sobre la distribución de la renta y riqueza en España, toda la
información objetiva existente muestra que España es uno de los países
más desiguales entre los países ricos (es decir, los países miembros de
la OCDE). Esta concentración de la renta es un problema económico
gravísimo, pues la gente rica consume mucho menos proporcionalmente que
el resto de la población. Recordemos que el 64% (según el barómetro del
Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- del mes de febrero) de la
población española tiene dificultades para llegar a fin de mes. La gente
rica ya tiene tanto que la mayoría de su renta no la consume, sino que
la acumula e invierte y deposita en los bancos, lo cual podría ser
beneficioso si tal dinero se utilizara para invertir y producir puestos
de trabajo. En los últimos años, sin embargo, gran parte de estas
inversiones han sido de tipo especulativo, con lo cual se crearon menos
buenos puestos de trabajo de lo que el país necesitaba.
El hecho, pues, de que un sector
minoritario que goza de grandes rentas no consume mucho, y que la gran
mayoría no puede consumir más por carecer de dinero, crea un gran
déficit de demanda, que es una de las causas de la Gran Recesión. Lo que
el Estado tiene que hacer es transferir fondos de los sectores de la
población que no consumen mucho (en términos proporcionales), elevando
sus impuestos, para transferir los fondos a los sectores de la población
que tienen problemas para poder consumir y mantener su nivel de vida.
Una manera de hacerlo es creando puestos de trabajo en los sectores
donde hay un enorme déficit de personal, tales como los servicios
públicos del Estado del Bienestar. Y ahí radica parte de la necesaria
solución. El Estado tiene que gravar las rentas superiores y con el
dinero obtenido tiene que crear empleo que estimule la demanda y con
ello se estimule la economía. Esto es lo que hizo el presidente
Roosevelt en EEUU para salir de la Gran Depresión, y esto es lo que
hicieron la mayoría de los gobiernos europeos inmediatamente después de
la II Guerra Mundial.
En España, la carga impositiva continúa
siendo muy regresiva, a pesar de los cambios realizados por el Gobierno
Rajoy que, según la sabiduría convencional, ha subido los impuestos al
nivel de Suecia. Como he indicado en otro artículo (“¿Tributamos como
los suecos?”, ‘Público’, 02.02.12), esta argumentación ignora el enorme
impacto regresivo de las deducciones fiscales que reducen
espectacularmente la carga fiscal real. El 10% de la población más rica
del país, que tiene casi el 50% de la renta del país, paga mucho menos
al Estado de lo que nominalmente debería debido a tales deducciones (sin
considerar también el enorme fraude fiscal que se centra en el 1% de la
población más rica del país). No es cierto (repito, no es cierto) que
la fiscalidad de España sea como la de Suecia, tal como están indicando
los medios. En realidad, si España pagara en impuestos el mismo
porcentaje del PIB que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de
euros más, con lo cual habría dinero más que suficiente para reducir el
déficit público y crear cinco millones de puestos de trabajo en los
servicios públicos del Estado del Bienestar, alcanzando el porcentaje de
adultos que trabajan en tales servicios (como sanidad, educación,
servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, entre
otros) que hoy tiene Suecia: uno de cada cuatro. En España es uno de
cada diez, el porcentaje más bajo de la UE-15.
Una última observación. Las políticas
que está proponiendo el Gobierno Rajoy para España harán un enorme daño a
la economía española, y muy en particular a las clases populares. La
evidencia científica de que ello es así es abrumadora. La fe ciega que
el banquero Luis de Guindos, hoy Ministro de Economía de España, tiene
en el dogma neoliberal, está llevando el país al desastre, pues está
reduciendo todavía más la demanda. La ilusión de que esta austeridad
recuperará la confianza de los mercados no se basa en una evidencia
creíble (ver mi artículo “¿Quién define la confianza de los mercados?”,
‘Público Digital’. 05.04.12). Es el triunfo del dogma sobre la mera
evidencia científica abundantemente existente. El fundamentalismo
religioso que hizo un enorme daño a las clases populares a lo largo de
la historia de España ha sido sustituido por un fundamentalismo
económico neoliberal con efectos igualmente negativos. Su promoción se
debe a que favorece a las rentas superiores así como a las rentas del
capital y a sus instrumentos financieros.
