El Gobierno propone crear un sello de "empresa socialmente responsable" como una de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que dedica un capítulo a la responsabilidad social, además de un artículo a la gestión sostenible de las empresas públicas.
Según el publicado en la web del Ministerio de Economía y Hacienda, el Gobierno promoverá la responsabilidad social en las empresas, especialmente en las pymes, poniendo a su disposición "un conjunto de características e indicadores para su autoevaluación" de acuerdo con los estándares internacionales.
En la elaboración de estos indicadores el Ejecutivo lo hará "de acuerdo con las recomendaciones que, en este sentido, realice el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE)".
De esta forma, las empresas que cumplan un nivel mínimo en los anteriores indicadores podrán ser acreditadas como empresas socialmente responsables por parte del Observatorio que debe poner en marcha el mencionado Consejo.
Este anteproyecto de ley no se preocupa sólo de la empresa privada, sino que también trata de promover la gestión sostenible de las empresas públicas, que deberán adaptarse a esta norma en el plazo de un año después de su entrada en vigor.
Entre las medidas que tendrán que asumir estas empresas figura la elaboración de memorias de responsabilidad social anuales, revisar los procesos de producción de bienes y servicios aplicando criterios de gestión medioambiental, favorecer principios de responsabilidad social entre sus proveedores e incluir en sus procesos de contratación condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato.
Además, los departamentos u organismos a los que se adscriban los grupos empresariales públicos elaborarán un plan de sostenibilidad del grupo donde se establezcan las medidas de apoyo, refuerzo y coordinación complementarias de las iniciativas de las empresas y se definan los mecanismos para el seguimiento y control de los objetivos del grupo.
fundacionentorno.org
Esta mecha que ha encendido el anteproyecto de ley de economía sostenible en la red, no debemos permitir que la apague o ningunee el poder y sus prosélitos, pues están en juego derechos fundamentales. La propiedad intelectual no lo es, por mucho que lo proclame a los cuatro vientos el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Se quiere (si la ciudadanía no lo impide, pues no podemos confiar en los políticos, ya sean de babor o estribor) hacer una ley ad hoc, para defender a un colectivo retrogrado en perjuicio de la colectividad, sin darse cuenta que lo que hoy les beneficia, mañana les puede perjudicar como simples ciudadanos.
ResponderEliminarNo debemos quedar callados ante tamaña tropelía, tenemos que actual, mañana puede ser tarde.
Llamada de auxilio a la red