Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 16 de abril de 2012
Este artículo analiza los
supuestos erróneos que guían el diseño del presupuesto propuesto por el
gobierno Rajoy, y que dañarán extensamente tanto la eficiencia de la
economía española como la calidad de vida de las clases populares de
España.
Juan Torres, entre muchos otros
economistas, ha señalado las enormes contradicciones existentes entre
las promesas hechas por el Partido Popular, claramente descritas en su
programa electoral y en los discursos del candidato Rajoy durante la
campaña electoral, y las políticas llevadas a cabo por tal partido una
vez en el gobierno. Tales contradicciones no pueden atribuirse a un
error de cálculo, sino a una estrategia bien definida de realizar lo que
estaban ya preparados para imponer a la ciudadanía española,
ocultándolo con
promesas que se han convertido en enormes falsedades. Nunca antes
durante el periodo democrático, un gobierno había roto con mayor cinismo
(y no hay otra manera de definirlo) las promesas realizadas durante la
campaña electoral.
Este comportamiento ha alcanzado cotas
hasta ahora desconocidas en la vida política de España durante el
periodo democrático. La supeditación de la vida pública del país para
satisfacer las necesidades partidistas del partido gobernante, ha
llegado a niveles desproporcionados, que ha tenido un impacto opuesto al
deseado. Retrasar, por ejemplo, la presentación del presupuesto para el
día después de las elecciones andaluzas y asturianas, con el fin de
ocultar las políticas sumamente impopulares, subestimó dramáticamente la
inteligencia de la población española, y muy en especial de las clases
populares, hecho que, aún siendo generalizado entre las élites políticas
y mediáticas del país, alcanzó niveles democráticamente intolerables
para un gobierno. Este retraso en facilitar la información tuvo
predeciblemente el impacto opuesto al deseado por el manipulador
gobierno Rajoy. La población andaluza y la asturiana se alarmaron al
querer ocultárseles el presupuesto, pues muchos concluyeron que sería un
presupuesto malo para sus intereses y eso afectó al comportamiento
electoral de manera opuesta al deseado.
Tal retraso afectó también muy
negativamente a la imagen del gobierno, perdiendo credibilidad
internacional, causa, en gran parte, de que la prima de riesgo se
disparara ocasionando un problema grave en el pago de la deuda pública
española. Este periodo de silencio intentaba compensarlo Rajoy con
declaraciones (que suponía, erróneamente, que podrían mantenerse
confidenciales) a las élites de la Comisión Europea y del BCE, en las
que afirmaba que el programa de reformas sería muy “agresivo” (término
utilizado por el Ministro de Economía, el Sr. Luis de Guindos) en contra
de los trabajadores, y que le “costaría una huelga general” (como
indicó el presidente Rajoy). Estas declaraciones querían tranquilizar a
sus superiores, diciéndoles que tuvieran confianza en él, que sería duro
con las clases populares. Era el caso
extremo de lo que Noam Chomsky llama la guerra de clases unilateral que
se convirtió en bilateral a partir de la huelga general (ver su prólogo
en el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar
en España, de Navarro V., Torres, J. y Garzón A.). El gobierno Rajoy es,
sin duda, el más agresivo contra la España Social que haya existido en
el periodo democrático y sus propuestas presupuestarias tendrán un
impacto enormemente negativo para la gran mayoría de la población
española.
Veamos los datos. El mensaje que el
presupuesto del gobierno transmite es que el gobierno Rajoy quiere dar
la imagen de que el mayor problema que tiene España es el elevado
déficit público, y que para resolverlo hay que recortar dramáticamente
el gasto público, incluyendo el gasto público social (que ya es el más
bajo de la Unión Europea de los Quince, el grupo de países de la UE con
un nivel de desarrollo económico semejante al de España). Estos
recortes, además de desproporcionados, son indiscriminados, recortando
incluso componentes del gasto esenciales tanto para estimular la
economía como para resolver el enorme problema del desempleo, que es el
mayor problema económico y social que tiene España. Recortar el gasto en
infraestructura, I+D y educación, junto con el gasto en formación
profesional, es suicida. Y empleo este término con todo rigor, pues
tales medidas empeorarán dramáticamente las posibilidades de que la
economía se recupere y con ello baje el déficit. La experiencia griega
es el caso más claro del error de tales políticas. También muestra una
enorme insensibilidad social, recortando gastos en sectores esenciales
de ayuda a las familias españolas, como la sanidad y los servicios de
dependencia, sobrecargando con ello a las familias (y en España, decir
familia quiere decir mujer). Son unos presupuestos antisociales,
anti-familias y anti-mujer. Sus medidas antisociales contribuirán al
desempleo, pues destruyen empleo en los escasamente desarrollados
servicios públicos del Estado del Bienestar (España tiene el porcentaje
de la población adulta que trabaja en los servicios públicos del Estado
del Bienestar más bajo de la UE-15). Es un presupuesto hostil al
subdesarrollado Estado del Bienestar español, forzando a las Comunidades
Autónomas (que gestionan la mayoría de los servicios públicos y
transferencias del Estado del Bienestar) a unos recortes que no podrán
absorber.
Pero la mayor incoherencia del
presupuesto aparece en el capítulo de ingresos. Es bien conocido que hay
tres maneras de reducir el déficit público. Una es estimulando la
economía, creciendo económicamente, lo cual este presupuesto no
conseguirá. Antes al contrario, este presupuesto aumentará más la
recesión. La otra manera es reduciendo el gasto público, que es la vía
escogida por este gobierno, medida que será contraproducente, pues al
eliminar elementos estimuladores de la economía (consecuencia de la
manera indiscriminada en que se han hecho tales recortes), la reducción
del déficit será muy limitada (sin excluir su empeoramiento), como
muestra claramente el caso griego. Y la tercera manera es aumentando los
ingresos al Estado mediante aumento de los impuestos. Pues bien, en
contra de lo que se ha publicado, este presupuesto recorta los impuestos
en lugar de aumentarlos. Veamos. Las medidas impositivas del gobierno
Rajoy se dividen en medidas estructurales, es decir, medidas que durarán
muchos años, y medidas coyunturales, es decir, sólo por un par de años o
poco más. Ni que decir tiene que las intervenciones más importantes
para definir el déficit estructural son las intervenciones
estructurales, no las coyunturales. Pues bien, el gobierno Rajoy ha
disminuido los impuestos para las rentas superiores y medias,
desgravando la compra de la vivienda, y ha bajado las deducciones
fiscales por gastos financieros que favorece a las rentas superiores.
Querer reducir el déficit estructural y a la vez bajar los impuestos
estructurales es una contradicción y un enorme error.
La subida de impuestos del IRPF (que
grava sobre todo a las rentas del trabajo) acentúa todavía más la
dependencia de los ingresos del Estado de las rentas derivadas del
trabajo, con el agravante de que el nivel formal de gravación para las
rentas superiores es ficticio, resultado del impacto regresivo de las
múltiples deducciones y artimañas legales que quedan permanentes. Y lo
que alcanza niveles escandalosos es la política de corrección del fraude
fiscal, pues favorece su permanencia y extensión, penalizando a los que
no defraudaron a Hacienda y exigiendo tributaciones a los que defraudan
muy por debajo de las exigidas al tributante promedio.
Es más, la mayoría del fraude fiscal
(72%) en España, según los técnicos de Hacienda, procede de las grandes
familias, así como de las grandes empresas que facturan más de 150
millones de euros al año y de la banca. A partir de estas medidas de
“supuesta corrección del fraude fiscal”, tales grupos serán favorecidos
para pagar menos impuestos de lo que pagan la mayoría de contribuyentes
al fisco.
La evidencia acumulada es que el
presupuesto del gobierno Rajoy es un medio para conseguir los objetivos
políticos deseados, que consisten en debilitar al Estado del Bienestar y
diluir la protección social. Los objetivos fiscales –la reducción del
déficit- son imposibles de alcanzar con este presupuesto, pues la única
manera de reducirlo es creciendo económicamente y creando empleo,
incluso a base de hacer inversiones destinadas explícitamente a crear
empleo, lo cual ni siquiera se considera en este presupuesto.
Una última observación. Soy
consciente de que algunos lectores pueden considerar exagerada mi
definición del presupuesto Rajoy como el más antisocial que haya
existido en España durante la democracia. Invito a tales lectores a que
miren los datos. Como bien mostró David Lizoain en su análisis “El
disparate presupuestario español”, el gobierno Rajoy intenta reducir el
déficit consolidado un 3,2% del PIB. Pero de estos recortes, el gobierno
central sólo contribuye en la mitad. La otra mitad la tienen que
realizar las CCAA (que como he indicado, son las que gestionan los
servicios y gran parte de las transferencias del Estado del Bienestar),
cuyo gasto es mayoritariamente social (un 60%). Sus exigencias a las
CCAA sólo pueden atenderse con recortes sustanciales de tal gasto que,
sin ninguna duda, originarán el debilitamiento del sector público, con
el enriquecimiento del sector privado, y muy en particular de los bancos
y de las compañías de seguros que han deseado el desmantelamiento del
Estado del Bienestar desde años. Lo dijo con toda claridad el Presidente
del Banco Central Europeo, el Sr. Mario Draghi, en una entrevista al
Wall Street Journal (24.02.12) cuando indicó que el Estado del Bienestar
europeo no era viable. Y puso como condición para comprar deuda pública
española que se privatizara el Estado del Bienestar, lo cual el
gobierno Rajoy está haciendo a pies juntillas. Así de claro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario