Este artículo
muestra que ni los resultados electorales del 20N ni las encuestas
populares realizadas durante todos estos años significan que haya
existido en España o que exista hoy un mandato popular para que los
gobiernos del Partido Popular y de CiU lleven a cabo los recortes de
gasto público social que están proponiendo y realizando.
Como era
predecible, la mayoría de los medios de mayor difusión del país están
presentando una imagen de lo ocurrido en las elecciones del pasado 20-N
que no se corresponde con la realidad, y ello es consecuencia de que, en
su descripción de los resultados electorales, no tienen en cuenta las
enormes deficiencias del sistema electoral español. Al centrarse en el
número de escaños obtenidos el día de las elecciones se ignora que tal
mayoría de escaños no corresponde con la mayoría real del país. No es
cierto, como están anunciando tales medios, que España se haya movido a
la derecha. El hecho de que, excepto Cataluña y el País Vasco, todas las
CCAA fueran azules (el color del PP) en el mapa gráfico del resultado
de las elecciones, dio un mensaje falso de que España se había corrido a
la derecha.
España (desde el punto
de vista electoral) es toda la población que podía votar, es decir, el
censo electoral. Pues bien, el censo electoral muestra que en las
elecciones del 20-N el apoyo popular al Partido Popular fue del 30,27%
que fue únicamente un 0,97% superior al que consiguió en 2008. Mírese
como se mire, un incremento que es inferior al 1% del censo es un
incremento minúsculo sobre el cual ahora se está montando todo el
mensaje mediático de que la población española se ha corrido a la
derecha. Es importante que esto se entienda porque según fuentes
próximas a la dirección del PP, el señor Mariano Rajoy, presidente del
PP, ha prometido a la señora Merkel que va a recortar 18.000 millones de
euros en los próximos meses, que los medios de mayor difusión
presentarán como resultado de un mandato popular que los datos muestran
claramente que no existe, puesto que el PP no representa a la mayoría de
la ciudadanía en España.
Una situación
semejante ocurre en Catalunya, donde el partido gobernante, CiU, ha
presentado los resultados de las elecciones como prueba del apoyo por
parte de la población catalana hacia los recortes que han llevado a cabo
al frente del gobierno. CiU ha obtenido sólo el voto del 18,8% del
electorado catalán, es decir, de los catalanes que podían votar. Es por
lo tanto una fuerza muy minoritaria en Catalunya. No llega ni siquiera a
uno de cada cinco catalanes. No se puede deducir de estos datos que
haya un apoyo popular a estos recortes, tal como el gobierno Mas está
presentando los resultados de estas elecciones.
La gran noticia del
domingo fue, no el movimiento de la ciudadanía a la derecha, sino el
descenso muy notable del voto del partido socialista, el PSOE en España y
el PSC en Catalunya. El PSOE pasó del 32,19% al 19,49% y en Catalunya
del 31,7% al 17,1%. La pérdida de estos votos se debe, en gran parte, a
la aplicación de políticas económicas de carácter neoliberal que han
antagonizado a sus bases electorales.
La movilización mediática para acentuar un mandato que no existe
La gran mayoría de los
medios de España son conservadores o liberales (en realidad
neoliberales). Ello explica el mensaje que transmitieron inmediatamente
después de las elecciones de intentar presentar las elecciones del 20-N
como un movimiento de la población de los distintos pueblos y naciones
de España hacia posturas conservadoras y neoliberales. De esta manera se
está construyendo una interpretación de lo ocurrido en el 20-N como un
mandato para recortar todavía más el escasamente financiado Estado del
Bienestar español. El objetivo de mostrar el mapa electoral de España de
color azul y Catalunya de un azul más intenso era precisamente afirmar
que España es hoy de derechas.
Los datos, sin
embargo, muestran una realidad distinta. Los votos al PP y a CiU han
sido minoritarios (más minoritario el de CiU que el del PP). Y también
es minoritario (muy minoritario) el apoyo a los recortes de gasto
público social. Según el centro de investigación sociológico CIS, sólo
un 2,7% de la población está a favor de los recortes del gasto público
sanitario que han estado ocurriendo o que se está proponiendo; sólo un
3% favorece recortes en educación; un minúsculo 3,5% está de acuerdo con
los recortes en pensiones y sólo un 9,8% favorece recortes en los
servicios sociales. En cambio, más del 50% favorece recortes en Defensa.
En realidad, la
población española está entre las poblaciones de la Unión Europea que
creen que sus Estados deberían gastarse más en sus Estados del
Bienestar. El 87% de la población española considera que el Estado
debería gastarse más o mucho más en sanidad; el 87% cree que debería
gastarse más o mucho más en educación, y el 83% cree que debería
gastarse más o mucho más en pensiones. Es difícil alcanzar unos mayores
porcentajes de apoyo al Estado del Bienestar.
Es más, la gran
mayoría de la población no sólo favorece la expansión del gasto público
en las transferencias y en los servicios públicos del Estado del
Bienestar, sino que se opone a que la reducción del déficit público
ocurra a costa de recortes en el gasto en tales transferencias y
servicios. Frente a la pregunta “Suponiendo que las Administraciones
Públicas se vieran obligadas a recortar prestaciones y servicios
públicos, dígame si estaría a favor o en contra de que se recortaran los
siguientes servicios”, la enorme mayoría, (el 97%) están en contra de
que se recorte en sanidad; el 97% de que se recorte en educación; el 97%
de que se rebajen las pensiones; un 91% de que se reduzca el seguro de
desempleo; un 83% de que se recorte en el capítulo de vivienda social.
Es imposible encontrar porcentajes más altos en contra de los recortes
que están teniendo lugar. Por otra parte, el 55% favorecía recortar
Defensa.
Mírese como se mire,
pues, no puede argumentarse que exista un mandato para realizar las
políticas de recortes del Estado del Bienestar que están ocurriendo. En
realidad, la gran impopularidad del gobierno Zapatero y de su partido,
el PSOE, se debe a que llevó a cabo tales políticas de austeridad, en
ausencia de un mandato popular. El argumento utilizado por la dirección
de tal partido para explicar su enorme retroceso electoral (de que no se
explicó bien a la población), carece de credibilidad, puesto que la
gran mayoría de medios de información españoles apoyaron tales medidas
de austeridad, proveyendo amplias cajas de resonancia mediática a sus
argumentos.
La gran mayoría de la
población entendió muy bien sus argumentos y, con razón, no los aceptó.
La continua excusa del perdedor, aduciendo que fue derrotado porque no
se explicó bien (el argumento que utiliza la dirección del PSOE) es la
manera de justificar unas políticas públicas de austeridad que, además
de ser innecesarias (véase Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón,
Hay Alternativas, en www.vnavarro.org), se están mostrando (tal como
predijimos los autores de tal libro), contraproducentes.
Y lo que alcanza
niveles de gran incoherencia es atribuir la victoria de PP a su programa
electoral, incluyendo mano dura, con todo tipo de recortes en el Estado
del Bienestar. Los datos mostrados al inicio del artículo señalan
claramente que el hecho más llamativo del 20-N no fue el inexistente
incremento de voto del PP, sino el colapso del PSOE, debido precisamente
a los recortes que llevaron a cabo. Creerse que el voto del PP refleja
un mandato popular para continuar tales políticas es de una incoherencia
que, por desgracia para la democracia española, se reproduce con
excesiva frecuencia en los mayores medios de información y persuasión
del país.
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