sábado, 8 de septiembre de 2012

FUEGO EN LOMBILLO



Así quedaron nuestros montes vecinos... que horror
Anina

CONCIERTO EL PESCAO Y HOMBRES G (Auditorio Municipal de Ponferrada)

Este ha sido el único concierto que he ido a ver en las Fiestas de La Encina (me perdí el de Marea, mecachis! que rabia!).Fuimos Bea, Vega, Enci y su amiga Dalia.
Se me hizo un poco pesado el concierto de El Pescao (que no lo había escuchado nunca y ¡no me gusta nada!) y la verdad que ahora Hombres G ya no me dice mucho, pero cuando era una enana ¡me encantaba! ¡jajaja! (recuerdo que vinieron de aquella a Zona 5 e hice a mis padres llevarme a verlos! jajaja! la de años que van de eso!). Así que lo pasamos bien y recordamos las viejas canciones, y sobre todo ¡pasamos un rato juntas que cada vez es más difícil juntarnos!
Anina

viernes, 7 de septiembre de 2012

Ahora, más que nunca, se necesitan políticas de pleno empleo (VICENÇ NAVARRO)


Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 7 de septiembre de 2012

Este artículo subraya que el problema económico, además de social y humano más importante que España tiene es el desempleo, requiriéndose políticas públicas orientadas explícitamente a la creación de empleo a través de inversiones públicas tanto en las infraestructuras sociales como físicas del país, mostrando ejemplos del tipo de intervenciones que deberían realizarse.

En un momento en que el desempleo es la mayor característica de los mercados laborales de la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, es sorprendente (aunque predecible) que nadie hable de la necesidad de desarrollar políticas de pleno empleo. Parece como si la crisis económica y financiera hubiera eliminado completamente cualquier inquietud sobre la necesidad de que el Estado (que incluye tanto el central como el autonómico y el municipal) intervenga en la economía para producir ocupación y alcanzar el pleno empleo. Nadie habla, ni en los círculos financieros y económicos ni en los mayores fórums mediáticos y políticos del país, de la necesidad de políticas que produzcan pleno empleo. De lo que sí se habla, en cambio, es de facilitar la destrucción de empleo a partir de reformas laborales que permiten mayor flexibilidad laboral y facilitan el despido. De esta manera, el Estado está aprobando leyes que facilitan tal despido, a la vez que está destruyendo empleo público (en teoría para reducir el gasto público y con ello reducir el déficit público).
Esta situación, repito de nuevo, es predecible. Aclaro esto porque en los debates de política económica se habla con excesiva frecuencia de que los resultados de la aplicación de tales políticas públicas, que están logrando resultados opuestos a lo que en teoría persiguen (todas las reformas laborales realizadas durante la crisis se presentaron retóricamente como necesarias para disminuir el desempleo), se deben a la incompetencia de las autoridades públicas o a su insuficiencia, argumento este último repetido por los economistas neoliberales que dominan los medios de mayor difusión en España, que proponen reformas y recortes todavía más radicales.
No es incompetencia (sin negar que ella también exista), sino diseño. Estas políticas estaban destinadas a incrementar el desempleo, en parte para forzar el descenso del salario. Y así lo han estado consiguiendo. Lo último que tales autoridades públicas desean es crear empleo y todavía menos alcanzar pleno empleo. Uno de los economistas más brillantes que hubo en el siglo XX, Michal Kalecki, lo escribió muy claro en un libro que significativamente lleva el título de ‘Aspectos Políticos del Pleno Empleo’. Fue de los pocos economistas que analizó las políticas económicas dentro del contexto político que las determinan. La ausencia de este tipo de análisis explica que hoy se centre el debate en Europa sobre la viabilidad del euro, asumiendo que el euro puede desaparecer por propia lógica económica, sin percatarse de que la creación, existencia y mantenimiento de tal moneda respondieron a las coordenadas de poder existentes en Europa y, muy en especial, al capital financiero alemán, para el cual el euro le está siendo sumamente beneficioso, utilizando sus instrumentos, como el Banco Central Europeo, para alcanzar sus objetivos (ver mi artículo “El euro no tiene problemas, las clases populares sí”. Público 24.08.12). Y uno de sus objetivos ha sido controlar la inflación, a costa del crecimiento de desempleo. El elevado desempleo existe porque así ha estado diseñado en un proyecto altamente exitoso pues están consiguiendo lo que querían.
Y el hecho de que no se hable de políticas de pleno empleo en los mayores círculos mediáticos del país (y por lo tanto tampoco en los mayores fórums políticos) se debe precisamente al enorme poder que el capital financiero (la Banca, las compañías de seguros y las empresas financieras de alto riesgo, entre otras, definidas y analizadas por Juan Torres y por mí en nuestro libro “Los Amos del Mundo” de próxima publicación) tiene sobre las instituciones llamadas representativas. El control de la inflación a través de las políticas de austeridad, incluyendo reducción de salarios y gasto público, creación de desempleo (disminuyendo así la demanda y el crecimiento económico) es el objetivo del proyecto neoliberal presentado como el único posible. De ahí que el desempleo aumentara y el crecimiento de la economía productiva disminuyera en el promedio de los países de la Eurozona, a partir del establecimiento del euro. El único crecimiento era el facilitado por las burbujas financieras especulativas, como pasó en España.
A aquellos lectores que duden de la existencia de tal proyecto, les aconsejo que miren los datos. El crecimiento español se debió a las burbujas estimuladas por el capital financiero alemán y español (que empobreció enormemente al país, absorbiendo recursos que deberían haberse invertido en actividades más productivas y necesarias), creando empleo de bajo coste y baja productividad. Y todo ello ocurrió con la participación y complicidad de las estructuras de gobierno de la Eurozona (incluido el Banco Central Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea) y de los sucesivos gobiernos españoles. Detrás de este entramado político estaban los amos del mundo, es decir, el capital financiero.

¿QUÉ DEBERÍA HACERSE?

En realidad, la respuesta es muy fácil. Recuperar las políticas de pleno empleo, mediante (como ocurrió en situaciones históricas anteriores en países en depresión) la creación de empleo financiado públicamente en infraestructuras sociales (sólo un adulto de cada diez trabaja en los servicios públicos del Estado del Bienestar en España, comparado con uno de cada cuatro, en el caso de Suecia), creando cinco millones de nuevos puestos de trabajo, en muchas áreas productivas como los sectores verdes -tanto en mantenimiento como en creación de nuevas formas de energía- con lo que deberían crearse otros nuevos cinco millones de puestos de trabajo.
Estos gastos podrían financiarse fácilmente, asegurándose de que los ingresos al Estado alcancen los porcentajes del PIB que tienen los países más avanzados económica y socialmente, como los países nórdicos de Europa (en España es el 35%, en Suecia es el 51%), sin que el mayor incremento impositivo recayera en la ciudadanía normal y corriente. En realidad, la mayor aportación debería venir del causante de la crisis actual, es decir, el capital financiero. No es cierto que la Banca no tenga liquidez. La tiene, y mucha. Lo que ocurre es que la tiene guardada, entre otros lugares, en el Banco Central Europeo. El BCE ha prestado desde finales del año pasado a unos intereses bajísimos (menos del 1%) un billón de euros (sí, ha leído bien, un billón de euros) a la Banca europea. De esta cantidad, la mitad (500.000 millones de euros) a la Banca española e italiana. Y la Banca española depositó gran parte de estos fondos en el BCE, sin utilizarlos para cumplir su función social, que es la provisión de crédito. Hoy la Banca española es enormemente parasitaria: está absorbiendo dinero público tanto del BCE como del Estado español, sin que ello se refleje en incremento del crédito.
Sería, por lo tanto, lógico que el Estado nacionalizara la Banca y/o permitiera la existencia de la Banca privada sólo con la condición de que ofreciera crédito a unos intereses regulados públicamente que garantizaran su accesibilidad y disponibilidad. Y, sobre todo, que se gravara masivamente, intentando reducir su tamaño y eliminar su comportamiento especulativo, centrándose en su función social, que es la única que justifica su existencia.
Mi amigo Robert Pollin, Catedrático de Economía de la Universidad de Massachussets, acaba de publicar un libro, ‘Back to Full Employment’, de la editorial MIT, que detalla como la inversión en actividades productivas de los fondos depositados por la banca privada en el Banco Central Estadounidense, el Federal Reserve Board, (1,6 billones de dólares) podría convertirse en uno de los mayores fondos para crear empleo. También recomienda que los préstamos del Estado Federal a la Banca se condicionen a la capacidad productiva de empleo por parte de sus actividades financieras. Y debería también gravarse masivamente todas las transacciones financieras que conducen a actividades especulativas. Incluso Gran Bretaña, sede de la City, grava los bonos públicos (0.155) y los derivados (0.005). Todo ello podría y debería ocurrir sin que se requiriera gran inversión pública, pues sería forzar a la Banca a que pagara a la sociedad, compensando por el enorme daño que ha creado. Que no se consideren estas propuestas razonables se debe al excesivo poder que los ”amos del mundo” tienen sobre el BCE y sobre las autoridades públicas.

Ni Eurovegas ni Barcelona World son fruto de la casualidad (JUAN TORRES LÓPEZ)

La instalación de Eurovegas en Madrid para hacer grandes negocios con la prostitución y el juego o la respuesta de la Generalitat catalana promoviendo el complejo Barcelona World, que albergaría seis parques temáticos, no son fruto de la casualidad.
En mi artículo Contra el pacto del euro: democracial real en Europa ¡Ya! , de junio de 2011, afirmaba textualmente que el capital europeo va buscando convertir a Europa en un gran parque de atracciones. Concretamente escribí lo siguiente:
“En lugar de hacer que Europa sea más competitiva, el Pacto del Euro convertirá a Europa en una especie de gran parque de atracciones de bajo costo del que solo se aprovecharán, como hemos dicho, las grandes empresas europeas que tienen mercados cautivos dentro y fuera de Europa y que son verdaderamente las que han impulsado este pacto y obligado a los gobiernos a firmarlo” (resto del artículo aquí).
La realidad va confirmando que llevaba razón y que no se trataba de una simple figura literaria. Es realmente lo más que puede ofrecer hoy día un capitalismo vetusto y fracasado, ajeno a la insatisfacción de millones de personas, especulador, inmoral y simplemente depredador de seres humanos y de naturaleza.
¿Qué proyecto económico hay en la cabeza de políticos que lo único que se le ocurre promover para crear actividad económica son casinos, prostíbulos o montañas rusas? ¿Qué tipo de sociedad pueden traer consigo “empresarios” -entre comillas bien grandes- cuyo único objetivo es dar grandes pelotazos con la complicidad corrupta de las administraciones públicas?
¡Ni el capitalismo es ya el sistema innovador que fuera ni el empresariado se merece ese nombre! De la mano de estos políticos neoliberales obsesionados por echar abajo las estructuras del bienestar para ayudar mejor al capital parásito, la economía capitalista se está convirtiendo en una cloaca que nos consume. Hay que acabar con ella.
Como trato de mostrar en mi libro Contra la crisis otra economía y otro modo de vivir cada vez es más necesario romper con un sistema podrido de producir y consumir encontrando fórmulas que nos permitan humanizar las relaciones económicas y garantizar la satisfacción integral y en armonía con la naturaleza de nuestras necesidades.
Cuando unas 40.000 personas mueren de hambre al día en el mundo y cuando casi una de cada siete en España tiene dificultades serias para satisfacer necesidades básicas, dedicarse a promover con recursos públicos este tipo de negocios me parece que es una verdadera ignominia.

jueves, 6 de septiembre de 2012

La dimensión política de Eurovegas (VICENÇ NAVARRO)


Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 6 de septiembre de 2012

Este artículo analiza las consecuencias políticas de la ubicación de Eurovegas en España.

Las Vegas es conocida coloquialmente en EEUU como “la capital del vicio” o, según algunos, “la capital del mal”, expresión utilizada no sólo por los conservadores, sino también en bastantes círculos progresistas. Y una de las causas de esta valoración negativa por parte de los progresistas es el profundo anti-sindicalismo de la industria lúdica basada en tal ciudad, junto con una gran discriminación en contra de los trabajadores latinos, que representan una cuarta parte de toda la fuerza laboral de tal industria lúdica. Las Vegas está hoy en medio de un gran conflicto laboral, resultado del intento de los trabajadores de los casinos y casas de juego de sindicalizarse.
En EEUU, la ley Taft-Hartley Act, aprobada por el Congreso de EEUU en los años post II Guerra Mundial (a pesar del veto del presidente Truman), resultado de una alianza entre el Partido Republicano y los congresistas del Partido Demócrata del Sur de EEUU (la zona más conservadora de aquel país) prohíbe a los sindicatos de EEUU comportarse como sindicatos de clase. Es decir, que cada grupo de trabajadores (dividido en miles de categorías) debe espabilarse por su propia cuenta, sin poder contar con la movilización de otros grupos que tengan en común las mismas condiciones de trabajo y las mismas reivindicaciones. Tal Ley debilita enormemente a los sindicatos, como aparece ahora claramente en Las Vegas, donde, a pesar de la gran simpatía a nivel popular que la movilización laboral para poder establecer tal sindicato ha despertado, es muy poco lo que otros sindicatos pueden hacer en su apoyo.
Es una lucha dura y enormemente desequilibrada, pues frente a los trabajadores que intentan sindicalizarse hay los grandes intereses empresariales de tal industria, financiados, por cierto, por los grandes bancos (como el Deutsche Bank y JP Morgan entre otros), que tienen a su vez gran número de cajas de resonancia mediática movilizadas para desacreditar a los trabajadores. Uno de los ejes de la campaña anti-sindical es acentuar que la sindicalización sería un desastre para los trabajadores y para la industria (los trabajadores de la industria lúdica de Las Vegas están entre los peor pagados en EEUU). El mundo empresarial envía mensajes a los trabajadores, que rezan como sigue: “No pidas la sindicalización. No firmes la petición a favor de la sindicalización. No pongas en peligro tu trabajo, sobre todo ahora cuando, si miras alrededor de ti, verás que no hay otros puestos de trabajo disponibles” (“Don’t sign a union card. Don’t put your job in jeopardy, specially when there is no job outside”. Labor Notes. September 2012).
La movilización empresarial se caracteriza por una gran brutalidad, que se ejerce con la complicidad de las autoridades públicas y la policía estatal (150 personas ya han sido detenidas). El Estado de Nevada, donde está situada Las Vegas, tiene como primer sector de empleo el sector lúdico de tal ciudad, lo cual explica que existan relaciones muy estrechas entre tal industria y las autoridades -llamadas representativas- de aquel Estado (el Estado de Montana es uno de los pocos Estados donde está legalizada la prostitución), y también, por cierto, del Estado central federal. En EEUU, donde el proceso electoral está privatizado y las campañas electorales son financiadas, en su mayoría, por fondos privados procedentes de grandes empresas, la clase política está sumamente influenciada por los intereses de los que la financian. El mayor propietario de Las Vegas, el Sr. Sheldon Adelson (que quiere establecer Eurovegas en España), es uno de los mayores financiadores del Partido Republicano. En el primer viaje que hizo el actual candidato a vicepresidente de Estados Unidos, el Republicano Paul Ryan, máximo exponente del Tea Party, fue a ver al Sr. Adelson, después de ser nombrado para tal candidatura (la cual recibió una donación de respaldo de 100 millones de dólares por parte de Adelson). Mientras, los trabajadores, liderados por los trabajadores de la cocina de los restaurantes y casinos –el sindicato de los empleados de las cocinas, Culinary Union, que tiene 55.000 miembros- continúan presionando para poder tener el derecho de organizarse en defensa de sus intereses.
Una última observación. Mucho se ha escrito sobre los méritos y deméritos de establecer en España (bien en Cataluña, bien en Madrid) un centro lúdico, referido en los medios como Eurovegas, propiedad de la empresa del Sr. Adelson. En un momento de elevado desempleo, es comprensible que tal desarrollo se vea por sectores de la administración pública, tanto autonómica como municipal, con buenos ojos para crear puestos de trabajo.
Ahora bien, en la evaluación de los pros y los contras de este centro debería también tenerse en cuenta su impacto económico, laboral, social y político. La industria de la cual la empresa Adelson es un importante componente, es conocida por sus posturas profundamente conservadoras, siendo uno de los principales financiadores del Tea Party –la ultraderecha estadounidense- y uno de los mayores proponentes de las medidas económicas sumamente reaccionarias propuestas por tal movimiento (favorable a la eliminación de la universalización de los derechos laborales y sociales), incluyendo su oposición a la sindicalización de sus empleados y trabajadores. Tal postura, bien conocida en EEUU, reforzará, sin lugar a dudas, a la ultraderecha en España, pues es característico del comportamiento de tal sector intervenir activamente en el contexto político donde su ubica para optimizar sus beneficios empresariales que considera unidos a la promoción de su ideario político. Su decisión final dependerá, en gran manera, de la afinidad política del Sr. Adelson y Co. con las autoridades gubernamentales del lugar de su ubicación. Sería un error que las fuerzas progresistas apoyaran tal proyecto.

FIESTAS DE LA ENCINA (PONFERRADA)

¡¡FELICES FIESTAS!!
 

miércoles, 5 de septiembre de 2012

El desempleo es incluso mayor de lo que se indica (VICENÇ NAVARRO)


Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Pensamiento Crítico” en el diario PÚBLICO, 4 de septiembre de 2012

Este artículo señala que el desempleo real es mucho mayor que el que indican las cifras oficiales, debido en parte a la metodología de cómo se define desempleo en España. El artículo subraya la necesidad de que el Estado intervenga activamente para resolver el problema humano, social y económico más grave que tiene el país.

La manera como se calcula la tasa de desempleo es mirando cuánta gente desea trabajar y no encuentra trabajo. El porcentaje que este número representa sobre el primero se llama tasa de desempleo. Se dice que en España es ya casi el 23% (lo cual quiere decir que el 23% de la población que quiere trabajar no encuentra trabajo) y no se descarta que se aumente el año próximo a un 26% (e incluso algunas instituciones más pesimistas hablan del 29%).
El problema con esta tasa de desempleo es que es un indicador muy sencillo que no refleja suficientemente la naturaleza del problema del desempleo. Tal tasa incluye a la gente que ha estado buscando trabajo activamente en las últimas cuatro semanas. Pero hay muchísima gente que ya ha abandonado el intento de encontrar trabajo, pues lo han estado buscando por mucho tiempo sin encontrarlo. Tales cifras no son siempre fáciles de encontrar. Y tal número no aparece reflejado en las cifras de la tasa de desempleo.
Otro problema es que encontrar trabajo no dice nada sobre el tipo de trabajo que la persona ha encontrado. En realidad, puede que una persona tenga un trabajo parcial, por solo unas horas, cuando verdaderamente le hubiera gustado trabajar a tiempo completo. O puede tenerlo por un periodo muy corto, cuando le hubiera gustado tener un trabajo por un periodo más largo o indefinido. La tasa de desempleo no nos dice nada del tipo de empleo que el trabajador ha conseguido. Estas situaciones, de abandono de búsqueda de trabajo o de tener un trabajo muy temporal, son situaciones muy generalizadas que la tasa de desempleo no clarifica.
En EEUU, la agencia estatal equivalente al Ministerio de Trabajo del gobierno español recoge cifras creíbles de la situación del mercado de trabajo y calcula que la tasa de desempleo que incluye a las personas que desean trabajo pero que, al no encontrarlo, se han desmotivado y han dejado de buscarlo, así como a las personas que están trabajando parcialmente, por no encontrar trabajo a tiempo completo, es un 16%, un  porcentaje que es casi el doble de la tasa de desempleo oficial (9%). En España, aplicando el mismo criterio, la tasa de desempleo sería mucho mayor. Y podría casi doblar el porcentaje de personas desempleadas.
Otro indicador también importante es el que recoge el porcentaje de la población que está trabajando. En este caso, el denominador es toda la población que podría trabajar. La importancia de este indicador es que nos orienta hacia saber cuanta gente está empleada, tanto a nivel de toda la población, como entre las mujeres y entre los jóvenes. Este indicador nos informa de cuanta población está creando riqueza, está contribuyendo a la seguridad social y está pagando impuestos. Muestra también la capacidad de producir puestos de  trabajo en una sociedad. Gran parte de la mayor riqueza que tienen los países nórdicos escandinavos sobre los países del sur de Europa se debe a que el porcentaje de la población adulta que trabaja es mucho mayor en aquellos países que en éstos y ello como consecuencia de la mayor integración de la mujer al mercado de trabajo, mediante una red de servicios públicos que permiten y facilitan tal integración.

¿Por qué el desempleo en España es elevado?

Las causas son varias. Pero una de las más importantes es que la economía está en baja forma. En realidad, en España, la economía, medida por el tamaño del PIB, está decreciendo en lugar de creciendo. No hay suficiente demanda de bienes y servicios, con lo cual, las empresas han dejado de producir. Y, si pueden, han estado despidiendo a más y más trabajadores aumentando con ello el desempleo. Este aumento del desempleo contribuye, a su vez, a que disminuya más y más la demanda, generándose así un círculo vicioso, en el que España está metida.
Este aumento del desempleo afecta también a la población empleada, temerosa de que pueda también perder el trabajo, lo cual hace que acepte rebajas de salario que contribuyen también a que disminuya la demanda. Esto es también lo que está ocurriendo en España donde los salarios están bajando y bajando dificultando con ello la recuperación económica que requiere un aumento y no un descenso de la demanda.
Otro factor que contribuye al descenso de los salarios es la respuesta de los empresarios a la crisis que además de reducir el número de trabajadores y disminuir salarios exportan también parte de la producción a otros países que tienen menores costes salariales y peores condiciones de trabajo.

¿Qué debería hacer el gobierno?

La respuesta es clara: crear empleo a fin de recuperar la demanda. Debería hacer lo opuesto a lo que está haciendo. Hoy está destruyendo puestos de trabajo en el sector público y facilitando que tal destrucción ocurra también en el sector privado. Y sus sucesivas reformas laborales tienen como objetivo disminuir los salarios, en parte mediante el crecimiento del desempleo. Esto raramente se dice pero es obvio que es lo que tales reformas deseaban pues no podían llevar a otro resultado que al que han llegado: el bajón salarial. Es lo que llaman “devaluación doméstica”, es decir que los salarios bajen, en teoría para hacer “al país más competitivo”. Lo que están logrando es acentuar más y más la recesión, como consecuencia del descenso de la demanda.
El gobierno puede facilitar la creación de empleo de muchas maneras. Una de ellas es invirtiendo en sectores que necesitan mucho empleo. Y entre ellos, los más deficitarios son los servicios públicos del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros. En España, sólo un adulto de cada diez trabaja en tales servicios. En Suecia, en cambio, es uno de cada cuatro. Si en España tuviéramos uno de cada cuatro habrían 5 millones más de puestos de trabajo, (con lo cual, se eliminaría el desempleo). No existe plena conciencia en el establishment político y mediático del país del enorme déficit de personal en tales servicios, en parte porque tales establishments no utilizan los servicios públicos. Utilizan más los servicios privados y no son conscientes (no lo viven en su propia carne) de las enormes insuficiencias que tienen tales servicios públicos, insuficiencias que están acentuándose con los recortes de gasto en tales servicios, los cuales tienen un papel esencial en garantizar el bienestar y calidad de vida de las clases populares.
Tampoco la estructura de poder, la mayoría hombres (y algunas mujeres) de la burguesía, pequeña burguesía, y de la clase media de renta alta profesional, son conscientes del enorme impacto positivo que tales inversiones sociales tienen sobre la economía española, aumentando su productividad. El único sector que ven que tiene utilidad económica es la educación sin cerciorarse de que los otros servicios públicos del estado del bienestar (desde la sanidad a las escuelas de infancia) tienen un enorme valor no solo humano y social (aumentando la cohesión social) sino también económico. El Estado puede obtener los ingresos que permitirían financiar tales inversiones, tal como hemos señalado Juan Torres, Alberto Garzón y yo, en Hay Alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Otro sector que genera gran cantidad de empleo son las inversiones verdes. Está bien documentado que estos sectores crean gran número de empleos, sobre todo en España donde tal sector está todavía poco desarrollado.
Otra medida que el estado podría tomar para facilitar la creación de empleo es garantizar el crédito, a base primero de establecer bancos públicos y cooperativas de crédito, en lugar de las excesivas ayudas que se han dado a la banca privada que han tenido resultados muy insuficientes para cubrir las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, así como de las familias súper endeudadas. Tal medida debería ir acompañada de medidas más contundentes para estimular el mercado inmobiliario (hoy paralizado por el sector bancario), gravando enormemente las casas vacías, impidiendo su existencia.
Ni que decir tiene que tales medidas serían facilitadas, con otro marco europeo diferente al existente. Por ejemplo, facilitaría la recuperación económica que el Banco Central Europeo fuera un Banco Central, que como otros bancos centrales tuviera como misión no solo controlar la inflación sino también estimular el crecimiento económico, mediante la bajada de intereses que facilitaría el acceso al crédito, y que comprara deuda pública de los Estados, impidiendo que los mercados financieros especularan sobre los intereses de su deuda pública. Pero la ausencia de tales cambios, no debería paralizar al gobierno y éste tendría que tomar las medidas brevemente citadas en este artículo y expandidas en otros escritos (ver Lo que España necesita que hemos escrito Juan Torres, Alberto Garzón y yo).

La receta de Rajoy no funciona (JUAN TORRES LÓPEZ)


Publicado en Sistema Digital el 5 de septiembre de 2012
Rajoy ha tratado de hacer frente a la crisis mediante una receta que contiene tres ingredientes principales.
El primero es una gran dosis de disimulo para tratar de ocultar las mentiras, los incumplimientos programáticos y los juegos de manos que está habituado a hacer. Todo el mundo sabe que el presidente es un consumado especialista en mirar a otro lado cuando se presenta un problema para tratar de solucionarlo por el simple expediente de dejar que se pudra o que desparezca solo. Un procedimiento, sin embargo, que ya no le funciona por la sencilla razón de que no es lo mismo ser ministro o incluso principal líder de la oposición que presidente del gobierno, una posición desde la que, como siempre se ha dicho, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo. Y, sobre todo, porque ha cometido el mismo error garrafal que hundió a José Luis Rodríguez Zapatero y a su partido: creer que la crisis era domesticable, no solo con dejar pasar el tiempo sino, en el caso de Rajoy, pensando que la llegada al gobierno del PP sería suficiente para modificar el signo de los acontecimientos (“Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, decía Montoro, no en vano, uno de sus hombres de confianza).
El segundo ingrediente de la receta Rajoy es un prontuario ideológico muy elemental y en su caso desarrollado con una retórica bastante pobre pero que contiene todos los principios ideológicos del neoliberalismo. Sea por convicción, por conveniencia o por necesidad, Rajoy forma parte de esa cohorte de políticos y economistas que se ha creído que los primitivos dogmas neoliberales que recitan de memoria, y cuya eficacia nadie ha conseguido demostrar, son realmente capaces de resolver los problemas que tienen por delante. Se creen que liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo salarios y haciendo reformas orientadas a dar más poder a los empresarios se creará más empleo y aumentará la competitividad de la economía; que las políticas de austeridad, la disminución del gasto y los impuestos reducen el déficit y la deuda en etapas de recesión; que eliminando sector público se estimula la actividad privada; o que se logra más equilibrio y estabilidad dando plena libertad a las fuerzas del mercado y a los grandes grupos financieros y empresariales.
Tampoco le funciona ya este ingrediente porque la realidad es terca, incluso más terca que el propio Rajoy, y demuestra que esos prejuicios ideológicos no funcionan cuando se llevan a la práctica: ni se crea empleo con reformas liberales cuando lo que le falta a las empresas es demanda y financiación, ni se reduce la deuda cuando la austeridad reduce aún más la actividad económica, ni se estabiliza la economía con un mercado dominado por fuerzas oligopolistas que solo responden a lógicas muy improductivas y puramente especulativas.
La terca realidad indica que en ningún país ni en circunstancias parecidas a las nuestras han funcionado esas recetas que la Unión Europea, Rajoy y sus equipos defienden como la adecuadas para poder salir de la crisis.
El tercer ingrediente es una estrecha alianza con las clases dirigentes, con las élites profesionales, económicas, mediáticas y financieras que vienen dominando a la sociedad española desde hace decenios y, principalmente, gracias a la libertad de acción que le concedió la dictadura fascista durante cuarenta años y que la democracia no ha sabido o querido eliminar.
Esa alianza se traduce (como hemos analizado Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a los recortes del PP) en la adopción de medidas que solo conllevan mucho más poder y riqueza para esos grupos privilegiados pero que son incapaces de sacarnos del estancamiento económico.
Todos esos grupos clamaron en su día por la llegada al poder de Rajoy y lo jalearon durante un buen tiempo, pero no han tardado mucho en darle la espalda casi por completo.
Conceder más privilegios a los privilegiados es un remedio, pero muy efímero cuando la situación económica es tan agobiante. Los empresarios se alegran cuando una reforma laboral les da más poder pero pronto comprueban que eso no les sirve de mucho cuando lo que les falta son clientes en la puerta y créditos que los bancos no les conceden. Los banqueros agradecen los apoyos de las sucesivas reformas financieras diseñadas a su favor, pero comienzan a dudar cuando comprueban que el apoyo gubernamental se hace a costa de trapichear con sus socios europeos, que ya comienzan a estar hartos de ese juego y de tantas trampas. Incluso los grandes medios de comunicación comienzan a darle la espalda a un gobierno que ha batido todos los record de desafección política y que, por tanto, puede tener los días contados.
La conclusión es evidente: solo con mentiras, con un prontuario ideológico de Todo a cien que está bien para espantar a ingenuos pero que es completamente inútil para solucionar problemas económicos reales, e incluso con cada vez menor apoyo de los grupos oligárquicos no se va a ningún sitio, dada la situación a la que ha llegado nuestra economía y nuestra sociedad, harta ya de incompetencias, de improvisaciones y de excusas.
España (de la mano del PP y del PSOE) cayó hace tiempo en la trampa que supuso la política monetaria expansiva que el Banco Central Europeo adoptó (sin tener en cuenta su efecto sobre los demás países) para facilitar la recuperación de Alemania cuando su economía corría peligro de estancamiento. El exceso de ahorro y capital que gracias a ello obtuvo Alemania se tradujo en un flujo ilimitado de capital que nos inundó provocando un déficit exterior casi simétrico al superávit alemán, una burbuja inmobiliaria y un endeudamiento fatal de nuestro sector bancario del que se derivó el de las empresas y familias. Mientras que nos llegaba financiación barata casi nadie puso objeciones (ganando tanto dinero como estaban ganando los grupos que influían en las decisiones de los sucesivos gobiernos) y todos se jactaban de dirigir la mejor de las situaciones posibles. Pero cuando España dejaba de tener financiación externa y tuvo que dedicarse a hacer frente a la deuda exterior, las empresas y los consumidores dejaron de tener acceso al crédito, la demanda agregada (sobre todo el gasto dedicado a bienes y servicios nacionales y no tanto a los de fuera) se vino abajo, el negocio de la construcción saltó por los aires, se desbocó el paro… y empezó el llanto y crujir de dientes.
Casi inmediatamente aumentaron los gastos fiscales (desempleo y ayudas de todo tipo) y los públicos extraordinarios dedicados a evitar el colapso, cayeron los ingresos y el déficit se disparó, aumentando una deuda pública que se añadía a una privada mucho mayor aún.
Como no se podía acudir a la financiación fácil y barata de un banco central y como los financiadores privados no son tontos y sabían que, en esas condiciones, la situación necesariamente iba a ir a peor, comenzaron a apretar las tuercas y así hemos llegado al abismo en el que estamos.
A mí me parece que a estas alturas es una completa estupidez que los españoles y los europeos nos sigamos engañando. La realidad indiscutible es que la deuda (no solo española sino la que se ha acumulado en el conjunto europeo) es materialmente impagable. No hay posibilidad alguna de que España o Italia, por no hablar de Grecia, Irlanda o Portugal, puedan pagar todo lo que deben, y mucho menos en las condiciones impuestas y en las que van a ir imponiendo los financiadores privados.
Solo hay dos soluciones posibles (aparte, claro está, de dejar que los deudores se declaren en bancarrota, de desencadenar una inflación galopante o de provocar una guerra dramática y se empantane toda Europa y la economía mundial) para absorber la deuda que se ha acumulado.
La primera, que se la cobren los acreedores a base de adquirir a bajo coste el patrimonio que queda de los deudores. Es posiblemente lo que se busca con el diseño que los alemanes han hecho del banco malo (para poder quedarse con la mayor parte posible de la riqueza inmobiliaria que pueda salvarse), lo que seguramente trata de sondear Merkel en la visita que estos días nos hace, y lo que organizarán los hombres de negro (con privatizaciones de todo tipo) cuando seamos intervenidos tras un rescate que en cualquier caso no servirá para arreglar la situación.
La segunda alternativa es llegar a un acuerdo general de reestructuración y quita de la deuda (algo que Alemania trató de evitar obligando a la reforma constitucional de hace un año) para abordar un plan de regeneración económica bien organizado y consensuado desde principios de justicia social, solidaridad y compromiso con los intereses generales.
Los españoles deberíamos decidir pronto si queremos entregarnos o salvar y rescatar de verdad a España.

OTRA MUJER CONDENADA A LAPIDACIÓN EN SUDÁN - AMNISTÍA INTERNACIONAL -

Hace unas semanas, con tu ayuda, conseguimos parar la lapidación de la joven sudanesa Intisar Sharif Abdallah. Hicieron falta casi 80.000 firmas. Ahora, Sudán ha vuelto a condenar a morir apedreada a otra mujer, Layla Ibrahim Issa Jumul, de 23 años. Acusada de adulterio, no contó con la asistencia de abogado alguno, y su condena, hecha pública en julio, se basó únicamente en su confesión.

La sentencia, además, contraviene la Constitución del país, que prohíbe la condena a muerte de mujeres embarazadas o lactantes. Además, Amnistía Internacional, basándose en el derecho internacional, se opone a que nadie pueda ser condenado a muerte por mantener relaciones sexuales consentidas entre adultos. Layla espera la ejecución a pedradas, encadenada con grilletes junto a su hijo de seis meses. Nuestra organización considera a las personas detenidas por esta razón como presas de conciencia.

Otra vez la vida de una joven sudanesa requiere de nuestro compromiso. Por eso, te pedimos que firmes y exijas a las autoridades de Sudán que detengan la ejecución y liberen a Layla.

Recuerda que una sencilla e insignificante acción para nosotros y nosotras, puede suponer un halo de vida para alguien. Miles de firmas salvaron a Intisar. Ahora Layla espera atada a que las piedras no le roben su vida.

Agradeciéndote tu apoyo, permíteme que te pida que reenvíes este mensaje a tus contactos y nos ayudes, más si cabe, en esta lucha.

Recibe un cordial saludo.

Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional - Sección Española (@amnistiaespana)

EL TIPO DE AL LADO (Teatro Bergidum, Ponferrada)



Esta vez fue Bea la que dijo a ver si ibamos al Teatro a ver a Maribel Verdú y Antonio Molero, y también se animaron mis padres y Elena, así que para allá que fuimos los cinco. 
La obra está bien, divertida, pero bueno, me pareció un poco floja.
Anina

martes, 4 de septiembre de 2012

¿Dónde va el dinero que sale de España? (JUAN TORRES LÓPEZ)


Presento hoy otra gráfica que creo que da una idea bastante clara de por qué se están tomando en Europa las medidas que se toman y a quién beneficia lo que esas medidas provocan en la economía española. La gráfica muestra la tendencia de los movimientos realizados a través del llamado TARGET2, que, a grandes rasgos, es una plataforma que centraliza en dinero de los bancos centrales las operaciones que se llevan a cabo entre los diferentes países. Un balance positivo de un país (su curva por encima de cero), refleja que allí hay entrada neta de dinero; y al revés, si la curva está por debajo de cero refleja que está saliendo dinero de ese país.

¿Tengo que explicar qué está pasando en España y dónde va el dinero que sale de nuestro país, o cuál es la economía que lo recibe?

Tampoco creo que sea difícil deducir que si esta tendencia no se cambia España está irremisiblemente condenada a la quiebra. Una situación, por cierto, que no se resuelve solo “rescatando” a nuestra economía mediante un préstamo porque eso, obviamente, agudizará la asimetría que refleja la imagen.

lunes, 3 de septiembre de 2012

Aumento de las personas que utilizan cupones para alimentos en Estados Unidos (JUAN TORRES LÓPEZ)

Hay gráficas que hablan por sí solas. Esta que presento muestra el total y la evolución del número de personas que tienen que utilizar cupones de alimentos (Food Stamps) en Estados Unidos porque no tienen ingresos suficientes para comer: 46,49 millones en abril de este año. Desde que empezó la crisis, en 2007, ha aumentado un 72,2% mientras que la población total solo se incrementó en un 3,7%. Además, unos 6 millones de personas solo tienen esos cupones como ingreso, lo que significa que viven y duermen en las calles sin ni ningún otro tipo de recurso.

Es verdad que en otros países no tienen ni eso y que ni siquiera nos podemos enterar de cuál es la situación real de su población. Pero creo que si esto sucede en la economía capitalista más poderosa del mundo es obligado pensar en poner en marcha otro sistema económico diferente.

La gráfica y los datos los he obtenido del blog The Economic Populist de Robert Oak.

Documentos que prueban que la Fiscalía española no persigue a quienes roban a todos los españoles - JUAN TORRES LÓPEZ -

El gobierno, la administración de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado se quieren mostrar muy eficaces cuando los jornaleros u otros grupos sociales luchan por sus derechos. Al parlamentario Sánchez Gordillo y a otros sindicalistas andaluces los persigue la Fiscalía, a las familias que pierden sus viviendas en manos de los bancos las rodea la policía para que no puedan defenderse, los afectados por la estafa de las participaciones preferentes incluso son apaleados cuando reclaman en la calle soluciones a su problema… Sin embargo, a los grandes delincuentes que han causado la crisis y que roban día a día a todos los españoles no los persigue nadie.
Hace unos días mencioné el caso de las eléctricas, que se incrementa cada día en 350.000 euros, afecta a 23 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas al menos la mitad de los más de 10.000 millones de euros cobrados por un servicio inexistente, debido a que el Gobierno aún no ha definido en qué consiste dicho servicio. Hoy traigo aquí los documentos del ingeniero Antonio Moreno que prueban que la Fiscalía española no responde ni actúa para evitar lo que podría ser una estafa gigantesca cometida contra todos los españoles.
Antonio Moreno lleva muchos años tratando de denunciar estos hechos con un compromiso y con una valentía ejemplares. Las eléctricas lo persiguen y tratan de acallar su página web: estafaluz.com. Yo he decidido apoyar su lucha (que es la de todos) y desde aquí pido a quienes lean estas letras que le escriban mensajes de apoyo y que, sobre todo, difundan al máximo sus denuncias.
Los documentos que prueban la pasividad de la Fiscalía española son los siguientes y pueden leerse pinchando en cada uno de ellos.

a) A la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (septiembre 2004) . ASUNTO: El BOE y la firma del jefe del Estado están siendo utilizados para encubrir la estafa en los precios de alquiler de los contadores de energía eléctrica que afecta directa o indirectamente a la totalidad de los abonados de las compañías eléctricas.

b) A la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (abril de 2005). ASUNTO: La corrupción institucional impide investigar una estafa iniciada en 1984, que es cometida a través del BOE y lleva reportados a las compañías eléctricas más de 2.400 millones de euros.

c) A la Fiscalía del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (noviembre de 2003). ASUNTO: Consulta sobre la posible delictividad de un comportamiento empresarial.

d) A la FISCALÍA DE SEVILLA (febrero 2006). ASUNTO: Corrupción en la Fiscalía.

(ESTE TEXTO NO VA A SER PUBLICADO EN LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DEPENDE DE TI QUE LA GENTE SEPA CÓMO SE QUEDAN CON SU DINERO: DIFÚNDELO AL MÁXIMO)

jueves, 30 de agosto de 2012

Por qué los salarios son tan bajos en España (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 30 de agosto de 2012

 
Este artículo cuestiona los argumentos que se reproducen en la sabiduría convencional sobre las causas de que los salarios sean tan bajos en España. El artículo señala que el énfasis en  la productividad como causa de los bajos salarios, deliberadamente ignora otras variables no solo económicas sino también políticas que explican tal situación. El artículo también relaciona los bajos salarios con el elevado desempleo, atribuyendo este último, de nuevo, más a causas políticas que económicas.

Una de las características del mercado de trabajo español, acentuada durante la crisis actual, es el bajo nivel de los salarios de la gran mayoría de las personas que están trabajando. Y otra característica que complementa la anterior, es la gran dispersión salarial existente entre la población asalariada, es decir, la elevada distancia que hay entre los salarios de los mejor pagados y los peor pagados. Veamos los datos.
Según el Instituto Nacional de Estadística (en su sección “asalariados y percepciones salariales por tramos”), alrededor de 7,8 millones de personas recibieron menos de 1.000 euros al mes en el año 2010. Son los llamados mileuristas. Representan el 43% de todos los asalariados y reciben el 13% de todo el dinero que el país se gasta en salarios (lo que se llama masa salarial). En el otro polo, nos encontramos con los mejor pagados, que ingresan más de 4.000 euros al mes y que representan el 7% de todos los asalariados y reciben el 25% de la masa salarial. En otras palabras, este grupo minoritario recibe un cuarto de todos los salarios. Dentro de los asalariados hay pues unas enormes diferencias. El 43% recibe solo el 13% de todo el dinero que se gasta en salarios y el 7% percibe el 25% ¡Una gran diferencia!

¿A qué se debe tal polarización salarial?


La respuesta tradicional que da la sabiduría convencional que se reproduce en la mayoría de medios de información del país, incluidos los medios económicos, es que tales diferencias de salarios se deben a las diferencias en productividad. A mayor productividad mayor salario. En esta explicación, la productividad es la variable que determina el nivel salarial. Pero lo que se olvida en esta explicación es que la causalidad va también en sentido opuesto. Es decir, los salarios determinan también la productividad. Y no me estoy refiriendo solo al hecho bien documentado de que a mayor salario y mayor satisfacción del trabajador hay mayor productividad, sino a otro hecho (también bien documentado) que muestra que si al empresario se le imposibilita pagar salarios bajos, éste invertirá para aumentar la productividad del puesto de trabajo, a fin de que con un número menor de trabajadores se consiga la faena que harían muchos más trabajadores mal pagados. Cuando un empresario paga bajos salarios, consigue baja productividad. Y esto es lo que ocurre en España.
Un caso claro de este hecho lo encontramos en las labores agrícolas como la vendimia. Si el dueño de una viña tiene muchos candidatos para un puesto de trabajo es probable que pague muy poco al trabajador. Si en cambio, por ley, el empresario tuviera que pagar salarios altos, invertiría para que la productividad aumentara y así necesitar menos trabajadores. Pero esto no ocurre en España. El salario mínimo interprofesional español es de los más bajos de la Unión Europea. Una manera de comparar el salario mínimo entre países es ver lo que tal salario mínimo representa de la renta nacional definida por el PIB per cápita. Pues bien, según los datos de Eurostat, el salario mínimo español representa el 39% del PIB per cápita en España, uno de los más bajos de la UE, junto con Estonia, entre otros. En Francia es el 54,% en Bélgica el 52%, en Inglaterra el 49%, en Holanda un 48%, y así un largo etcétera. Si el salario mínimo español aumentara para homologarse al de los países con un nivel de desarrollo económico similar al nuestro, se forzaría al mundo empresarial a invertir para aumentar la productividad.
 
La productividad no es la única que determina el nivel salarial


El nivel salarial no depende sólo del nivel de productividad, lo cual se ve con toda claridad cuando comparamos salarios entre varios países en sectores de semejante productividad, tales como la industria manufacturera. El PIB per cápita de España es un 16% más bajo que el de Alemania (Este porcentaje es la diferencia entre el PIB per cápita de 2010 español y el alemán, en unidades de paridad de poder adquisitivo, en términos porcentuales respecto al alemán). En cambio, el coste por hora de la mano de obra en la manufactura es un 30% inferior en España que en Alemania. Tal diferencial no puede explicarse por el diferencial en productividad, semejante en el sector manufacturero. Una situación similar ocurre en la comparación con Francia, donde el PIB per cápita español es sólo un 7% inferior, mientras que el coste por hora de la mano de obra es un 27% menor. Tales diferencias no pueden atribuirse a diferencias en productividad (ver el trabajo de Enrique Negueruela “Un nuevo papel en Europa para los países del sur”).
 
Otros factores además de la productividad determinan el nivel salarial


La causa mayor del bajo nivel salarial para grandes sectores de la población es la debilidad del mundo del trabajo frente al mundo empresarial que se basa en dos hechos. Uno es el elevadísimo desempleo que España siempre ha tenido. El desempleo debilita al mundo del trabajo. Crea inseguridad y miedo. Y los trabajadores aceptan salarios bajos y condiciones de trabajo peores. De ahí que haya una política del empresariado español para facilitar el despido y aumentar el desempleo, debilitando así el mundo del trabajo. Las reformas laborales de los gobiernos recientes (y muy acentuadas en el actual) han tenido tal objetivo, como lo muestran el aumento del desempleo y la bajada de salarios producidas cada vez que se ha llevado a cabo una reforma laboral.
La otra causa de la debilidad del mundo del trabajo es la escasez de puestos de trabajo. El porcentaje de la población que trabaja ha sido históricamente bajo y ello se debe, en gran parte, no a aspectos culturales que constantemente se utilizan como justificación, sino a la escasísima oferta de puestos de trabajo. Hasta 2007 la tasa de actividad de España, que refleja el porcentaje de la población en edad de trabajar que está en el mercado de trabajo, ya sea empleada o desempleada, había estado por debajo de la de la UE 15 (en 1992 la tasa de actividad en España era del 58% frente al 67% de la UE 15 en promedio, es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo). A partir de este año la población activa en proporción al total de la población en edad de trabajar es superior en España que en la UE 15 en promedio, llegando a situarse en 2011 en el 74% en España frente al 73% en la UE 15. Sin embargo, la tasa de empleo (que es la tasa de actividad menos el desempleo), que refleja las personas que tienen trabajo respecto al total de las que están en edad de trabajar, que desde 2005 se mantuvo en el promedio de los países de la UE 15, en España disminuyó. Así, en 2011, mientras que en España solo el 58% de los que estaban en edad de trabajar tenían un empleo, en la UE fueron el 66%. Es decir, aunque en España ha aumentado el porcentaje de gente que quiere trabajar, el porcentaje de los que consiguen un empleo ha disminuido, aumentando el diferencial con los países de la UE 15. Este es un problema grave de la economía española que raramente aparece en los medios.
 
El escaso desarrollo del estado del bienestar en España

Y una de las razones de esta escasez de puestos de trabajo es el escaso desarrollo de los servicios públicos del estado del bienestar. Sólo un adulto de cada diez trabaja en España en tales servicios (como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios o servicios sociales, entre otros). En Suecia es uno de cada cuatro. Si este porcentaje se aplicara a España, nuestro país tendría cinco millones más de trabajadores (eliminando, por cierto, el desempleo). Es más, la eliminación de tal desempleo, permitiría la mayor integración de la mujer en el mercado de trabajo. El trabajo crea la demanda para más puestos de trabajo. Y ahí está el mayor punto débil de la estrategia que se está siguiendo con los recortes de empleo público del gobierno actual. La destrucción de empleo empobrece al país. Se debería crear empleo para que se estableciera la necesidad de tener más empleo. Más empleo quiere decir más riqueza y más demanda, lo cual crea mayor necesidad de empleo. Ahora bien, que haya mucho empleo quiere decir que aumenta el poder del mundo del trabajo que no es lo que desea el mundo empresarial, quien ha estado ganando en su conflicto con el mundo del trabajo. Y los datos así lo muestran. España es uno de los países de la UE que tiene una mayor participación del excedente empresarial (que incluye beneficios empresariales) en la distribución de la renta. En 2007 fue el 41,9%, habiendo sido también el país de la UE 15 que tuvo mayor crecimiento de tal excedente empresarial en el periodo 2007-2009, hecho que contrasta con la mayoría de países de la UE donde dicho porcentaje bajó durante este periodo. Es lo que solía llamarse lucha de clases, que la gana, en bases diarias, la gran patronal a costa del mundo del trabajo. Es en los países nórdicos de Europa, donde el mundo del trabajo ha sido fuerte, donde el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios del estado del bienestar es más elevado, con mayores tasas de ocupación y con menor desempleo. Es en países como Grecia y España, donde el mundo del trabajo es débil, en los que tenemos un porcentaje menor de personas trabajando en su estado del bienestar, menos gente trabajando y mayor desempleo. La tasa de paro es un indicador político que define las relaciones de poder de clase en un país. La transición inmodélica de la dictadura a la democracia en España, perpetuó el enorme poder de las fuerzas conservadoras, lo cual explica que España haya tenido siempre en su periodo post transición un elevado desempleo y que ahora se esté acentuando con la crisis. La causa determinante del paro y de los bajos salarios es política más que económica o financiera. Así de claro.

La Fiscalía que ahora persigue a Gordillo ¿Prevarica o es que no sabe multiplicar? (JUAN TORRES LÓPEZ)

Según ha informado el diario El País (la noticia aquí) “la Fiscalía de Sevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Écija que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el caso de los asaltos a dos supermercados por parte de un grupo organizado de jornaleros el pasado 7 de agosto. Con el allanamiento en favor del alto tribunal andaluz, el aforado Sánchez Gordillo, que lideró el robo de alimentos básicos en un supermercado de Écija podría ser imputado. El ministerio público considera que Sánchez Gordillo, pese a no ser el autor material de los asaltos, fue “inductor y cooperador necesario” en los mismos y su hipotética pena sería similar a la que afectaría a los autores materiales de los hechos”.
Es impresionante la celeridad y eficacia con que la Fiscalía se pone en marcha para actuar contra una persona que al fin y al cabo lo que ha hecho es tratar de mostrar a la sociedad la injusticia que supone que miles de familias pasen hambre y pierdan sus viviendas mientras que los causantes de esos problemas reciben ayudas multimillonarias de los gobiernos con el dinero de todos los ciudadanos.
Impresiona pero también indigna cuando se sabe que esa misma Fiscalía no actúa cuando se trata de perseguir a quienes roban a los españoles 600.000 € diarios o un montante total de 5.400 millones de euros desde 1984.
Eso es lo que está pasando, según demuestra el ingeniero sevillano Antonio Moreno en su web estafaluz.com. Este ingeniero se ha dirigido en varias ocasiones a la Fiscalía de Sevilla para poner en su conocimiento que hay una connivencia entre los sucesivos gobiernos y cuatro empresas eléctricas españolas (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) para estafar a los consumidores, concretamente, cobrándoles por servicios que no le prestan o manipulando los precios. Pero la Fiscalía que ahora se moviliza rápidamente contra Gordillo no hace nada.
Para comprobar que esa estafa es cierta basta con saber multiplicar. Antonio Moreno ha presentado a la Fiscalía datos que muestran la evolución del precio medio de mercado del contador monofásico de simple tarifa, que es el instalado en la práctica totalidad de las viviendas y que supone aproximadamente el 85% del parque nacional, y la curva de evolución del precio de alquiler de dicho contador. Como bien indica Antonio Moreno, si los puntos de la curva de evolución del precio de alquiler se hubieran obtenido multiplicando por la constante k=1.25/100 los puntos de la curva de evolución del precio medio de mercado (como afirma el Boletín del Estado que ocurre), ambas curvas serían coincidentes. Sin embargo, resulta que no sólo no son coincidentes sino que la curva de evolución del precio de alquiler asciende mientras que la curva de evolución del precio medio de mercado desciende. Eso prueba irrefutablemente que los precios a partir de los cuales el Ministerio calcula los precios de alquiler son muy superiores a los precios medios de mercado reales.
A pesar de que es así de fácil comprobar la estafa, la Fiscalía se viene desentiendo de las denuncias que presenta Antonio Moreno, de donde no cabe sino deducir que la misma Fiscalía que persigue con tanto ahínco a Sánchez Gordillo o está prevaricando cuando se desentiende de una estafa que afecta a los 24 millones de clientes de las compañías eléctricas y lleva reportados a éstas más de 2.400 millones de euros o es que ha sido dirigida por fiscales que no saben multiplicar.
La Constitución española establece que la función del Ministerio Fiscal es “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, y velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
Su actuación tan distinta ante quienes denuncian robos y ante quienes los cometen es una prueba más del tipo de instituciones que nos gobiernan y de los intereses a los que sirven. A mí me parece que combatirlas es ya una deber moral inexcusable de cualquier persona mínimamente decente.

RECORDANDO A LOS "DESAPARECIDOS" - AMNISTÍA INTERNACIONAL -

Hoy, 30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas y queremos dedicar el día a recordar a las miles de víctimas de este crimen en el mundo y también a sus familiares. 
Un desaparición forzada ocurre cuando agentes del Estado u otras personas que actúan en su nombre, detienen o secuestran a una persona y no reconocen el hecho, ni dicen, por tanto, dónde está la víctima quedando ésta sin protección legal.

En España, miles de personas fueron víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. Sin embargo, las autoridades obvian su obligación de investigar, y garantizar justicia y reparación a las víctimas a pesar de que este tipo de crímenes no prescriben. Como tampoco desaparece el inmenso dolor de las familias que buscan todavía a seres queridos.
No debemos perder la memoria. Debemos exigir la verdad y la justicia.
Por eso te invito a que sigas apoyándonos. Amnistía Internacional se financia sólo gracias a personas como tú, por eso te necesitamos. Cualquier contribución, por pequeña que sea, nos permite seguir dando voz a las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Sólo con un clic aquí.

Permíteme que acabe con unos versos de Mario Benedetti:
“Es ilusión de estos olvidadores
que los otros, las otras, los otritos
no sigan recordando su vileza
pero son fantasía sin futuro ni magia”
Saludos
Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española

CONCIERTO ÓSCAR MARTÍN (Iglesia de San Francisco, Villafranca del Bierzo)


Este es el primer concierto que se celebra dentro del XXVIII Curso Internacional de Composición de Villafranca del Bierzo de este año. 
Una maravilla ver a Óscar Martín tocar el piano, ¡nos encantó!
Anina

XXVIII CURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN DE VILLAFRANCA DEL BIERZO

Otro año más (y ya van 28) que se celebra el Curso Internacional de Composición de Villafranca del Bierzo, y me alegro mucho de que así sea, porque es un lujazo tener este curso en nuestra tierra, y para nosotros (aficionados a la buena música y a los buenos músicos) es un lujo poder asistir a estos conciertos. Esperamos que no se dejen nunca de celebrar y que podamos disfrutarlos durante muchísimos años más.
Anina

miércoles, 29 de agosto de 2012

DÚO FLORESTAN Y EUSEBIUS (Bodega del Palacio del Castillo de los Templarios, Ponferrada)



Hoy fuimos Elena, mis padres y yo a ver a este dúo de piano y clarinete, lo hicieron de maravilla, ¡nos gustó mucho a todos!
Anina

Avanzar al pasado: la sanidad como mercancía (JOAN BENACH)

Artículo del profesor Joan Benach publicado en El País

El real decreto de abril del Gobierno del PP es una contrarreforma que nos lleva tres décadas atrás. Quieren seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto
La obtención del derecho a la atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión. Un referente histórico de los países con sistemas sanitarios públicos financiados directamente con impuestos fue el National Health Service británico, que en 1948 propuso una asistencia preventiva y curativa para “todo ciudadano sin excepción”. Junto a Reino Unido, los países nórdicos y otros países europeos siguieron procesos parecidos estableciendo sistemas sanitarios según los principios de financiación pública, acceso universal y una amplia oferta de servicios sanitarios con independencia de los ingresos, posición social o lugar de residencia.
En España ese proceso fue tardío. Durante el periodo final de la dictadura franquista, dos tercios de la población tenían alguna cobertura sanitaria. En 1978, cuando la Constitución estableció el derecho a la protección de la salud ciudadana, cuatro de cada cinco personas estaba ya cubierta por la Seguridad Social. En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. En esos mismos años, sin embargo, el sector sanitario público se situó bajo el punto de mira de Gobiernos conservadores, instituciones internacionales y grandes empresas (farmacéuticas, seguros, tecnológicas y hospitalarias), aumentando progresivamente la presión para mercantilizar la sanidad. La razón es fácil de entender: en una fase de estancamiento capitalista y reducción de beneficios, la atención sanitaria era un lugar ideal para hacer negocios. En 1987 y 1993, dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. No olvidemos que los sistemas sanitarios público y privado son como “vasos comunicantes”: para que el privado tenga posibilidades de lucro primero hay que desprestigiar, debilitar o “parasitar” al público.
En 1991, el Informe Abril se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. Se abogaba por mejorar su eficiencia mediante la separación de la financiación pública de la provisión de servicios o la instauración de conceptos como la “prestación adicional” y “complementaria” cofinanciados por el usuario. Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa (sobre todo cuando tiene financiación suficiente finalista), eficiente (sobre todo si se impulsa la atención primaria) y tiene más calidad que la privada (con las excepciones del confort y el tiempo de espera).
A finales de la década de los noventa, el proceso mercantilizador se acelerará. En 1997, bajo el Gobierno de José María Aznar, el PP aprobó (con el apoyo de PSOE y PNV) la Ley 15/97 que permitía la entrada de entidades privadas en la gestión de los centros sanitarios públicos, y en 1999, con la construcción y gestión del hospital de La Ribera en Alzira, se abrió el camino a la mercantilización de la sanidad y el fomento a “modelos de negocio” privados. La Generalitat valenciana del PP de Eduardo Zaplana lo puso en manos de un consorcio formado por el grupo Ribera (gestión sanitaria), Adeslas (aseguradora médica), Lubasa (inmobiliaria) y Dragados (constructora).
En Madrid, la cesión en 2005 del hospital de Valdemoro a la empresa de capital sueco Capio se convirtió, bajo el PP de Esperanza Aguirre, en la punta de lanza de la construcción de centros privados.
En Cataluña se configuró históricamente un sistema de gestión sanitaria mixto donde junto a los hospitales públicos hay una extensa red de centros semipúblicos con una amplia presencia de instituciones locales y grupos privados y eclesiásticos, y un modelo público con una concepción empresarial. En 1995 se aceptó el ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, y las sucesivas reformas legales de CiU y el tripartito (PSC, ERC; ICV-EUA) reforzaron aún más el llamado “modelo catalán”. La reforma del Institut Català de la Salut de 2007 y la llamada ley Ómnibus contemplaron la posibilidad de que los hospitales públicos alquilaran operadores privados en las plantas cerradas o los quirófanos que dejaran de operar por las tardes.
A lo largo del proceso histórico sucintamente resumido, las estrategias para mercantilizar y privatizar la sanidad han sido permanentes, un goteo constante. El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos hospitalarios, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, este se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.
Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, haber “vivido por encima de nuestras posibilidades” y con una población enshock por la crisis actual, tras el goteo, llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del Gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás. Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos. Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos. Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”. Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, especialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quienes deban desplazarse a los centros sanitarios. Ese modelo significa “avanzar” hacia una sanidad mercantilizada, injusta, que rompe el concepto de ciudadanía y solidaridad social, que abre paso al clasismo, la desigualdad y es el fin del derecho universal a la sanidad y la salud.
Los sistemas de sanidad públicos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de prestaciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto farmacéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. La atención sanitaria debe ser un derecho ciudadano independientemente de la condición social y el lugar donde se viva y no una mercancía que solo consuman los “clientes” que puedan pagarla.