La situación de la clase trabajadora en España (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 3 de enero de 2013

Este artículo hace un breve resumen del informe sobre la situación de la población trabajadora en España con datos comparativos con otros países de semejante nivel de desarrollo económico.

El Instituto de Política Económica (The Economic Policy Institute) de EEUU es uno de los centros de análisis económicos más rigurosos existentes en aquel país. Sus informes tienen gran impacto en el establishment político del gobierno federal. Y sus trabajos tienen gran resonancia en los mayores medios de información estadounidenses. Publica cada dos años el informe The State of Working America, en el que analiza la situación de la población trabajadora en EEUU. Es, sin lugar a dudas, el estudio más elaborado y detallado del mercado laboral así como de las condiciones del trabajo en EEUU.

Incluye también datos internacionales que permiten comparar la situación de la población trabajadora, no sólo en EEUU, sino también en los países de la UE-15 así como en Canadá, en Australia, en Japón, en Noruega y en Suiza, países todos ellos de semejante nivel de desarrollo económico que EEUU. Sería de desear que tal informe se tradujera al español pues tiene gran cantidad de información relevante para España. Es hoy en día el estudio más detallado que existe de la situación laboral y social de la población empleada en aquellos países, incluida España,  y muy en particular de sus clases trabajadoras, permitiendo comparaciones de gran interés.

Muestra por ejemplo que los salarios bajos (la decila inferior de la población empleada) en España son más bajos (un 79%) que los salarios más bajos de EEUU, que es a su vez, uno de los países analizados donde los salarios bajos son más bajos. La decila inferior de la población empleada tiene un salario promedio que es el 47% del salario medio en EEUU. En España es el 60%.

Esta es una de las causas de que pobreza relativa (que es la mitad de la renta media del país) sea, tanto en EEUU como en España, de las más altas (14% en España, 15,7% en EEUU) de aquellos países. La situación es incluso peor entre los infantes. La pobreza infantil es un 23,1% en EEUU y 17,1% en España, siendo estos dos países los que muestran mayor pobreza infantil. El hecho de que la pobreza sea mayor en EEUU que en España a pesar de que los salarios más bajos sean más bajos en España que en EEUU se debe, en gran parte, a que hay más personas empleadas en EEUU que en España, y ello se debe, también, en parte, a que el empleo público (empleo financiado con fondos públicos) es mayor en EEUU que en España, dato que sorprenderá a mucha gente en España, donde la sabiduría convencional económica, de talante liberal, está sistemáticamente equivocada y cree que el empleo público en nuestro país está sobredimensionado. El Estado federal de EEUU, es uno de los empleadores públicos más importante de aquellos países, resultado de la enorme extensión de sus fuerzas armadas y también de la gran extensión de la población reclusa. Si tales sectores de la población empleada no estuvieran empleados, el desempleo en EEUU sería mucho más elevado que el hoy existente (7,7%).

A pesar de tales intervenciones públicas, el hecho es que la pobreza de EEUU es, junto con la de España, de las más elevadas hoy en aquel grupo de países, y ello se debe, además de la pobreza de los salarios en ambos países, a la escasa capacidad redistributiva de sus Estados. Así en EEUU, el 27% de la población sería pobre sino interviniera el Estado federal y estatal (equivalente este último al autonómico en España). Una vez este Estado interviene, la pobreza baja a un 17,3%, es decir un bajón de 9,7 puntos. En España, tal reducción es algo mayor. Debido a la intervención del Estado, la pobreza baja 13,2 puntos, siendo una de las reducciones más limitadas y más bajas, junto a la de EEUU, entre los países estudiados. Como punto de comparación, el Estado francés reduce la pobreza 25,4 puntos, Alemania 23,6 puntos, Finlandia 22,1 puntos, y así un larga lista. El  Estado redistribuye muy poco tanto en EEUU como en España. De ahí que sean los países más desiguales dentro del grupo de países analizados.

El Estado estadounidense y el Estado español se caracterizan por, además de ser poco redistributivos, tener escasa sensibilidad social. Sus gastos públicos sociales como porcentaje del PIB (22% España, 18% EEUU) son de los más bajos de la lista de Estados analizados. Francia y Suecia, por el otro lado, son los Estados que tienen mayores salarios y mayor impacto redistributivo de sus Estados, así como mayor gasto público social.

La situación se está empeorando

Hoy, la situación de la clase trabajadora española se está empeorando resultado de las políticas iniciadas por el gobierno Zapatero y acentuadas mucho más por el gobierno Rajoy, y que incluyen unas reformas laborales que tienen como objetivo la reducción de los salarios y unas políticas de austeridad que están recortando el gasto público social, incrementando incluso más su regresividad y escasa vocación redistributiva. Tales políticas se están promoviendo para aumentar la “competitividad” de la economía española y poder estimular las exportaciones que supuestamente sacarán a España de la crisis.

Tal argumento, ampliamente aceptado también por la sabiduría convencional económica neoliberal, olvida que durante estos años de crisis las exportaciones españolas han ido aumentando a la vez que los salarios han ido bajando sin que ello haya repercutido en reavivar y estimular la economía. Y ello como consecuencia de que la recesión existente en España se debe precisamente a la escasa capacidad adquisitiva de la población (resultado de la bajada de los salarios) y a la reducción del gasto público (que contribuye al descenso de la necesaria demanda). La sabiduría convencional que siempre reproduce la visión de los grupos poderosos (tanto en las esferas económicas y financieras, como en las culturales y mediáticas) que dominan la vida política y mediática del país, está profundamente equivocada.

Los recortes en la sanidad pública, otra vez (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 28 de diciembre de 2012

Este artículo critica los recortes en el sector sanitario público de España que afectan muy negativamente la universalidad y la calidad de tal sector. 

La sanidad pública española es la menos financiada de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea que tienen un desarrollo económico similar al de nuestro país). En 2008 (cuando se inició la crisis), se gastaba sólo un 6,5% del PIB, comparado con un 7,3% en el promedio de la UE-15. El bajo gasto sanitario en España explica que tenga también un gasto privado elevado, el más alto de la UE-15. De todo el gasto sanitario español en 2008, el 71,6% era público y el 28,4% era privado (el público era el porcentaje más bajo, y el privado el más elevado de la UE-15). Los recortes en la sanidad pública conllevarán un incremento notable del peso del sector privado cuyo tamaño ya es muy elevado.

Tales datos muestran claramente la falsedad de la postura sostenida por los economistas y políticos conservadores y liberales (en realidad, neoliberales) que justifican los enormes recortes de gasto público sanitario que están ocurriendo en España y en Cataluña con el argumento de que el sector sanitario público está hipertrofiado y necesita una reducción para sanearlo. Los datos señalan lo opuesto. La sanidad pública en España y en sus CCAA está profundamente subfinanciada.

En realidad, España se gasta en sanidad una cantidad menor de lo que debiera gastarse por su nivel de riqueza. Su PIB per cápita ya es el 94% del PIB per capital promedio de la UE-15. En cambio, su gasto sanitario público per cápita es sólo el 79,5% del gasto sanitario público promedio de la UE-15. Si en lugar de 79,5% fuera el 94%, España se gastaría 13.500 millones de euros más de los que se gasta. No es, pues, tampoco cierto, que España se gaste demasiado o que se gaste más de lo que España puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Y esto es de lo que no se habla ni en los forums mediáticos ni políticos del país. La postura, claramente ideológica, surgida del dogma neoliberal, y reproducida en los medios de mayor difusión, es que la sanidad debe adelgazarse, añadiéndose además (con cierto cinismo) que se necesita reducir tal gasto para “salvarla”. Tales recortes están afectando seriamente la calidad de la atención pública sanitaria, generando una mayor demanda por la sanidad privada (objetivo clave pero no explícito en gran parte de estos recortes).

La presión de los mercados financieros como causa de los recortes de gasto sanitario. La falsedad de este argumento

Conscientes de la gran impopularidad de tales recortes, las fuerzas políticas conservadoras y neoliberales que las están imponiendo los justifican con los argumentos de que tienen que realizarse debido a la presión de los mercados financieros y/o de la Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y Fondo Monetario Internacional (FMI) y/o del gobierno Merkel que lidera las propuestas de austeridad de gasto público social en la Eurozona. Por mucho que parezca sorprendente, tal aseveración es errónea y, a la luz de los datos existentes, poco creíble. Un cálculo del tamaño que el Estado (central y autonómico) quiere ahorrarse con tales recortes nos lleva a una cifra de alrededor de 6.000 millones de euros. Pero tal reducción del déficit podría haberse conseguido, no a través de los recortes sanitarios, sino mediante el aumento de impuestos que afectan primordialmente a las rentas superiores, tal como el impuesto de patrimonio (2.100 millones), manteniéndolo en lugar de eliminarlo tal como se ha hecho; el impuesto de sucesiones (2.552 millones), eliminando su reducción aprobada, por cierto, por los partidos que están apoyando los recortes; y el impuesto de las grandes empresas (5.300 millones) que facturan más de 150 millones de euros al año (0,12% de todas las empresas), anulando la bajada de tales impuestos, también aprobada por tales partidos. El hecho de que tales alternativas –la subida de impuestos- hubieran recaído primordialmente en sectores de la población (las clases pudientes), que, aún cuando sean minoritarios, tienen una enorme influencia política, habiendo gozado históricamente de grandes privilegios fiscales, explica que ni siquiera se considere, optando, en cambio, por la reducción del déficit público del Estado mediante recortes del gasto público social que financia el Estado del Bienestar utilizado por la mayoría de la población. Ello señala el poder diferencial que las distintas clases sociales tienen sobre el aparado del Estado, tanto central como autonómico.

Las CCAA no pueden excusar tales recortes en su teórica imposibilidad para generar recursos. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. Así, la Generalitat de Catalunya tiene la potestad para elevar la mayoría de impuestos, incluyendo el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, impuestos finalistas, impuestos sobre el patrimonio, y tributos sobre el juego, entre otros, potestad que no ha utilizado para reducir su déficit. En realidad, todos los recortes del déficit de la Generalitat se han basado en recortar los gastos públicos sanitarios (entre otros) sin intentar paliar este efecto, incrementando los impuestos. Ha sido la región de la UE-15 que ha sido más dura, motivo de orgullo de la opción gobernante de la Generalitat, según su portavoz parlamentario Oriol Pujol “En el sur de Europa no hay ninguna institución pública que actúe como lo estamos haciendo en Cataluña. Lo que estamos haciendo desde Cataluña es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo, porque no hay nadie del sur de Europa, ni Grecia, ni Portugal, ni tan siquiera en España, que se esté comportando con el coraje de CiU”. (El País, 09.11.11). Una situación un tanto semejante se está produciendo en la comunidad de Madrid.

Aunque la protesta popular ha sido muy intensiva, tal propuesta ha tenido poca repercusión en los medios, incluyendo los medios públicos, siendo un caso claro los medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio, donde es frecuente ver moderadores de tertulias que cobran 900.000 euros al año, defender la necesidad de que las clases populares se aprieten el cinturón.

Las causas de la subfinanciación de la sanidad pública y de sus recortes

Una causa de este bajo gasto público sanitario es la concentración del poder político y mediático en el 25% de la población española que se resiste a pagar el mismo nivel de impuestos que el promedio de la UE-15 y cree erróneamente que no queda afectada por la pobreza de la sanidad pública al utilizar la privada. Tal visión, sin embargo, es profundamente errónea. La pobreza de la pública les afecta, pues en caso de enfermedad crónica y/o grave, la privada no podrá atenderles y terminarán en la pública. La privada discriminará a favor de los casos leves. Y de ahí el error de creerse que no les afecta. Sí lo hace, y mucho.

La sanidad privada es, en general, mejor que la pública en aspectos importantes para el usuario, tales como el confort (una cama por habitación), menor tiempo de espera, y un tiempo promedio de visita más largo que en la medicina pública. Pero la pública es mejor que la privada en la calidad del personal profesional y asistencial, y en la riqueza de la infraestructura técnica, lo cual explica que en casos que requieran mayor nivel de atención tecnológica, la privada deriva los pacientes a la pública. En realidad, la evidencia de que la calidad de la atención sanitaria en las instituciones públicas o en instituciones sin afán de lucro es mayor que en las instituciones con afán de lucro (es decir, sociedades limitadas que tienen por objetivo maximizar los beneficios) es robusta y abrumadora. En el conflicto calidad de atención versus beneficios, los últimos siempre ganan. De ahí que la mortalidad sea mayor en estos últimos. Esta polarización pública/privada por clase social es perjudicial para todas las clases, incluyendo las pudientes, que creen erróneamente ver satisfechas sus necesidades en la sanidad privada.

El error de la polarización social que se reproduce en la dicotomía pública versus privada

Lo que el país necesita es una sanidad multiclasista que tenga los atributos de la privada, manteniendo la calidad de la pública. Pero ello requiere un gasto público mayor, obtenido de una mayor recaudación de las rentas superiores. En lugar de seguir este camino, las fuerzas conservadoras y neoliberales están promoviendo políticas que polarizarán todavía más la sanidad española. Mediante la desgravación del aseguramiento sanitario privado están facilitando la privatización de la sanidad y su polarización por clase social. Esta privatización, sin embargo, no sigue la línea tradicional de desarrollo de instituciones privadas como alternativa a las públicas. Hoy, la complejidad y carestía de la medicina no permite establecer centros de financiación privada que alcancen niveles de alta calidad y excelencia. De ahí que la vía a seguir por la privada sea el desarrollar privilegios dentro de la pública. De ello se deduce que se intente dar autonomía financiera a los centros públicos sanitarios para que estos contraten con aseguradoras privadas para el goce de privilegios dentro de la pública. Esta es la estrategia neoliberal que se presenta bajo el argumento de que se necesita dinero, mientras que la alternativa de incrementar los impuestos ni siquiera es tenida en cuenta.

El copago no es la solución

El gran debate en el sistema sanitario se ha centrado en si hay que tener copago o no. La justificación de que es importante hacer el copago de un euro para evitar el abuso del sistema no tiene evidencia que apoye tal argumentación. En primer lugar, pese a que se repite machaconamente que el ciudadano español abusa del sistema público, los datos no lo confirman. El indicador de 9 visitas por año (que contrasta con las 6 visitas del promedio de la UE-15) tiene poco valor para demostrar tal supuesto abuso. En realidad, estas 3 visitas extra son debidas más a la pobre organización del sistema (las necesidades que los médicos firmen partes y documentos que en otros países firman personal administrativo) o a la sub-utilización de la enfermería en España, forzando al médico a realizar tareas que en otros países hacen otros profesionales. El hecho de que el médico tenga que ver muchos pacientes no es tampoco un indicador de tal abuso. Referente a desalentar el supuesto abuso (que no existe), el euro a abonar tendría muy poco impacto desincentivador y únicamente podría tenerlo para los sectores de bajos ingresos que son los que serían más vulnerables a caer enfermos.

¿Cuál es el objetivo del copago? Me parecería lógico que fuera ingresar más dinero al sector sanitario, una necesidad clara en el subfinanciado sistema sanitario español. Pero ahí el punto clave es cómo conseguir este dinero y cuánto, temas que no se discuten. Implementar el copago en el momento del servicio (mientras que se mantienen unos bajos ingresos al Estado a través de impuestos), es hacer recaer la carga en los usuarios en lugar de en todos los ciudadanos. Puesto que las clases populares tienen más posibilidad de enfermar y utilizar los servicios que las clases pudientes, incrementar el gasto en los usuarios es aumentar todavía más la regresividad en la financiación. De ahí que sería mucho más justo (y con mayor capacidad recaudatoria) que se aumentaran los impuestos, incrementando los impuestos finalistas y/o creando otros nuevos. Es sorprendente que se haya tardado tanto en aumentar los impuestos del tabaco y del alcohol. Pero hay otros impuestos finalistas, como el aprobado en varias provincias en Canadá, en que todos los ciudadanos pagan según su nivel de renta a la sanidad; o sancionar las intervenciones sancionables según su nivel de renta, tal como ocurre en Finlandia, en que las multas de tráfico se pagan según el nivel de renta, pudiéndose dedicar tales recursos a la sanidad; o pedir tres euros por cada vuelo que salga de aeropuertos del país dedicándolo a sanidad, medidas todas ellas que serían altamente populares. El hecho de que no se discutan y en su lugar se centre todo el debate en el copago, es comenzar la casa por el tejado. El mayor incremento de recursos a la sanidad debería proceder de la vía impositiva, impuestos generales y finalistas. Y sólo cuando se hubiera alcanzado un nivel mucho mayor, recurrir al copago. Pero hacerlo al revés, es injusto y una manera de continuar protegiendo a los que no pagan impuestos suficientemente, recargando en el usuario tal déficit fiscal. Todo esto los economistas neoliberales –de los cuales hay una elevada densidad en el área sanitaria- ni siquiera lo entienden y no quieren considerarlo.

Por último, la consideración de que hay que recortar para aumentar la eficiencia del sistema me parece una incoherencia. Si hay despilfarro en el sistema, debe corregirse. Pero asumir que este despilfarro es generalizado es reproducir el sesgo anti público neoliberal que lleva el debate a discusiones talmúdicas, irrelevantes en lugar de análisis rigurosos y serios basados en evidencia. No hay –repito, no hay- ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el privado, o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario. Uno de los sistemas sanitarios más ineficientes es el estadounidense, donde la mayoría de la financiación es privada. Es el sistema más caro del mundo, representa ni más ni menos que el 16,7% del PIB norteamericano, y en cambio el 68% de la población está enormemente insatisfecha. ¿Quieren aplicar aquel sistema a España? Cuando estuve trabajando en la Casa Blanca, en el grupo de trabajo liderado por la Sra. Clinton para hacer la reforma del sistema sanitario, pude ver que EEUU, que tiene algunos de los centros sanitarios mejores y más importantes del mundo, tiene en cambio uno de los sistemas sanitarios más ineficientes e insatisfactorios para la población, mostrando el dicho de Max Webber de que la totalidad de un sistema no es la mera suma de sus componentes. Los componentes pueden ser muy buenos y el sistema puede ser muy malo. Y al revés. De ahí que el problema que tenga España no es del sistema (como constantemente se señala), sino de su financiación, además de la necesidad de mejorar sus componentes. Creerse que los recortes mejorarán la situación es un profundo error. Es el triunfo del dogma y de la fe sobre la razón y la evidencia.

La sanidad española es buena (aunque se exagera la valoración positiva que la población hace de ella). No es cierto que es la mejor sanidad del mundo. Las encuestas señalan que la ciudadanía le da un 6,2 en una escala de 0 a 10, lo que quiere decir un aprobado, no un notable y todavía menos un sobresaliente. Es el servicio público mejor valorado. Pero ello no es suficiente. Pero la parte donde está menos valorada por el usuario y el ciudadano, es precisamente en las partes (tales como tiempo de visita y lista de espera) que puedan resolverse más rápidamente con la corrección del enorme déficit del gasto público. Y es en estos sectores donde los recortes están afectando la calidad más rápidamente. El indicador más importante para medir la calidad de un sistema sanitario no son los indicadores de mortalidad (los servicios sanitarios tienen poco que ver con la mortalidad de un país) sino los indicadores de satisfacción y confort del usuario y del profesional. Y ahí estamos todavía muy lejos de donde debiéramos estar. Y las medidas que se están aplicando empeorarán todavía más la situación actual. Los gobiernos socialistas a nivel de España y el gobierno tripartito en Catalunya habían incrementado notablemente los recursos financieros para la sanidad pública, reduciendo el enorme déficit de gasto público sanitario que tiene España. Los recortes actuales aumentaran enormemente este déficit, afectando negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares de nuestro país, tanto en Catalunya como en el resto de España.

(Este artículo es una versión modificada de un artículo publicado en El Plural, el día 14 de noviembre de 2011).

El ataque a las pensiones. Otra vez (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 24 de diciembre de 2012

Este artículo denuncia, una vez más, la campaña de reducción de las pensiones públicas sostenida mediante argumentos que no tienen validez científica. 

Existe la impresión generalizada en círculos económicos, financieros, políticos y mediáticos (incluso académicos) de este país de que las pensiones en España son muy generosas y que permiten a los ancianos tener unos porcentajes de pobreza por debajo de los de la población en general. Tal percepción, sin embargo, es errónea.

Veamos los datos. Y el más llamativo es que, si no fuera por las pensiones públicas de vejez, el 64% de los ancianos en este país serían pobres. La Seguridad Social es el programa antipobreza más importante de España, aún cuando no se perciba como tal. De ahí su enorme popularidad. Cualquier gobierno que ya ha intentado y/o logrado una reducción de las pensiones ha pagado un coste político elevado. A pesar de ello, intentos de reducir las pensiones (tanto su cantidad por pensionista como el porcentaje de la población anciana cubierta por el sistema público de pensiones) continúan habiendo, más durante los periodos conservadores y liberales que en épocas progresistas. En general, los partidos de derechas son más favorables a reducir las pensiones que los partidos de izquierda, aún cuando hemos visto gobiernos de izquierda que, sujetos a presiones internacionales, lo han hecho también. Un ejemplo de ello fue el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años realizado por el gobierno Zapatero, decisión tomada en respuesta a las presiones del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, la llamada “troika”, que es la voz del capital financiero (que incluye la banca, los fondos de alto riesgo –hedge funds en inglés- y las compañías de seguros, entre otros)

Este capital financiero ha sido siempre la mayor fuerza política (su influencia sobre los partidos, sobre los medios de información y sobre el Estado es enorme) favorable a la reducción de las pensiones públicas y a su privatización, pues los fondos de pensiones públicos son los fondos que gestionan en cualquier país la mayor cantidad de dinero, siendo así una enorme golosina para los bancos y compañías de seguros, que representan los ejes de tal capital financiero.

El último informe de la OCDE (cuyo funcionariado pertenece también a la sensibilidad ultraliberal) sobre las pensiones en los países miembros de tal comunidad (Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2012) explicita claramente que una medida que los gobiernos deberían tomar urgentemente es la privatización de las pensiones públicas. También, con la característica ignorancia de los datos que hace cuestionables cada una de sus aseveraciones, el informe repite los argumentos que  una vez y otra se han  demostrado erróneos por la evidencia existente. Así, se presenta el argumento de que –según sus cálculos- el gasto público en pensiones en España llegará a ser un 15% del PIB en el año 2050, lo cual hace insostenible tal sistema de pensiones, sin aclarar  porqué ello es insostenible. Predeciblemente, se proponen reducciones ya ahora (ver los datos que muestran el error de tal supuesto en ¿Están en peligro las pensiones públicas? Las preguntas que todos nos hacemos. Las respuestas que siempre nos ocultan. Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón. Attac, 2010). Una postura idéntica aparece en el artículo de Guillermo de la Dehesa el El País “Pensiones y solidaridad intergeneracional” (14/12/12). Guillermo de la Dehesa es incluso más alarmista y predice que para el 2050, el gasto en pensiones será 18% del PIB lo cual asume es insostenible, sin aclarar porqué es insostenible.

Mírese como se mire, las pensiones son bajas. Cuando se estandarizan las pensiones por años trabajados, se puede ver que la capacidad adquisitiva de las pensiones es baja, alcanzando límites de miseria en las pensiones no contributivas. Esto es una de las causas de que la pobreza entre los ancianos haya sido mayor y no menor que entre el resto de la población. Según la OCDE, durante los años 2000-2010, el porcentaje de pobres entre los ancianos era un 23%, un porcentaje mayor que el existente entre la población en general (un 14%) y mucho mayor que el porcentaje de pobres entre ancianos en el promedio de los países de la OCDE (14%).

Las medidas tomadas por el gobierno Rajoy no han impedido que la disminución de la capacidad adquisitiva de la población anciana debido al aumento de los precios (que es mayor que el crecimiento de las pensiones) afectara de una manera muy notable este porcentaje, incrementándolo. Ahora bien, el enorme aumento de la pobreza ente la población en general ocurrido durante la crisis explica que el porcentaje de la pobreza entre los ancianos, que se ha mantenido muy alto, sea menor ahora que el promedio de la pobreza resultado del crecimiento espectacular de la pobreza en la población no anciana. Esta es la explicación de lo que está ocurriendo. No es que la situación entre los ancianos esté mejorando, sino que la población de todos los demás grupos etarios está empeorando dramáticamente.

Marx llevaba bastante razón (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 21 de diciembre de 2012

Este artículo señala que algunas de las observaciones que Karl Marx hizo sobre la génesis de las crisis en el capitalismo son relevantes en la comprensión de las crisis financieras y económicas que están ocurriendo ahora.

En un interesante artículo, el columnista del ‘The New York Times’ y premio Nobel de Economía, Paul Krugman (“Robots and Robber Barons”, ‘The New York Times’, 09.12.12) se preguntaba si la realidad en la mayoría de países capitalistas a ambos lados del Atlántico Norte (Norteamérica y Europa) no mostraba lo que ya había anunciado Karl Marx, es decir, la creciente victoria del mundo del capital a costa del mundo del trabajo, consecuencia del debilitamiento de este último, debilitamiento conseguido a través de políticas públicas que han favorecido sistemáticamente las rentas del capital y perjudicado a las rentas del trabajo. En todos estos países, las primeras (basadas en la enorme rentabilidad del capital financiero y empresarial) habían alcanzado unos porcentajes sin precedentes, mientras que las segundas (enraizadas en la masa salarial) nunca antes habían estado tan decaídas.

España es un claro ejemplo de ello. Según datos de la Contabilidad Nacional, las rentas del capital, por primera vez en la época democrática, han alcanzado unos niveles mayores que las rentas del trabajo. Es decir, sus porcentajes sobre la renta nacional son mayores que las rentas del trabajo.

¿CÓMO HA OCURRIDO ELLO?

Los datos explican el porqué de esta situación en la mayoría de países a los cuales Paul Krugman hace referencia. La productividad ha estado creciendo mucho más que los salarios, con lo cual se deriva que el producto producido ha ido a aumentar los beneficios del capital en lugar de los salarios. Como consecuencia, los beneficios de las élites financieras y de las grandes empresas se han disparado.

Las explicaciones del porqué esto ha ocurrido varían (ver mi artículo “Porque las desigualdades están creciendo en el mundo” en mi blog www.vnavarro.org). Algunos atribuyen tales cambios a cambios tecnológicos. La introducción del ordenador y de Internet, por ejemplo, ha aumentado enormemente la productividad. Pero tales cambios tecnológicos en el lugar de trabajo sólo explican el aumento de la productividad, pero no la mala distribución de la riqueza creada y su concentración en los beneficios de las élites.

Otros atribuyen esta concentración a la globalización, con la consiguiente exportación de puestos de trabajo a otros países que tienen salarios más bajos. La transferencia del proceso de producción a la China (por ejemplo) ha reducido enormemente los salarios de los países capitalistas desarrollados.

Pero este argumento olvida que tal globalización no es la causa, sino la consecuencia del debilitamiento del mundo del trabajo en estos países. Después de todo, países altamente globalizados –como son los países escandinavos (donde sus exportaciones representan porcentajes elevadísimos de su PIB)- continúan teniendo salarios altos. En sí, pues, la globalización no explica el descenso de los salarios. La causa última, raramente citada en los medios, es el debilitamiento político del mundo del trabajo, y como consecuencia, de sus rentas.

Y este debilitamiento toma lugar predominantemente en el Estado-nación. El ataque frontal que estamos viendo al Estado del Bienestar en todos estos países tiene como objetivo primordial el debilitar al mundo del trabajo, debilitamiento que ha estado ocurriendo mediante la aplicación de las políticas neoliberales. Tal ataque se viste de seda bajo la narrativa de incrementar “la competitividad”, la cual ha ido creciendo, por cierto, sin que ello repercutiera en un aumento de las rentas del trabajo. Antes al contrario, éstas se han ido reduciendo.

Naturalmente que este ataque –que Noam Chomsky ha definido como “la guerra de clases unidireccional” (ver su introducción al libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, por Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón)-, que ocurre a nivel de cada Estado, toma lugar en un contexto internacional en el que se establecen alianzas entre las élites financieras y empresariales de varios países, actuando de una manera conjunta y coordinada. El caso más claro de ello es la gobernanza de la Unión Europea y de la Eurozona, cuyas políticas de austeridad están ayudando a que, en cada país, estas élites puedan ganar la lucha de clases unidireccional en bases diarias.

Otra realidad, también obvia, que recuerda las predicciones de Marx, es la “creciente proletarización de la población”, realidad que queda reflejada en las crecientes semejanzas que las condiciones de trabajo de los empleados de cuello blanco (las clases medias) tienen con las condiciones de trabajo de las clases trabajadoras. Su pérdida de autonomía, su deterioro laboral, su descenso salarial, les acercan más y más a las condiciones de la clase trabajadora. El famoso declive de las actualmente llamadas “clases medias” estaba escrito en aquellas predicciones.

¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

Este breve resumen de la situación actual lleva a la reflexión de cómo salir de ella. Y de este análisis se deriva que la solución es también política, es decir, la salida de la crisis requiere un cambio en las relaciones de poder dentro de cada Estado-nación, dificultado por un contexto internacional. El caso de España es un claro ejemplo de ello. Sin un aumento de la fortaleza de los instrumentos al servicio de la clase trabajadora y su sindicalización, no podrá salirse de la crisis. Se requiere una lucha de clases bilateral y bidireccional, que requiere una enorme agitación social por parte de la mayoría de la población (clases medias y clases trabajadoras), exigiendo una reversión de las políticas neoliberales (promovidas como las únicas posibles), aplicándose políticas públicas redistributivas encaminadas a reducir las rentas del capital a costa de aumentar las rentas del trabajo, con un aumento y expansión de la protección social. Estas reformas (que algunos sectores sectarios de la ultraizquierda desmerecen llamándoles “humanizar el capitalismo”) dan fuerza al mundo del trabajo que, en su camino reivindicativo, puede estar entonces en condiciones de terminar con el dominio casi dictatorial que ejercen las élites financieras y empresariales en cada país.

Por qué Paul Preston está equivocado sobre el monarca y la monarquía (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 20 de diciembre de 2012

Este articulo critica la visión que Paul Preston tiene del Monarca y de la Monarquía Española y su papel y función en el Estado Español.

Paul Preston es un historiador que goza de un merecido respeto y estima entre las fuerzas democráticas que lucharon contra la dictadura en España por sus trabajos sobre aquel régimen que existió en España durante cuarenta años (1939-1978). Sus libros han sido y continúan siendo puntos de referencia en la historiografía   española para miles y miles de, no sólo historiadores, sino gente normal y corriente que ha ido descubriendo lo que ocurrió en este país durante aquel periodo enormemente represivo. Historiador basado en la London School of Economics, es el decano de los historiadores anglosajones, estudiosos de la dictadura que en España se conoce como dictadura franquista.

Una nota personal. No conozco a Paul Preston, pero sí sus trabajos. Utilizo sus textos en mis clases a los estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, que encuentran su lectura absorbente pues muestra una cara de su país ocultada o silenciada en los mayores medios de información y persuasión a los que están expuestos en su vida cotidiana, incluso dentro de la academia. Aplaudo pues su inmensa labor esclarecedora de la naturaleza tan opresiva y cruel que caracterizó aquel régimen político. Cuando volví del exilio, hace ya muchos años, una de las realidades que me causó mayor tristeza e indignación fue ver lo poco que sabían los estudiantes de muchas universidades españolas y catalanas (en las que impartí docencia como profesor visitante) sobre la dictadura y su represión. El miedo y el silencio que conllevó, explica que las generaciones que vivieron bajo la dictadura callaran y no transmitieran a las generaciones más jóvenes lo que habían visto.

Y esta opacidad del pasado, que Paul Preston ha ido mostrando y denunciando, continuó durante la democracia, una democracia muy limitada y muy vigilada como consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras (herederas de la nomenclatura que controló el Estado dictatorial) todavía tienen en las instituciones políticas, mediáticas e incluso académicas de este país. La Real Academia de la Historia ha publicado recientemente un volumen de la historia de España que contiene capítulos de alabanza al Dictador y al sistema político que estableció. Este dominio explica, por cierto, porqué muchos historiadores académicos españoles no hayan tratado aquel periodo con la frecuencia e intensidad que deberían, pues en su valoración para ser promocionados en la carrera universitaria, pueden estar evaluados por catedráticos conservadores, que en muchas áreas llegan a ser mayoría. No es por casualidad que algunos de los profesores universitarios que han sido más críticos con aquel periodo en sus escritos hayan sido historiadores –como Paul Preston- extranjeros. Durante muchos años eran los únicos que tenían acceso a las fuentes de datos que eran vetados a los españoles. Ni que decir tiene que esto ha ido cambiando y hay excelentes historiadores españoles que han hecho una labor extraordinaria, excelente y llena de rigurosidad. Pero muchos de ellos lo han hecho a un coste personal elevado. Su marginación de los centros de decisión tanto universitario como político y mediático es muy acentuada.

Estos son los costes de la Transición de la democracia a la dictadura, que se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, que impusieron un silencio sobre su pasado, lo cual me lleva al desacuerdo que tengo con Paul Preston, un desacuerdo mayor pues sus lentes, críticas con aquel régimen liderado por el General Franco, son excesivamente benevolentes en su análisis del Monarca y el papel que el Rey jugó en tal Transición.

La transición no fue modélica

El punto de vista que Paul Preston expresa acerca del Monarca es el que se reproduce en el establishment político y mediático español, basado en su mayor parte en Madrid. Es el que también ha sido promovido por las fuerzas conservadoras del país, a la cual se han añadido voces de las fuerzas democráticas que tuvieron un protagonismo en aquella Transición de la dictadura a la democracia. Según tal sabiduría convencional, la Transición -definida como modélica- fue fruto de un consenso entre los herederos de la dictadura y las fuerzas democráticas –lideradas por las izquierdas- que decidieron olvidarse del pasado y mirar al futuro, con gran generosidad por parte de todos, estableciendo una Constitución que recoge la síntesis de tal consenso, el cual permitió que se estableciera una democracia, homologable a cualquier otra en la Europa occidental, dotada con los derechos sociales, políticos y laborales existentes en todo sistema democrático. Y una persona clave en esta Transición modélica, que lideró aquel proceso (con un “comportamiento heroico” según lo define Paul Preston), fue el Monarca que lideraba las fuerzas herederas del franquismo. En su libro sobre el Monarca, Paul Preston, lo define como un demócrata, camuflado en las estructuras del poder dictatorial, que prácticamente esperaba su momento para desarrollar las libertades democráticas. Repito que esta visión es ampliamente extendida en el establishment español.

La idealización de la figura democrática del Rey

En esta idealización de la figura del Monarca se ignoran hechos que la contradicen, y entre ellos son.

1. El Monarca, nombrado por el General Franco como su sucesor, tenía como base de su poder todo el aparato del Estado heredado de la dictadura, incluyendo las Fuerzas Armadas y el Aparato Represivo. Tenía también la capacidad de incidir sobre la mayoría de medios de información en España, tanto públicos (controlados por la nomenclatura del Estado dictatorial) como privados.

2. Las fuerzas democráticas, lideradas por las izquierdas, acababan de salir de la clandestinidad, y su poder institucional y mediático era prácticamente nulo. El desequilibrio de fuerzas no podía ser mayor. De ahí que la Transición se hiciera en términos muy favorables a las ultraderechas y derechas gobernantes y muy desfavorables a las izquierdas.

3. Los primeros borradores propuestos por el primer gobierno nombrado por el Monarca para democratizar el sistema político, que él deseaba liderar, no tenían nada de democrático. El hecho de que tales primeros borradores se fueran abriendo se debió a la gran agitación social, liderada por el movimiento obrero y sus sindicatos clandestinos que se habían infiltrado en los sindicatos fascistas. Desde 1974 a 1978 España vio el mayor número de huelgas y movimientos de protesta que Europa haya visto, de manera que si bien Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. El temor de los herederos de la dictadura era que hubiera una rebelión popular, contaminada por la Revolución de los Claveles ocurrida en Portugal. Tal agitación fue la que forzó los cambios del Monarca, pues su principal objetivo, por encima de cualquier otro, era mantener la Monarquía, y temía, que por mucho Ejército que controlara, el proyecto se le podría venir abajo si aquellas movilizaciones continuaban.

4. Esta apertura de las propuestas iniciales escasamente democráticas, hechas por el Rey, tuvo sus límites, sin embargo. La Ley electoral, inicialmente aprobada por la Asamblea del Movimiento Nacional (los remanentes del movimiento fascista) como condición de su desaparición, estaba deliberadamente sesgada a favor de los territorios considerados conservadores, con el intento, según han reconocido autores de tal ley electoral, de marginar a las izquierdas, y muy en particular al Partido Comunista.

Dicha ley, aunque modificada, no ha variado en su sesgo, de manera que, aún cuando la suma de los votos a los partidos de izquierda ha sido mayoría en todas las elecciones (excepto dos) al Parlamento Español (las Cortes Españolas), las políticas públicas (excepto en limitados periodos) no han respondido a una voluntad de izquierdas. Aún hoy, España tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15.

5. El Monarca y la Monarquía han jugado un papel clave en la permanencia en el poder de los poderes fácticos como la banca y la gran patronal, que continúan siendo el centro del establishment conservador, el mismo establishment que ha sido responsable del enorme retraso político, económico y social de España. Y su intervencionismo en la vida política es mayor que la existente en otras Monarquías, gozando de una inmunidad que no tiene parecido en otros sistemas monárquicos democráticos.

La evidencia de cada uno de estos puntos es abrumadora y queda sintetizada en mis libros Bienestar Insuficiente. Democracia incompleta. Lo que no se habla en nuestro país. 2002 y el Subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias. 2006.

Se me dirá, como me lo han transmitido personas protagonistas en aquella Transición, personas que me honran con su amistad y a las cuales he tenido siempre gran respeto y estima (tales como el fallecido Santiago Carrillo), que no había otra alternativa. Parece que ello fue así (aunque tengo que admitir que cada vez tengo más dudas, a la luz de lo que se va conociendo) pero lo que sí considero un grave error es que se definiera la Transición como modélica o que se considerara al Monarca como el mayor motor del cambio democrático. Me parece que cada día se ve mejor que de modélica, aquella Transición tuvo poco, pues ni se ha resuelto el enorme retraso social de España ni tampoco se ha solucionado el hecho todavía no admitido por la Monarquía y por la Constitución, de que España es un país plurinacional. Hoy estamos viendo la gran agitación social consecuencia de los fallos heredados de aquella Transición inmodélica, tanto en el frente social como en el identitario.

Paul Preston no toca estos temas, lo cual es sorprendente, pues la evaluación del pasado debe incluir su impacto sobre el presente. Y el presente está yendo muy mal, y ello está relacionado con cómo no se resolvió el pasado. Lo único que dice Paul Preston es que si no hubiera Rey, habría una Presidencia de la República que la ocuparía gente como Felipe González o José María Aznar, figuras claramente políticas que politizarían en exceso la figura del presidente.

Pero tal argumento ignora que si hubiera una República querría decir que no habría Monarquía y que el establishment enormemente conservador, que ha actuado como freno a los cambios que este país necesita, tendría mucho menos poder. El establecimiento de una República en España sería un enorme cambio pues sería una rotura con el pasado dictatorial y su herencia, liberando la enorme energía, todavía por desarrollar, que significaría una nueva cultura democrática, que inevitablemente ocurriría con el establecimiento de una República. La extraordinaria limitación del sistema democrático español que ofrece escasísimas oportunidades a la ciudadanía para participar en la gobernanza de su país (resultado del dominio conservador en las instituciones españolas) se ampliaría en un sistema republicano, tal como ha ocurrido en otros periodos anteriores de nuestra historia, como fue la II República. En cuanto a la supuesta excesiva politización de la figura del presidente del país, tengo confianza en la ciudadanía española, pues el voto puede solucionar los problemas que el mismo voto crea, lo cual no ocurre con la monarquía.

Las limitaciones del pensamiento económico (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro, 19 de diciembre de 2012

Este artículo señala que la excesiva disciplinariedad del mundo académico español obstaculiza la comprensión de la crisis financiera y económica actual.

En más de una ocasión me han preguntado sobre qué área de conocimiento es “Políticas Públicas”. El excesivo enfoque disciplinario del mundo académico español hace que se desconozcan áreas de conocimiento multidisciplinario y que éstas tengan difícil ubicación en la organización universitaria. Por eso, cuando yo –profesor de Public Policy de una universidad estadounidense- me integré en la vida universitaria española, tuve dificultades en encontrar la identificación departamental que reflejara mis intereses profesionales. Así que tuve que ganar una Cátedra de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona y, más tarde, otra Cátedra de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pompeu Fabra. Creo haber sido de los pocos Catedráticos de varias áreas, consecuencia de la difícil ubicación del conocimiento multidisciplinario. El área de Políticas Públicas es una mezcla de Economía Política y Política Económica por un lado y Ciencias Políticas y Sociales por otro.

Y creo necesaria tal multidisciplinariedad. Un ejemplo de ello son las interpretaciones económicas de las crisis económicas y financieras. Desde el punto de vista macroeconómico parecería absurda la política de austeridad que se está siguiendo hoy en la Eurozona, incluida España. Andrew Watt, famoso economista, se preguntaba en la revista digital Social Europe Journal (“Can a first year economics student please take over EU economic policy?” 30.11.12) qué pasaría si a un estudiante de economía se le hiciera la siguiente pregunta: “Figúrese usted que está delante de un país (suponiendo que la UE fuera un país) que tiene un desempleo muy elevado (11,7%), dentro de un proceso de recesión económica (crecimiento de -0,1%) y una inflación muy baja (2,2%). ¿Qué haría frente a tal situación? ¿Daría prioridad 1) a políticas expansivas, o 2) a políticas de corrección fiscal, exigiendo austeridad? Andrew Watt añade que el 90% de los estudiantes de economía escogerían la alternativa 1) sobre la 2). Y un 10% escogería la alternativa 2). Andrew Watt recomienda a los últimos que, por el bien de la humanidad, cambien de carrera, a fin de proteger a la ciudadanía.

Pues bien, la Comisión Europea en sus estimaciones de crecimiento económico Annual Growth Survey 2013 subraya que, aunque la economía europea esté en recesión, las políticas de austeridad son las necesarias en este momento. Por cierto, en los medios de información españoles, incluidos los catalanes, todavía hay economistas prominentes que continúan poniendo el acento en que en Europa estamos yendo por el buen camino.

Frente a esta postura, hay que señalar que la evidencia de que tales políticas de austeridad han sido y continúan siendo un desastre para la economía es abrumadora. Ya cuando se pusieron en marcha, muchos predijimos que empeorarían todavía más la situación. Y así ha sido.

¿Por qué entonces se continúan aplicando tales políticas? Para responder a esta pregunta tenemos que recurrir a otras áreas de conocimiento además del económico. Ni que decir tiene que muchos economistas que continúan defendiendo la eficacia de las políticas de austeridad se lo creen. Sus creencias están basadas en la fe, impermeable a la evidencia. Pero el que esta fe se reproduzca tiene que ver con los intereses financieros y económicos que la promueven. Hoy estas políticas están debilitando al mundo del trabajo en la lucha que el mundo del capital realiza diariamente para mantener su dominio y su hegemonía en la sociedad. Y tal lucha (que solía llamarse lucha de clases) aparece con toda claridad en los datos de la contabilidad nacional. Las rentas del capital hoy son superiores a las rentas del trabajo, consecuencia de aquellas políticas de austeridad que han sido muy eficaces en su intento de debilitar al mundo del trabajo. Es un tema político y social más que económico. Mirando sólo desde un prisma economicista, no puede entenderse lo que está ocurriendo. Y de ahí la necesidad de lo que el gran maestro Gunnar Myrdal siempre destacaba. Aunque le dieron el Premio Nobel de Economía en el año 1974, Myrdal siempre fue muy crítico de la escasa sensibilidad de las áreas económicas hacia los contextos políticos que determinaban la bondad o el daño de las políticas económicas. Sólo los grandes pensadores como Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, Michal Kalecki y John Maynard Keynes, tomaron conciencia de esta realidad. Es una lástima que sus discípulos lo olvidaran. Hoy, para entender lo que ocurre en la Unión Europea no es suficiente con saber de economía. Hay que saber de la distribución del poder en nuestras sociedades, que es un tema más político que económico. Y ahí está uno de los grandes problemas del mundo académico español: su excesiva disciplinariedad.

Por qué la deuda pública no debería pagarse (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 18 de diciembre de 2012

Este artículo señala las razones por las cuales la deuda publica de los países perifericos de la Eurozona es artificialmente exagerada y que se debe al excesivo poder que el capital financiero tiene hoy en tal zona. El artículo indica que tal deuda no debería pagarse, pues su nivel responde a unas prácticas que no deberían aceptarse.

La deuda pública acumulada por los países de la Eurozona es impagable. Ha alcanzado un nivel que los Estados no podrán pagar. Esto aplica prácticamente a todos los países, pero muy en especial a los países antes llamados PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y Spain), y ahora GIPSI (con el añadido de Italia). En todos ellos la deuda pública está por encima de los niveles permitidos en el Tratado de Maastrich, que estableció las condiciones que los países debían seguir para entrar y permanecer en el euro.

Frente a esta situación deberían hacerse dos preguntas. Una es ¿cuál es la consecuencia de que los Estados no paguen la deuda? Y la otra, ¿debería pagarse tal deuda? En realidad, los Estados no deberían pagar la deuda, incluso en el caso de que pudieran hacerlo, pues esta deuda es exagerada y la cantidad de intereses que se ha forzado a los Estados a pagar para poder conseguir dinero, es decir, para que la banca comprara bonos públicos del Estado, es artificialmente alta e inmoral. Y digo inmoral porque esta exigencia de que los Estados paguen intereses altos se basa en que ha sido la propia banca, a través de su lobby, el Banco Central Europeo, la que ha creado la situación intolerable en la que los Estados no tenían otro remedio para conseguir dinero que pagar tales intereses exageradamente altos, pues el Estado no podía pedir prestado dinero del BCE (mientras que los bancos sí que podían). Es como si una persona robara dinero a otra y luego tuviera la osadía de prestarle el dinero robado (porque no había dinero disponible de ninguna otra fuente) a la persona robada, a unos intereses elevadísimos. El ladrón robaría dos veces a la persona robada. Esto es lo que la banca ha hecho. Ha eliminado el instrumento que los Estados tenían para protegerse de la especulación de sus bancos, y así han conseguido intereses de los bonos altísimos (ver mi artículo “La estafa de la deuda pública” en El Plural, 29.11.12)

Por otra parte, es importante que se informe a la ciudadanía que los Estados pueden conseguir recursos y que pueden conseguirlo sin necesidad de endeudarse. La negación de esta posibilidad justifica las políticas de austeridad y los recortes de gasto público, incluyendo el gasto público social. Ahora bien, los Estados tienen enormes recursos que no se están tocando. Por ejemplo, si analizamos la propiedad pública que cada uno de estos Estados tiene, la cantidad total representa muchas veces el valor de la deuda pública. Y éste es el filón de oro donde los acreedores, es decir, los bancos, quieren meter mano. Tales Estados deberían resistirse a ceder a esta demanda, pues una vez vendida tal propiedad, ya no tienen donde apoyarse en el futuro.

Existe, sin embargo, una enorme propiedad privada que se ha ido incrementando y concentrando durante estos hechos de recesión, cuando las desigualdades de renta y propiedad han crecido exponencialmente, es decir, muy rápidamente. Así, en Italia, el país de los GIPSI que tiene mayor deuda pública (la OCDE calcula que en 2013 será un 122% del PIB) tiene nada menos que en propiedad privada en inversiones y tierra el 377% del PIB, en inversiones financieras el 237% de PIB, y así un largo etcétera. Stefan Bach, en un interesante artículo, “Capital Levies – A Step Towards Improving Public Finances in Europe”, en Social Policy Journal calcula que un incremento de un 5% de los impuestos sobre tal propiedad privada podría conseguir el equivalente al 15% del PIB, medida que, a la vez que contribuir a reducir las desigualdades, disminuiría su enorme deuda pública. No se conocen estudios semejantes en España pero es probable que las cantidades fueran muy semejantes.

Otra área de ingresos son las rentas originadas del capital, invertidas en actividades especulativas a través de la banca. Incluyo en esta categoría la huída de capitales a paraísos fiscales u otros países, distinta a los de los depositarios. Incluso el Banco Mundial, un organismo de clara orientación conservadora, ha documentado en todos los países de elevada deuda los fondos depositados en el extranjero, que en cada uno de estos países representa una cantidad mucho mayor que el tamaño de la deuda pública (ver el libro Debt, the IMF and the World Bank. Monthly Review Press 2010, escrito por Eric Toussaint y Damien Millet).

España, uno de los países con mayores desigualdades de la OCDE puede y debe conseguir fondos de aquellos que se beneficiaron más de los años de bonanza. Dinero lo hay con gran abundancia entre las grandes fortunas, las grandes empresas y la banca (que ha recibido fondos públicos por una cantidad equivalente nada menos que al 10% del PIB). El problema es que el Estado no los recoge. Influenciado por las grandes fortunas, por las grandes empresas y por la banca, el Estado prefiere endeudarse, beneficiando a la banca, a la cual se le paga más adelante los intereses elevadísimos, con dinero público. Un escándalo.

Cólera en Haití (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 17 de diciembre de 2012

Este artículo critica el comportamiento de los Cascos Azules de las Naciones Unidas en Haití, responsables de la epidemia de cólera que está ocurriendo en aquel país. El artículo también critica la insensibilidad de los mayores medios de información al ignorar estos hechos.

La Organización de las Naciones Unidas suele tener buena prensa. Viene siempre rodeada de una aureola de hacer el bien por la humanidad, percibiéndose su objetivo como el de promover la paz. Los Cascos Azules de las fuerzas armadas de las Naciones Unidas se perciben como las tropas que intentan imponer la cesación de conflictos armados o el mantenimiento del orden en situaciones de gran desorganización que altere la viabilidad del colectivo o país afectado.

Ésta es la imagen que la organización Naciones Unidas intenta proyectar. Pero hay una gran distancia entre la imagen y la realidad. El caso más claro es Haití, el país considerado como “el más pobre del mundo”, definición que no es del todo cierta, pues Haití es uno de los países con más riquezas naturales en el Caribe. Durante muchos años fue uno de los mayores productores de azúcar y otros productos agrícolas que significaron grandes beneficios a otros países, y muy en particular a Francia, de la cual Haití era una colonia. En realidad fue la primera colonia en aquella parte del mundo que se independizó. Pero tener bandera e himno propio no le supuso que hubiera un cambio significativo, pues varió el color de los que gobernaban el país, pasando de blanco o negro, pero las relaciones de propiedad de aquellos medios que producían tanta riqueza no cambiaron. Una élite -esta vez de raza negra- controlaba tales medios, manteniendo a la mayoría de la población en una enorme miseria. Haití, como la gran mayoría de países mal llamados pobres, tenía y continúa teniendo los recursos para alimentar a su población y facilitar su desarrollo rompiendo con la pobreza, confirmando el diagnóstico de que, en realidad, no hay países pobres en el mundo, aunque haya países en que la mayoría de la población sea pobre e incluso rematadamente pobre, viviendo en condiciones miserables, como Haití.

He escrito artículos sobre Haití donde presento la historia de este país que es la historia de un pueblo que intenta cambiar las relaciones de propiedad de los medios donde se produce la riqueza a fin de que ésta esté mejor distribuida y que ve frustrado cada intento de cambio con un golpe militar acompañado de una enorme represión. Y ahí es donde esta vez intervinieron las fuerzas armadas de las Naciones Unidas. Tales fuerzas fueron enviadas por el gobierno de EEUU (en lugar de sus famosos Marines) en 2004, cuando el gobierno democráticamente elegido (que intentó hacer algunas reformas que afectaban los intereses de las élites gobernantes) fue derrocado por un golpe militar que, como era de esperar, contó con la ayuda de los gobiernos estadounidense y francés, las dos naciones que siempre han condicionado en gran manera los desarrollos políticos y económicos de aquel país. La evidencia de lo que digo es robusta y abrumadora.

Tales tropas son indeseadas por las clases populares de Haití, por muchas razones. Su comportamiento con la población civil ha sido la de un ejército que ha ocupado un país. Y uno de los mayores desastres de salud pública –la aparición y extensión del cólera- lo han generado tales tropas. 7.600 personas han muerto de cólera, y 600.000 han caído enfermos de tal enfermedad. Los estudios epidemiológicos, publicados en la revista médica de mayor prestigio de EEUU, The New England Journal of Medicine (The Origin of the Haitian Cholera Outbreak Strain, 2011) muestran que el origen de la epidemia es el desagüe de las heces infestadas procedentes de las tropas de las Naciones Unidas (procedentes de Nepal) que, irresponsablemente, abocaron al sistema de distribución de agua, lo que contaminó a toda la población. No hay dudas científicas sobre el origen del cólera en Haití. Su rápida expansión se debe al pésimo estado de las infraestructuras hidráulicas del país. Según la oficina panamericana de la salud (PAHO), la rama latinoamericana de la Organización Mundial de la Salud (OMS), costaría casi 1.000 millones de dólares reparar y expandir tales infraestructuras, cantidad, por cierto, que es cercana al coste de mantener las tropas de las Naciones Unidas (10.000 tropas) cada año en aquel país, tal como indica Marc Weisbrot en su artículo en The Guardian (12.11.12), del cual deriva gran parte de la información presentada en este artículo. Es un escándalo lo que está ocurriendo en Haití, y es también un escándalo que los medios españoles hayan dado tan poca visibilidad a este tema.

Franco’s dictatorship and the Holocaust (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista COUNTERPUNCH, 13 de diciembre de 2012

There is not full awareness in the international community of the degree of influence that fascist forces still have over the apparatus of the current Spanish state and related associations. The Spanish Royal Academy of History for example has just published a Historical Dictionary that includes laudatory remarks about General Franco and the dictatorship that he established.  There are a lot of myths that continue to be reproduced in the Spanish intellectual life in spite of the historical evidence that exists to question each one of them.

One example of these myths is the perception that the fascist dictatorship (referred to in Spain as Francoist dictatorship) did not persecute the Jews.  Actually, it is widely believed that Franco’s regime actually helped the Jews who were escaping Nazi occupied France to arrive in Lisbon and from there to the Americas.  Several documents have now appeared, however, which show the falsehood of such interested and apologetic perceptions of that regime.

This evidence also shows, incidentally, that the Allies were fully aware of the Holocaust.  By July 15th, 1944, Sir Harold MacMichael, top British authority in the Palestinian Protectorate, sent a note to Sir Antony Eden, Minister of Foreign Affairs of the United Kingdom, referring to the Holocaust, indicating that several million Jews had been executed, some of them Jews of Spanish origin.

The Franco government fully cooperated in that Holocaust.  Hitler gave Franco the chance to take back the Jews of Spanish origin, which Franco refused, knowing that this decision would condemn them to the gas chambers.  Franco did request, however, to take possession of the property of those Jews, requesting them to be sent back to Spain.

The recent book, El Franquismo, Complice del Holocaust (Francoism, Accomplice of the Holocaust), written by the Spanish historian Eduardo Martin de Pozuelo, shows plenty of evidence that Franco collaborated in the Holocaust and also demonstrates that the Allied authorities, including the U.S. Federal government, was fully aware of this, which was not an obstacle.

Later on, President Eisenhower, recognizing Franco’s dictatorship, defined him as “the great ally in the fight for democracy against Communism.” Actually, one of the reasons why the Spanish fascist regime helped in the elimination of the Jews of Spanish origin was not only for the anti-Jewish views of Spanish fascism, closely allied to the Catholic Church (Pius XII defined Franco as the Great Savior of Christianity), but also because of military and security reasons.

According to the documents published by Eduardo Martin de Pozuelo, the fascist regime was afraid that the Spanish Jews, who would have likely sympathized with the Allied forces against Hitler, could have easily become spies and saboteurs.

The evidence also shows that Hitler played a critical role in the fascist coup lead by General Franco against the democratically elected Spanish government in 1936, and Hitler’s support for that coup until its victory in 1939.  Without such military and economic assistance, Franco would not have resisted the popular mobilization against the coup.  As a consequence, Franco’s Spain became practically a colony of Nazi Germany.

The Nazi establishment had an enormous influence on the economic and political Spanish establishments.  And the Allied Forces were fully aware of this, partially because of the Spanish antifascist resistance that, under extremely repressive conditions, helped the Allied Forces, to be ignored and betrayed later on once the war ended and Franco became the best ally of the so-called democratic governments, lead by the U.S. in their “fight for Democracy against Communism.”

The enormous paradox is that the Communist Soviet Union (along with Mexico) had been the only power who had assisted the democratic forces in Spain in their resistance against Fascism.

Merkel hace en casa lo opuesto a lo que predica (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 14 de diciembre de 2012

Este artículo señala la contradicción entre las políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos Merkel en Alemania con las que intenta imponer a España y a los otros países conocidos como GIPSI.

“Double Talk” es una expresión utilizada en el lenguaje internacional de habla inglesa para definir a un Gobierno que dice una cosa y hace otra. Es decir, que promueve políticas para otros países que no sigue en casa. La expresión comenzó a utilizarse para definir al Gobierno presidido por Ronald Reagan en EEUU. Su principal mensaje era que el Gobierno debía reducirse, pues sus intervenciones “son más parte del problema que de la solución”. De ahí también su énfasis en bajar impuestos como mejor medida para activar la economía, presentándose a la vez como el gran guardián de la rectitud fiscal. Tal narrativa, sin embargo, fue cuestionada por sus propios actos. El gasto público creció de una manera muy notable en su mandato 1981-1989, pasando del 32% del PIB al 34%. Subió los impuestos, no sólo una, sino dos veces, siendo el Presidente de EEUU que subió más los impuestos en tiempos de paz (bajó los del 2% de la población, y subió los de todos los demás). Con razón dijo John Williamson, el economista más influyente de la Administración Reagan (considerado como el pensador oficial del Reaganeconomics) que EEUU “no cumple en su casa lo que predica en el exterior”.
Pues bien, un “double talk” se está hoy dando de igual forma en Alemania. La canciller Merkel está imponiendo a los países de la Eurozona la necesidad de recortar gasto público a fin de reducir el déficit, de desregular los mercados laborales para añadir flexibilidad a la fuerza laboral para, supuestamente, aumentar su competitividad, y de minimizar la intervención del Estado en la economía productiva, a fin de liberar el gran potencial del mercado, barriendo las medidas proteccionistas. Estas políticas son la ‘trademark’ del Gobierno Merkel.

Tales propuestas, activamente promovidas por el Gobierno Merkel a los Gobiernos de la Eurozona y muy en especial a los países periféricos de tal zona (Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia), bien directamente, bien indirectamente (a través de las instituciones sobre las que el Gobierno alemán ejerce gran influencia, como el Banco Central Europeo o la Comisión Europea), entran en clara contradicción con las políticas que los sucesivos Gobiernos alemanes presididos por la señora Merkel han estado desarrollando en Alemania. Waltraud Schelkle, en su análisis de las políticas públicas seguidas por los Gobiernos Merkel en un artículo significativamente titulado “Germany has prescribed austerity for Europe while undertaking extensive Fiscal Stimulus at Home” (“Alemania prescribe austeridad para Europa mientras realiza amplias políticas de estímulo fiscal en casa”). ‘Social Europe Journal’. 27.11.12, detalla como tales políticas públicas son opuestas a cada una de las que está promoviendo en la Eurozona. Así, el Gobierno Merkel continuó las políticas de gasto público de carácter expansivo con el claro objetivo de estimular la economía. Aumentó, por ejemplo, el gasto público en el seguro del desempleo, ampliando el periodo de cobertura hasta los 24 meses en 2009, y 18 meses en 2010. Como contraste, en Francia, el Presidente Sarkozy permitió sólo hasta un máximo de 4,5 meses, una cobertura mucho menor.
El Gobierno Merkel también ha incrementado su intervención en el mercado de trabajo, subsidiando el descenso y distribución del tiempo de trabajo, pagando hasta el 60% del salario de un trabajador durante el periodo que haya limitado su tiempo de trabajo dentro del proceso de distribuir el trabajo. Esta medida (pagada en parte por la empresa y en parte por la agencia de empleo del Estado) ha permitido mantener empleados a 500.000 trabajadores. Tales medidas y otras semejantes, destinadas a mantener empleo, supusieron el 4,2% del PIB, un estímulo superior al de cualquier otro país europeo.
Esta medida fue acompañada de intervenciones públicas encaminadas a aumentar el consumo de productos alemanes. Así, el Estado alemán pagó 2.500 euros a cada comprador de un coche nuevo al cambiar el suyo con más de nueve años de antigüedad por otro que fuera menos contaminante. Éstas y otras medidas de carácter expansivo representaron otro 3% del PIB. Waltraud Schelkle concluye que estas políticas públicas entre otras han sido responsables de un mayor crecimiento económico (3% en el periodo 2010-2011) que ha conllevado el descenso del déficit público. Ni que decir tiene que respondiendo a su sensibilidad conservadora ha mantenido muchas de las reformas regresivas iniciadas por el Gobierno del Canciller socialdemócrata Schröder. Y también ha favorecido la concentración de las rentas del capital a costa del descenso de las rentas del trabajo. Pero es también importante señalar y reconocer que parte del mayor crecimiento alemán se debe precisamente a la mayor expansión del gasto público, medida que el mismo Gobierno Merkel ha estado en la práctica prohibiendo a todos los demás, incluyendo España.
La obediencia, cuando no servilismo, del Gobierno Rajoy al Gobierno Merkel explica, en parte, las políticas de austeridad que el primero está imponiendo a la población española en respuesta a las exigencias del segundo, el cual nunca las ha aplicado con tanta intensidad en su propio país, un claro ejemplo de “double talk”. En España, el Gobierno Rajoy ha reducido, en lugar de expandir, el seguro de desempleo. Y no se ha hecho nada comparable en el estímulo de la actividad productiva de la manufactura. Es más, su reforma laboral ha estado orientada a disminuir los salarios y a destruir empleo, facilitando el despido del trabajador por parte del empresario, justificando todo ello como necesario para responder al mandato del Gobierno alemán. Y así nos va. La pérdida de soberanía tiene, para España, elevados costes.