El 98% de los ayuntamientos españoles no tomo ninguna medida contra la madera de origen ilegal, según WWF España.
La organización ecologista recuerda que han transcurrido tres años desde que la Ley de Montes demandara medidas a las Administraciones Públicas contra la compra de madera procedente de talas ilegales.
De los 341 ayuntamientos analizados, sólo seis (Barcelona, Benicarló, Gavà, Sant Boi de Llobregat, León y L'Hospitalet de Llobregat) se sitúan en la lista verde elaborada por WWF, que analiza en este trabajo las medidas que toman los consistorios españoles de más de 20.000 habitantes para evitar las compras de productos forestales de origen ilegal e insostenible. "Únicamente estas ciudades cuentan con una Política de Compra Responsable y un Plan de Acción para controlar la procedencia de los productos forestales y dar prioridad a los que estén certificados por sistemas como el FSC (Forest Stewardship Council)", subraya la ONG.
Otras 32 corporaciones locales han mostrado su compromiso, pero no han avanzado en el desarrollo de medidas concretas o en su aplicación, y el resto, 303 ayuntamientos (el 98%), ni siquiera ha tomado postura al respecto. "Estos datos son especialmente preocupantes porque existe una legislación nacional, la Ley 43 de Montes de 2003, que incorporó en 2006 la demanda de medidas a las Administraciones Públicas para evitar la compra de madera procedente de talas ilegales e insostenibles", señala Félix Romero, responsable de Bosques de WWF España.
"La madera, y sus productos derivados, son materiales ecológicos y su utilización en sectores como la construcción o la decoración los convierte en almacén de dióxido de carbono", precisa Romero. "Por ello, su uso debe ser preferente frente a materiales más contaminantes en su ciclo de vida, como plásticos y metales. Sin embargo, a su vez, es esencial comprobar el origen legal y sostenible con instrumentos como la certificación forestal FSC, que aseguran la conservación y el uso responsable de los bosques", añade.
Se estima que el 19% de la madera que importa el mercado europeo proviene de regiones donde la tala ilegal es una práctica habitual. Además, el mercado ibérico es el segundo mayor consumidor de madera tropical aserrada del mundo, por lo que "España es un país prioritario en la puesta en marcha de estas medidas", indica la organización.
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La organización ecologista recuerda que han transcurrido tres años desde que la Ley de Montes demandara medidas a las Administraciones Públicas contra la compra de madera procedente de talas ilegales.
De los 341 ayuntamientos analizados, sólo seis (Barcelona, Benicarló, Gavà, Sant Boi de Llobregat, León y L'Hospitalet de Llobregat) se sitúan en la lista verde elaborada por WWF, que analiza en este trabajo las medidas que toman los consistorios españoles de más de 20.000 habitantes para evitar las compras de productos forestales de origen ilegal e insostenible. "Únicamente estas ciudades cuentan con una Política de Compra Responsable y un Plan de Acción para controlar la procedencia de los productos forestales y dar prioridad a los que estén certificados por sistemas como el FSC (Forest Stewardship Council)", subraya la ONG.
Otras 32 corporaciones locales han mostrado su compromiso, pero no han avanzado en el desarrollo de medidas concretas o en su aplicación, y el resto, 303 ayuntamientos (el 98%), ni siquiera ha tomado postura al respecto. "Estos datos son especialmente preocupantes porque existe una legislación nacional, la Ley 43 de Montes de 2003, que incorporó en 2006 la demanda de medidas a las Administraciones Públicas para evitar la compra de madera procedente de talas ilegales e insostenibles", señala Félix Romero, responsable de Bosques de WWF España.
"La madera, y sus productos derivados, son materiales ecológicos y su utilización en sectores como la construcción o la decoración los convierte en almacén de dióxido de carbono", precisa Romero. "Por ello, su uso debe ser preferente frente a materiales más contaminantes en su ciclo de vida, como plásticos y metales. Sin embargo, a su vez, es esencial comprobar el origen legal y sostenible con instrumentos como la certificación forestal FSC, que aseguran la conservación y el uso responsable de los bosques", añade.
Se estima que el 19% de la madera que importa el mercado europeo proviene de regiones donde la tala ilegal es una práctica habitual. Además, el mercado ibérico es el segundo mayor consumidor de madera tropical aserrada del mundo, por lo que "España es un país prioritario en la puesta en marcha de estas medidas", indica la organización.
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