Un año de mentiras, de paro y desahucios (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado el 27 de diciembre de 2012 en Público.es

No ha tenido que pasar mucho tiempo para que el gobierno de Mariano Rajoy muestre una vez más que el Partido Popular, como ya ocurriera con Aznar, no sabe llegar al poder o mantenerse en él sin mentir constantemente. Lo hizo cuando Rajoy propugnaba medidas en la oposición para criticar a Zapatero que sabía perfectamente que no podría cumplir cuando gobernase. Y no ha dejado de mentir desde que ha llegado a la Moncloa para ocultar los verdaderos motivos de lo que está haciendo.

Como demostramos Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a la política de recortes del PP (Editorial Deusto, 2012), Rajoy se ha tragado todas sus antiguas propuestas y críticas. En lugar de hacer lo que decía que haría, ha subido impuestos, ha recortado pensiones y servicios públicos esenciales, y lejos de aplicar lo que él llamaba la política “que Dios manda”, no ha hecho otra que la que le han mandado hacer los mismos de siempre.

Además, Rajoy y sus ministros han mentido constantemente cuando llamaban de una manera a lo que es otra, y cuando decían perseguir objetivos que es imposible alcanzar con las medidas que ponían en marcha. Han dejado escapar a los evasores fiscales diciendo que luchan contra el fraude y llamando gravamen de activos ocultos a una vergonzosa amnistía fiscal, han subido impuestos diciendo que lo que establecían era un “recargo temporal de la solidaridad”, aumentaron el IVA diciendo que no se trataba de subirlo sino de “cambiar la ponderación de los impuestos para favorecer el crecimiento”, o imponen copagos diciendo que se trata de aumentar la corresponsabilidad.

Al mismo tiempo, han seguido utilizando una retórica falsa para disimular ante la gente normal y corriente la naturaleza real de lo que vienen haciendo. Han seguido afirmando que eran solo las cajas de ahorros las que tenían problemas para así hundirlas definitivamente y poder entregarles en bandeja a los bancos el mercado que habían ocupado en los últimos años; han proyectado reformas financieras diciendo siempre que las hacían para que volviese a fluir el crédito, cuando era evidente que así no se iba a conseguir porque solo se estaba tratando de proteger aún más a las grandes entidades. Han creado un llamado banco malo pero no para regenerar el sector inmobiliario y poder impulsar otra política de vivienda, sino también para que los contribuyentes paguemos la irresponsable política crediticia de los bancos. Y, por supuesto, han hecho todo ello sin mostrarle claramente a la ciudadanía la factura tremenda que han supuesto todas esas ayudas a los privilegiados. Han hecho una reforma laboral solo para dar más poder al gran empresariado diciendo que se hacía porque así se crearía empleo, cuando era imposible que eso se pudiese conseguir de ese modo, como perfectamente han demostrado los hechos que tratan de silenciar.

El gobierno de Rajoy se empeña en sostener la gran mentira que supone afirmar que realiza una política de austeridad que puede llevar a resolver el problema de la deuda y generar más actividad cuando la realidad es que así solo se consigue debilitar los servicios públicos para facilitar más tarde su privatización. Nada se va a ahorrar con esos recortes. Sabemos a ciencia cierta que provocarán una subsiguiente caída de la actividad que disminuirá aún más los ingresos y que, cuando se privaticen, los servicios serán más caros no solo para los usuarios sino para las administraciones públicas, tal y como ya ha ocurrido en otros países. Ni tampoco se va a conseguir que disminuya la deuda desmantelando las fuentes de generación de ingresos, no ya a medio y largo plazo sino incluso a corto, porque la deuda sube como la espuma por la suma ingente de intereses que van a la banca privada y por la caída de ingresos, y no solo porque haya más gastos corrientes.

En este año de continuas políticas de recortes constantes no solo se han cercenando derechos sociales y personales. Con ellas, a Rajoy le cabe el triste mérito de haber llevado a España a ser la sociedad más desigual de la eurozona, demostrando así que el resultado efectivo de sus políticas no es otro que devolver a los grupos oligárquicos los pocos privilegios conseguidos en el franquismo que habían perdido en la etapa democrática.

Con el incremento tan extraordinario de la desigualdad que se viene produciendo va de la mano una caída en el ingreso y en el consumo de la inmensa mayoría de la sociedad que produce también el debilitamiento constante de la demanda y el mercado interno que alimentan a las pequeñas y medianas empresas que son las que crean la inmensa mayoría del empleo en España. La terrible tragedia es que el gobierno ayuda con docenas de miles de millones de euros a los bancos y grandes empresas que destruyen empleo mientras que destruye las bases para que lo puedan crear las más cercanas al terreno productivo. Ver para creer: el gobierno de extrema derecha de Rajoy y la gran patronal, de la mano a la hora de promover reformas y políticas de austeridad, se han convertido en los grandes destructores de empresas y de capacidad de crear empleo.

Si el gobierno de Rajoy no cambia urgentemente de políticas en la línea que hemos propuestos en otros textos, el paro llegará a niveles desorbitados en los próximos meses y la economía, lejos de recuperarse como dicen sus ministros sin el más mínimo fundamento, se hundirá cada vez más.

Es verdad que la táctica de meter la cabeza debajo del suelo y de engañar a tirios y troyanos de Rajoy al menos ha dado como resultado positivo que España no haya sido intervenida completamente y que solo se haya producido la menos mala vinculada al rescate de la banca. Pero es muy difícil creer que eso será suficiente y que bastará con que Rajoy se siga limitando a dar el esquinazo a Europa, sin enfrentarse decididamente a las imposiciones alemanas que crean más problemas que los que resuelven.

Hace falta más inteligencia y más patriotismo para resolver los problemas económicos que tenemos sobre la mesa. Y muchas menos mentiras, además de mucha más solidaridad y sensibilidad hacia los que sufren en mayor medida los daños de la crisis.

El Partido Popular y el gobierno de Rajoy lleva un año haciendo frente a la crisis con el grito de guerra que una diputada indiscreta proclamó sin disimulo: “¡que se jodan!”. Y el momento en el que estamos es el de decidir si creemos que esta es una forma efectiva y ética de salir del agujero en donde estamos o si queremos acabar ya con la traición y la torpeza de nuestros gobernantes.

España tiene que plantearse otros asuntos de fondo de los que el gobierno de Rajoy no quiere oír ni hablar,. Es preciso poner sobre la mesa que no se puede seguir pagando una deuda que es un negocio ilegítimo de una minoría, que hay que acordar otro modo de repartir los costes y los beneficios que se han generado en nuestra economía, y que hay que tener una actitud muy diferente ante el drama que ha ocasionado la conducta irresponsable de los banqueros.

Presupuestos con engaño y alevosía (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Público.es el 21 de diciembre de 2012

Los Presupuestos Generales del Estado son el principal instrumento que tienen los gobiernos para corregir el ciclo económico y para proporcionar incentivos a los sujetos económicos que permitan que la economía cambie de rumbo superando los problemas que le afectan.

Sin embargo, me parece que hay cuatro razones principales para estimar que los que se aprueban para 2013 gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular solo van a servir para agudizar las dificultades y problemas que ya tenemos.

La primera es que para que cualquier presupuesto pueda corregir la situación, que en nuestro caso tiene como rasgos principales el desempleo desbocado, la deuda creciente y la consolidación de un modelo productivo insostenible y generador de grandes desigualdades, lo primero que se necesita es realismo. Y eso es justo lo contrario de lo que tienen los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

A pesar de que otros organismos económicos y especialistas se han encargado de mostrar que las previsiones de las que parten son completamente inviables, el gobierno se ha empeñado en disimular la realidad para poder cuadrar engañosamente las cuentas.

En el cuadro macroeconómico que sirve de referencia para elaborarlos se infla el crecimiento del PIB previsto para 2013 a fin de que así se puedan registrar ingresos públicos mayores pero es seguro que su evolución será bastante peor que la anticipada por el Ejecutivo. El consumo privado disminuirá más de lo previsto debido a los recortes que el propio gobierno realiza, al igual que la inversión privada, que se resentirá por la disminución del impulso público, y es también muy improbable que las importaciones caigan tan poco como estima el gobierno o que las exportaciones, por el contrario, crezcan tanto como prevé.

Lo que plantea el gobierno en el escenario general de estos Presupuestos es una quimera porque no se puede hacer una cosa (recortar el gasto agregado mediante las políticas de austeridad) y esperar que ocurra un efecto de la acción contraria (que la economía se recupere como consecuencia del estímulo que proporcionarían unos presupuestos expansivos).

La realidad de las cosas es que con los ingresos y gastos públicos previstos para 2013 la economía española va a hundirse aún más en la recesión y, por tanto, a generar más desempleo y menor actividad productiva.

La segunda razón que lleva a pensar que estos Presupuestos no van a  corregir la situación en la que estamos es que, lejos de enfrentarse al crecimiento de la deuda, suponen un incremento aún más extraordinario de principal e intereses que nos acerca todavía más al abismo. En ellos se prevé desembolsar casi 40.000 millones de euros (una cifra que podría aumentar si las condiciones empeorasen en los mercados, lo que nunca se puede descartar) solo en intereses y realizar una emisión bruta de 207.173 millones de euros. Esto es, que vamos a seguir emitiendo deuda a mansalva para pagar la deuda que tuvimos que emitir para pagar la deuda que emitimos para pagar la deuda…, y así sucesivamente, como consecuencia de habernos tenido que financiar en los mercados privados, que la engordan constantemente, dada la ausencia de un auténtico banco central en la eurozona.

Y así, sometiendo a la economía entera a la esclavitud de los intereses bancarios, es imposible que el Estado pueda utilizar sus Presupuestos para generar condiciones que permitan a las empresas crear empleo y para dinamizar la actividad productiva desde el sector público.

La tercera razón tiene que ver con la nueva renuncia del PP a abordar la reforma fiscal profunda y equitativa que permita luchar definitivamente contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Nuestros ingresos impositivos siguen muy por debajo de la media europea y en ninguna ley natural puede estar escrito que nuestros sujetos económicos con más renta y patrimonio tengan que actuar con mayores privilegios que los del entorno más próximo, de modo que la protección que una vez más les proporciona el ejecutivo del Partido Popular, además de injusta, solo contribuye a debilitar las posibilidades de actuación del Estado de cara a la recuperación.

Es verdad que los Presupuestos contemplan algunas medidas parciales que pueden considerarse positivas en ese aspecto, encaminadas a reforzar la recaudación en Sociedades e IRPF, o el gravamen de los premios de las loterías, pero lo relevante es que se mantienen tal cúmulo de beneficios fiscales y de vías de escape que el avance es casi insignificante, teniendo en cuenta la situación partida: siendo el 30% el tipo oficial del impuesto para grandes compañías y el 25% para las pymes, el tipo efectivo medio sobre su beneficio contable que pagaron las empresas españolas en 2011 fue el 11,6%.

La cuarta razón que me lleva a descalificar estos Presupuestos como instrumento válido para la recuperación y regeneración de nuestra economía es que la política de gasto que contemplan, además de ser profundamente antisocial porque la pagan en mayor medida las clases de menos renta y los grupos de por sí más desfavorecidos, es económicamente paralizante y letal.

Por un lado, el recorte general va a producir un efecto multiplicador negativo en la renta, lo que en román paladino significa que se traduce en una caída aún mayor en los ingresos, de modo que, a la postre, la pretendida austeridad será inútil para reducir el déficit y el montante de la deuda.

Ese efecto se verá agravado a medio y largo plazo (y por tanto retrasará aún más la recuperación) por el hecho de que afecta a actividades que son decisivas para la generación de la renta: las infraestructuras, la investigación, la formación, la transferencia del conocimiento y, en general, el capital social que necesitan las empresas para poder crear valor y empleo, y los trabajadores y emprendedores para contribuir a ello. Y, para colmo, porque dedica una gran suma de recursos, que serían preciosos para la actividad empresarial y productiva, a seguir lavando la cara a las entidades financieras que han provocado la crisis.

En definitivas cuentas, los Presupuestos para 2013 no solo son irreales sino que además son procíclicos, lo que significa que van a producir un empeoramiento de la situación. No solo no proporcionan la financiación y la demanda que es lo que básicamente necesita la economía, es decir, más recursos y más ingreso traducible en gasto que recupere la actividad empresarial y el empleo, sino que los recortan. En ningún lado contienen los incentivos que pudieran permitir que los sujetos económicos pongan en marcha nuevos tipos de actividades o una pauta de distribución más proclive al desarrollo productivo integral y sostenible. Y nos siguen esclavizando con una deuda creciente que ya es materialmente impagable.

Para salir de la situación en la que estamos no sirve hacer juegos malabares con las cuentas del Estado, no basta con que el ministro de hacienda se convierta en un trilero que miente a sus compatriotas mientras engaña a Bruselas con los  números. Hay que mirar cara a cara a los problemas, a los privilegios y a los privilegiados que nos han llevado a donde estamos, a la deuda pública que resulta de un diseño inmoral de la zona euro para que los bancos ganen cada vez más dinero y cuyo componente ilegítimo hay que denunciar y dejar de pagar. Hay que poner en marcha urgentemente vías de financiación a las empresas y los hogares, nacionalizando lo que sea necesario, porque se trata de suministrar un servicio público esencial para la vida económica que ahora falta y que seguirá faltando durante mucho tiempo si se mantiene el actual status quo que solo beneficia a los grandes bancos. Y hay que recuperar la actividad productiva reforzando el mercado interno para ganar el exterior, y no como vienen haciendo las grandes empresas, haciéndose fuertes fuera destruyendo la actividad interna. Lo que posiblemente no sea posible sin contar con una moneda complementaria al euro en el ámbito interno, para poder facilitar que las empresas y los consumidores recobren la actividad cuando no se va a disponer de financiación externa.

Demasiado poderosos para ir a la cárcel (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Sistema Digital el 13 de diciembre de 2012

Cuando se comprobó que el comportamiento irresponsable de las entidades bancarias más grandes del mundo fue lo que provocó su quiebra y la crisis que ésta llevó consigo, lo lógico hubiese sido dejar que se hundieran y salvar el sistema financiero para que la economía productiva saliera adelante. Sin embargo, los gobiernos hicieron suyos los intereses de los banqueros y los salvaron a ellos, con la excusa de que esos bancos eran demasiado grandes para dejarlos caer.

Con el paso del tiempo se ha podido comprobar que se trataba no solo de un principio fatal para la recuperación económica (porque al salvar a los bancos responsables de la crisis y no al sistema financiero la economía sigue sin disponer de los recursos que necesita) sino también que estaba mal formulado.

Lo cierto no es que los grandes bancos que han provocado la crisis sean demasiado grandes para dejarlos caer sino que los banqueros son demasiado poderosos como para ir a la cárcel.

No pasa una semana sin que tengamos alguna noticia de crímenes financieros cometidos por los bancos o de la impunidad con que siguen actuando sus responsables.

Hace unos días se ha sabido que las mismas autoridades de Estados Unidos que descubrieron que el banco HSBC había permitido que presuntos terroristas y traficantes de drogas usaran sus cuentas para mover dinero han desistido de llegar al fondo para condenarlo en firme.

De nuevo con la excusa de que su condena podría poner en peligro todo el sistema financiero la Justicia estadounidense se ha limitado a aceptar un acuerdo por el cual el banco pagará una multa de 1.900 millones de dólares.

Es la misma estrategia que ya se siguió en 2010 con Goldman Sachs o con otros bancos en otras ocasiones, imponer multas que los medios de comunicación divulgan como si fueran gigantescas pero que en realidad son migajas de sus beneficios para las grandes entidades. La de HSBC equivale a los obtenidos en menos de mes y medio de 2011 (obtuvo 16.800 millones de dólares de beneficio en todo el año), y la de Goldman Sachs (550 millones de dólares) representó en 2010 el 15% del beneficio o el 3% de las primas distribuidas en 2009.

Como hemos comentado con más detalle Vicenç Navarro y yo en Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa 2012), diversas investigaciones han puesto rigurosamente de manifiesto que HSCB no ha sido el único banco que ha servido conscientemente para movilizar dinero criminal entre Mejico y Estados Unidos. Más o menos lo mismo han hecho otros como Citigroup, Bank of America o Banco de Santander, además de Wachovia o Wells Fargo, por citar a los más conocidos o reincidentes (Michael Smith, Banks Financing Mexico Gangs Admitted in Wells Fargo Deal). Pero ninguno de sus propietarios o grandes directivos ha terminado en la cárcel por haberlo hecho.

Como tampoco han sido perseguidos seriamente ni condenados en otros lugares en donde han llevado a cabo las mismas actividades o donde han cometido las estafas que dieron lugar a la crisis.

En nuestro país, las sentencias que dan la razón a los clientes frente a los bancos en los casos de contratación fraudulenta de swaps y otros productos semejantes van ya por 1.062, al día de hoy y según la web de la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros. Es solo una de las estafas, a las que se podría añadir la de las preferentes o las muchas irregularidades que han cometido los bancos en los últimos años (una relación de ellas en mi artículo Banqueros contra la justicia y la democracia publicado en esta misma web).

¿No son suficientes más de 1000 sentencias condenatorias para que los poderes públicos asuman que lo que realmente hay detrás de eso es un fraude organizado, una auténtica pandemia de estafas y engaños que se han traducido en perjuicios gravísimos a millones de españoles? ¿Cómo es que no se investiga la responsabilidad última de quien planificó semejante expolio, cómo es que no se piden cuentas a los dueños y grandes directivos que se lucraron mediante esas estafas y cómo es que no están pagando en la cárcel el daño tan grande que han hecho a la economía española, destruyendo la riqueza de tantos empresarios y familias? ¿cómo es que no han sido investigados los directivos del Banco de España que lo consintieron, los jueces y fiscales que no los han perseguido, o los gobernantes que los han amparado?

La impunidad con que vienen actuando los banqueros es una manifestación palpable de los males gravísimos que afectan a nuestra sociedad.

Hace que la economía se resiente porque dejar en libertad a quienes han actuado como los banqueros implica dar por buenos comportamientos que son destructivos, y por tanto incompatibles con cualquier modo de generación de riqueza, además de producir incentivos perversos: si no hay castigo ¿qué problema hay en repetir lo que se ha venido haciendo?

La impunidad con que actúan los banqueros también debilita la democracia, o mejor dicho, indica qué escasa y falseada es la que tenemos, porque la democracia real es incompatible con la total ausencia de rendición de cuentas con que vienen actuando no solo los responsables de la banca sino la clase política que los protege. Y, por supuesto, echa por tierra la confianza en instituciones básicas para la convivencia ¿Cómo creer en un poder judicial que justo cuando va a llegar al Supremo el caso de las preferentes elige como nuevo magistrado de la Sala que habrá de atenderlo a un asesor jurídico de la banca que las ha colocado a sus clientes y que está siendo condenada por ello? ¿y cómo no repudiar a los gobiernos que indultan a los pocos que eventualmente son condenados?

Es evidente que si los banqueros pueden eludir la justicia prácticamente en todo el mundo es por el enorme poder político que han acumulado y que les permite corromper a gobernantes, jueces y responsables de medios de comunicación en un proceso de desmantelamiento progresivo de la democracia y de los poderes representativos. Gracias a ello no van a la cárcel pero esa es justamente la razón para que quienes de verdad quieran salvar las democracias empiecen antes que nada por perseguir los crímenes de los banqueros y hacerles pagar por ellos, en lugar de darles cada día más dinero y privilegios.

A la patronal se le ve el plumero (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Público.es el 4 de diciembre de 2012

La detención del anterior presidente de la patronal española, acusado ahora de blanqueo de dinero, alzamiento de bienes e insolvencia punible y tras una larga serie de escándalos empresariales protagonizados incluso bajo su mandato, es un buen motivo para reflexionar sobre el papel que los empresarios y sus dirigentes patronales desempeñan en nuestra sociedad.

En cualquiera que sea el sistema económico con el que uno se identifique (capitalismo, socialismo, comunismo…) la empresa tiene una función esencial. Entendida como la organización que se dedica a la producción de bienes y servicios no tiene sustituto posible en la inmensa mayor parte de los casos que conocemos, bien sea poniéndolos a disposición del mercado, del estado, de la colectividad por cualquier otro medio, o de alguna autoridad central. Es verdad que no es la única forma de obtenerlos pero sí que resulta prácticamente insustituible a poco que los procesos de producción se hagan algo complejos.

Sin embargo, la ignorancia y el papanatismo ideológico que tanto abundan han generado una confusión muy habitual que ha hecho que la empresa, y por ende la figura del empresario (o empresaria, porque creo que cuando se habla de empresas es cada vez más necesario subrayar el papel de las mujeres) sea muy mal comprendida y mucho peor apreciada. Tantos los izquierdistas de salón como los defensores fundamentalistas del capitalismo suelen identificar erróneamente a los empresarios con los capitalistas y más concretamente con el tipo de capitalismo que impera en cada época o en cada economía. Un error manifiesto porque es obvio que puede haber empresas en donde la propiedad no sea la privada o incluso empresas puramente capitalistas en donde los valores o la forma de gestión de los recursos predominantes no esté guiada exclusivamente por la avaricia o el afán de lucro. Una confusión aciaga y que tiene mucha más trascendencia de la que pudiera parecer cuando la difunden personas de gran influencia pública.

Para crear riqueza y empleo y para proporcionar ingresos y satisfacción a los seres humanos son imprescindibles las empresas y puede ocurrir que nada de eso se consiga en la medida necesaria si unos las rechazan porque ven en ellas a su enemigo capitalista y si, al mismo tiempo, otros entienden que lo único que hay que hacer para fomentarlas es fortalecer el capitalismo y, en particular, un tipo de empresa capitalista (jerárquica, social y ambientalmente irresponsable, empobrecedora, o ineficiente por muy rentable que sea) con el que es muy difícil que la inmensa mayoría de la sociedad se sienta identificada.

Lo primero le pasa a muchos sindicalistas y líderes políticos de izquierdas, que no se dan cuenta de que entre los empresarios (por ejemplo los que ahora están realmente al borde del abismo por culpa de los bancos y de las grandes empresas) pueden tener a muchos aliados, o que si se dedicaran a promover la creación de empresas de otro tipo (cooperativas, sociedades laborales, autogestionadas, etc.) avanzarían mucho más aceleradamente hacia la sociedad alternativa a la que aspiran.

Lo segundo es lo que creo que le viene pasando a la patronal española en los últimos años. Ha estado y está dominada por personas cuya trayectoria no ha sido precisamente la que podría servir a la sociedad como referencia de la excelencia, el riesgo y el buen hacer productivo de un empresario ejemplar. Y no me refiero solo a sus presidentes sino a los más de 35.000 liberados (por cierto, casi 8,5 veces más de los que tienen los sindicatos) que mantienen las diferentes organizaciones patronales.

El caso de Gerardo Díaz Ferrán es una muestra paradigmática de ello. Es decir, de que la patronal española refleja a un tipo carpetovetónico de empresario que tiene muy poco que ver con el que de verdad crea riqueza y con el que sería necesario promover para lograr que en nuestro país nos liberásemos alguna vez de la mentalidad dependiente y del terrible “¡que inventen ellos!”.

Ferrán y tantos otros empresarios instalados en la cúpula del poder empresarial, son en realidad buscadores de rentas que defienden el mercado cuando hablan ante los micrófonos pero que solo saben ganar dinero aliándose con la clase política más corrupta y que solo compiten a la hora de dar comisiones. Son los que piden austeridad a los demás pero que inflan las cuentas del Estado cuando se quedan con contratos públicos gracias a los políticos a los que han comprado. Son los que dicen que los servicios públicos son insostenibles mientras se llevan a espuertas el dinero que han ganado a costa de su militancia política a paraísos fiscales para no pagar impuestos.

Los líderes de la patronal que no tienen en la boca propuestas distintas a reducir salarios, como Díaz Ferrán, son en realidad enterradores de empresas y no verdaderos líderes empresariales. Con tal de sacarle las castañas del fuego a las grandes compañías de quienes reciben votos, favores y dinero a mansalva, vienen defendiendo políticas económicas que han arruinado a miles de pequeños y medianos empresarios que son los que realmente crean empleo porque la desigualdad a la que dan lugar arruina sus mercados y destruye sus clientelas.

¿Cuándo hemos oído a un dirigente empresarial español reclamar a sus colegas que hay que investigar más, que hay que ser creativos y producir con calidad, que la asunción del riesgo y la innovación es lo que distingue a una buena empresa y no el número de pelotazos conseguido o el número de despidos, y que no basta con bajar sueldos para ser competitivos?

Los dirigentes de la patronal española están continuamente diciendo que tiene que haber más empresarios y critican que los jóvenes no quieran serlo.

Yo estoy completamente de acuerdo con esa demanda aunque entiendo perfectamente por qué no hay más empresarios y empresarias en España. De hecho, lo hablo a menudo con los jóvenes a quienes enseño en la universidad o con los que trato en otros lugares.

A mi juicio hay dos grandes problemas que lo impiden. El primero es que no hay capital suficiente. Los dirigentes de la patronal olvidan a menudo que para que haya empresarios no basta con que existan herederos. Es imprescindible que haya dinero, aunque no sea lo único que hace triunfar un proyecto empresarial, y eso no es lo que se consigue precisamente con las políticas que defienden. Pero también otro tipo de capital muy importante: social, cultural, relacional, también buena educación, formación adecuada, ingenio en el ambiente social. Y resulta que la política que viene defendiendo la patronal española destruye este capital. Se dedica solo a privilegiar el que ya dispone una ínfima parte de la población o a financiar medios de comunicación y centros de estudio como negocio que adocenan, desmotivan y maleducan. Y, como en estos últimos años, a proporcionar dinero fácil a base de especular y de estafarse unos a otros.

El segundo problema es también determinante. Mientras que los líderes de la patronal se presenten a la sociedad como cancerberos de la derecha, como escuderos de los proyectos políticos más reaccionarios y conservadores, o mientras sean simples delincuentes, como en el caso de Ferrán, mientras a los líderes de la patronal se les vea tanto el plumero político ¿cómo vamos a pedir que haya más empresarios entre todo tipo de jóvenes o entre personas honestas de todas las tendencias?

OCDE: los maestros del error vuelven a pontificar (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Público.es el 30de noviembre d 2012

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) acaba de presentar su nuevo informe sobre la economía española en el que hace previsiones sobre nuestro futuro inmediato y presenta propuestas, según dice, para salir de la crisis.

Las previsiones vienen a echar un jarro de agua fría sobre el gobierno puesto que prevé que no se van a cumplir las más optimistas con las que elaboró sus presupuestos y que la recesión va a ser más dura y prolongada de lo que nos quieren hacer creer Don Mariano y sus ministros, algunos de los cuales incluso afirman que ven signos de recuperación en un horizonte cercano.

Sobre los datos concretos que ofrece ahora la OCDE no vale la pena detenerse. Es, junto al Fondo Monetario Internacional, el organismo que menos acierta a la hora de hacer previsiones así que sea lo que sea lo que ahora prevé, con toda seguridad será equivocado, como le ocurre prácticamente siempre.

Es normal. Los informes que realiza no están destinados a proporcionar un análisis riguroso y veraz de la realidad que ayude a los gobiernos a tomar decisiones correctas.

Estos organismos son la punta de lanza con que se abren paso los intereses de las grandes potencias y, particularmente de los grandes grupos financieros y empresariales de todo el mundo. Y por eso que las predicciones y datos que proporcionan en sus informes estén orientados en realidad a crear un clima de opinión que favorezca la posterior adopción de las medidas liberales que apoyan y ayudan a imponer.

Solo así se puede explicar la acumulación de tanto error de predicción, de tantas equivocaciones, el cúmulo tan grande de fiascos que contienen sus informes.

En el FMI o en la OCDE trabajan los analistas quizá mejor pagados del mundo institucional, los que disponen de mejores medios de análisis. Y, sin embargo, son los que más se equivocan a la hora no ya de señalar lo que puede ocurrir en el futuro, sino incluso cuando se trata de reflejar lo que sucede en el momento presente.

Se podría decir que la OCDE y el FMI son maestros consumados del error pero lo curioso es que eso no les amilana y periódicamente presenten a la opinión pública mundial sus informes como si fuesen la voz de unos dioses que lo saben todo y que tienen la fortuna de poder decir al común de los mortales lo que mejor les conviene y lo que deben de hacer inexcusablemente.

Mejor, pues, no hacer caso de los números y escenarios que presentan. Prácticamente no han acertado nunca y no cabe pensar que ahora se vaya a dar el milagro que les permita dar en el clavo.

Hablan de un futuro inmediato muy deteriorado para provocar la paralización que siempre produce el miedo y para crear así el ambiente que asuma como irremediable las propuestas sesgadas y solo favorables a los grupos oligárquicos que realizan.

La prueba de ello es que -salvo algunas medidas concretas que la OCDE sabe perfectamente que no se van a adoptar, como la eliminación de las ayudas fiscales a las pensiones privadas- lo que ahora vuelve a proponer en el nuevo informe son prácticamente las medidas que a lo largo de los últimos años han ido promoviendo y que han ido creando las condiciones para que la crisis se desencadenase con inusitada virulencia, sobre todo, haciendo que aumente extraordinariamente la desigualdad.

En el ámbito que titula como Políticas laborales y de mercados las “soluciones” que ofrece son las mismas de siempre, las que reclamaba antes de la crisis, las que dice que son las oportunas haya un roto o un descosido: disminución de salarios sociales, limitación del poder de negociación de los trabajadores acabando con la extensión legal de los acuerdos de negociación colectiva de nivel superior, reducir el coste del despido y, en suma, insistir en la flexibilización de las relaciones laborales. Una estrategia que incluso investigaciones de la propia OCDE han mostrado que no son determinantes de la mejora del mercado laboral y de los niveles de empleo.

Por otro lado, en el campo de las que llama Políticas para estabilizar la economía y apuntalar el sector bancario, no se puede decir que esté fino este informe de la OCDE.

Quienes lo han redactado no tienen más remedio que reconocer que las medidas de austeridad van a suponer un recorte muy grande de la capacidad de crear actividad y empleo y que, por tanto, ni van a poder aliviar el problema de la deuda ni van a proporcionar estabilidad o crecimiento en los próximos tiempos. Pero, al mismo tiempo, el informe no renuncia a la querencia neoliberal y establece que el gobierno debe mantener el objetivo de reducir el déficit y que, por tanto, hay que seguir adoptando medidas de consolidación fiscal. O sea que no es bueno, pero que hay que hacerlo.

Y respecto a la situación del sistema financiero, la OCDE se limita a recurrir al mismo y único recurso de quienes simplemente se están dedicando a modificar las condiciones de mercado con el principal objetivo de que los grandes bancos se queden con el mayor porcentaje posible del mercado: el latiguillo de que si se hace lo que ellos dicen volverá fluir el crédito. Lo mismo que se viene diciendo desde la primera reforma financiera de las característica propuestas por la OCDE, y justamente lo contrario de lo que ha ocurrido en la realidad.

En materia fiscal, a la OCDE se le ocurre que lo prioritario es crear una autoridad fiscal independiente para imponer el cumplimiento de la política de estabilidad y austeridad. Pero sin poner sobre la mesa posibles fórmulas que pudieran recaudar de forma más equitativa y eficiente.

La misma perorata de siempre: más mercado, más libertad para los de arriba, mayor concentración de capitales y más indiferencia ante la desigualdad, ante la falta de incentivos para poner en marcha actividades productivas. Y ello, a pesar de que tenemos mucho más que indicios que demuestran que allí donde se han impuesto medidas de este tipo, las economías se han deteriorado en mayor medida.

El fundamentalismo ideológico de la OCDE no da para mucho más. Ni una sola medida para restaurar la demanda a gran escala, que es lo que se necesita; ni un solo procedimiento (que no sea el milagro que venden los ministros) para restaurar con urgencia la financiación a empresas y consumidores; ni una palabra sobre cómo cambiar la especialización perversa de nuestra economía; silencio sobre el fraude fiscal, sobre la fuga de capitales, y sobre el papel de la banca en la crisis que hace tan difícil confiar en ella misma para salir adelante.

Tampoco ofrece la OCDE un análisis riguroso de cómo ha crecido la deuda en los últimos años como consecuencia de no disponer de financiación del banco central o de las reformas estructurales que la propia OCDE promovió.

El informe de la OCDE es más de los mismo. Y más de lo mismo significa avanzar por el camino (propuesto igualmente por la OCDE) que nos ha llevado a donde estamos, es decir, al desastre.

El auténtico problema de la banca (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Sistema Digital el 29 de noviembre de 2012

Después de varios años de crisis, y a pesar de que se trate siempre de ocultar sus responsabilidades, me parece que la inmensa mayoría de la gente sabe que sus causantes más directos han sido los banqueros. Gracias a su enorme poder político fueron imponiendo en los últimos treinta años condiciones muy favorables para su negocio, pero que al mismo tiempo generaban los peligros que traían consigo su autodestrucción. A lo largo de los años cincuenta, sesenta y setenta se habían acumulado grandes volúmenes de liquidez (por la existencia de dólares “sobrantes” que dejaban de ser tan atractivos como años antes, cuando las demás monedas estaban muy debilitadas; por las enormes ganancias de las multinacionales; o por la gran circulación de petrodólares).

Tanta liquidez en manos de los bancos les llevaba a proporcionar créditos por todo el mundo, aunque para eso tuvieran que corromper a Gobiernos y empresarios para hacerlos deudores, aunque no los necesitaran. Y así se larvó lo que luego, cuando subieron los tipos de interés, sería una gigantesca explosión de la deuda.
Cuando se generalizaron las nuevas tecnologías de la información, la situación cambió: entonces ya se podía mover el dinero de un lugar a otro sin apenas dificultad y obteniendo grandes beneficios. Eso llevó a los banqueros a reclamar y a conseguir que se eliminara cualquier tipo de barrera a los movimientos de capitales y que cambiaran las leyes que hasta entonces vigilaban el destino de los recursos financieros, para evitar el peligro que siempre lleva consigo su volatilidad.
Cuando comenzaron a comprobar que en los nuevos flujos financieros se podía invertir a gran velocidad (hoy día a 250.000 dólares por segundo), la inversión especulativa se incentivó extraordinariamente y los bancos se dedicaron a destinar los recursos de los ahorradores a esos fines, en lugar de aplicarlos a la actividad productiva, mucho menos rentable.

Con una legislación cada vez más laxa, con autoridades que los banqueros conseguían que miraran siempre a otro lado y con un ansia ilimitada de ganar cada vez más dinero, los bancos creaban continuamente nuevos productos financieros cada vez más sofisticados y rentables (aunque también peligrosos), muchos de ellos envueltos en engaños y fraudes de mil tipos (como las hipotecas basura, las preferentes, los ‘swaps’, etc., que terminaron arruinando a millones de personas).
Y para ampliar continuamente el negocio multiplicaban la deuda, lo que permitía que la especulación financiera se alimentase a sí misma, a costa, claro está, de un apalancamiento financiero elevadísimo de las empresas y de las familias de mayores ingresos.

Así se fue creando la burbuja que todos conocemos y que descapitalizó prácticamente por completo a la banca internacional, dejándola de facto en situación de máxima insolvencia o de quiebra.

Aunque casi todo el mundo reconoce que esto es lo que ha sucedido, las interpretaciones del por qué ha podido ocurrir algo así son muy diversas. Los liberales afirman que la culpa es de los bancos centrales y de los Gobiernos que dejaron hacer. Y la verdad es que no les falta algo de razón, aunque olvidan que los Estados y Gobiernos no son entes abstractos, sino que reflejan el poder dominante en la sociedad y que lo que han hecho en realidad ha sido servir de instrumentos a los banqueros. La mayoría de las personas, por el contrario, piensa que han sido los bancos los auténticos culpables de todo ello, pero lo suelen achacar a la avaricia, a su gran irresponsabilidad y a la impunidad con que han podido cometer auténticos crímenes financieros. También es una explicación razonable pero igualmente limitada.

En mi opinión, la causa última de todo lo que ha ocurrido está en otro factor al que apenas se hace referencia: el privilegio que tiene la banca privada para crear dinero gracias al llamado ‘sistema de reservas fraccionarias’ (Vicenç Navarro y yo hemos explicado claramente la naturaleza y las consecuencias de este sistema en nuestro libro Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero. Espasa, Madrid 2012).

La gente normal y corriente suele creer que el dinero lo crea el Estado pero eso no es así. Hoy día, los Estados, a través de los bancos centrales, no crean sino más o menos un 5% del total del dinero que circula en la economía. Prácticamente todo el resto lo crean los bancos. Y lo crean de la nada, cada vez que dan un crédito.
Y puesto que dar créditos a partir de la nada les proporciona beneficio y poder, es lógico que su interés principal y constante sea el de aumentar sin cesar su volumen, haciendo así que crezca indefinidamente la deuda global de las economías.

Ese privilegio, llevado al extremo en los últimos treinta años y ejercido en un contexto de casi total ausencia de supervisión, con plena libertad de movimientos de capital y con inmenso poder político, es lo que ha llevado a la situación en la que nos encontramos.

Es verdad que la creación de dinero por los bancos viene de lejos. Pero se producía en mucha menor medida y sin estar vinculada la difusión de productos financieros tan peligrosos como los actuales derivados financieros. Cuando comenzó a darse, allá por el siglo XVII y hasta mucho después, los bancos reservaban más o menos la mitad de los depósitos y prestaban con el resto, lo que les permitía crear dinero en dos veces más cantidad que sus depósitos. Pero en los últimos años los grandes bancos globales como Goldman Sach, JP Morgan, Citigroup o Bank of America han venido manteniendo un ‘coeficiente de reservas’ del 0,5%, lo que permite crear 200 veces más dinero del que se tiene en depósito. E incluso alguno de ellos ha mantenido en los años de plena burbuja un coeficiente del 0,001%, lo que quiere decir que creaban 1.000 millones de dólares por cada millón en depósito.

Este sistema de reservas fraccionarias es lo que genera el combustible con el que periódicamente arde el sistema financiero en crisis cíclicas y el que alimenta las burbujas y la destrucción de actividad productiva, el que ha convertido a la economía mundial en un gran casino, donde los productos derivados que crean los bancos a base de deuda tienen ya un valor casi 70 veces mayor que el del PIB mundial. Una barbaridad que amenaza y que puede destruir el orden económico y social del planeta.

Tanto es así, que incluso el propio Fondo Monetario Internacional está dando alas a la difusión de análisis y propuestas alternativas orientadas a poner fin o a limitar este privilegio. La mayoría de ellas tiene ya un largo recorrido en la literatura económica, pero han sido convenientemente sepultadas por los economistas del ‘establishment’.

Una de las más recientes es la que han hecho Jaromir Benes y Michael Kumhof en su texto The Chicago Plan Revisited (IMF Working Paper. Research Departmen. versión en ‘pdf’ en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf). En su trabajo retoman las propuestas que se hicieron en los años treinta del pasado siglo para lograr que los bancos actuaran manteniendo un 100% de sus depósitos. Un procedimiento que, en opinión Irving Fisher, permitiría cuatro cosas principales: evitar las quiebras bancarias, tener un mayor control del ciclo del crédito y, por tanto, también del económico general; que la creación de dinero no estuviese vinculada a la generación de deuda privada; y, por último, que los gobiernos se pudiesen financiar a coste cero, lo que disminuiría extraordinariamente el peso de las deuda pública.

No hay que ser un lince para darse cuenta de que, con estas propuestas y otras similares, tenemos a nuestro alcance acabar con la esclavitud y sinrazón que nos obliga a soportar crisis continuas y cada vez más deuda sin necesidad.

A muchas personas, e incluso a economistas inteligentes, les asusta ponerlas sobre la mesa, porque no se hacen a la idea de que pueda haber una sociedad sin los bancos tal y como hoy los conocemos. Lo sorprendente es que no se planteen que mantener mucho tiempo a los bancos actuales implica que desaparezcan empresas, escuelas, universidades, centros de investigación u hospitales. A mí me resulta muy claro qué es lo peor.

La desvergüenza de la banca española (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Público.es el 23 de noviembre de 2012

Las declaraciones del portavoz de la banca española (y antiguo subgobernador del Banco de España, por cierto) con motivo de las normas recién aprobadas por el gobierno sobre desahucios muestran que los banqueros españoles están perdiendo ya los niveles mínimos de responsabilidad, decencia y vergüenza.

Jueces y expertos y, por supuesto, las personas y familias afectadas, han puesto de relieve que se trata de una reforma muy tímida y que de ninguna manera va a evitar la inmensa mayoría de los desahucios tan injustos e inhumanos que se vienen produciendo, además de ser muy beneficiosa para la banca: los supuestos que contempla son muy restrictivos y ni siquiera todos los de gran necesidad, no tiene carácter retroactivo, solo se refiere a los expedientes promovidos por la banca, y permite que se sigan acumulando intereses cuando se suspendan temporalmente, lo que evita que los bancos pierdan dinero y que tengan que cargar ahora con viviendas de difícil salida al mercado en estos momentos. Pero, a pesar de ello, los banqueros dicen que es muy negativa, que “pone en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario” porque puede hacer que la gente deje de pagar caprichosamente las hipotecas, e incluso que se puede cerrar el grifo del crédito se si aprueba.

Parece mentira que los españoles tengamos que oír esto de la banca, como si fuésemos estúpidos. Si nuestros bancos y banqueros se jactan de ser los mejores del mundo, ¿qué es lo que explica entonces que aquí tenga que haber condiciones hipotecarias (y en general bancarias) más asimétricas que en los demás países de nuestro entorno? ¿Por qué la banca española no puede operar en las mismas condiciones que la francesa, la alemana, la inglesa o la de Estados Unidos, si en esos países compite en igualdad de condiciones con otros bancos? ¿Qué tipo de razón financiera es la que justifica que aquí haya pervivido una legislación casi decimonónica tan favorable a ellos? ¿Son razones económicas, de eficiencia financiera y de mercado, o sencillamente que los banqueros han tenido aquí más poder que en otros lugares y que se han podido hacer fuertes en sus privilegios, entre otras cosas, porque fueron el soporte principal de la dictadura fascista de Franco?

Si tuvieran vergüenza, los banqueros hablarían claro y dirían que si se oponen a esta reforma es simplemente porque quieren seguir teniendo los privilegios de siempre que les hacen estar entre los bancos con más rentables del mundo sin ser los que mejor financian y tener un poder político y social mucho mayor que en casi todos los demás países.

Y es igualmente desvergonzado que los banqueros aludan, aunque formalmente no utilicen esta expresión, al llamado riesgo moral que en su opinión conlleva la reforma. Es decir, que afirmen que crea un incentivo que puede permitir que los individuos trasladen su responsabilidad hipotecaria a los bancos, convirtiéndose voluntariamente en malos pagadores, como si la gente estuviera deseosa de perder sus viviendas caprichosamente.

Parece mentira que sean los banqueros los que digan eso cuando son precisamente los bancos los que deben el dinero que ha puesto a la economía española a los pies de los caballos por su gestión avariciosa e irresponsable y lo que ha provocado que tengamos que ser rescatados, haciendo que el conjunto de los españoles tengamos que asumir su deuda con los bancos extranjeros. Son los banqueros y no las familias ni los pequeños y medianos empresarios los que se han aprovechado de la información privilegiada que tienen para trasladar sus responsabilidad a los demás, encareciendo artificialmente la financiación, haciéndola más difícil de obtener, y provocando una rémora inmensa a la actividad productiva en nuestro país.

El auténtico y más negativo riesgo moral que puede influir sobre nuestra economía es el que está haciendo que los propietarios y directivos de las entidades financieras que la han hundido, que han volatilizado el dinero de sus clientes en operaciones especulativas muy arriesgadas, que han estafado a miles de clientes y que les hacen pagar comisiones y gastos muy por encima de los habituales en otros países de alrededor, se vayan de rositas y no den cuenta ante la justicia de los daños que han producido.

El mal ejemplo para millones de españoles es comprobar que los banqueros que han cometido delitos son indultados graciosamente cuando son condenados, y que esto último sea algo excepcional porque los fiscales y los jueces raramente actúan contra ellos, como demuestran tanto casos de crisis y quiebras bancarias que se han saldado con costes enormes para los contribuyentes y aire fresco para quienes las han provocado.

Lo que paraliza a la economía y destroza a las empresas que crean riqueza es que los banqueros utilicen su poder para echar por alto la imprescindible financiación de la actividad económica al convertir el negocio bancario en el motor que alimenta las burbujas, la especulación, la evasión fiscal, la fuga de capitales a los paraísos fiscales y los negocios más sucios que existen. O que hoy día estén ganando miles de millones generando más deuda para todos los españoles a base de recoger dinero barato del Banco Central Europeo y de rentabilizarlo comprando los bonos que luego le permiten ofrecer condiciones inmejorables a los grandes poseedores de liquidez, y todo ello racionando la financiación que necesitan urgentemente las empresas.

Y lo que es una barbaridad y nos lleva al desastre no es que se tomen medidas de justicia elemental para proteger a los débiles frente a los poderosos, como dicen los banqueros, sino que éstos utilicen su poder para seguir tratando de imponer un modelo productivo caótico, depredador e insostenible. El portavoz de la banca lo ha dicho claro: “hay que dar más créditos y crear más casas”. Eso es lo que se le ocurre proponer a los banqueros en un país en donde hay casi cinco millones de viviendas vacías, urbanizaciones enteras sin utilizar consumiendo recursos naturales y energía sin cesar, y la experiencia de una burbuja que ha enriquecido a unos pocos pero que ha dejado desolada a nuestra economía llevándose por delante la posibilidad de modernizarla y de situarla en la vanguardia de las naciones. Tienen a miles de empresarios carentes de financiación, reclamando crédito urgente y asequible para crear empleo y riqueza y lo que quieren es destinar el dinero a mover otra vez cemento y a dar pelotazos a base de corrupción y barbaridades urbanísticas. Están locos y esto es la mejor prueba de que hay que combatir la irresponsabilidad y la desastrosa gestión de los recursos que hacen nuestros banqueros.

Si los españoles queremos de verdad salir de esta crisis provocada por la banca no podemos seguir manteniendo el sistema financiero tal y como lo están moldeando el anterior y el actual gobierno con las reformas que han realizado. Hay que acabar con los privilegios y con el poder político y mediático de los bancos si es que no queremos que los banqueros acaben con la democracia. Es imprescindible disponer de una banca pública, bien dirigida y estrictamente controlada, que no pueda financiar sino a las empresas y consumidores que lo necesiten para hacer que crezca la generación de riqueza y no las actividades especulativas. Una banca firmemente asentada en principios éticos (y no, como quería el gobierno en “buenas prácticas” de asunción voluntaria), y en un compromiso radical con el desarrollo económico y social y con el equilibrio medioambiental, lo que significa, sobre todo, que no se puede dedicar, como hacen los bancos actuales, a financiar la corrupción, modelos productivos insostenibles y la creación constante y artificial de deuda.

¿En qué piensan los policías cuando nos pegan? (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en El Observador el 20 de noviembre de 2012

Cuando tuve que empezar a correr delante de los grises, algo que ya no me puedo permitir, esa es la verdad, ni aunque quisiera, esa era la pregunta que me hacía: ¿en qué pensarán cuando nos pegan?

Siempre he comprendido que quienes llevan generación tras generación gozando de todo tipo de privilegios los defiendan con ahínco y recurran a mil estrategias con tal de evitar que se los quiten los de abajo, aquellos a los que temen y desprecian.

Es comprensible que gasten dinero y tiempo en establecer todo tipo de barreras y defensas y que no duden en cometer, directamente o por encargo, cualquier tropelía si se ven en peligro.

También comprendo que haya personas nacidas de lo más bajo pero que a cambio de un puñado más o menos suculento de prebendas se conviertan en arqueros de quienes en realidad no tienen nada que ver con ellos, de quienes seguramente los desprecian igualmente, e incluso quizá más, porque saben que se venden y que han sido simplemente comprados. Entiendo perfectamente que haya tanto periodista, abogado, economista, político, y tanta persona de origen humilde erigida en portavoz de los intereses de los de arriba. Es patético (basta ver cualquier días las televisiones), pero me resulta humanamente comprensible: viven para tener y los de arriba son generosos cuando se trata de fortalecer las barreras y de evitar los peligros, sobre todo, porque al fin y al cabo le pagan con su propio dinero, ni siquiera tienen que renunciar al suyo, ni a su poder, que en última instancia nunca van a compartir, como tampoco los espacios más sagrados en donde los advenedizos nunca van a entrar, por mucho que sea su servilismo y su docilidad.

Todo eso lo comprendo, pero supongo que reconocerán ustedes conmigo que es mucho más difícil de comprender la conversión de quienes, para colmo, siguen sin tener donde caerse muertos, los que no levantan cabeza en toda su vida y saben que no van a levantarla ni ellos ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, ni los hijos de los que vengan detrás.

Por eso me he preguntado siempre de dónde saca la rabia un policía cuando, como el 14N en Tarragona, apalea a un menor, o cuando corre desaforado contra quienes podrían ser sus hijos o contra los que, en todo caso, tienen sus mismos problemas y reclaman los mismos derechos que ellos quisieran disfrutar, en una manifestación que simplemente reclama justicia y que se ejerzan derechos sociales reconocidos por las leyes. ¿De dónde saldrá la indignación para apalear a los manifestante si ellos tienen los mismos sueldos de miseria, si sus hijos corren igual peligro que el de quienes se manifiestan: no poder ir a buenos colegios públicos, o que sus padres o ellos mismos pierdan las pensiones o la atención sanitaria o los cuidados?

¿En qué piensan seres humanos exactamente igual que nosotros, o incluso con más problemas y miserias económicas, con menos derechos laborales posiblemente que la mayoría de la población, cuando muelen a palos a quienes reclaman que la sociedad en la que ellos también viven, como sus esposas, sus madres y padres, sus hijas e hijos, sea más justa y trate mejor a las personas que son exactamente como son ellos, los policías, gente de origen humilde, de rentas bajas, trabajadores como puedan serlo los demás, a los que, sin embargo, se enfrentan a palos?

¿En qué pensarán los policías cuando nos apalean para no darse cuenta de que los que corren delante de ellos en las calles simplemente quieren una sociedad en donde las gentes más desfavorecidas, como lo son sin duda la mayoría de los policías, vivan mejor y con más derechos y bienestar? ¿En qué pensarán para no darse cuenta de que los porrazos que pegan se los están dando también a ellos mismos, a sus familiares, a sus hijos, y que con esas porras durísimas no solo están rompiendo la cabeza de unas cuantas personas sino el futuro y la felicidad, ¡también!, de los seres a los que más quieren, por los que seguramente serían capaces de dar su vida con la mayor generosidad? ¿Y en qué estarán pensando esos policías que se infiltran, como hemos visto en tantas imágenes, para provocar ellos mismos la violencia y los altercados que justifiquen la carga contra jóvenes de su misma clase que están a su alrededor sin ánimo alguno de ser violentos?

¿En qué pensarán los policías para no darse cuenta de que los han colocado en el bando equivocado, que se están enfrentando en realidad a quienes son como ellos, que lo que hacen es el trabajo sucio de defender a porrazo limpio a los privilegiados que los obligan a malvivir y que condenan al paro, al sufrimiento y al malestar innecesario a sus seres más queridos?

Post Scriptum.

Después de haber escrito este texto, tuve noticia de una muy numerosa manifestación de policías en Madrid para luchar por sus derechos, recortados como los de tantos otros trabajadores. La contemplé con especial simpatía, y solo espero que llegue un día en que ni un solo policía levante su porra contra los que reclamamos justicia, democracia real y un futuro digno para nuestros hijos y que, de la mano de una gran mayoría social, ayuden también a conquistarlos.

¡Aquel Tratado de Maastricht! (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Sistema Digital el 16 de noviembre de 2012

Es curioso que solo muy poca gente se acuerde ahora del Tratado de Maastricht, cuando es en él donde se encuentra el origen de los problemas que tiene ahora la Unión Europea. A base de muchas mentiras se está haciendo creer a la gente que lo que le sucede a los países que sufren las mayores perturbaciones es que han realizado mucho gasto público social y que eso ha aumentado hasta niveles insoportables el peso de la deuda pública, de donde deducen la exigencia de llevar a cabo políticas de austeridad basadas en el recorte de derechos y prestaciones sociales. La realidad es otra bien distinta: lo que verdaderamente ha hecho que crezca la deuda pública (además del impacto más reciente de la crisis financiera internacional y la subsiguiente caída en los ingresos públicos) no ha sido el incremento del gasto público primario (es decir, el asociado a gastos corrientes o de inversión), sino el dedicado a pagar intereses y la deuda que ha ido siendo necesaria para afrontar la deuda anterior.

Se calcula que los Estados europeos vienen pagando a la Banca privada unos 350.000 millones de euros cada año en concepto de intereses desde que dejaron de ser financiados por sus antiguos Bancos centrales y después por el Banco Central Europeo (Jacques Holbecq y Philippe Derudder, ‘La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le syste`me?’, Ed. Yves Michel, Pari´s, 2009). Esa es, pues, la verdadera losa que ahora lastra a las economías europeas y no en el peso insoportable, como quieren hacer creer, del Estado de Bienestar. No podemos cansarnos de repetir que si los saldos primarios que ha ido teniendo el Estado español desde 1989 se hubieran financiado a un interés del 1% por un Banco central (como es lógico que hubiera sido) el peso de la deuda pública española sería ahora del 14% del PIB y no el 87% actual (Eduardo Garzón Espinosa. ‘Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública’: http://eduardogarzon.net/?p=328). Esa es la demostración palpable de que son los intereses financieros y no el gasto social el verdadero origen de la deuda, que se quiere combatir a base de recortar derechos y democracia.

Y se olvida ahora que fue el artículo 104 del Tratado de Maastricht el que consagró esa prohibición de que los Bancos centrales financiaran a los gobiernos. Una condición completamente absurda desde el punto de vista económico y financiero, que solo beneficia a la Banca privada, que así ha podido hacer un negocio de dimensiones auténticamente astronómicas: es fácil calcular que gracias a ello los Bancos europeos habrán recibido graciosamente alrededor de unos siete billones de euros desde que se ratificó el Tratado de Maastricht en concepto de intereses. Un dinero, además, que en lugar de haberse dedicado a financiar preferentemente el desarrollo productivo europeo ha sido el que ha alimentado la especulación financiera, la formación de burbujas que al estallar se han llevado por delante a economías enteras y las cuentas multimillonarias que los Bancos europeos mantienen en los paraísos fiscales o que dedican a financiar todo tipo de crímenes y delitos, el tráfico de armas, de personas, de droga o la corrupción política.

Para que eso fuese posible, el Tratado también estableció otra medida igualmente carente de fundamento científico: la independencia de los Bancos centrales que, en realidad, simplemente ha sido el procedimiento que permite que actúen con total libertad al servicio de la Banca privada. Prueba de ello es que la gestión de los Bancos centrales desde que son independientes ha sido la menos exitosa de toda su historia, pues en esta época es cuando se ha producido el mayor número de crisis financieras y los episodios más graves de inestabilidad monetaria. Aunque, eso sí, la mayor distribución de renta a favor de los poderosos gracias a la política de tipos de interés y al manejo de la cantidad de dinero circulante.

Con tal de favorecer a la Banca privada, el Tratado de Maastricht es el responsable original de que los Estados europeos estén maniatados a la hora de hacer política económica, cuyo éxito se basa inexcusablemente en la coordinación constante entre sus diferentes responsables y entre sus diferentes manifestaciones e instrumentos. Y de ahí, desde Maastricht, que sean tan impotentes para controlar lo que ahora se nos está viviendo encima.

También fue ese Tratado el que por primera vez estableció reglas igualmente absurdas de convergencia nominal, que el tiempo se ha encargado de demostrar que eran completamente inútiles para conseguir el equilibrio y la armonía que precisa una unión monetaria para funcionar correctamente y sin generar más problemas que los que resuelve. O las de estabilidad presupuestaria, tan infundadas e injustificadas desde el punto de vista científico, que han sido incumplidas en unas 140 ocasiones por los diferentes Estados. Y cuya perversión se demuestra simplemente preguntándonos en qué situación se encontrarían hoy día los países, ahora más avanzados del mundo, si hubieran estado sometidos a esas normas de estabilidad presupuestaria desde hace 100 o 150 años.

Pero el Tratado de Maastricht no solo fue decisivo por la introducción de estas ataduras económicas y privilegios que condenaron a los pueblos de Europa y a sus diferentes naciones a la situación en la que ahora nos encontramos, sino que igualmente lo fue por la forma tan antidemocrática en la que se ratificó, soslayando el debate social sobre este tipo de aspectos esenciales, o mejor dicho, ocultando a los ciudadanos sus consecuencias, e incluso haciendo trampas a la hora de aprobarlo.

Maastricht fue, por eso, la primera y más clara alerta de que los constructores y beneficiarios de la Europa neoliberal que allí se ponía en marcha no necesitaban democracia, sino todo lo contrario y que, por tanto, con el Tratado comenzaba su desmantelamiento real.

El lado positivo de Maastricht es que demuestra el origen ilegítimo que ha tenido la deuda que injustamente se hace recaer sobre los pueblos europeos. Y, por lo tanto, la primera razón para auditarla en toda Europa y repudiarla cuanto antes.

Contra los desahucios, movilización social (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Público.es el 8 de noviembre de 2012

El Partido Popular y el Socialista se han negado durante años a tomar cualquier tipo de medida para frenar la avaricia de los bancos y poner fin a uno de los hechos más vergonzosos y antisociales que vienen ocurriendo en España: los desahucios de cientos de miles de familias.

A los dirigentes de ambos partidos les viene dando igual que los mismos bancos que han provocado una crisis que los ha dejado sin ingresos o empleo impidan que millones de españoles disfruten del derecho a la vivienda que consagra nuestra Constitución. Los gobiernos de ambos partidos, el anterior de Zapatero y el actual de Rajoy, no solo han sido completamente insensibles al dolor y la tragedia que padecen tantas familias, sino que, para colmo, no han dudado nunca a la hora de enviar a la policía para defender los intereses bancarios a base de palos y palizas a quienes han tratado de defender un derecho constitucional tan elemental y humano.

Han demostrado a las claras que el afecto que dicen sentir por la Constitución tiene un límite tajante: los intereses de la banca y los privilegios de los banqueros, los amos verdaderos de unos partidos que mantienen su poder y ventaja electoral gracias a los préstamos y a las ayudas de todo tipo que con infinita generosidad les conceden desde hace años las mismas entidades que son inflexibles ante las familias sin ingresos que no pueden pagar sus hipotecas.

Sin embargo, una vez más podemos comprobar que ningún poder es invencible frente a la movilización social. Ha costado cientos de manifestaciones y de palizas, heridos y hasta muertos, pero por fin la presión social está obligando a que el gobierno ponga sobre la mesa el cambio de una legislación reaccionaria que solo viene a proteger los intereses de la banca frente a los de toda la sociedad. Porque lo que está ocurriendo es justamente eso: que la movilización y la solidaridad ciudadana obligan por fin a que el gobierno y la oposición muevan ficha y cambien una actitud que hasta ahora ha sido de completa indiferencia. Los hechos están demostrando claramente que si no se hubieran producido las protestas, las manifestaciones, las huelgas, los enfrentamientos con la policía, las denuncias y, en definitiva, la respuesta ciudadana ante una situación social injusta, los desahucios seguirían produciéndose indefinidamente dejando a muchas más familias en la calle.

Es muy importante que la gente sepa esto y sea consciente de su poder, que no crea ingenuamente que los partidos mayoritarios y el poder político han cambiado de posición y dicen estar dispuestos ahora a modificar la legislación por iniciativa propia. Solo lo hacen por efecto de la presión y la movilización social, como ha ocurrido siempre que se han producido avances favorables al bienestar y la justicia, demostrándose así la falsedad de esos discursos que constantemente nos dicen que las huelgas, los sindicatos o las protestas en la calle no sirven para nada.

Es por es razón que creo que debemos alegrarnos de que el gobierno haya anunciado por fin que está dispuesto a resolver el problema de los desahucios, porque se demuestra así la utilidad de las movilizaciones sociales y que solo con ellas se puede evitar que nos quiten nuestros derechos más elementales.

Pero precisamente porque demuestran esto es por lo que no debemos bajar la guardia. A la vista de su comportamiento previo, no cabe esperar que ni el gobierno ni el partido socialista jueguen limpio ahora y que de pronto dejen de ser esclavos de la banca que los financia. Solo podremos esperar que se den soluciones efectivas y adecuadas al drama de los desahucios si la movilización social se mantiene y se refuerza, incluso en mayor medida que antes.

Ahora es el momento de que la ciudadanía haga ver que lo que está en juego no es la adopción de cualquier tipo de chapuza legal que dé largas al asunto de fondo, sino la garantía de que todos los españoles y españolas puedan disfrutar con efectividad del derecho constitucional a la vivienda.

Por eso, ahora es el momento de seguir presionando para que no solo se tomen medidas que eviten los desahucios en el futuro sino para que se garantice que recuperen su vivienda los miles de familias que la han perdido injusta y vergonzosamente en estos últimos años.

No podemos consentir que los dos partidos mayoritarios se quieran poner ahora una medalla simplemente aflojando un poco la soga que ata a las familias más desprotegidas y humildes. Hay que exigir que se rompa para siempre con los privilegios legales que han concedido tanto poder y beneficio a la banca, no solo reconociendo la dación de pago, sino aliviando la deuda hipotecaria resultante de tasaciones artificialmente elevadas, generando un parque social de viviendas que permita el acceso a ellas de quienes no disponen de ingresos suficientes devolviendo, como he dicho, la suya a quienes la han perdido en los últimos años. No basta con que los dos grandes partidos negocien entre ellos soluciones de compromiso, seguramente buscando tan solo el beneplácito de la banca, sino que deben escuchar a las organizaciones y movimientos que han estado en la calle defendiendo a los desahuciados, para garantizar, en definitiva, que el derecho a la vivienda sea efectivo para todos.

No podemos consentir que se limiten a lavarle la cara a los bancos. Se trata, por el contrario, de obligarles a rescatar ahora a las miles de familias que estos han llevado a la ruina. Y la historia  y los hechos recientes demuestran que con la movilización social podemos conseguirlo.

¿Suicidios o crimen de Estado? (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Sistema Digital el 31 de octubre de 2012

Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.