Está muy bien y es importante que por fin haya debate sobre los
impuestos no centrado sólo en bajarlos. España tiene una presión fiscal
impropia de un país que dice querer tener un Estado social. Cuando
comparan la economía pública con las economías domésticas para decir que
éstas no gastan más de lo que ingresan (evidentísima mentira, por otro
lado) se olvidan de que, mientras un trabajador no puede decretar la
subida de su nómina, el Estado sí decide si aumenta o no sus ingresos
por lo menos vía fiscal. En eso, puestos a comparar con seres humanos,
el Estado sería como un miembro de un consejo de administración de una
gran empresa (¿he escrito que son seres humanos?), con la
diferencia de que siempre coincide que éstos decretan un gran aumento de
sus ingresos cada vez que el Estado decreta la disminución de los
suyos.
Bienvenido, pues, el debate de los impuestos. Y que sea en serio: no
un pequeño impuesto de patrimonio o sólo una elevación de tramos de la
renta de fortunas que imaginamos gracias a programas televisivos de
casas de lujo. Hágase una reforma fiscal (y de la inspección de
Hacienda) de verdad para acercar el volumen de ingresos públicos vía
fisco al de los países de nuestro famoso entorno. Para ello falta subir
un 10% de nuestro PIB y hacerlo mucho más progresivo y eso no se hace
sólo con un nuevo impuesto sin, por ejemplo, cambiar el control que hay
sobre las rentas y patrimonios ocultos.
Puestos a iniciar el debate de los ingresos no puede olvidarse
aquellos de los que hoy carecemos por decisiones políticas que
comenzaron hace veinte años y no acaban de terminar. ¿Por qué diantres
hemos privatizado (y seguimos haciéndolo) casi* todas las empresas
públicas que dan beneficios al Estado? ¿Introducimos en el debate de los
ingresos públicos a largo plazo la urgente paralización de la
privatización de la Lotería Nacional, de AENA y de los dos aeropuertos
más rentables? ¿Le daría también esa orden Rubalcaba a Zapatero o sólo
aquellas que Rajoy pueda deshacer en unas semanas y que sólo sirvan para
tres mítines? ¿Echamos cuentas de cuánto dinero dejamos de ingresar
todos cada año por aquellas privatizaciones de Telefónica, de las
energéticas, de Argentaria (la A del BBVA)… ?
Con la de golpes que nos sacuden nadie puede calificar ninguna
propuesta económica de excesivamente drástica: el desmantelamiento de lo
público llega ya a la educación y la sanidad y el desmantelamiento de
la soberanía popular llega a la constitución. Hagamos reformas
profundas, de acuerdo, pero discutamos en qué dirección habida cuenta
del consolidado fracaso de la dirección emprendida desde hace mucho
tiempo pero en aceleración hacia el abismo en el último año y medio.
¿Reformas estructurales? ¡Adelante! Empecemos por no privatizar las
cajas y bancos que saneamos. Copiemos con los bancos el modo en que
Alemania, Bruselas y Washington rescatan países: quedándoselos.
Nada de sanear y privatizar con un lacito la Caja de Ahorros del
Mediterráneo: saneémosla y hagamos de ella, junto con Caja Castilla-La
Mancha y Cajasur el embrión de una banca pública rentable y que además
modifique para bien las economías de la ciudadanía realmente existente.
Convirtamos en acciones en propiedad del Estado cada uno de los euros
dados por el FROB para rescatar bancos (problema: de una vez tendrían
que decirnos a qué bancos hemos dado dinero público). Y usemos la
presencia pública en la banca para facilitar la recuperación de un
sector empresarial público en todos los sectores estratégicos pero
también en aquellos que puedan ser rentables y que permitan construir
democráticamente un país mejor.
Nada hay más moderado (por puramente sensato) que el ensayo y error.
Constatado el fracaso de un camino en una dirección, ¿qué tal cambiar
de dirección y abrir, de verdad, el debate sobre los ingresos públicos?
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*Hay una empresa pública que da beneficios y cuya privatización nunca nadie ha planteado: Paradores Nacionales.
Será, quizá, que sus usuarios suelen ser gente pudiente y con ellos no
se juega: quieren que los paradores sigan siendo estupendos y para ello
lo mejor es que sigan siendo públicos. Que sus niños no irán a un
colegio público, pero al parador sí.