Una vez más el gobierno se dispone a improvisar en materia fiscal y a
tomar medidas que ni van a ser decisivas para afrontar la crisis y ni
siquiera parece que le vayan a proporcionar el rédito electoral que se
busca.
Aunque aún no se sabe en qué condiciones, a propuesta del candidato
Alfredo Pérez Rubalcaba se va a recuperar el impuesto sobre el
patrimonio con la idea, bastante alejada de la realidad como enseguida
explicaré, de que así se va a conseguir que también “paguen los ricos”.
Casi todo el mundo acepta ya que fue un error dejar en suspenso el
impuesto del patrimonio, aunque solo fuese un impuesto “chivato” que
sirve más para destapar otras fuentes de renta que para proporcionar una
potente fuente de recursos, 2.000 millones de euros en su último
ejercicio. Un error seguramente consecuencia de la desubicación con que
el ejecutivo afrontó el inicio de la crisis.
Recuperarlo está bien en todo caso pero eso es una cosa y otra que de
esa manera se vayan a conseguir avances sustanciales en la justicia
fiscal y en la progresividad de nuestro sistema impositivo.
Esto último se consigue actuando sobre el conjunto de los impuestos y
no solo sobre uno en particular y, sobre todo, evitando que haya
personas o fuentes de ingreso o riqueza que puedan eludirlos con la
facilidad con que ahora lo hacen.
El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el más
progresivo, deja prácticamente de serlo precisamente cuando se trata de
las rentas más altas. Estas ahorran mucho más y como los tipos sobre el
ahorro son mucho más bajos que los del trabajo, resulta que así se ven
extraordinariamente favorecidas. Según las memorias del impuesto, un 60%
aproximadamente de las rentas mayores a 600.000 euros proceden de
ganancias patrimoniales y del capital mobiliario que tributan entre el
19 y el 21% y solo un 28% del trabajo, que a ese nivel tributarían al
45%. Eso quiere decir que el tipo efectivo que soportan las rentas
mayores a 600.000 euros es, de media, tres o cuatro puntos inferior al
que soportan rentas, por ejemplo, de entre 100.000 y 120.000 euros.
A eso hay que añadir que las rentas más altas, las de “los ricos” a
los que ahora se les quiere hacer pagar solo aumentando el impuesto del
patrimonio, son las que principalmente se benefician de desgravaciones
como las de la vivienda o de inversión en pensiones privadas, que
supusieron un gasto fiscal de 4.400 millones de euros y 1.450 millones,
respectivamente, en 2010. Es decir, casi tres veces más que lo que se
recaudaba por el impuesto de patrimonio.
Semejante falta de progresividad se da en el impuesto sobre
sociedades que privilegia a las grandes empresas en perjuicio de las
pequeñas y medianas que son las que crean la inmensa mayor parte del
empleo en España.
Así, unas estimaciones señalan que las que tienen una cifra de
negocios inferior a los 10.000 euros soportaban un tipo efectivo del 25%
en 2008, mientras que el de las que superan los 1.000 millones era del
17% gracias a las múltiples deducciones y vías de escape que disponen
para rebajarlo. Otras muestran que en realidad el beneficio empresarial
no paga más del 10% a la hacienda pública.
Que un gobierno que sistemáticamente se ha negado a revisar al
fiscalidad (si es que se le puede llamar así) de las SICAV o que no ha
tomado medidas efectivas para evitar que los grandes patrimonios y los
bancos sigan operando en paraísos fiscales intente vender ahora la idea
de que va a hacer que los ricos paguen gracias a un impuesto sobre el
patrimonio jibarizado es realmente poco creíble.
Si de verdad se quiere avanzar hacia una mayor justicia fiscal lo que
hace falta es menos demagogia sobre el pago de los ricos en un impuesto
prácticamente irrelevante y evitar las vías de injusticia y regresión
distributiva que hacen que las rentas más altas disfruten de tantas
posibilidades para evitar el pago de impuestos en las mismas condiciones
que el resto de la sociedad.
Para ello hay que avanzar en la elevación de los tipos sobre las
ganancias del capital y sobre el ahorro para igualarlos, al menos, a los
del trabajo y eliminar todo el enjambre de deducciones y gastos
fiscales sumamente regresivos que están haciendo que el efecto de los
impuestos sobre la desigualdad en España sea mucho más bajo que en los
países de nuestro entorno europeo. En lugar de haber mantenido un
discurso reaccionario sobre la bondad de bajar impuestos en la línea del
pensamiento neoconservador lo oportuno hubiera sido abrir un frente
efectivo de lucha contra el fraude y contra la economía sumergida que
hubiera permitido aflorar e ingresar quizá quince o veinte veces más
dinero que el que proporciona el impuesto sobre el patrimonio, por muy
necesario que éste sea. Además, no basta con un impuesto sobre el
patrimonio casi simbólico. Son necesarios otros potentes sobre las
grandes fortunas, sobre los beneficios extraordinarios y sobre las
transacciones financieras.
Y sobre todo, hay que tener en cuenta que los impuestos solo son al
fin y al cabo una vía que puede paliar las injusticias e ineficiencias
que terminan provocando grandes males económicos pero que no pueden
eliminarlas por completo. Nadie se puede creer que se está luchando
contra la injusticia que supone el que los beneficiarios de rentas altas
no paguen cuando con la mano pequeña se les quita y con la grande se
les da.
Me refiero a que se calcula que la banca pagará algo menos de la
mitad (1.100 millones) de lo que se podría recaudar con el nuevo
impuesto sobre el patrimonio (unos 2.500 millones). Pero al mismo tiempo
que aprueba eso, el gobierno se dispone a elaborar deprisa y corriendo
una norma que legitima la inclusión de los fraudulentos 'swaps' y
cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios que proporcionan las
entidades financieras. Cláusulas que según la Asociación de Usuarios de
Banca, Cajas y Seguros les proporciona beneficios extraordinarios (y
moralmente muy condenables) por valor de entre 3.500 y 7.000 millones. O
que no hace nada para prohibir las comisiones abusivas. No sirve de
mucho hacer pagar un poco más a los ricos en algún impuesto si luego se
le conceden privilegios que les permiten recuperar sobradamente sus
contribuciones fiscales.