En los próximos meses se van a discutir varias reformas legislativas en el Parlamento español. En lo relacionado a la Ley de Extranjería, Amnistía Internacional reconoce el derecho de los estados a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio, pero de la misma manera, esta reforma debe mantener los estándares de protección de los derechos humanos de las personas inmigrantes. Además, la reforma de la Ley de Asilo no debe suponer un retroceso respecto a las garantías ya reconocidas en la legislación vigente. Por último, la reforma del Código Penal no puede incrementar la capacidad punitiva del Estado contraria al principio de no discriminación, especialmente en el caso de las personas inmigrantes.Por otro lado, los tiempos de dificultades económicas son especialmente sensibles a la construcción de estereotipos negativos sobre las personas inmigrantes, que acaban erosionando sus derechos. En los últimos meses han sido varios los incidentes con componentes de racismo y xenofobia que se han dado en Europa. Todos estos elementos podrían contribuir a crear un ambiente en el se hacen aún más necesarias la adopción de medidas de lucha contra el racismo y la xenofobia.
Por ello, Amnistía Internacional recuerda al Gobierno Español que debe cumplir los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos y, por lo tanto, garantizar que estas reformas legislativas no se traduzcan en un recorte de las garantías de protección a las personas inmigrantes en nuestro país o solicitantes de protección internacional (sea asilo u otras formas de protección). Además, debe adoptar las medidas necesarias contra la discriminación, el racismo y la xenofobia que puedan derivarse de la situación actual.
Únete a Amnistía Internacional y pide al Gobierno español que no rebaje los derechos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo.
¡Actúa!
Contesto al escrito que ha dirigido al Presidente del Gobierno, en el que se refiere a la protección de los derechos humanos de las personas inmigrantes, y le agradezco que, secundando una iniciativa de Amnistía Internacional, nos haya dado a conocer su preocupación por este asunto.
ResponderEliminarA ese respecto, deseo señalarle que el Gobierno considera que el fenómeno migratorio, del que estamos siendo testigos en los últimos años, constituye algo intrínseco al tiempo que vivimos, y representa una innegable oportunidad para nuestro país en los ámbitos económico, político y social, si se aborda con las medidas adecuadas.
No obstante, es evidente que este fenómeno presenta desafíos de primera magnitud para las sociedades avanzadas, más aún en el caso de España, donde la llegada de inmigrantes se ha producido en un corto espacio de tiempo.
Junto con la inmigración legal y ordenada y los indudables beneficios que supone, tanto para las personas que emigran, como para los países que les acogen, convive el drama humano de la inmigración ilegal.
En todo caso, la política de inmigración del Gobierno se basa en cuatro líneas fundamentales de actuación: la lucha contra la inmigración irregular, la gestión ordenada de los flujos migratorios, la integración de los inmigrantes, y la cooperación con los países emisores de emigrantes. Se trata de una política integral que ha tenido en cuenta los múltiples aspectos de este complejo fenómeno, y con el claro objetivo de que la llegada de extranjeros en España se produzca de forma legal y ordenada, facilitándose con ello su integración y el pleno ejercicio de los derechos y obligaciones que les son propios.
Quiero manifestarle que el Gobierno es un firme defensor de una política de inmigración basada en el respeto de los derechos humanos, altos estándares procedimentales y marcos de protección adecuados y eficaces.
En ese sentido, su compromiso se ha materializado con el Plan General de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 12 de diciembre, en el que se hace referencia expresa al respeto de la igualdad y a la lucha contra la discriminación y el racismo, así como a la protección de los refugiados y demás personas perseguidas en sus países de origen, avanzando en un sistema jurídico que refuerce las garantías y permita identificar a las personas con necesidad de protección internacional.
Finalmente, le comunico que, en estos mismos términos, he contestado a todas aquellas personas que se han dirigido al Presidente del Gobierno sobre este asunto.
Reciba un cordial saludo.
José Enrique Serrano Martínez. Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.