Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 27 de abril de 2012
Este artículo señala que la
llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada sobre todo
por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las
compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de privatizar la
Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la
situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al
caso español.
No existe plena conciencia en muchos
círculos progresistas de que el llamado “problema de la deuda pública”
es un fenómeno creado artificialmente para justificar el
desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros
muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda. En un intento de
reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y
neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la
deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes
muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto
público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los
servicios públicos del Estado del Bienestar (con
especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a
los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema
pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los
Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”,
término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden
pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios
de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican
artículos e informes que son citados también por los corresponsales
españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de
tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El
País’ en Washington.
El problema con tales reportajes es
su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública
federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9,2 billones
de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos:
1) el 34,2% de este crecimiento (3,15 billones) nace del recorte de
impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado
primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22,9% (2,1 billones) del
crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y
Afganistán; y 3) el 9,8% (0,9 billones) de la ayuda directa (subsidios
públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9
billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se
consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del
crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al
complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin
embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública
está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta
reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los
servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las
pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento
de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se
contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los
últimos veinticinco años (alcanzando los 2,4 trillones de dólares),
calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de
los próximos diez años (en este artículo se utiliza “trillones” y
“billones” según la terminología estadounidense). En realidad, las
estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los
propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad
Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los
próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al
crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado
financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las
pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace ‘The Wall Street
Journal’, y que reproduce Antonio Caño en ‘El País’, es insostenible y
muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias
dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.
En cuanto a los servicios públicos
sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1,9%) al
crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante
que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo
‘D’ de ‘Medicare’, es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la
medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí,
prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos
farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la
propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El
capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó
un porcentaje mayor, 4,8% (450 millones), resultado del gran poder de la
industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando
este incremento.
Un 2,7% (255 millones) del aumento
se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del
desempleo. Un 2,9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago
de los intereses de la deuda.
El estímulo económico, iniciado por
el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama,
representó el 20,6% del crecimiento de la deuda pública (1.896
millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el
mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió
inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del
crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la
Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión.
El segundo error que hace la derecha
estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el
tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador
de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este
error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de
la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el
mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como
arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda
pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus
intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de
ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando
las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating).
¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad,
ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España)
está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para
cargarse al Estado del Bienestar.
Una situación semejante ocurre en
España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la
UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al
español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los
elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado
central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito,
nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que
ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver
primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las
más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un
banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la
banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado
español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el
Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se
utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que
siempre han deseado. El llamado “problema de la deuda pública” es un
problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de
sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de
las clases populares. Así de claro.