Publicado en Público.es el 8 de noviembre de 2012
El Partido Popular y el Socialista se han negado durante años a tomar
cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los bancos y poner
fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que vienen
ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.
A los dirigentes de ambos partidos les viene dando igual que los
mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin
ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del
derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución. Los gobiernos
de ambos partidos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo
han sido completamente insensibles al dolor y la tragedia que padecen
tantas familias, sino que, para colmo, no han dudado nunca a la hora de
enviar a la policía para defender los intereses bancarios a base de
palos y palizas a quienes han tratado de defender un derecho
constitucional tan elemental y humano.
Han demostrado a las claras que el afecto que dicen sentir por la
Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y los
privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que
mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las
ayudas de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace
años las mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin
ingresos que no pueden pagar sus hipotecas.
Sin embargo, una vez más podemos comprobar que ningún poder es
invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos de
manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la
presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el
cambio de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los
intereses de la banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que
está ocurriendo es justamente eso: que la movilización y la solidaridad
ciudadana obligan por fin a que el gobierno y la oposición muevan ficha y
cambien una actitud que hasta ahora ha sido de completa indiferencia.
Los hechos están demostrando claramente que si no se hubieran producido
las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos con
la policía, las denuncias y, en definitiva, la respuesta ciudadana ante
una situación social injusta, los desahucios seguirían produciéndose
indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.
Es muy importante que la gente sepa esto y sea consciente de su
poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios y el poder
político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a
modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto
de la presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se
han producido avances favorables al bienestar y la justicia,
demostrándose así la falsedad de esos discursos que constantemente nos
dicen que las huelgas, los sindicatos o las protestas en la calle no
sirven para nada.
Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de que el gobierno
haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el problema de los
desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las movilizaciones
sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten nuestros
derechos más elementales.
Pero precisamente porque demuestran esto es por lo que no debemos
bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no cabe
esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora
y que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia.
Solo podremos esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al
drama de los desahucios si la movilización social se mantiene y se
refuerza, incluso en mayor medida que antes.
Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver que lo que está en
juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal que dé largas
al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y
españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a
la vivienda.
Por eso, ahora es el momento de seguir presionando para que no solo
se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino para que se
garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la han
perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.
No podemos consentir que los dos partidos mayoritarios se quieran
poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco la soga que ata a
las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que se rompa
para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder y
beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino
aliviando la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente
elevadas, generando un parque social de viviendas que permita el acceso a
ellas de quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como
he dicho, la suya a quienes la han perdido en los últimos años. No basta
con que los dos grandes partidos negocien entre ellos soluciones de
compromiso, seguramente buscando tan solo el beneplácito de la banca,
sino que deben escuchar a las organizaciones y movimientos que han
estado en la calle defendiendo a los desahuciados, para garantizar, en
definitiva, que el derecho a la vivienda sea efectivo para todos.
No podemos consentir que se limiten a lavarle la cara a los bancos.
Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a las miles
de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia y los
hechos recientes demuestran que con la movilización social podemos
conseguirlo.
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