Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 7 de septiembre de 2012
Este artículo subraya que el problema económico, además de social y humano más importante que España tiene es el desempleo, requiriéndose políticas públicas orientadas explícitamente a la creación de empleo a través de inversiones públicas tanto en las infraestructuras sociales como físicas del país, mostrando ejemplos del tipo de intervenciones que deberían realizarse.
En un momento en que el desempleo es la mayor característica de los mercados laborales de la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, es sorprendente (aunque predecible) que nadie hable de la necesidad de desarrollar políticas de pleno empleo. Parece como si la crisis económica y financiera hubiera eliminado completamente cualquier inquietud sobre la necesidad de que el Estado (que incluye tanto el central como el autonómico y el municipal) intervenga en la economía para producir ocupación y alcanzar el pleno empleo. Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos ni en los mayores fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de políticas que produzcan pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la destrucción de empleo a partir de reformas laborales que permiten mayor flexibilidad laboral y facilitan el despido. De esta manera, el Estado está aprobando leyes que facilitan tal despido, a la vez que está destruyendo empleo público (en teoría para reducir el gasto público y con ello reducir el déficit público).
Esta situación, repito de nuevo, es predecible. Aclaro esto porque en los debates de política económica se habla con excesiva frecuencia de que los resultados de la aplicación de tales políticas públicas, que están logrando resultados opuestos a lo que en teoría persiguen (todas las reformas laborales realizadas durante la crisis se presentaron retóricamente como necesarias para disminuir el desempleo), se deben a la incompetencia de las autoridades públicas o a su insuficiencia, argumento este último repetido por los economistas neoliberales que dominan los medios de mayor difusión en España, que proponen reformas y recortes todavía más radicales.
No es incompetencia (sin negar que ella también exista), sino diseño. Estas políticas estaban destinadas a incrementar el desempleo, en parte para forzar el descenso del salario. Y así lo han estado consiguiendo. Lo último que tales autoridades públicas desean es crear empleo y todavía menos alcanzar pleno empleo. Uno de los economistas más brillantes que hubo en el siglo XX, Michal Kalecki, lo escribió muy claro en un libro que significativamente lleva el título de ‘Aspectos Políticos del Pleno Empleo’. Fue de los pocos economistas que analizó las políticas económicas dentro del contexto político que las determinan. La ausencia de este tipo de análisis explica que hoy se centre el debate en Europa sobre la viabilidad del euro, asumiendo que el euro puede desaparecer por propia lógica económica, sin percatarse de que la creación, existencia y mantenimiento de tal moneda respondieron a las coordenadas de poder existentes en Europa y, muy en especial, al capital financiero alemán, para el cual el euro le está siendo sumamente beneficioso, utilizando sus instrumentos, como el Banco Central Europeo, para alcanzar sus objetivos (ver mi artículo “El euro no tiene problemas, las clases populares sí”. Público 24.08.12). Y uno de sus objetivos ha sido controlar la inflación, a costa del crecimiento de desempleo. El elevado desempleo existe porque así ha estado diseñado en un proyecto altamente exitoso pues están consiguiendo lo que querían.
Y el hecho de que no se hable de políticas de pleno empleo en los mayores círculos mediáticos del país (y por lo tanto tampoco en los mayores fórums políticos) se debe precisamente al enorme poder que el capital financiero (la Banca, las compañías de seguros y las empresas financieras de alto riesgo, entre otras, definidas y analizadas por Juan Torres y por mí en nuestro libro “Los Amos del Mundo” de próxima publicación) tiene sobre las instituciones llamadas representativas. El control de la inflación a través de las políticas de austeridad, incluyendo reducción de salarios y gasto público, creación de desempleo (disminuyendo así la demanda y el crecimiento económico) es el objetivo del proyecto neoliberal presentado como el único posible. De ahí que el desempleo aumentara y el crecimiento de la economía productiva disminuyera en el promedio de los países de la Eurozona, a partir del establecimiento del euro. El único crecimiento era el facilitado por las burbujas financieras especulativas, como pasó en España.
A aquellos lectores que duden de la existencia de tal proyecto, les aconsejo que miren los datos. El crecimiento español se debió a las burbujas estimuladas por el capital financiero alemán y español (que empobreció enormemente al país, absorbiendo recursos que deberían haberse invertido en actividades más productivas y necesarias), creando empleo de bajo coste y baja productividad. Y todo ello ocurrió con la participación y complicidad de las estructuras de gobierno de la Eurozona (incluido el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea) y de los sucesivos gobiernos españoles. Detrás de este entramado político estaban los amos del mundo, es decir, el capital financiero.
¿QUÉ DEBERÍA HACERSE?
En realidad, la respuesta es muy fácil. Recuperar las políticas de pleno empleo, mediante (como ocurrió en situaciones históricas anteriores en países en depresión) la creación de empleo financiado públicamente en infraestructuras sociales (sólo un adulto de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar en España, comparado con uno de cada cuatro, en el caso de Suecia), creando cinco millones de nuevos puestos de trabajo, en muchas áreas productivas como los sectores verdes -tanto en mantenimiento como en creación de nuevas formas de energía- con lo que deberían crearse otros nuevos cinco millones de puestos de trabajo.
Estos gastos podrían financiarse fácilmente, asegurándose de que los ingresos al Estado alcancen los porcentajes del PIB que tienen los países más avanzados económica y socialmente, como los países nórdicos de Europa (en España es el 35%, en Suecia es el 51%), sin que el mayor incremento impositivo recayera en la ciudadanía normal y corriente. En realidad, la mayor aportación debería venir del causante de la crisis actual, es decir, el capital financiero. No es cierto que la Banca no tenga liquidez. La tiene, y mucha. Lo que ocurre es que la tiene guardada, entre otros lugares, en el Banco Central Europeo. El BCE ha prestado desde finales del año pasado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) un billón de euros (sí, ha leído bien, un billón de euros) a la Banca europea. De esta cantidad, la mitad (500.000 millones de euros) a la Banca española e italiana. Y la Banca española depositó gran parte de estos fondos en el BCE, sin utilizarlos para cumplir su función social, que es la provisión de crédito. Hoy la Banca española es enormemente parasitaria: está absorbiendo dinero público tanto del BCE como del Estado español, sin que ello se refleje en incremento del crédito.
Sería, por lo tanto, lógico que el Estado nacionalizara la Banca y/o permitiera la existencia de la Banca privada sólo con la condición de que ofreciera crédito a unos intereses regulados públicamente que garantizaran su accesibilidad y disponibilidad. Y, sobre todo, que se gravara masivamente, intentando reducir su tamaño y eliminar su comportamiento especulativo, centrándose en su función social, que es la única que justifica su existencia.
Mi amigo Robert Pollin, Catedrático de Economía de la Universidad de Massachussets, acaba de publicar un libro, ‘Back to Full Employment’, de la editorial MIT, que detalla como la inversión en actividades productivas de los fondos depositados por la banca privada en el Banco Central Estadounidense, el Federal Reserve Board, (1,6 billones de dólares) podría convertirse en uno de los mayores fondos para crear empleo. También recomienda que los préstamos del Estado Federal a la Banca se condicionen a la capacidad productiva de empleo por parte de sus actividades financieras. Y debería también gravarse masivamente todas las transacciones financieras que conducen a actividades especulativas. Incluso Gran Bretaña, sede de la City, grava los bonos públicos (0.155) y los derivados (0.005). Todo ello podría y debería ocurrir sin que se requiriera gran inversión pública, pues sería forzar a la Banca a que pagara a la sociedad, compensando por el enorme daño que ha creado. Que no se consideren estas propuestas razonables se debe al excesivo poder que los ”amos del mundo” tienen sobre el BCE y sobre las autoridades públicas.