¿Argentina es quien perjudica a España? (JUAN TORRES LÓPEZ)

En un artículo anterior (Repsol no es España) escribía en este mismo diario que el intento de confundir los intereses de la multinacional con los del conjunto de los españoles es un ardid demasiado forzado. Hubiera dejado ya el tema si no fuera porque los dirigentes del Partido Popular se empeñan en utilizar el contencioso entre el gobierno argentino y Repsol como un velo que oculta los verdaderos problemas y enemigos que tenemos los españoles.

El  Ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la decisión argentina perjudica a nuestros intereses y a los del conjunto de las empresas españolas. Una afirmación que me parece igualmente desenfocada y que busca encontrar enemigos donde yo creo que no están los de verdad.

Vaya por delante que no me pronuncio sobre la conveniencia o no de que el gobierno argentino defienda sus intereses nacionales nacionalizando YPF. Y que entiendo que los propietarios de esta última traten de sufrir el menor quebranto económico posible. Pero eso es una cosa y otra que todo un gobierno se equivoque a la hora de determinar quiénes son los enemigos que verdaderamente perjudican nuestros intereses con tal de ayudar a los propietarios de la multinacional, que no somos precisamente todos los españoles.

Por eso me parece que no estaría de más que el gobierno se planteara y respondiese con sinceridad ante la opinión pública a algunas preguntas elementales.

¿Quién perjudica a España y a sus empresas? ¿Argentina, o los tratados europeos que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, lo que ha ocasionado que solo en 2008, 2009 y 2010 España haya tenido que soportar una deuda ilegítima de 120.842 millones de euros?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los especuladores financieros, las agencias de calificación y los banqueros que manipulan los mercados para alterar artificialmente el precio de la deuda y obtener pingües beneficios?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los grandes poderes europeos, encabezados por su cómplice principal, el gobierno alemán de la Señora Merkel, que se empeña en imponer a toda Europa políticas que inevitablemente nos llevan a la depresión económica?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las grandes fortunas y grandes empresas cuyo fraude a la hacienda española supuso 42.711 millones de euros en 2010?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos y no cumplir con todas sus obligaciones fiscales en España, como Repsol, que es la empresa del IBEX-35 que mantiene más sociedades ubicadas en paraísos fiscales.

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no luchan decididamente contra el fraude fiscal y hacen que España sea el país europeo que menos gasta en perseguirlo?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que aprueban amnistías fiscales para legalizar el comportamiento de los defraudadores?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos que para obtener beneficios extraordinarios dando crédito financian burbujas inmobiliarias insostenibles y que influyen en los gobiernos para imponer políticas económicas que endeuden a las familias y a las pequeñas y medianas empresas?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos españoles que reciben del Banco Central Europeo todo el dinero que pidan al 1% y sin embargo obligan a miles de pequeñas y medianas empresas a financiarse mediante tarjetas de crédito a más del 29% de interés porque no les dan otro tipo de financiación?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que indultan a banqueros delincuentes y a políticos corruptos que roban el dinero público, mientras hacen que las leyes caigan con todo su peso sobre los trabajadores y pequeños empresarios que cumplen con sus obligaciones?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los ministros que imponen recortes en servicios sociales básicos recurriendo a mentiras y datos falsos para justificarlos, como viene haciendo particularmente el de Educación y Cultura?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que permiten que las compañías eléctricas estafen a las familias y empresas españolas inventándose ellas mismas el déficit de tarifa o mediante engaños como el de los costes de transición a la competencia o los relativos a los contadores de la luz, haciendo que nuestra factura eléctrica sea la tercera más cara de Europa solo para que ganen más que en ningún otro país?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no hacen frente con dignidad a las imposiciones que llevan a nuestra economía a la depresión, reducen a mínimos la inversión fundamental en materias como investigación, educación y formación, o apoyo a las empresas que crean empleo para subsidiar a bancos y grandes corporaciones?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina. o los gobiernos que privatizan empresas públicas a bajo precio para dárselas a sus amiguetes?

Deberíamos obligar a que los gobiernos hablaran claro y se dejaran de tanto engaño y de tanta demagogia.

Lo que está en juego (VICENÇ NAVARRO)

Prólogo escrito por Vicenç Navarro titulado “Lo que está en juego” en el libro “La sanidad (y nuestra salud) está en venta”, escrito por Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde, febrero de 2012.

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra contra el nazismo y el fascismo llevada a cabo por una alianza mundial de fuerzas progresistas con el objetivo de alcanzar un mundo mejor. El enorme sacrificio que significó la guerra, sobre todo para las clases populares de los países participantes en el conflicto bélico, se hizo con la esperanza de que con la derrota del nazismo y el fascismo en cada país se construyera una sociedad capaz de alcanzar las expectativas de las generaciones presentes y futuras. Parte de estas expectativas fue el desarrollo de un diseño internacional, que incluyera una sociedad de naciones llamada Naciones Unidas, orientada a desarrollar y garantizar los derechos humanos en cada país, entre los cuales destacaba el derecho a la salud. Ese fue el momento en que la salud se definió no sólo cómo la ausencia de enfermedad, sino también como buena calidad de vida y como el bienestar social de las personas y las comunidades. Para todo ello hacía falta desarrollar al máximo el potencial humano en todas sus dimensiones, no sólo biológicas, psicológicas y emotivas, sino también las sociales. Esta concepción de lo que es la salud, ha sido el banderín de enganche de todas las fuerzas que han luchado durante los siglos XX y XXI por una sociedad que permita y facilite el logro de ese derecho humano. Ello explica que la gran mayoría de Constituciones actuales hayan incorporado ese derecho entre los más importantes en su compilación de derechos, siendo una función de los Estados respetarlo, apoyarlo y  desarrollarlo. Así consta, por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución Española, que claramente reconoce “el derecho a la protección de la salud (…) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Hoy es importante reafirmar de nuevo ese derecho, en un momento en que muchos representantes políticos parecen poner en cuestión tal derecho. Recientemente, nada menos que el Conseller de Salut del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, ha indicado que la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado, una postura que entra claramente en contradicción con la Constitución Española y con el Estatut d’Autonomia de Catalunya (aprobado en referéndum por la población catalana, el Parlament de Catalunya y las Cortes Españolas), donde consta claramente que el Estado y la Generalitat de Catalunya tienen que garantizar tal derecho. Que la máxima autoridad sanitaria catalana niegue o cuestione ese derecho, transformándolo en una mera prerrogativa individual, personal y privada es extremadamente regresivo. Es probable que en España ésta no sea una voz aislada, pues en la actualidad muchos otros personajes con responsabilidad pública actúan acorde con esa visión privatizadora y mercantil de la salud y de la sanidad que nos retrotrae al siglo XIX o inicios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, que echa por los suelos el derecho adquirido reflejado en la Constitución y el Estatut. Derechos, por cierto, que fueron refrendados en la Ley General de Sanidad y en la recientemente aprobada Ley de Salud Pública catalana.

El libro del cual forma parte este prólogo documenta ampliamente las consecuencias que la privatización y la mercantilización tienen en la sanidad, la salud y la equidad. Con el detalle y rigor que caracterizan los bien conocidos trabajos de investigación de sus autores, el libro va desmontando pieza a pieza el enorme entramado ideológico, tecnocrático y político construido -con la inestimable ayuda de las cajas de resonancia proveídas por los grandes medios de comunicación- para justificar la venta de la sanidad pública y la progresiva eliminación del derecho a la salud.

Otro aspecto relacionado con el punto anterior y también muy preocupante es la aseveración del Conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, de que la salud de la ciudadanía depende de su genética, los antecedentes familiares y hábitos personales. Este libro muestra el enorme error planteado por esa sesgada postura ideológica que, por cierto, está ampliamente aceptada por grandes sectores de los establishments conservadores. Si bien esos factores influyen en la salud de la población, su valor explicativo es menor frente a otras variables y factores sociales y políticos de mucha mayor importancia pero que raramente aparecen en los medios de mayor difusión. La literatura científica, bien analizada y resumida en este libro, es contundente. El componente genético juega un papel menor en explicar el nivel de salud de la población. Mayor importancia tienen los comportamientos dietéticos, el ejercicio físico y otros “estilos de vida” relacionados con hábitos que reflejan conductas de las personas. Pero incluso estos factores tienen menos importancia que lo que la OMS denomina Determinantes Sociales de Salud, otro tema central del texto. Tal término incluye la acumulación de factores sociales como el desempleo, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la disponibilidad de vivienda digna, la inseguridad alimentaria y el limitado acceso a una alimentación adecuada, las facilidades educativas, las desigualdades de renta y propiedad, la escasa posibilidad de participación y expresión democrática, entre otros. El hecho de que un ciudadano de Pedralbes en Barcelona (uno de los barrios más pudientes de la ciudad), viva 10 años más como promedio que un ciudadano de Nou Barris (un barrio de clase trabajadora no cualificada), no se debe, como parece creer el Conseller Boi Ruiz, a que tengan estructuras genéticas distintas o comportamientos personales diferentes, sino al contexto económico, político y social que configura su desigual nivel de salud y calidad de vida.

Por otra parte, el texto identifica y plantea con nitidez otro tema esencial: la gran importancia de la atención sanitaria pública como determinante de la salud y la equidad. Esa atención sanitaria pública, fruto de largas luchas sociales, está hoy fuertemente cuestionada y atacada por fuerzas económicas y políticas muy conservadoras que, como el libro señala con precisión, utilizan estrategias como la difusión de la ideología biomédica de la salud, “culpabilizar” a los enfermos de abusar del sistema sanitario o no cuidar su salud, difundir el sistema privado de lucro, la supuesta mayor “eficiencia” de la gestión privada por encima de la pública, la necesidad de “racionalizar” un sistema público debilitándolo e instaurando copagos y mecanismos de gestión privados que supuestamente harán que el sistema público sea “más eficiente y sostenible.” Los datos y argumentos que presentan los autores (investigadores de gran prestigio y reconocimiento internacional, dos de los cuales han sido los únicos miembros catalanes y españoles que participaron en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS) son robustos y deben ayudar a que toda la sociedad realice una profunda reflexión sobre estos temas forzando a que las autoridades públicas mantengan y amplíen el derecho a la sanidad y la salud de la población catalana y española, tal y como apoya el 87% de la población según las encuestas.

En un importante capítulo final, el libro apunta también a que la “solución” de esa preocupante situación no es técnica sino política, y que los retos son muy importantes. Destaquemos tres: cambiar el lenguaje y la conciencia personal y colectiva sobre la salud y sus causas mostrando un modelo de salud público alternativo al discurso neoliberal dominante que tenga en cuenta los determinantes sociales; hacer alianzas entre los movimientos sociales y las fuerzas populares con los profesionales, investigadores, expertos y académicos que trabajan en favor de la sanidad pública y la equidad; y reconstruir luchas democráticas, participativas y unitarias que frenen la privatización de la sanidad pública defendiendo su universalidad, equidad y calidad.

La población debe ser consciente de lo que está en juego: un derecho esencial como la sanidad pública y la salud que, fruto de largas luchas populares, está reconocido en los documentos legislativos. Si la información es poder, el conocimiento incluido en este libro constituye un recurso muy valioso que ha de permitir concienciar y dar más poder a la ciudadanía para defender un derecho hoy seriamente amenazado.

Barcelona, 13 de febrero de 2012

La crisis de las instituciones del establishment español (VICENÇ NAVARRO)

Este artículo señala la creciente distancia existente entre la sabiduría convencional de los establishments económicos, financieros y políticos españoles, reproducida y promovida en los medios de mayor difusión del país, y la opinión popular expresada en encuestas, entre otros medios. Tal distancia refleja una concienciación creciente por parte de la mayoría de la ciudadanía española de la escasa capacidad de respuesta del establishment político a sus necesidades, percibiendo a tal establishment como un mero portavoz del poder económico y financiero nacional e internacional. Esto determina el desarrollo de una cultura y unos circuitos de información distintos y alternativos de los identificados con tales establishments, habiéndose creado una opinión popular distinta, y en ocasiones opuesta, a la que aquellos establishments intentan imponer con sus medios afines.

 

Nunca antes, durante el periodo democrático, habíamos visto una mayor distancia entre la opinión dominante de los establishments políticos, económicos y financieros del país (reproducida en la sabiduría convencional promovida por los medios de mayor difusión, bien radiotelevisivos, bien escritos –los grandes rotativos-) y la existente entre la gran mayoría de la población. Esta distancia está creando un enorme problema de legitimidad para las instituciones políticas representativas, pues la mayoría de la ciudadanía considera que las políticas llevadas a cabo por tales instituciones no responden a sus intereses, expresando, por lo tanto, su desacuerdo. Así, según la última encuesta Metroscopia para El País, la gran mayoría (el 73%) rechaza la reducción de las prestaciones sanitarias, incluyendo los recortes de gasto sanitario (este porcentaje incluye también el 58% de los votantes del partido gobernante, el PP). Otras encuestas señalan también la oposición a los recortes de las transferencias y otros servicios públicos del Estado del Bienestar, así como a elementos importantes de la reforma laboral, incluyendo la facilidad del despido y el sesgo pro empresarial de la reforma. También muestran animosidad hacia la política de desahucios llevados a cabo por la banca. En cada una de estas políticas públicas la opinión de la sabiduría convencional del establishment político y mediático ha sido favorable a su implementación y desarrollo, contrastando tal actitud con la actividad claramente desfavorable hacia ellas por parte de la mayoría de la población. En realidad, este contraste alcanza niveles sorprendentes cuando la mayoría de la población (con mayorías incluso entre los votantes del PP) apoya medidas como el establecimiento de bancas públicas (el 52% de la población está a favor mucho o bastante, contra el 27% que está poco o nada a favor. Entre los votantes del PP -según la última encuesta Metroscopia para El País-, el 46% está a favor y el 31% en contra -), que casi nunca se han discutido ni en los mayores medios de difusión ni en los forums de mayor incidencia en las instituciones representativas, como en las Cortes Españolas.
Todos estos datos señalan la existencia de circuitos alternativos a los del establishment político y mediático, que contribuyen a desmitificar la sabiduría convencional promovida por tales establishments. Tales circuitos presentan alternativas que apenas se han discutido en aquellos forums del establishment. Aparecen así dos Españas: una, la España del establishment que está perdiendo credibilidad y legitimidad, y otra España alternativa, todavía poco configurada, que se moviliza en protesta, en la que los movimientos sociales –como el 15-M- y los sindicatos juegan un papel clave. Estos movimientos son frecuentemente presentados maliciosamente por los órganos del establishment como anti-sistema o anti-sociedad, asumiendo erróneamente que ellos mismos –los establishments- son los que representan a la sociedad, identificando sistema económico y sociedad como conceptos idénticos. En realidad, es el establishment el que está desacreditando y deslegitimando la democracia española, pues su comportamiento, imponiendo unas políticas públicas que no estaban presentes en los programas electorales de los partidos gobernantes, está destruyendo la legitimidad de tales instituciones. De ahí que sean los movimientos sociales y los sindicatos los que son movimientos auténticamente prodemocráticas que desean terminar con la instrumentalización de las instituciones democráticas (que los sindicatos y movimientos sociales, de hecho, jugaron un papel clave en su establecimiento) actualmente subordinadas a los intereses financieros y económicos a los cuales nadie ha elegido. Es el establishment el que es antidemocrático y anti-sistema, habiendo usurpado un poder que no les corresponde. No es de extrañar que la figura del gobierno PP más identificada con tales políticas, el Sr. Luis de Guindos, ministro de economía, sea el ministro peor valorado del gobierno ¿Con qué legitimidad democrática puede el Sr. Luis de Guindos ir proponiendo e implementando políticas tan impopulares que no fueron aprobadas en ningún comicio electoral y que gozan de tan poca confianza entre la población?

Ni que decir tiene que el establishment es plenamente consciente de sus enormes vulnerabilidades y de ahí su deseo de atemorizar a la población con la reducción de libertades civiles y políticas, criminalizando la resistencia pasiva, identificándola como violencia. En realidad, desde Martin Luther King hasta Gandhi, la experiencia histórica muestra que es precisamente tal resistencia pasiva la alternativa a la violencia, la cual se está deliberadamente estimulando con las medidas represivas y reducción de libertades cívicas a fin de desacreditar tales movimientos. La violencia, tanto la de los elementos descontrolados, como por parte del Estado, es profundamente reaccionaria, y sirve al propósito de mantener un sistema cuya representatividad y legitimidad se está reduciendo rápidamente.