El blog del profesor Navarro publica esta noticia que ha tenido escasa visibilidad en los medios de mayor difusión de España.
La oficina de la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha pedido este
viernes a España la derogación de la ley de amnistía de 1977 porque
incumple la normativa internacional en materia de Derechos Humanos.
El portavoz de Pillay, Rupert Colville,
ha descartado comentar la sentencia que inhabilita al juez Baltasar
Garzón por ordenar escuchas telefónicas en la investigación de la trama
de corrupción Gürtel, pero ha recordado las otras dos causas abiertas
sobre el magistrado y, en alusión a la relativa a los crímenes del
franquismo, ha defendido este tipo de pesquisas.
“España está obligada, bajo la ley
internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos
Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a
procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos”, ha
afirmado Colville, durante una rueda de prensa en Ginebra. Además, según
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las
víctimas, que tienen “derecho de reparación”.
Colville ha recordado que, conforme a
una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,
“España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con
las leyes internacionales de Derechos Humanos”. Dicha recomendación,
elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como
base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado
por España en 1985.
JUICIO A GARZÓN
Colville ha asegurado, en alusión a
Garzón, que “los jueces no deberían ser objeto de una investigación
penal por hacer su trabajo”, habida cuenta de que sus investigaciones,
según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la
medida en que no cabe amnistía “para graves crímenes internacionales”.
La norma puesta en cuestión “podría violar el principio de independencia
judicial”.
En declaraciones recogidas por Reuters,
el portavoz de Pillay ha comparado el caso español con el de otros
países y ha subrayado que debería aplicarse “el mismo principio” que la
ONU ya ha expresado para lugares como Yemen o Haití, donde también han
defendido el procesamiento de autoridades responsables de violaciones de
Derechos Humanos.
Fuente: Europa Press
