Publicado en Público.es el 21 de diciembre de 2012
Los Presupuestos Generales del Estado son el principal instrumento
que tienen los gobiernos para corregir el ciclo económico y para
proporcionar incentivos a los sujetos económicos que permitan que la
economía cambie de rumbo superando los problemas que le afectan.
Sin embargo, me parece que hay cuatro razones principales para
estimar que los que se aprueban para 2013 gracias a la mayoría absoluta
del Partido Popular solo van a servir para agudizar las dificultades y
problemas que ya tenemos.
La primera es que para que cualquier presupuesto pueda corregir la
situación, que en nuestro caso tiene como rasgos principales el
desempleo desbocado, la deuda creciente y la consolidación de un modelo
productivo insostenible y generador de grandes desigualdades, lo primero
que se necesita es realismo. Y eso es justo lo contrario de lo que
tienen los Presupuestos Generales del Estado para 2013.
A pesar de que otros organismos económicos y especialistas se han
encargado de mostrar que las previsiones de las que parten son
completamente inviables, el gobierno se ha empeñado en disimular la
realidad para poder cuadrar engañosamente las cuentas.
En el cuadro macroeconómico que sirve de referencia para elaborarlos
se infla el crecimiento del PIB previsto para 2013 a fin de que así se
puedan registrar ingresos públicos mayores pero es seguro que su
evolución será bastante peor que la anticipada por el Ejecutivo. El
consumo privado disminuirá más de lo previsto debido a los recortes que
el propio gobierno realiza, al igual que la inversión privada, que se
resentirá por la disminución del impulso público, y es también muy
improbable que las importaciones caigan tan poco como estima el gobierno
o que las exportaciones, por el contrario, crezcan tanto como prevé.
Lo que plantea el gobierno en el escenario general de estos
Presupuestos es una quimera porque no se puede hacer una cosa (recortar
el gasto agregado mediante las políticas de austeridad) y esperar que
ocurra un efecto de la acción contraria (que la economía se recupere
como consecuencia del estímulo que proporcionarían unos presupuestos
expansivos).
La realidad de las cosas es que con los ingresos y gastos públicos
previstos para 2013 la economía española va a hundirse aún más en la
recesión y, por tanto, a generar más desempleo y menor actividad
productiva.
La segunda razón que lleva a pensar que estos Presupuestos no van a
corregir la situación en la que estamos es que, lejos de enfrentarse al
crecimiento de la deuda, suponen un incremento aún más extraordinario de
principal e intereses que nos acerca todavía más al abismo. En ellos se
prevé desembolsar casi 40.000 millones de euros (una cifra que podría
aumentar si las condiciones empeorasen en los mercados, lo que nunca se
puede descartar) solo en intereses y realizar una emisión bruta de
207.173 millones de euros. Esto es, que vamos a seguir emitiendo deuda a
mansalva para pagar la deuda que tuvimos que emitir para pagar la deuda
que emitimos para pagar la deuda…, y así sucesivamente, como
consecuencia de habernos tenido que financiar en los mercados privados,
que la engordan constantemente, dada la ausencia de un auténtico banco
central en la eurozona.
Y así, sometiendo a la economía entera a la esclavitud de los
intereses bancarios, es imposible que el Estado pueda utilizar sus
Presupuestos para generar condiciones que permitan a las empresas crear
empleo y para dinamizar la actividad productiva desde el sector público.
La tercera razón tiene que ver con la nueva renuncia del PP a abordar
la reforma fiscal profunda y equitativa que permita luchar
definitivamente contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
Nuestros ingresos impositivos siguen muy por debajo de la media europea y
en ninguna ley natural puede estar escrito que nuestros sujetos
económicos con más renta y patrimonio tengan que actuar con mayores
privilegios que los del entorno más próximo, de modo que la protección
que una vez más les proporciona el ejecutivo del Partido Popular, además
de injusta, solo contribuye a debilitar las posibilidades de actuación
del Estado de cara a la recuperación.
Es verdad que los Presupuestos contemplan algunas medidas parciales
que pueden considerarse positivas en ese aspecto, encaminadas a reforzar
la recaudación en Sociedades e IRPF, o el gravamen de los premios de
las loterías, pero lo relevante es que se mantienen tal cúmulo de
beneficios fiscales y de vías de escape que el avance es casi
insignificante, teniendo en cuenta la situación partida: siendo el 30%
el tipo oficial del impuesto para grandes compañías y el 25% para las
pymes, el tipo efectivo medio sobre su beneficio contable que pagaron
las empresas españolas en 2011 fue el 11,6%.
La cuarta razón que me lleva a descalificar estos Presupuestos como
instrumento válido para la recuperación y regeneración de nuestra
economía es que la política de gasto que contemplan, además de ser
profundamente antisocial porque la pagan en mayor medida las clases de
menos renta y los grupos de por sí más desfavorecidos, es económicamente
paralizante y letal.
Por un lado, el recorte general va a producir un efecto multiplicador
negativo en la renta, lo que en román paladino significa que se traduce
en una caída aún mayor en los ingresos, de modo que, a la postre, la
pretendida austeridad será inútil para reducir el déficit y el montante
de la deuda.
Ese efecto se verá agravado a medio y largo plazo (y por tanto
retrasará aún más la recuperación) por el hecho de que afecta a
actividades que son decisivas para la generación de la renta: las
infraestructuras, la investigación, la formación, la transferencia del
conocimiento y, en general, el capital social que necesitan las empresas
para poder crear valor y empleo, y los trabajadores y emprendedores
para contribuir a ello. Y, para colmo, porque dedica una gran suma de
recursos, que serían preciosos para la actividad empresarial y
productiva, a seguir lavando la cara a las entidades financieras que han
provocado la crisis.
En definitivas cuentas, los Presupuestos para 2013 no solo son
irreales sino que además son procíclicos, lo que significa que van a
producir un empeoramiento de la situación. No solo no proporcionan la
financiación y la demanda que es lo que básicamente necesita la
economía, es decir, más recursos y más ingreso traducible en gasto que
recupere la actividad empresarial y el empleo, sino que los recortan. En
ningún lado contienen los incentivos que pudieran permitir que los
sujetos económicos pongan en marcha nuevos tipos de actividades o una
pauta de distribución más proclive al desarrollo productivo integral y
sostenible. Y nos siguen esclavizando con una deuda creciente que ya es
materialmente impagable.
Para salir de la situación en la que estamos no sirve hacer juegos
malabares con las cuentas del Estado, no basta con que el ministro de
hacienda se convierta en un trilero que miente a sus compatriotas
mientras engaña a Bruselas con los números. Hay que mirar cara a cara a
los problemas, a los privilegios y a los privilegiados que nos han
llevado a donde estamos, a la deuda pública que resulta de un diseño
inmoral de la zona euro para que los bancos ganen cada vez más dinero y
cuyo componente ilegítimo hay que denunciar y dejar de pagar. Hay que
poner en marcha urgentemente vías de financiación a las empresas y los
hogares, nacionalizando lo que sea necesario, porque se trata de
suministrar un servicio público esencial para la vida económica que
ahora falta y que seguirá faltando durante mucho tiempo si se mantiene
el actual status quo que solo beneficia a los grandes bancos. Y hay que
recuperar la actividad productiva reforzando el mercado interno para
ganar el exterior, y no como vienen haciendo las grandes empresas,
haciéndose fuertes fuera destruyendo la actividad interna. Lo que
posiblemente no sea posible sin contar con una moneda complementaria al
euro en el ámbito interno, para poder facilitar que las empresas y los
consumidores recobren la actividad cuando no se va a disponer de
financiación externa.
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