Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 3 de noviembre de 2011.
Este artículo analiza cómo el
poder económico se transforma en poder político en nuestras sociedades,
tomando el caso del amianto como representativo de esta relación. La
escasa atención que ha tenido en España el enorme problema de la
distribución del amianto, tanto en la construcción como en el consumo
general, está relacionada con el escaso desarrollo democrático de
nuestro país.
El amianto es una de las sustancias más
tóxicas existentes hoy en el mundo. Lo que lo hace especialmente
peligroso es que, tal como ocurre también con los elementos radiactivos,
es un producto invisible, incoloro, inodoro e insípido. Cantidades
pequeñísimas, como un gramo de exposición a esa sustancia, pueden matar a
un ser humano. Su elevada toxicidad es conocida desde finales del siglo
XIX (1889). A pesar de ello, ha sido utilizado ampliamente en varios
sectores de la industria, desde la construcción a la industria
automovilística y de aparatos electrodomésticos. Su gran resistencia al
calor le hace un producto de múltiple utilidad, estando ampliamente
extendido en el ambiente y en los productos de consumo de las sociedades
de avanzado desarrollo económico. Se encuentra en casi todas partes.
La toxicidad afecta primordialmente,
pero no exclusivamente, a los trabajadores de amianto, aun cuando la
volatilidad y la fácil movilidad del producto (microfibras fácilmente
movibles por el viento y otras circunstancias) hacen que la exposición
de tal producto afecte también a los familiares y vecinos de los
trabajadores del amianto, sin excluir la exposición de la ciudadanía a
tal sustancia en productos de uso cotidiano. El 29% de pacientes
enfermos debido al amianto no son trabajadores del amianto, sino
individuos que han adquirido las enfermedades producidas por esta
sustancia por exposición familiar o ambiental.
¿Cómo puede ser que una sustancia tan
tóxica haya sido utilizada tan ampliamente, sabiendo desde hace más de
un siglo de su elevada toxicidad? La respuesta cae en la categoría de
cómo el poder económico se traduce en poder político en nuestras
sociedades. El caso de la producción y distribución del amianto es un
estudio ilustrativo de cómo la democracia es enormemente limitada cuando
el poder económico (el gran mundo empresarial) influencia el poder
político, ya sea directa o indirectamente. En el primer caso –influencia
directa–, el mundo empresarial compra directamente al mundo político
imponiendo todo tipo de presiones para que continúe la extracción, uso y
comercialización del producto. Pero su influencia es también indirecta
sobre los estados a través de su influencia en la comunidad científica.
Las empresas del amianto financian grandes grupos de investigación
(algunos en centros académicos), que durante muchos años negaron que tal
sustancia fuera tóxica. Más tarde, cuando la evidencia era extensa y
contundente, cambiaron sus posturas aceptando que era letal, pero
enfatizaron que dejaba de serlo si el trabajador y su entorno tomaban
las precauciones necesarias. Estas precauciones, sin embargo, resultaron
ser insuficientes. Por fin, la presión popular forzó su prohibición,
tanto de su producción como de su utilización. Casi cien años después de
que se descubriera en Reino Unido que el amianto era una sustancia
tóxica, fue prohibida en aquel país. En España no se prohibió hasta
2002. En realidad, la ausencia de instituciones democráticas en gran
parte de nuestra historia, y la debilidad de tales instituciones cuando
han existido, explica que la situación creada por la amplia utilización
del amianto haya sido peor en España que en otros países de la Unión
Europea.
El amianto se conoce en España como
uralita, debido a la preponderancia de una sola empresa, Uralita, S.A.,
en la producción y distribución de ese material. Cuando se estableció
tal empresa en los años veinte del siglo pasado ya se conocía la
letalidad de tal sustancia, lo cual no fue obstáculo para que continuara
produciéndose y utilizándose extensamente, alcanzando su máximo
desarrollo durante la última etapa de la dictadura (1965-1978) y un
largo periodo después del establecimiento de la democracia (1978-1995).
Propiedad de la familia March (que financió el golpe militar de 1936),
no tuvo ningún tipo de regulación o control. Antes al contrario, recibió
todo tipo de ayudas y protecciones del Estado. Tal industria (y también
la banca) convirtieron a la familia March en la séptima fortuna del
mundo. Como señalan Ángel Cárcoba, Francisco Báez y Paco Puche en su
detallado y excelente informe El amianto en España: estado de la
cuestión(del cual extraigo la mayoría de los datos presentados en este
artículo), la producción y utilización del amianto y las dictaduras han
ido siempre juntas. La mayor productora de amianto del mundo fue la
empresa suiza Schmidheiny, que colaboró activamente con el nazismo, con
el apartheid sudafricano, con la dictadura de Somoza en Nicaragua y con
la dictadura española.
Debido al largo periodo de latencia, las
enfermedades causadas por el amianto (asbestosis, cánceres de bronquios
y de pulmón y mesotelioma pleural) aparecen hasta 30 o 40 años después
de la exposición. Como siempre ocurre con las enfermedades
ocupacionales, el subregistro es un gravísimo problema y las Mutuas
Patronales de Accidentes y Enfermedades Laborales han tratado por todos
los medios de que no fueran definidas como enfermedades laborales. Por
otro lado, la visibilidad del problema en los medios de difusión ha sido
mínima. El tema del amianto ha aparecido en la BBC inglesa 234 veces
durante el periodo de 1998 a 2009, mientras que en la radiotelevisión
pública española, sólo siete veces en el periodo de 1984 a 2009. 80.000
muertos en España están pasando desapercibidos en los medios.
El cinismo (y no hay otra manera de
definirlo) de la industria del amianto se refleja en sus campañas de
relaciones públicas. La citada empresa Schmidheiny y la multinacional
Eternit financian muchas ONG en España y en Latinoamérica, aliándose con
Ashoka (nominada para el Príncipe de Asturias y que pertenece a la
banca JP Morgan) para “ayudar a los pobres”. Uralita hace lo mismo.
Según Europa Press (26-01-09): “Enseña a niños de los países europeos a
respetar la naturaleza y entender cambios climáticos”. No citan que
probablemente las escuelas a las que asisten tales niños estén llenas de
amianto.