Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de noviembre de 2011
Este artículo cuestiona la
visión idealizada de la democracia española que presenta el
comportamiento de las instituciones representativas como resultado del
mandato que la ciudadanía ejerce a través del proceso electoral en el
que se asume que cada ciudadano votante tiene la misma capacidad de
incidencia en la gobernanza del país. Tal visión ignora que tanto el
sesgo electoral que favorece a las fuerzas conservadoras, como el
contexto en el que se desarrolla tal proceso, traduce la enorme
influencia que las fuerzas conservadoras, así como grupos de presión
dentro de ellas (tales como la banca dentro y fuera de España) ejercen
en configurar las políticas de aquellas instituciones. El artículo
indica que la mayor causa de la reducción de la democracia española no
se debe tanto a factores externos (como la presión de los mercados
financieros) sino a la distribución de poder económico-político dentro
de España con un sistema democrático poco representativo. Las políticas
actuales realizadas por el gobierno Zapatero así como las que
desarrollará el gobierno Rajoy no corresponden a un mandato popular,
puesto que el proceso electoral no refleja el mandato de la mayoría de
la ciudadanía española.
Existe una visión de la democracia que
la considera el sistema político que iguala a todos los ciudadanos ante
las urnas en el día de las elecciones. El voto del banquero, por
ejemplo, cuenta tanto como el voto del trabajador. Es un voto por
cabeza. La democracia se presenta así como el sistema político que
permite expresar las opiniones de cada ciudadano dándole igual peso a
través del proceso electoral. Javier Pérez Royo, en su artículo “La
erosión de la Igualdad” (El País. 12.11.11) subraya tal característica
igualadora de la democracia española indicando que esta característica
queda amenazada cuando las decisiones de los elegidos, los
representantes de la ciudadanía, responden a influencias exteriores,
tales como los mercados financieros, que rompen con este principio de
igualdad, pues su poder es enorme y fuerza a que los representantes
tengan que tomar decisiones en contra del deseo popular. Javier Pérez
Royo alerta de que tales factores externos están reduciendo la
democracia española a unos niveles insoportables.
Tal versión de la democracia y de sus limitaciones externas, bien resumida en el artículo de Javier Pérez Royo, está basada en unos supuestos altamente cuestionables. En primer lugar, la característica de la democracia y su sistema electoral como igualitario es fácilmente demostrable que no se corresponde con la realidad en nuestro país. En España, el voto de una persona que viva y vote en territorios tradicionalmente conservadores, tiene mucho más valor en su capacidad de influenciar el proceso de gobernanza del país que una persona que viva y vote en un territorio tradicionalmente progresista. En otras palabras, el sistema electoral tiene un sesgo muy marcado que favorece a las derechas a costa de las izquierdas. El caso más extremo es el caso de Izquierda Unida que, en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados consiguió casi un millón de votos, y a pesar de ello, la ley electoral le permitió tener sólo dos representantes en las Cortes Españolas, un número mucho menor que otros partidos de persuasión conservadora, que obtuvieron muchos menos votos. En realidad, la suma de todos los votos a partidos de izquierda en la mayoría de elecciones legislativas a las Cortes Españolas ha sido mayor que los votos a las derechas (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), sin que ello se haya traducido en mayorías de izquierdas en las Cortes españolas, excepto en el periodo 1982-1993 (ver el artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo del 2009”, de Vicenç Navarro, Marta Tur y Maria Freixanet, en www.vnavarro.org)
Y esto no ocurre por casualidad, pues responde a un diseño realizado en la época predemocrática, cuando la Asamblea del Movimiento Nacional puso como condición para su disolución que el proceso electoral tuviera un sesgo en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido Comunista que fue el partido clandestino que protagonizó la lucha contra la dictadura. Es cierto que este sesgo no ha impedido, como he indicado en el párrafo anterior, que un partido cuyas bases electorales son de izquierda, el PSOE, haya obtenido incluso mayorías absolutas en las Cortes. Pero el hecho es que sus propuestas reformistas, incluidas en sus programas electorales, frecuentemente no han sido realizadas debido a tener que aliarse con partidos a su derecha para conseguir la mayoría parlamentaria. El apoyo del PSOE al sistema electoral vigente que favorece el bipartidismo (y que le favorece electoralmente) ha obstaculizado, sin embargo, la aplicación de su programa, contribuyendo a la frustración y desapego de su electorado. La situación actual es un ejemplo de ello.
Tal versión de la democracia y de sus limitaciones externas, bien resumida en el artículo de Javier Pérez Royo, está basada en unos supuestos altamente cuestionables. En primer lugar, la característica de la democracia y su sistema electoral como igualitario es fácilmente demostrable que no se corresponde con la realidad en nuestro país. En España, el voto de una persona que viva y vote en territorios tradicionalmente conservadores, tiene mucho más valor en su capacidad de influenciar el proceso de gobernanza del país que una persona que viva y vote en un territorio tradicionalmente progresista. En otras palabras, el sistema electoral tiene un sesgo muy marcado que favorece a las derechas a costa de las izquierdas. El caso más extremo es el caso de Izquierda Unida que, en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados consiguió casi un millón de votos, y a pesar de ello, la ley electoral le permitió tener sólo dos representantes en las Cortes Españolas, un número mucho menor que otros partidos de persuasión conservadora, que obtuvieron muchos menos votos. En realidad, la suma de todos los votos a partidos de izquierda en la mayoría de elecciones legislativas a las Cortes Españolas ha sido mayor que los votos a las derechas (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989; 2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en 2008), sin que ello se haya traducido en mayorías de izquierdas en las Cortes españolas, excepto en el periodo 1982-1993 (ver el artículo “Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las elecciones del 9 de marzo del 2009”, de Vicenç Navarro, Marta Tur y Maria Freixanet, en www.vnavarro.org)
Y esto no ocurre por casualidad, pues responde a un diseño realizado en la época predemocrática, cuando la Asamblea del Movimiento Nacional puso como condición para su disolución que el proceso electoral tuviera un sesgo en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del Partido Comunista que fue el partido clandestino que protagonizó la lucha contra la dictadura. Es cierto que este sesgo no ha impedido, como he indicado en el párrafo anterior, que un partido cuyas bases electorales son de izquierda, el PSOE, haya obtenido incluso mayorías absolutas en las Cortes. Pero el hecho es que sus propuestas reformistas, incluidas en sus programas electorales, frecuentemente no han sido realizadas debido a tener que aliarse con partidos a su derecha para conseguir la mayoría parlamentaria. El apoyo del PSOE al sistema electoral vigente que favorece el bipartidismo (y que le favorece electoralmente) ha obstaculizado, sin embargo, la aplicación de su programa, contribuyendo a la frustración y desapego de su electorado. La situación actual es un ejemplo de ello.
Las limitaciones a la democracia no son sólo externas
El segundo supuesto erróneo de la versión idealizada de nuestra democracia es asumir que los agentes limitadores de la democracia sean predominantemente externos, citándose con gran frecuencia a los mercados financieros como uno de ellos, una categoría analítica excesivamente genérica. En realidad, estamos hablando del capital financiero, centrado en la banca. Pues bien, la banca española (no extranjera) ha sido el mayor poder fáctico (mayor que la Iglesia y el Ejército) que ha condicionado con mayor frecuencia e intensidad la acción de los gobernantes en España. La evidencia científica que apoya tal observación es robusta.
La enorme influencia de la banca (aliada frecuentemente con la gran patronal) en el proceso político, incluyendo el proceso electoral (y no digamos ya en el proceso legislativo) es enorme. Tal influencia se realiza no sólo directamente, actuando sobre los políticos, sino también indirectamente, a través de los medios de información sobre los cuales ejercen también gran poder (véase mi artículo La Banca, el Fraude Fiscal y el The New York Times en www.vnavarro.org). Los mayores medios de comunicación están altamente influenciados por la banca debido a su clara dependencia económica. Y puedo hablar con autoridad. Diez días antes de que un libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social que tres economistas (Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo) escribimos, presentando políticas públicas alternativas a las existentes (crítico de la banca y de otras instituciones financieras y de la gran patronal) que iba a publicarse por una de las mayores casas editoriales en España, se retiró y toda la promoción desapareció debido –según la propia casa editorial- “a presiones externas a la editorial” que, aún cuando no fueron especificadas, procedían, en última instancia, de una institución financiera.
Ha sido la banca española, aliada predominantemente con la banca alemana y francesa, la mayor responsable de las burbujas inmobiliarias, y más tarde de la deuda pública, causa de la crisis en la que nos encontramos. En realidad, lo que estamos viendo hoy es como el gobierno español está aplicando las medidas que la banca española y la gran patronal han estado deseando por muchos años utilizando el argumento de que la presión de una fuerza externa –los mercados- no permite otras políticas que las que se están realizando. No hay duda de que estas políticas se exacerbarán todavía más con el gobierno de derechas que ganó las elecciones legislativas este domingo.
Tales políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social, con debilitamiento de la protección social, no sólo son innecesarias, sino que son contraproducentes, llevando al país a la Gran Recesión. Prueba de ello es que todos los grandes recortes de derechos sociales y laborales que han ido aprobándose en las Cortes españolas (y que se defendieron con el argumento de que eran necesarios para calmar a los mercados financieros), han sido inútiles, tal como algunos de nosotros predijimos, para recuperar la confianza de tales mercados y evitar el deterioro de la economía.
La predecible respuesta neoliberal a la crisis
La respuesta del PP y de economistas ultraliberales como Sala i Martín al hecho de que la economía española no se está recuperando, es que tales recortes de gasto público (incluyendo el social) han sido demasiado pequeños y que las reformas laborales (encaminadas a facilitar el despido de los trabajadores) no han sido suficientemente duras. Tal postura carece de credibilidad científica. Es el triunfo del dogma sobre al evidencia empírica. No es extraño que los que sostienen tal dogma, nieguen también –como hace Sala i Martín- que haya un cambio climático resultado de decisiones y actividades que podrían haberse evitado o revertido. El consejo de tal economista al futuro gobierno de Rajoy es que hay que gobernar con mano dura “aplicando recortes dolorosos que crearán malestar social…ignorando el nuevo radicalismo del PSOE… y las posturas demagógicas populistas de los indignados” (La Vanguardia. 17.11.11). El dogma neoliberal y los recortes que propone, en el país que tiene ya el gasto público (incluyendo el social) más bajo y el Estado del Bienestar menos desarrollado de la UE-15, no nos llevará a recuperarnos. Antes al contrario. Y creará un número todavía mayor de movilizaciones de protesta.
El problema está dentro, no sólo fuera de España
La enorme indignación que estas políticas han generado debe canalizarse, sin embargo, hacia el interior, y no sólo o predominantemente al exterior. El mayor problema lo tenemos dentro, no fuera del país. Por cada recorte que se está imponiendo a la población, existe una alternativa que ni se consideró y que habría afectado a los intereses de los sectores pudientes de la población en lugar de los sectores populares. En lugar de congelar las pensiones, que permitió un ahorro de 1.500 millones de euros se podría haber anulado las rebajas fiscales –aprobadas por los partidos PSOE y PP- a las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros (y que son sólo el 0,12% de todas las empresas) con lo que se podrían haber obtenido 5.300 millones, cantidad muy superior a la obtenida con la medida anterior.
El hecho de que sistemáticamente las políticas públicas que se aplican favorecen sistemáticamente a aquellos grupos minoritarios que derivan sus rentas predominantemente del capital, a costa de las rentas del trabajo (de donde derivan sus ingresos las clases populares) tiene que ver más con los factores internos (las relaciones de poder de clase dentro del país) que externos, sin negar la existencia de los últimos. Hay una alianza de intereses financieros a nivel europeo e internacional que explica que el diseño de las instituciones de la Eurozona favorezcan sistemáticamente a las élites financieras de cada país, que controlan en realidad el Banco Central Europeo, que no es un banco central sino un enorme lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana.
La crisis de la deuda pública española tiene muy poco que ver con el tamaño de la deuda pública o con el tamaño del déficit (Italia tiene un déficit del Estado de sólo un 4% del PIB y la deuda pública española es menor que el promedio de la UE-15). La causa de sus problemas es la falta de herramientas por parte de Estado español (tales como impresión de moneda y compra de deuda pública) que le permitiera defenderse frente a los ataques especulativos de los mercados financieros. Como bien ha descrito y documentado Jeff Faux, fundador del conocido instituto de investigación económica internacional, The Economic Policy Institute en su libro The World Class War, existe una alianza de las élites dominantes (o de lo que los indignados estadounidenses definen como el 1% en cada país) a nivel internacional que dominan las instituciones internacionales (incluyendo el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) que apoyan medidas que favorecen los intereses de tales minorías en cada país.
No es, pues, la desaparición de los Estados, sino el reforzamiento del conflicto dentro de cada país, entre una minoría muy poderosa, por un lado, y las clases populares por el otro, con el apoyo de las primeras por parte de estos organismos internacionales, como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
De ahí la enorme urgencia de informar a la población de que hay alternativas que favorecen a las últimas en lugar de a las primeras, rompiendo con el determinismo imperante de que las que se están imponiendo son las únicas posibles. Y una alternativa urgente y necesaria es democratizar el sistema electoral español para que las Cortes españolas defiendan los intereses de la mayoría de la población, lo cual no ha estado haciendo, resultado de la enorme desigualdad existente en la democracia española, causa del enorme desprestigio de la clase política del país.