Una funesta costumbre del aparato judicial y su modus operandi en la generación de las leyes es ir tradicionalmente por detrás de buena parte de las necesidades ciudadanas reales y las demandas sociales que hacen hervir este gran caldero que es el mundo. Si a ello le añadimos la consuetudinaria ineptitud de los políticos, y su habitual costumbre de mirar para otro lado cuando los problemas se acercan, lograremos empezar a entender el porqué pretenden deslegitimar a nuestro país como interlocutor activo en la aplicación de la justicia universal.
Supongo que lo que buscan el PSOE y el PP es lavarse las manos con esta alianza. Curioso lugar donde se reúnen dos enemigos enfrentados para realizar un pacto, que tiene por objeto limitar la jurisdicción universal de nuestros jueces sólo a aquellos casos en que haya implicados ciudadanos españoles. El resto del mundo «no es de dios».
Así las cosas, dejarían de investigarse en España los supuestos genocidios maya, chino, tibetano y saharaui o la matanza de Gaza. Jueces, abogados, fiscales y oenegés presentaron ayer un manifiesto con 329 firmas oponiéndose al pacto. En este manifiesto se recogen los principios básicos por los que esta reforma es un paso atrás: El principio de justicia universal es conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y avance decisivo en la defensa de los Derechos Humanos. Forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares, y posibilita que estos crímenes internacionales no queden impunes.
El Derecho Internacional vigente obliga a los estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan. España, país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes, contribuyendo así a la defensa del derecho de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para una cosa que está bien, no la andéis jodiendo, hombre.
Supongo que lo que buscan el PSOE y el PP es lavarse las manos con esta alianza. Curioso lugar donde se reúnen dos enemigos enfrentados para realizar un pacto, que tiene por objeto limitar la jurisdicción universal de nuestros jueces sólo a aquellos casos en que haya implicados ciudadanos españoles. El resto del mundo «no es de dios».
Así las cosas, dejarían de investigarse en España los supuestos genocidios maya, chino, tibetano y saharaui o la matanza de Gaza. Jueces, abogados, fiscales y oenegés presentaron ayer un manifiesto con 329 firmas oponiéndose al pacto. En este manifiesto se recogen los principios básicos por los que esta reforma es un paso atrás: El principio de justicia universal es conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y avance decisivo en la defensa de los Derechos Humanos. Forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares, y posibilita que estos crímenes internacionales no queden impunes.
El Derecho Internacional vigente obliga a los estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan. España, país pionero y referente en el desarrollo y aplicación de este principio, debe sentirse orgullosa de la asunción por sus tribunales de la universalidad de su jurisdicción penal como expresión de su compromiso solidario con el carácter universal de los Derechos Humanos y de la lucha frente a la impunidad de los más graves crímenes, contribuyendo así a la defensa del derecho de sus víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Para una cosa que está bien, no la andéis jodiendo, hombre.
Jesús Cifuentes - El norte de Castilla
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