Mejorar la eficiencia energética de los hogares, responsables de la tercera parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, no sólo ahorraría electricidad, gas y dinero, sino que paliaría el cambio climático.
El Código Técnico de la Edificación (CTE), la norma reguladora de la construcción en España, obliga a incluir medidas de ecoeficiencia, pero ha llegado tarde.
El nuevo CTE, que obliga a emplear los sistemas de eficiencia más modernos, entró en vigor en 2007. Sólo las casas construidas a partir de 2008 incorporan esas exigencias. Y es tarde porque, ya se sabe, ahora mismo se inician muy pocas viviendas en España.
Según los expertos, los millones de casas entregadas durante el 'boom' inmobiliario distan mucho de las necesidades de los tiempos actuales de escasez de energía y cambio climático. La fiesta urbanística de los últimos años ha dejado ese legado y, además, ha terminado en resaca: la crisis se está cebando en el ladrillo, que llegó a suponer el 18% del PIB español y ahora es un sector de gran destrucción de empleo.
Estas circunstancias están generando un movimiento en favor de la rehabilitación de viviendas. Ya que una de las recetas del Gobierno contra la crisis es generar obra pública para crear empleo, muchos abogan por destinar parte a reformar construcciones. Se trataría de mejorar las casas existentes y no construir más ocupando más suelo todavía.
El mes pasado, el Observatorio de la Sostenibilidad en España organizó en Madrid un foro titulado 'Sostenibilidad y edificación. Rehabilitar en tiempos de crisis,' en el que participaron representantes sindicales, de las empresas constructoras, de la administración local, autonómica y del Estado y del colegio de arquitectos.
El moderador del encuentro, Domingo Jiménez Beltrán, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, presentaba el asunto del siguiente modo: «España tiene el mayor patrimonio construido por persona de Europa. Son 25 millones de viviendas, que equivalen a casi una por cada dos habitantes». Según Beltrán, para «salir de la crisis y crear empleo» lo que habría que hacer es «construir sin destruir, invertir en en soluciones y no en problemas».
En 2008, Jiménez Beltrán presentó un proyecto junto a Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos y a Joaquín Nieto, presidente de honor de SustainLabour para ponerse a la tarea. Ese plan proponía mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética en 2.250.000 viviendas y 150.000 edificios a lo largo de cuatro años. Se trataba de hacerlos más habitables, mejorando el comportamiento térmico de su envolvente e instalando energías renovables.
Para los autores del plan, además de reducir la dependencia energética y la factura mensual, se podrían crear 390.000 empleos. Concluidas las obras se ahorraría cada año 2.700 millones de euros en compra de petróleo y 160 millones en pago español de emisiones de CO2.
El arquitecto Carlos Hernández Pezzi insiste en la necesidad de lavarle la cara al parque actual: «Hemos hecho 500.000 viviendas al año y, hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2007, todas son mejorables. Tenemos un parque reciente e ineficiente. Hemos creado mucho espacio inútil e insostenible». Para Pezzi, intentar hacerlas más verdes es «una empresa titánica» pero que merece la pena.
Llorenç Serrano, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, cree que la rehabilitación es un gran yacimiento de empleo superior a las infraestructuras, puesto que éstas «generan mucho menos empleo que la modernización de viviendas».
Todos coinciden en los objetivos. Lo difícil es la puesta en práctica. Porque los grandes planes afectan a individuos y propietarios reales, personas que deben afrontar la obra en su casa. Y aunque tengan ayudas de la administración no lo cubren todo. El ahorro futuro no basta para afrontar el gasto inmediato.
Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, sabe bien lo difícil de la tarea. Su compañía tiene un producto específico para la reforma verde de edificios. Pero esa rama del negocio no ha despuntado como esperaban porque, a la hora de la verdad, las comunidades de vecinos no dan el salto adelante.
Y sin embargo, en un sector en crisis, aparecen todo tipo de iniciativas que caminan hacia el 'ecoladrillo'. El grupo internacional Bureau Veritas acaba de presentar en España su iniciativa Green Rating, una auditoría sobre el rendimiento ambiental de los edificios que, según su responsable, Alejandro Cobos, «es una herramienta para adoptar las decisiones de mejora». Otras, como la consultora Jones Lang LaSalle, asesoran a los propietarios para adaptar los inmuebles al ahorro energético y conseguir certificaciones de calidad energética.
Para Mark Reynolds, director de gestión de la consultora, un edificio puede ahorrar un 30% de energía y hasta un 50% de agua con las mejoras y sobre todo «aumentar su valor como activo» gracias a ello.
Como se ve, en el fondo, la ecología y la economía acaban siendo la misma cosa. Lo complicado es ponerse en la práctica a construir bien las cosas... o reconstruirlas. La demanda es que la Administración ayude a conseguirlo.
www.fundacionentorno.org
El Código Técnico de la Edificación (CTE), la norma reguladora de la construcción en España, obliga a incluir medidas de ecoeficiencia, pero ha llegado tarde.
El nuevo CTE, que obliga a emplear los sistemas de eficiencia más modernos, entró en vigor en 2007. Sólo las casas construidas a partir de 2008 incorporan esas exigencias. Y es tarde porque, ya se sabe, ahora mismo se inician muy pocas viviendas en España.
Según los expertos, los millones de casas entregadas durante el 'boom' inmobiliario distan mucho de las necesidades de los tiempos actuales de escasez de energía y cambio climático. La fiesta urbanística de los últimos años ha dejado ese legado y, además, ha terminado en resaca: la crisis se está cebando en el ladrillo, que llegó a suponer el 18% del PIB español y ahora es un sector de gran destrucción de empleo.
Estas circunstancias están generando un movimiento en favor de la rehabilitación de viviendas. Ya que una de las recetas del Gobierno contra la crisis es generar obra pública para crear empleo, muchos abogan por destinar parte a reformar construcciones. Se trataría de mejorar las casas existentes y no construir más ocupando más suelo todavía.
El mes pasado, el Observatorio de la Sostenibilidad en España organizó en Madrid un foro titulado 'Sostenibilidad y edificación. Rehabilitar en tiempos de crisis,' en el que participaron representantes sindicales, de las empresas constructoras, de la administración local, autonómica y del Estado y del colegio de arquitectos.
El moderador del encuentro, Domingo Jiménez Beltrán, ex director de la Agencia Europea del Medio Ambiente, presentaba el asunto del siguiente modo: «España tiene el mayor patrimonio construido por persona de Europa. Son 25 millones de viviendas, que equivalen a casi una por cada dos habitantes». Según Beltrán, para «salir de la crisis y crear empleo» lo que habría que hacer es «construir sin destruir, invertir en en soluciones y no en problemas».
En 2008, Jiménez Beltrán presentó un proyecto junto a Carlos Hernández Pezzi, presidente del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos y a Joaquín Nieto, presidente de honor de SustainLabour para ponerse a la tarea. Ese plan proponía mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética en 2.250.000 viviendas y 150.000 edificios a lo largo de cuatro años. Se trataba de hacerlos más habitables, mejorando el comportamiento térmico de su envolvente e instalando energías renovables.
Para los autores del plan, además de reducir la dependencia energética y la factura mensual, se podrían crear 390.000 empleos. Concluidas las obras se ahorraría cada año 2.700 millones de euros en compra de petróleo y 160 millones en pago español de emisiones de CO2.
El arquitecto Carlos Hernández Pezzi insiste en la necesidad de lavarle la cara al parque actual: «Hemos hecho 500.000 viviendas al año y, hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2007, todas son mejorables. Tenemos un parque reciente e ineficiente. Hemos creado mucho espacio inútil e insostenible». Para Pezzi, intentar hacerlas más verdes es «una empresa titánica» pero que merece la pena.
Llorenç Serrano, secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO, cree que la rehabilitación es un gran yacimiento de empleo superior a las infraestructuras, puesto que éstas «generan mucho menos empleo que la modernización de viviendas».
Todos coinciden en los objetivos. Lo difícil es la puesta en práctica. Porque los grandes planes afectan a individuos y propietarios reales, personas que deben afrontar la obra en su casa. Y aunque tengan ayudas de la administración no lo cubren todo. El ahorro futuro no basta para afrontar el gasto inmediato.
Valentín Alfaya, director de Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, sabe bien lo difícil de la tarea. Su compañía tiene un producto específico para la reforma verde de edificios. Pero esa rama del negocio no ha despuntado como esperaban porque, a la hora de la verdad, las comunidades de vecinos no dan el salto adelante.
Y sin embargo, en un sector en crisis, aparecen todo tipo de iniciativas que caminan hacia el 'ecoladrillo'. El grupo internacional Bureau Veritas acaba de presentar en España su iniciativa Green Rating, una auditoría sobre el rendimiento ambiental de los edificios que, según su responsable, Alejandro Cobos, «es una herramienta para adoptar las decisiones de mejora». Otras, como la consultora Jones Lang LaSalle, asesoran a los propietarios para adaptar los inmuebles al ahorro energético y conseguir certificaciones de calidad energética.
Para Mark Reynolds, director de gestión de la consultora, un edificio puede ahorrar un 30% de energía y hasta un 50% de agua con las mejoras y sobre todo «aumentar su valor como activo» gracias a ello.
Como se ve, en el fondo, la ecología y la economía acaban siendo la misma cosa. Lo complicado es ponerse en la práctica a construir bien las cosas... o reconstruirlas. La demanda es que la Administración ayude a conseguirlo.
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