Artículo de Vicenç Navarro que se publicará mañana en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 6 de diciembre de 2012
Este artículo muestra la
gravedad de la situación fiscal en España y de su enorme regresividad
(bien documentada en un informe reciente de la Fundación 1º de Mayo) que
determina que las rentas del capital hayan estado especialmente
beneficiadas creando un agujero en las cuentas del estado que intenta
resolverse a base de recortes en las transferencias y servicios públicos
del estado del bienestar.
Un argumento
utilizado por los independentistas catalanes para defender la tesis de
que Catalunya tendría más recursos si se independizara de España es que
España está “expoliando” a Catalunya. No voy a entrar en este artículo
en este tema, sobre el cual he escrito extensamente en varios artículos
mostrando que el escaso desarrollo social de Catalunya no se debe al
supuesto expolio nacional sino al enorme poder que las derechas
catalanas y españolas han tenido y continúan teniendo a los dos lados
del Ebro, situación responsable del subdesarrollo social de Catalunya y
de otras partes de España, como documento en mi libro El Subdesarrollo
social de España. Causas y Consecuencias, Anagrama. 2006. En este
artículo quiero centrarme en la existencia de un expolio del cual ni los
nacionalistas de los dos lados del Ebro ni nadie más están hoy
hablando, ni en Catalunya ni en España. Es el expolio de una minoría -lo
que solía llamarse la burguesía financiera e industrial- al resto de la
población, y que está ocurriendo a lo largo de todo el territorio
español, incluyendo Catalunya. Tal minoría no está contribuyendo al
Estado (tanto central como autonómico) lo que contribuyen todos los
demás. Si pagara al Estado lo que pagan todos los demás, la cifra
resultante para toda España sería de más de 30.000 millones de euros al
año, con lo cual podríamos haber evitado hacer todos los recortes de
gasto público y social que están dañando de una manera muy acentuada el
bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en general y
de las clases populares en particular, tanto en Catalunya como en el
resto de España. (Ver el informe del Observatorio Social de España, El
impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Ariel. 2012).
Para entender la
naturaleza de este expolio, hay que entender cuáles son las fuentes de
ingreso más importantes al Estado que incluye, como he señalado en el
párrafo anterior, no sólo el Estado central, sino los Estados
autonómicos. Pues bien, cuatro son las fuentes más importantes: una son
los ingresos derivados de los impuestos sobre las rentas,
primordialmente del trabajo, o IRPF (que es un impuesto que paga la
mayoría de la población trabajadora); la otra fuente son los impuestos
sobre el capital que afectan a un grupo muy minoritario de la población
(predominantemente los burgueses y los grandes empresarios); la tercera
fuente son los impuestos sobre el consumo, IVA, que toda la población,
independientemente de sus ingresos, paga cuando compra algo, y que es
sumamente regresivo; una cuarta fuente son los impuestos especiales que,
como su nombre indica, son impuestos para fines concretos; y,
finalmente, otra categoría que se define como “otros impuestos”.
Pues bien, según el
excelente informe de la Fundación 1º de Mayo de Comisiones Obreras (uno
de los centros de estudios más rigurosos que publica periódicamente
informes que cuestionan la credibilidad del conocimiento producido por
los centros de estudios financiados por la Banca y la Gran Patronal,
como FEDEA), escrito por el economista Manuel Lago (y del cual extraigo
la mayoría de los datos que presento en este artículo), los ingresos
derivados del IRPF en España, desde el último año antes de que se
iniciara la crisis, 2006, hasta el año 2011, crecieron un 6%, pasando el
Estado de ingresar 64.638 millones de euros a 68.557 millones. Los
fondos públicos procedentes del impuesto sobre el consumo bajaron sólo
ligeramente (-2%), pasando de 52.817 millones de euros a 51.580
millones. Los fondos que el Estado recogía vía los impuestos especiales
crecieron muy poco (2%), pasando de 18.699 millones de euros a 19.025
millones, y la categoría de “otros impuestos” subió más (5%), pasando de
5.696 millones de euros a 5.971 millones. Estos fondos procedentes de
tales impuestos derivan, en gran parte, de la mayoría de la gente que
trabaja y consume (lo que la literatura sociológica definiría como clase
trabajadora y clases medias). Y a lo largo del periodo 2006-2011 se han
mantenido o han aumentado.
Ahora bien, si analizamos
qué ha pasado con las rentas derivadas del capital y de sus diferentes
componentes, tales como capital financiero (bancos, compañías de seguros
y compañías de alto riesgo, entre otros), capital industrial (grandes
corporaciones multinacionales) o capital de servicios (empresas de
marketing y asesorías, entre otras) vemos que los ingresos al Estado
derivados de la carga impositiva sobre el capital han bajado de una
manera muy acentuada, casi espectacular (-68%), pasando de 41.675
millones de euros a 13.383 millones. Es decir, en otras palabras, el
Estado ha dejado de ingresar 28.292 millones de euros. En realidad, el
descenso total de ingresos al Estado, pasando de 183.525 millones de
euros a 158.516 millones, procede mayoritariamente de gravar menos las
rentas del capital, hecho que es el mayor responsable de la bajada de
ingresos al Estado durante este periodo (14%). En total el Estado ha
pasado a ingresar 25.009 millones de euros menos, que es una cifra muy
cercana a los 28.292 millones que el Estado no ingresó como consecuencia
del descenso de los ingresos procedentes de las empresas, es decir, del
capital. Manuel Lago documenta con gran detalle los cambios que han ido
ocurriendo en cada uno de estos impuestos y sus consecuencias en cuanto
a los ingresos al Estado. Lo que les acabo de escribir es el resumen de
cómo han evolucionado los ingresos. Y lo más llamativo es que los
ingresos procedentes del impuesto de sociedades (que es el impuesto al
capital), que representaban el 23% de todos los impuestos en el año
2006, han pasado a ser sólo un 8%. Sí, lo ha leído bien, sólo un 8%. El
mundo empresarial contribuye mucho, mucho menos que la mayoría de la
población, incluyéndole a usted, lector, y a mí.
Ni que decir tiene que los
centros de estudios financiados por la banca y por la gran patronal han
intentado explicar tal descenso de su contribución al Estado
atribuyéndolo a la reducción de sus beneficios, resultado de la crisis
económica. Manuel Lago muestra contundentemente que ello no es del todo
cierto. La reducción de beneficios es sólo una pequeña parte de la causa
del descenso de los ingresos al Estado procedente de las empresas. Tal
descenso es mucho mayor que el descenso de beneficios, una situación que
es particularmente acentuada entre las grandes empresas, llamadas
multinacionales. En realidad, el descenso de su aportación al Estado es
consecuencia de la gran cantidad de lo que llaman incentivos fiscales,
incluyendo las enormes deducciones, y nuevos sistemas de ingeniería
contable que hacen que lo que en teoría pagan las rentas del capital
(35%, bajado más tarde a 30%) se haya reducido en la realidad a un 5%.
Sí, repito, ha leído bien, a un 5%. Las otras empresas (que no son
grandes empresas multinacionales y facturan menos de diez millones de
euros) pagan menos que su tipo nominal, siendo el real 15,3%, más de
tres veces más que las multinacionales.
El significado de estos datos y otros
aportados por el informe es que, durante el periodo de la crisis
2007-2011, las empresas financieras, industriales y de servicios (es
decir, el capital) declararon 851.933 millones de euros de beneficios,
por los cuales tributaron 101.421 millones, es decir, un 11,9%. Si
hubieran pagado el 28,5%, que es lo que la Agencia Tributaria considera
como el tipo nominal medio, el Estado hubiera ingresado 242.801 millones
de euros, es decir, 141.380 millones de euros más, unos 35.000 millones
de euros más anuales (tomando las cifras de 2009), que es, por cierto,
la cifra de recortes de gasto público que los sucesivos gobiernos han
estado exigiendo a la población española, recortes que se están haciendo
para compensar las enormes ventajas fiscales que se han hecho a las
rentas del capital. Es el tamaño de lo que debería llamarse el expolio
social, muchas veces superior al supuesto expolio nacional. Y, en
cambio, el gran debate es sobre este último (entre aquellos que
sustentan que hay un expolio nacional y los que señalan que no lo hay), y
no sobre el anterior, que está perjudicando a las clases populares de
toda España, incluida Catalunya. El hecho de que los establishments
políticos y mediáticos españoles y catalanes se centren en el debate
nacional y no en el debate social, se explica por el enorme poder que el
capital tiene sobre tales establishments a los dos lados del Ebro. Así
de claro. Incluso, descontando deducciones justificables y otras
medidas, tal como Hace Manuel Lago, la cantidad continúa siendo
respetable. Es más, si las rentas del capital se gravaran como las
rentas del trabajo a la mayoría de la clase trabajadora que está en
nómina (como algunos partidos han sugerido), la cantidad de 35.000
millones ascendería a muchos millones más. ¿No creen que hay algo
injusto en ello? A las clases populares se les está imponiendo toda una
serie de sacrificios, a fin de mantener enormes beneficios y privilegios
fiscales al gran empresariado financiero y multinacional del país.
Créanme que en España, incluyendo Catalunya, el que no está indignado es
que no sabe lo que está pasando en su entorno. Así de claro.