El error de las políticas de austeridad, recortes incluidos, en la sanidad pública (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en GACETA SANITARIA, abril de 2012

Este artículo analiza críticamente la política de recortes de gasto sanitario público que se está realizando en España, recortes que acentuarán todavía más la polarización de la atención sanitaria en España por clase social.

Una de las características de la sanidad pública española es su bajo gasto público sanitario, uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince, UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea de semejante nivel de desarrollo económico al de España). Según Eurostat, en el 2008, el primer año de la crisis, España se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. Se llega a la misma conclusión cuando se escoge el gasto público sanitario por habitante. España se sitúa, de nuevo, a la cola de la UE-15.

Soy consciente de que algunos economistas de la salud en España han señalado que España se gasta ya en sanidad pública lo que le corresponde por su nivel de desarrollo económico, postura insostenible a la luz de los datos (para ver una crítica de tal postura, ver mi artículo publicado en la revista Salud 2000 de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (“Los determinantes del gasto público sanitario”. Agosto 2010). En realidad, España se gasta en sanidad pública mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público per cápita del promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% se gastara el 94%, España se gastaría en su sector sanitario público 13.500 millones de euros más de los que se gasta. Ni que decir tiene que el PIB por habitante no es el determinante del gasto público sanitario por habitante, pues muchas otras variables intervienen en configurar tal gasto, desde la estructura demográfica al tipo de organización del sistema sanitario, entre otros. Pero todas las indicaciones permiten llegar a la conclusión de que el gasto público sanitario es más bajo de lo que debiera ser por el desarrollo económico que tiene el país. Esta observación es aplicable a todos los servicios públicos del Estado del Bienestar. El número de personas adultas trabajando en los servicios públicos del Estado del Bienestar es de los más bajos de la UE-15. Sólo un 9%, comparado con un 15% en la UE-15 y un 25% en Suecia, el país que tiene mayor desarrollo de su Estado del Bienestar.

Las causas de este escaso gasto público sanitario son predominantemente políticas: el gran dominio que las fuerzas conservadoras han tenido sobre el Estado español a lo largo de su historia, característica que comparte con Grecia y Portugal, los países que tienen también un gran retraso en su gasto público social (ver Navarro, V., El subdesarrollo social de España. Causas y Consecuencias, y Volúmenes I, II y III de La Situación Social en España, 2004, 2007 y 2009).

La polarización por clase social del sistema sanitario español

Esta situación explica que España sea también el país que tiene el mayor porcentaje de gasto sanitario privado de la UE-15. Casi el 30% del gasto sanitario es gasto privado procedente predominantemente del 20-25% de la población que tiene mayor nivel de renta. Ello determina que exista una polarización por clase social del sistema sanitario español, con una sanidad privada que atiende básicamente a los sectores con mayores recursos y una sanidad pública que atiende a las clases populares. Esta polarización es típica de los países donde las fuerzas conservadoras han tenido mayor influencia sobre el Estado, tales como el sur de Europa y la mayoría de países de América Latina.

Tal sistema, además de injusto, es altamente ineficiente, pues mientras que la privada es, en general, mejor que la pública por su confort (una cama por habitación), por su mayor tiempo de visita y por una menor lista de espera, en la pública la calidad del personal y riqueza de la infraestructura es superior . En países donde se ha comparado la mortalidad estandarizando las variables que pueden afectar la mortalidad, ésta es mayor en los centros privados (con afán de lucro) que en los centros públicos (P. J. Devereaux, et ál. “Payment for care at private for-profit and private not-for-profit hospitals: a systemathic review and meta-analysis”, 08-06-04, y P. J. Devereaux, et ál. “A systematic review and meta-analysis of studies comparing mortality rates of private for-profit and private not-for-profit hospitals”, en la revista de la Canadian Medical Association 28-05-02).

Las políticas públicas que se están proponiendo con recortes sustanciales de la sanidad pública acentuarán todavía más la polarización por clase social del sistema sanitario español. Los recortes en el gasto público acelerarán el crecimiento de la sanidad privada, proceso de aceleración que será facilitado por la desgravación del aseguramiento privado que alcanza su máxima expresión en las propuestas del Conseller de Salut del gobierno CiU de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, quien ha propuesto el aseguramiento sanitario obligatorio para las rentas superiores, reduciendo el sector público a un sector asistencial de mínimos para las clases populares. Esta dicotomía afectará todavía más negativamente la inequidad e ineficiencia del sistema, como ha demostrado la experiencia en EEUU. Ningún otro país se gasta tanto en sanidad y tiene un mayor grado de descontento popular con su sistema sanitario que EEUU, donde el aseguramiento privado está generalizado. Es un tremendo error ir en esta dirección.

Los recortes acentuarán más la polarización social

Las insuficiencias del gasto público sanitario han dado pie a las políticas de recortes que se justifican bajo varios argumentos, ninguno de los cuales es sostenible, ni conceptualmente ni empíricamente. Es paradójico que algunos economistas aconsejen tales recortes que conllevarán una expansión de tal aseguramiento, argumentando que estimularán la eficiencia “eliminando la grasa”. Tal argumento ignora, sin embargo, el carácter político de los recortes, los cuales reproducen y acentúan más la desigualdad en la distribución del poder institucional dentro del sector sanitario, pues los grupos más poderosos se defienden mejor de los recortes que los grupos con menos poder. No hay ninguna evidencia de que tales recortes estén mejorando la eficiencia del sistema. Antes al contrario, están acentuando todavía más las grandes ineficiencias, consecuencia de la polarización por clase social del sistema sanitario.

Estos recortes van acompañados de una llamada al incremento de los ingresos privados, aumentando todavía más el elevado porcentaje que el gasto público privado representa sobre el gasto total. Uno de ellos es el copago, medida que se presenta frecuentemente como medida moderadora de un supuesto abuso del sistema público por parte del usuario, del cual no hay ninguna evidencia. El hecho de que el usuario español tenga más visitas o más recetas no es un indicador de abuso del sistema por parte del usuario, pues esta mayor utilización se debe a causas administrativas (tener la firma del médico) o a una subutilización del personal de enfermería, entre otros factores. Es más, la utilización y el gasto sanitario viene determinado en gran manera por el médico, no por el usuario.

El sistema de copago no es equitativo y sería mucho más eficiente, eficaz y equitativo que el pago se hiciera por vía impositiva con una orientación finalista, tal como se ha desarrollado en otros países. La carga fiscal en España es, además de baja, altamente regresiva. Y debería corregirse, añadiendo un componente finalista en la corrección de inequidades fiscales. Las encuestas señalan que, a la vez que existe una gran desaprobación por parte de la población de los recortes y del copago, hay una amplia aprobación del aumento de los recursos para la sanidad (87% de la población). En realidad, los fondos que el Estado intenta ahorrarse recortando los servicios sanitarios podrían haberse adquirido a base de medidas tales como eliminar la baja de impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que habrían obtenido 5.300 millones de más) o recuperando el impuesto del patrimonio (2.100 millones de euros), y eliminando la reducción de los impuestos de sucesiones (2.552 millones), o eliminando el fraude fiscal de la grandes fortunas, de la banca y de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, consiguiendo 44.000 millones de euros, por citar sólo unos ejemplos (ver “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España” Navarro, V., Torres, J., Garzón, A.). Tales recortes responden a unas coordenadas políticas de poder que se presentan erróneamente como las únicas alternativas posibles. Pero los datos muestran que otras intervenciones son posibles si existe voluntad política para ello.

Repsol no es España (JUAN TORRES LÓPEZ)

La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.

Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.

Desde que fue privatizada, Repsol tiene su cerebro y su alma puestos en otros lugares e intereses y no se puede decir que haya sido España en su conjunto quien se haya beneficiado de su actividad empresarial. Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas española al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes.

Es por ello una perversión inaudita que el gobierno y ex políticos en su nómina salgan a defenderla y que no dijeran nada cuando Repsol actuaba de esa manera lesiva para la economía nacional.

Y si la actuación en España de Repsol ha resultado tan escasamente beneficiosa para nuestros intereses nacionales su comportamiento en el exterior resulta sencillamente vergonzoso y justifica que los españoles “de bien y como Dios manda”, por utilizar la expresión que tanto le gusta a Mariano Rajoy, hubieran condenado hace tiempo sus desmanes y tropelías, especialmente, por cierto, en las tierras que en los discursos oficiales tanto alabamos considerándolas como nuestras hermanas. En Ecuador, Bolivia y otras latitudes ha provocado grandes daños medioambientales y sociales y vulnera constantemente los derechos humanos de pueblos enteros, generando una ingente deuda ecológica allí donde actúa. Como otras multinacionales, que en realidad no tienen Patria alguna, Repsol ha promovido gobiernos totalitarios con los que poder llegar a acuerdos que la exonerasen de pagar impuestos y cuando otros dignos y con vergüenza se lo han exigido ha puesto el grito en el cielo y recurrido a su españolidad, como ahora, para recabar el apoyo de gobiernos y medios de comunicación.

¿Dónde estaban entonces los defensores del libre mercado y la competencia, de la justicia, la libertad y los derechos humanos?

En Argentina, como en otros países, Repsol utiliza las respectivas filiales nacionales, como hacen todas las empresas multinacionales, para fijar los llamados “precios de transferencia” (artificialmente bajos para hacer que aparezcan pérdidas allí donde conviene y beneficios en donde pueden conseguir tratamiento fiscal y condiciones políticas más favorables). Y en lugar de orientar la explotación de los recursos nacionales hacia el abastecimiento interno que cubra las necesidades de la población y satisfaga los respectivos intereses nacionales, se utiliza como parte de una estrategia de maximización de beneficios global que, entre otras cosas, pasa por considerar al petróleo, y al resto de las materias primas, como una commodity, es decir, no solo un bien orientado a la producción y el consumo sino, sobre todo, a su utilización como activo financiero para especular con él en los mercados.

Confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario.

Y la defensa numantina que ahora quiere hacer de Repsol el gobierno resulta verdaderamente patética y vergonzosa cuando día a día se somete sin más a los mercados, a los bancos que han provocado la crisis, a los grandes grupos empresariales y al gobierno alemán que impone medidas totalmente lesivas para los intereses españoles. ¡Eso sí que merecería una respuesta valiente y patriota por parte de nuestro gobierno y de los medios de comunicación!

Lo que está haciendo el gobierno es patético y se debe decir claramente: no está defendiendo los intereses de España y de sus ciudadanos, como dice, sino de una gran empresa a la que España, el bienestar de su población o la situación de las empresas  que verdaderamente están aquí tratando de sacar adelante la actividad y el empleo sin gozar del apoyo y los privilegios de Repsol, le importan un rábano en el día a día de sus actuaciones

Ya está bien de tanto teatro y de tanta sumisión ante los grandes. Lo que necesitamos en España no son precisamente repsoles que se dediquen a ganar dinero a espuertas en Argentina y otros países a base de mal explotar sus recursos, de evadir impuestos y expatriar beneficios a paraísos fiscales, sino un gobierno digno que se plante ante quienes de verdad están llevando a la ruina a la economía española.

El presupuesto del Gobierno Rajoy no es bueno para España (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012

Este artículo analiza los supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la economía española como la calidad de vida de las clases populares de España.

Juan Torres, entre muchos otros economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española, ocultándolo con promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo (y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Este comportamiento ha alcanzado cotas hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento electoral de manera opuesta al deseado.

Tal retraso afectó también muy negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro con las clases populares. Era el caso extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es, sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población española.

Veamos los datos. El mensaje que el presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales, anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán absorber.

Pero la mayor incoherencia del presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes para definir el déficit estructural son las intervenciones estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias, desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores. Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos estructurales es una contradicción y un enorme error.

La subida de impuestos del IRPF (que grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.

Es más, la mayoría del fraude fiscal (72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de “supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes al fisco.

La evidencia acumulada es que el presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo, incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.

Una última observación. Soy consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar), cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que, sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.

¿Cambios en la socialdemocracia francesa y en la española? (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 13 de abril de 2012

Este artículo analiza la situación de la socialdemocracia francesa y española, comentando críticamente algunas de las posturas que han aparecido publicadas por autores cercanos o pertenecientes a la socialdemocracia española.

Parece que el descontento de la ciudadanía con los instrumentos políticos que históricamente han sido más receptivos a las demandas de las clases populares -tales como los partidos socialdemócratas- están teniendo un cierto impacto en algunos países, provocando la recuperación de parte del ideario político que se había abandonado cuando gobernaban. Uno de los protagonistas del cambio provocado por este descontento popular es el Partido Socialista Francés (PSF). Su candidato François Hollande había sido el candidato “moderado” durante las últimas primarias de tal partido. Su “moderación” había sido la causa de la aprobación y simpatía por parte del establishment mediático en Francia hacia su candidatura, un establishment temeroso de cualquier contagio radical del PSF por parte de las corrientes de izquierda de aquel partido y de fuera de él. Un elemento atractivo del candidato Hollande para tal establishment mediático había sido su abandono de políticas redistributivas. La redistribución no era un concepto con el cual tal político se hubiera encontrado cómodo. Hollande representaba con esta actitud un comportamiento bastante generalizado en gran número de partidos socialdemócratas europeos (ver mi artículo “El abandono de las políticas redistributivas por parte de las izquierdas gobernantes” en www.vnavarro.org, publicado en Sistema Digital. 06.01.12).

Como parte de este abandono, Hollande había indicado que estaba en contra de elevar sustancialmente los impuestos de los súper ricos, aduciendo los mismos argumentos que han utilizado los políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) para rechazar tales políticas fiscales. Hace sólo un año, Hollande afirmó, como ha indicado recientemente el ‘Financial Times’ (28.02.12), que estaba en contra de tales medidas “confiscatorias” (el término que utilizó), pues lo único que tales políticas conseguirían sería que los súper ricos se desplazaran a otros países, argumento que el lector habrá leído miles de veces en los medios (muy influenciados por los ricos). Hollande afirmó que quería que los súper ricos pagaran impuestos en Francia y sólo lo conseguiría evitando impuestos confiscatorios.

Pero, mira por donde, durante la campaña electoral Hollande ha cambiado de posición, e informa a todo el mundo, incluidas las clases populares, que gravará los ingresos de más de un millón de euros, con un 75% de tasa marginal. Ni que decir tiene que los súper ricos han puesto el grito en el cielo, como documenta muy bien el artículo de Hugh Carnegy en el ‘Financial Times’ (28.02.12) que he citado en el párrafo anterior. Este grito ha sido apoyado por el candidato conservador-neoliberal, Sarkozy, el cual ha subrayado que tal política fiscal afectaría negativamente al nuevo ídolo cinematográfico francés Jean Dujardin, reciente ganador del Oscar al mejor actor, insinuando que Francia perdería tal tipo de personalidades carismáticas de la cultura francesa si tales políticas fiscales “confiscatorias” tuvieran lugar, ahuyentando el talento y a los súper ricos de Francia. Parece que tal argumento no está teniendo ningún impacto en la población francesa. Según Carnegy, nada menos que entre el 61% y el 65% de franceses aprueban tal medida fiscal, supuestamente “confiscatoria”, lo cual explica que el candidato Hollande lo esté pidiendo ahora, en periodo electoral. Ahora bien, el problema que tiene Hollande es que la población francesa tiene memoria (y la campaña Sarkozy se lo recuerda citando las declaraciones de Hollande en contra de las medidas que ahora apoya). De ahí su grave problema de credibilidad. Ahí está el problema del Partido Socialista Francés y de gran número de los partidos socialdemócratas europeos. El cambio en los partidos socialdemócratas no debe ser sólo de valores y programas, sino también de equipos y personas. Hollande es un personaje político muy vulnerable, pues hoy apoya medidas a las que ayer se opuso.

Esta observación no tiene por qué desmerecer las medidas que ahora apoya. En realidad, éstas significarían, en caso de aplicarse, un cambio muy sustancial de las políticas públicas existentes hoy en Francia y en la mayoría de los países de la Unión Europea. Por primera vez, un dirigente político, con posibilidades reales de salir elegido presidente de un país, propone cambiar las políticas neoliberales de austeridad que dominan hoy en la Unión Europea, poniendo en su lugar políticas de estímulo económico y creación de empleo. Hollande ha cuestionado el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobierno (TSCG), impuesto por el binomio Merkel-Sarkozy, que está desmontando el Estado del Bienestar en los países de la Unión Europea, forzando recortes de gran magnitud en el gasto público, incluyendo gasto público social.

El objetivo central de la banca, dirigida por el BCE y por el binomio Merkel-Sarkozy, es desmantelar la protección social y debilitar al mundo del trabajo, incluso a costa de crear otra Gran Recesión (las políticas del Gobierno Rajoy están también claramente en este sentido). La llamada “crisis de la deuda pública” (una crisis artificial, creada en parte por la banca y el BCE) cuenta a su servicio con las agencias de valoración de bonos, que juegan un papel determinante en la creación de tal crisis. No es mera casualidad que François Fillon, primer ministro del Gobierno Sarkozy, utilizara como máximo indicador de “la falta de rigor” de las propuestas del candidato Hollande, el hecho de que cualquiera de estas agencias de evaluación de bonos les daría un suspenso mayúsculo (Le Journal Dimanche, 15.01.12). El señor Fillon, por cierto, ha sido uno de los oponentes a establecer agencias de valoración públicas europeas que valoraran objetivamente y rigurosamente los bonos públicos de los Estados de la Unión Europea. La falta de credibilidad de las agencias privadas está bien mostrada, incluso por dirigentes de tales agencias, tales como el vicepresidente de Moody’s, que tras dejar la agencia admitió, frente a la comisión del Congreso de EEUU encargada de analizar las causas de la crisis financiera, que los trabajos de tales agencias están orientadas primordialmente a satisfacer los intereses de sus clientes, en lugar de realizar análisis objetivos de la valía de tales bonos. Más claro es imposible decirlo. Y estas agencias, que son utilizadas por el BCE como su indicador de calidad de los productos financieros, son las que están creando el problema artificial de la deuda pública.

LA IMPORTANCIA DE LA VICTORIA DE HOLLANDE

Es importantísimo para la Unión Europea que el binomio Merkel-Sarkozy deje de dominar tal comunidad. La derrota de Sarkozy podría ser un paso en esta dirección, aunque es frustrante que la socialdemocracia alemana esté todavía estancada en el pensamiento neoliberal heredado del Gobierno Schröder, que el Gobierno Zapatero intentó imitar. Ni que decir tiene que existen distintas opciones dentro del Partido Socialdemócrata alemán. Pero el que probablemente sería el sucesor de Merkel, Peer Steinbrück, en caso de que ganara tal partido, ha ridiculizado las propuestas de Hollande, acusándole de “ingenuo”, añadiendo que es más que probable que cambiaría una vez elegido, lo cual, por cierto, no es nada descartable. Serge Halimi, director de ‘Le Monde Diplomatique’, en un artículo titulado “Sacking Sarkozy won’t be enough” en la revista de izquierdas de EEUU ‘Counterpunch’ (03.04.12), señala como Lionel Jospin, que como candidato había criticado el Pacto de Estabilidad (como ahora Hollande critica el TSCG), acabó aceptándolo tras meros cambios estéticos (añadiendo la palabra crecimiento después de estabilidad, sin proveer los instrumentos para poder estimular la economía). La imagen de Hollande, apoyando ahora medidas que ayer criticó, subraya la vulnerabilidad de su credibilidad. El punto clave, sin embargo, no es tanto lo que ahora Hollande (y otros dirigentes de la socialdemocracia) prometen, aunque es positivo que lo prometan, sino lo que harán cuando salgan elegidos presidentes. Dirigentes de todos los partidos (y los partidos socialdemócratas entre ellos) prometen medidas populares que, frecuentemente, luego no llevan a cabo. Que lo realicen o no, dependerá, no de su palabra, promesa, o programa electoral, sino de dos factores. Uno es la fuerza de los partidos a su izquierda. Sin que estos partidos tengan suficiente poder en Francia para influenciar al PSF, el gobierno Hollande no lo hará. Y el segundo factor, incluso más importante que el primero, es la movilización y presión popular por parte de los movimientos sociales y del movimiento sindical. Sin que ello ocurra, el “talante” moderado del señor Hollande predominará si gana las elecciones, por mucho que haya prometido lo contrario.

¿CAMBIOS EN LA SOCIALDEMOCRACIA ESPAÑOLA?

Una situación todavía más acentuada de vulnerabilidad de su credibilidad es el caso Rubalcaba en el PSOE. ¿Cómo puede hacer propuestas de cambio cuando él, secretario general del partido socialdemócrata, el PSOE, fue el segundo de a bordo del Gobierno Zapatero hasta hace sólo unos meses? Las medidas tomadas por el Gobierno Zapatero en respuesta a la crisis fueron enormemente impopulares y causaron la mayor derrota electoral que el PSOE haya sufrido desde el establecimiento de la democracia en España. Y el Gobierno Zapatero tenía como la persona más poderosa, después del propio Zapatero, a Rubalcaba, que siempre defendió tales medidas. La falta de recambio en la dirección de tal partido le ha hecho un flaco favor al mismo, pues el Gobierno Rajoy puede responderle, como hace constantemente, “¿por qué no hizo usted estas políticas públicas que ahora recomienda cuando usted gobernaba?”. Esta vulnerabilidad la utiliza efectivamente el Partido Popular en casi cada ocasión que recibe críticas de Rubalcaba.

La clara necesidad de un cambio dentro de la socialdemocracia en España y en Europa ha originado una serie de respuestas que advierten del supuesto peligro que la socialdemocracia mire a su pasado e intente recuperar sus “esencias”, término peyorativo que se utiliza para definir las políticas públicas de carácter redistributivo que se han basado en un intervencionismo público acentuado. Así, Soledad Gallego Díaz, en un artículo titulado “¿Hay futuro para la social democracia?” en ‘El País’ (25.03.12), desanima a la socialdemocracia a recuperar sus principios, tales como su énfasis en políticas redistributivas, concluyendo que el renacimiento de la socialdemocracia no puede basarse en el abandono de la Tercera Vía o la Neue Mitte de Gerhard Schröder (que sí que abandonaron tales políticas). Un tanto semejante ocurre en el artículo de José María Maravall titulado “los deberes actuales” (27.03.12), donde tal autor, que en su día fue ministro del Gobierno de Felipe González, aplaude también a Tony Blair y Gerhard Schröder por haberse distanciado de lo que llama despectivamente las “esencias” de la socialdemocracia, lo cual les llevó a una larga estancia en el Gobierno, que Maravall atribuye a la popularidad de sus medidas.

Tales expresiones de admiración responden a un gran desconocimiento sobre la inexistente supuesta popularidad de tales Gobiernos. Como varios autores han documentado (ver mi artículo “El porqué del declive de la Nueva Vía en el socialismo español”, ‘Sistema Digital’, 10.06.11), el Partido Laborista liderado por Blair fue perdiendo apoyo electoral a partir de su primer mandato, cuando abandonó lo que Soledad Gallego Díaz y José María Maravall llaman despectivamente las “esencias” socialdemócratas. Tal partido había conseguido el 33% del electorado en 1997, la primera vez que fue elegido. En 2001, bajó ya al 25%, más tarde, en 2005 al 22% y en 2010 ya colapsó al 19%. La larga permanencia del Gobierno Blair tuvo poco que ver con la popularidad de sus políticas (en realidad, muy poco populares), y mucho con el sistema bipartidista de Gran Bretaña y la enorme crisis del Partido Conservador. Si Gran Bretaña hubiera tenido un sistema proporcional, el Partido Laborista no podría haber continuado gobernando por tanto tiempo. Un tanto semejante ocurrió con el Partido Socialdemócrata alemán, bajo el liderazgo de Schröder. Éste había conseguido alcanzar el 34% del electorado en 1998, para bajar al 30% en 2002, al 27% en 2005 y al 16% en 2010. Además, perdió casi la mitad de sus miembros. En realidad, la enorme crisis de los partidos socialdemócratas se basa en su abandono de los principios socialdemócratas entre los cuales la redistribución sustancial de los recursos fue uno de sus principios básicos.

Maravall asume, erróneamente, que el abandono del compromiso redistributivo de los Gobiernos socialdemócratas (diluido con el paso del tiempo) se debe a su compromiso con el principio de universalidad, es decir, con su compromiso con la expansión de los derechos de la ciudadanía o universalización de los derechos. No hay contradicción, sin embargo, entre universalidad y redistribución. En realidad, el primero requiere lo segundo. No puede garantizarse el acceso universal a los servicios públicos del Estado del Bienestar sin medidas redistributivas. La universalización de los derechos sociales, garantizando que todo ciudadano tenga igual acceso a la sanidad, por ejemplo, requiere una redistribución de los recursos. No es por casualidad que los países más desiguales, como EEUU, sean también los que tienen menos universalidad en su acceso a los derechos sociales. El principio básico (que el término “esencia” intenta ridiculizar) de que “cada uno reciba los servicios y recursos según su necesidad –basado en el principio de que cada uno tenga acceso a poder resolver su necesidad-, y ‘de cada uno según su capacidad’ (y los recursos que tenga)”, era tan válido cuando se estableció el socialismo en democracia –la socialdemocracia- como lo es ahora.

Algo parecido ocurre con los derechos políticos. En los países que se consideran democráticos, la universalidad de los derechos políticos está claramente mermada por la existencia de grandes desigualdades. EEUU es un ejemplo de ello. Las enormes concentraciones de la riqueza y su dominio del proceso político violan el proceso democrático.

Basado en estos datos, que son robustos e incuestionables, aconsejaría a aquellos partidos que “recuperaran sus esencias”, abandonadas desde hace tiempo, causando su enorme crisis. Renovar los planteamientos, necesarios para adaptarlos a los tiempos que vivimos, no puede hacerse a base de abandonar lo que la socialdemocracia fue y debería continuar siendo. Es relativamente fácil ver por qué la socialdemocracia está en profunda crisis, como también es relativamente fácil ver qué es lo que debería haber hecho cuando gobernaba y no se hizo. El abandono de sus esencias y su adaptación al neoliberalismo creó una enorme concentración de poder financiero y económico que ha dominado la vida política y mediática de los países, incluyendo España. Es imposible recuperar la democracia sin eliminar tal concentración de poder económico, financiero y mediático existente hoy en España. La realidad de este hecho es evidente. Lo que ocurre es que la socialdemocracia no se atreve a enfrentarse con los poderes fácticos, pues actualmente existe un maridaje entre sus profesionales del poder y estos grupos. Pero esto es materia para otro artículo.

El problema es mayor que el 1%. Es el 10% (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 12 de abril de 2012

Este artículo señala que el eslogan utilizado por el movimiento Occupy Wall Street de Estados Unidos (”son el 1%”), que correctamente señala la enorme concentración de las rentas y la riqueza en Estados Unidos y otros países incluido España, es insuficiente pues el dominio que tal grupo poblacional tiene sobre la sociedad se realiza con la complicidad de otro 9% de la población que juega un papel fundamental en la reproducción del sistema. 

Una consecuencia de las políticas neoliberales llevadas a cabo en la mayoría de países de la OCDE desde la época del Presidente Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, ha sido la enorme concentración de las rentas en aquellos países, alcanzando niveles desconocidos desde la época que precedió a la Gran Depresión a principios del siglo XX. Un caso claro es EEUU. En el año 1929, el 1% de renta superior de la población tenía el 24% de toda la renta del país. Las reformas New Deal introducidas por el Presidente Franklin Roosevelt (que es todavía hoy el Presidente más popular que ha tenido EEUU), que consistieron en el establecimiento de políticas redistributivas, en la introducción de políticas sociales universales (como la Seguridad Social), en facilitar la sindicalización -que causó un gran aumento de los salarios-, así como en el aumento del gasto público en inversiones en la infraestructura del país, -creando gran cantidad de empleo- determinaron una reducción muy notable de tal concentración de las rentas y riquezas. Las políticas redistributivas se mantuvieron durante el periodo 1934 a 1978. Incluso durante la administración Republicana del Presidente Eisenhower, el 1% superior de la población (los súper ricos) pagaron en impuestos por sus ingresos casi un 80% de su renta.

Tales políticas cambiaron desde el establecimiento del neoliberalismo, a partir del Presidente Reagan, introduciéndose medidas opuestas a las realizadas en la época anterior. La progresividad fiscal se diluyó, los programas de carácter universal se redujeron y los sindicatos fueron debilitados como consecuencia de intervenciones públicas (tales como la desregulación de los mercados laborales) que determinaron, de nuevo, una enorme concentración de las rentas, alcanzando su máximo de nuevo en el año 2008, cuando poseyeron de nuevo el 28% de la renta nacional. Esta enorme concentración de las rentas creó un problema económico mayor. Esta concentración se consiguió a base de la reducción de las rentas del trabajo, creando con ello un problema de demanda de mayores proporciones. Como había ocurrido en los años veinte del siglo XX, la polarización de las rentas en aquel momento causó la Gran Depresión, de una manera semejante que ahora esta concentración ha originado la Gran Recesión.

Este 1% de la población es el que consigue sus ingresos predominantemente de las rentas del capital y tiene un enorme poder financiero, empresarial, mediático y político, pues controlan los medios de financiación, de producción, de información y difusión, con la complicidad del Estado, cuyas políticas han facilitado tal concentración. De ahí que el movimiento Occupy Wall Street en EEUU los señale, con razón, como los responsables de la crisis financiera y económica. (Es interesante subrayar que es un indicador de la enorme influencia mediática y política de los súper ricos que la concentración de las rentas y de las riquezas como causa de la Gran Recesión apenas aparece en los medios).

Ahora bien, hay que concienciarse de que por mucho poder que tenga este 1% (y lo tiene, y mucho), su poder se apoya en una parte de la sociedad (otro 9%) cuyas rentas dependen de la existencia de este 1%. Es decir, el 1% es parte del 10% de renta superior que consigue amplios beneficios de esta concentración de la renta. Este 10% controla hoy el 52% de toda la renta de EEUU, habiendo seguido una evolución semejante que la del 1% descrito anteriormente. En 1928 tenía el 52% de la renta. Bajó hasta el 32% en 1978, para subir de nuevo al 52% en el 2008.

El problema, pues, no se limita al 1%, sino al tope 10%, que incluye a los profesionales al servicio del sistema financiero, económico y mediático del país y de cuyos servicios obtienen enormes beneficios. Entre este 10% están todos los que dirigen las instituciones reproductoras del sistema financiero, económico y mediático, y cuyo poder de reproducción de valores y promoción de imágenes (como es la promoción de la postura de que no hay alternativas a las que el establishment propone) es vital para la permanencia del sistema. Hoy tales instituciones tienen un dominio sobre el Estado y una hegemonía sobre los aparatos culturales e ideológicos que facilitan tal control. De ahí que, aún cuando los que “mandan” en la sociedad son sólo un 1% de la población, este mando no puede ocurrir sin este otro 9%, sumando un 10% que no va a ser fácil de cambiar.

Ahora bien, hay que ser también conscientes de que la gran mayoría de la población hoy sabe quiénes son los responsables y su movilización puede forzar este cambio. Según las últimas encuestas realizadas en EEUU, la mayoría de la ciudadanía (que varía según la encuesta de un 68% a un76%) no cree que la economía funcione para el bien de todos, y una mayoría semejante no cree que el Congreso de EEUU represente sus intereses. Un tanto parecido ocurre en la gran mayoría de países de la OCDE. Concretamente, en España, la mayoría de la población no cree que la economía esté funcionando para el bien de todos o que la clase política responda a sus intereses. La causa de esta alienación política es fácil de ver, aún cuando sea difícil leerlo u oírlo en los mayores medios de información: la enorme concentración de las rentas y de las riquezas en un sector minoritario de la población (no más de un 10%) y su excesiva influencia política y mediática en nuestras sociedades. Y la población es consciente de ello. De ahí el enorme temor y represión del sistema hacia estos movimientos sociales, como el movimiento 15-M en España o el movimiento Occupy Wall Street en EEUU que, continuadores de movimientos contestatarios como los sindicatos y otros movimientos sociales, critican al sistema, subrayando la falta de coherencia entre discurso y narrativa oficial pro democrática del establishment político y mediático del país por una parte, y la realidad profundamente antidemocrática que aparece en sus prácticas cotidianas y en sus políticas públicas, todas ellas llevadas a cabo sin ningún apoyo o mandato popular.