¿Por qué y cómo surgió el 15-M? (VICENÇ NAVARRO)

Este artículo se publicará en una versión reducida en un número especial de PUBLICO (en papel), que aparecerá próximamente, dedicado al movimiento 15-M.

Este artículo analiza las causas que determinaron la aparición del movimiento 15-M en España, en protesta a la situación en la que se encuentran grandes sectores de la población y, muy en particular,  los jóvenes.

 

Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. Las movilizaciones del mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las movilizaciones y huelgas políticas más numerosas y extensas existentes en Europa) forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la protesta obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas, y muy en especial, los dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o habían llegado recientemente del exilio y no pudieron neutralizar, y todavía menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que controlaban el Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador, era el símbolo de la desigualdad en la correlación de fuerzas en aquel momento.

Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro)).

Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha sido la enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el enorme fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más de lo que podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del promedio del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se deberían gastar por su nivel de riqueza.

Es cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores de la población alcanza niveles de Gran Depresión.

La rebelión de los jóvenes

Entre estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo uno de cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible (se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500 millones de euros-).
No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.

Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país. Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con el  monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la economía esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la población que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo en España. Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las estructuras de poder para marginar las voces críticas auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía extraordinariamente limitada en España.
Predeciblemente, la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la represión. Véase lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas, entre otros, por el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha organizada por los sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M (40.000 personas). Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en los años cincuenta. A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les registraba. Era el intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La Vanguardia- a los jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la juventud. El peligro de instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos durante la dictadura existe hoy en España.

Austeridad o crecimiento, una alternativa que no resuelve los problemas de Europa (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en publico.es el 8 de mayo de 2012

Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.

No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.

La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.

Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.

Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.

Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.

Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.

No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.

Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.

Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda algo insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.

El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.

Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.

Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.

La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.

¿Quiénes son extremistas? (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 7 de mayo de 2012

 

Este artículo critica la costumbre generalizada en los mayores medios de información de España de definir como extremistas aquellas posturas que cuestionan los pilares de la sabiduría convencional que ellos reproducen. Un ejemplo de ello es como han cubierto mediáticamente los hechos acaecidos en Francia definiendo al partido Frente de Izquierdas como extremista por negar la necesidad de realizar políticas de austeridad que tales medios han estado promoviendo durante estos años de crisis. Un tanto semejante ocurre en la cobertura de las elecciones en Grecia, en la que tales medios definen como extremistas a aquellas fuerzas políticas que cuestionan tales políticas de austeridad.

En más de una ocasión he indicado que uno de los mayores problemas de la democracia española son los mayores medios de información del país, cuyo sesgo conservador y liberal (en realidad neoliberal) es abrumador. Con la desaparición de PUBLICO como rotativo, no hay hoy en España ni un medio de izquierdas en el país. Las consecuencias de este hecho son abrumadoras. Veamos ejemplos de este sesgo.
1. Desde que la crisis empezó, no ha habido ningún medio que a través de sus editoriales haya indicado que las políticas de austeridad que los sucesivos gobiernos han estado llevando a cabo eran innecesarias y erróneas. Sólo ahora, cuando el desastre de tales políticas es evidente, aparecen tímidas voces que, aún subrayando que son necesarias, alertan que son insuficientes. Por primera vez aparecen estos discursos en tales medios que acentúan que además de austeridad se requiere estímulo económico. Pero todavía no ha aparecido ninguna editorial entre los mayores rotativos del país que indique que las políticas de austeridad han sido un enorme error. Algunos de nosotros lo hemos estado subrayando desde el inicio de la crisis sin que tuviéramos la oportunidad de poner nuestros puntos de vista en tales medios.
2. Cuando en Europa aparecen voces subrayando que tales políticas de austeridad son profundamente erróneas (tal como señala Jean-Luc Mélenchon, candidato del Partido de Izquierdas de Francia), tales voces son definidas por el corresponsal de El País, Miquel Mora, como extremistas. Y cuando escribo una Carta al Director de tal rotativo preguntando por qué la propuesta de Mélenchon de terminar con las políticas de austeridad es extremista y la propuesta de continuarlas (tal como ha escrito El País en sus editoriales), se presenta como lógica, razonable y llena de sentido común, tal carta no se publica.
3. Un tanto semejante ocurre con la candidatura de Marine Le Pen, cuyas posturas en su totalidad son también definidas, no sólo por tal corresponsal, sino por todos los medios, como extremistas. No tengo ninguna simpatía por tal candidata o por tal partido, y muchas de sus posturas, anti-inmigrante entre otras, me repugnan. Pero es un error considerar todas las propuestas o todos sus votantes (la mayoría jóvenes de clase trabajadora) como “extremistas”, pues un punto movilizador para sectores importantes de estas bases es su antagonismo hacia las políticas auténticamente extremistas del establishment europeo responsable de la mayor crisis que ha tenido Europa en los últimos sesenta años. Estas últimas políticas se consideran sensatas, y aquéllas que las oponen como extremistas. ¿Por qué? Esto es lo que se pregunta Mark Weisbrott en The Guardian (27.04.12), ¿por qué salirse del euro es extremista y permanecer en él no lo es? Su respuesta es que la estructura de poder reacciona definiendo como extremistas (frecuentemente también utilizan el término “populistas”) a aquéllos que tienen la osadía de cuestionar la sabiduría convencional que promueven, mientras consideran razonable y de sentido común las políticas realmente extremistas, que están dañando enormemente a la población, y muy en particular a las clases populares. Son ellos, los talibanes neoliberales, los que son totalmente impermeables a los hechos y a los datos.
4. Las políticas llevadas a cabo por el Banco Central Europeo son extremistas y se sitúan fuera de las prácticas de lo que hace un banco central en cualquier país que tenga la sensatez de tener un banco central. Este mal llamado Banco Central Europeo es extremista en su defensa de la banca, habiendo gastado un billón de euros desde el pasado Diciembre para ayudar a los bancos privados (dándoles dinero a un ridículo interés de un 1%) a costa de los Estados que han tenido que venderles a estos mismos bancos una deuda pública a unos intereses claramente exagerados, forzándoles así a un endeudamiento insostenible. El fundamentalismo neoliberal del BCE es único en su extremismo. Ningún otro banco central osa llegar a estos puntos. Y nadie en los medios ha llamado al BCE extremista. En cambio, a las izquierdas que quieren cambiar este BCE, como Mélenchon, le llaman extremista.
Mientras, el extremista BCE está creando un daño enorme, como también lo está haciendo el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional con sus propuestas de continuar imponiendo austeridad a pesar de la enorme evidencia que está causando el colapso de la demanda y la recesión actual, siguiendo un dogma neoliberal que refleja casi un fanatismo en su ceguera frente a la evidencia científica. ¿Quién es realmente extremista?

CHEESECAKE DE PETIT SUISSES DE CHOCOLATE - THERMOMIX -

Para la comida familiar de hoy yo preparé la Cheesecake de petit suisses de chocolate - La Juani de Ana Sevilla -, tenía muchas ganas de hacerla, ya había hecho la de petit suisses de fresa y había quedado muy bien y esta de petit suisses de chocolate yo creo que aún está mejor ¡fina, suave y riquísima! espero que a los invitados les gustara,

Anina

COMIDA FAMILIAR 5-05-12

Hoy nos hemos juntado la familia de mi padre para celebrar los cumpleaños de abril, jejeje! mi padre ha preparado su pan, pizza casera, corderito (me olvidé de sacar foto) y su tarta de galletas y café, yo colaboré con la cheesecake de petit suisses de chocolate de Ana Sevilla, ¡estaba todo riquísimo! y lo pasamos muy bien, a ver si no tardamos tanto en juntarnos de nuevo,

Anina

NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA (JUAN TORRES LÓPEZ)

Declaración de universitarios españoles contra los ataques a la universidad pública

LA SIGUIENTE DECLARACIÓN HA SIDO PROPUESTA INICIALMENTE POR UN GRUPO DE PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA A MIEMBROS DE LA LISTA DE CORREOS UNICRISIS, A LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA ADIUS Y A LA PLATAFORMA ANDALUZA POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA QUE ESPERAMOS LA SUSCRIBAN EN LOS PRÓXIMOS DÍAS Y AHORA LO HACEMOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS.

RECLAMAMOS LA FIRMA DEL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS COMO EXPRESIÓN DEL COMPROMISO UNIVERSITARIO PARA DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE LA GRAN AMENAZA QUE SUPONEN LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y COMO MANIFESTACIÓN DE NUESTRA VOLUNTAD DE MOVILIZARNOS CONTRA ELLAS.

QUEREMOS VUESTRA FIRMA, PERO NO SOLO ESO.

NECESITAMOS VUESTRO APOYO ACTIVO Y VUESTRA PRESENCIA EN LAS MOVILIZACIONES QUE PERMITAN DEROGAR EL DECRETO Y PONER FIN A UNOS RECORTES QUE DESTRUYEN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA QUE, SOBRE TODO, PRECISAN LOS SECTORES DE MENOR RENTA DE NUESTRA SOCIEDAD.

FÍRMALA Y DIFÚNDELA

Quienes firmamos este escrito, miembros de la comunidad universitaria de todas las universidades españolas manifestamos nuestro más absoluto rechazo a las medidas de recorte presupuestario tomadas por el gobierno porque entendemos que suponen un atentado gravísimo y sin precedentes que amenaza la supervivencia del servicio público de la enseñanza superior.

1. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros responden a una grosera improvisación. No son el resultado de un análisis detenido de los problemas que pudiera tener la universidad española, sino la consecuencia de dar el hachazo primero y luego tratar de encontrar argumentos que puedan justificarlo. Una prueba palpable de ello es que los recortes de gasto, la reducción de efectivos y el cambio de normas se realizan antes de que ni siquiera comience a funcionar la comisión nombrada por el Ministerio para que haga propuestas de reformas. Una comisión que igualmente rechazamos de plano porque, con independencia de la muy alta categoría profesional de todos y todas sus componentes, no refleja el pluralismo ideológico de nuestra sociedad y sobrevalora la influencia de los intereses bancarios privados a la hora de definir el mejor ordenamiento de la universidad pública española.

2. Para abrir paso a esas medidas y para apoyar los recortes, el propio Ministro y otros dirigentes políticos del Partido en el Gobierno han dado datos incorrectos o han dicho mentiras que confunden y engañan a la opinión pública:

• Para argumentar que en España hay demasiadas universidades el Ministro ha manifestado que en California hay 10, cuando en realidad hay 146. En contra de lo que dice el Gobierno, es fácil deducir que en España más bien hay pocas universidades: los dos países que tienen mayor número de centros universitarios de investigación de excelencia entre los mejores del mundo son Estados Unidos y el Reino Unido, y en ellos hay una universidad por cada 94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente; mientras que en España hay una por cada 582.000 (Estos datos y los siguientes en José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros, Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16-4-2012).

•  Para hacer creer que es baja la calidad de nuestros centros universitarios, que combinan la docencia y la investigación, el Ministro los compara con rankings en los que la inmensa mayoría son solo centros de investigación y, sobre todo, sin hacer mención a que 99 de los 100 primeros están en países que casi doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de España.

•  Para exagerar el coste del fracaso escolar el Ministro ha afirmado que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y que el abandono definitivo solo es del 12%. Y tanto el Ministro como la Secretaria General del Partido Popular han difundido la idea falsa de que el coste de ese abandono (exagerado) es de 3.000 millones de euros, una cifra equivocada y sin fundamento empírico ninguno.

3. Denunciamos que lo que viene haciendo el gobierno para justificar los recortes de presupuesto es simplemente una campaña contra la universidad pública que solo puede calificarse, cuando menos, como desleal. El Ministro se empeña en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara e inútil para crear empleo y le oculta la realidad:

• Los estudios internacionales muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a la de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos anualmente un 20% menos en recursos.

•  El 79% de quienes obtienen su título en España lo hacen en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa organización y con menor gasto por estudiante.

•  La tasa de paro de los y las egresadas universitarias es la mitad que la del resto de la población y todo ello se consigue en la universidad pública con un coste por estudiante que es un 25% más bajo que el de la privada.

 4. A los recortes realizados en los Presupuestos Generales del Estado en las partidas destinadas a la investigación, ahora se suman las consecuencias del Real Decreto Ley de racionalización de gasto público en el ámbito educativo que van a impedir desarrollar con la necesaria calidad el servicio público de la enseñanza superior tan necesario para el progreso de nuestra sociedad. Denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la competitividad económica que tanto reclama. Unos motores que se resienten cuando se aumentan las obligaciones docentes al mismo tiempo que se recortan recursos para la investigación. O cuando se encarece el precio de los másteres y se anula a la vez el sistema de préstamos renta y se disminuyen las becas, porque eso dará lugar a que no sean las personas de mayor talento quienes puedan acceder a la carrera investigadora, sino solo las de más ingresos. Y denunciamos que son un golpe brutal al principio de igualdad de oportunidades porque el aumento indiscriminado de las matrículas, sin estudiar previamente los efectos de otras distintas posibilidades más justas y eficientes de fijar sus precios, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que las personas de rentas más bajas tengan más difícil acceder a los estudios universitarios.

El aumento de las dedicaciones docentes, en función de los criterios establecidos en el RD, elude las consecuencias a corto y largo plazo de tales medidas: se toman antes de revisar o consensuar con la comunidad docente/investigadora los criterios y baremos establecidos para la obtención de tramos investigadores en función de la naturaleza variable de la producción científica de las diversas disciplinas; así, la mayor carga de docencia recaería en quienes “menor investigación realizan”, con lo cual cabe pensar en que la docencia no se beneficiaría de la lógica retroalimentación del avance científico;  por último,  se da un golpe a la promoción de la investigación y de los investigadores e investigadoras, pues con más contratos precarios y mayor actividad docente tendrán más dificultades para lograr tramos de investigación.

5. Quienes firmamos esta declaración sabemos que en nuestra institución hay problemas, que se pueden y se deben optimizar los recursos que la sociedad nos proporciona, y estamos dispuestos a contribuir con nuestro esfuerzo a que el servicio público universitario funcione mejor y con mayor ahorro de recursos. Tenemos la convicción de que hay que mejorar la adecuación de la oferta a la demanda de estudios, hoy día muy desequilibrada, coordinar mejor los mapas de titulaciones o acoplar las plantillas de profesorado a las necesidades reales de la docencia y la investigación, entre otras cosas. Pero eso no puede llevarnos al engaño. Nada de eso se puede conseguir con menos recursos, poniendo en peligro lo bueno que han tenido las reformas de los últimos años, cerrando el paso a cualquier estrategia de diálogo y dificultando el acceso a la universidad y a la carrera universitaria a las personas de rentas más bajas.

De esta manera, disminuyendo recursos a un sistema ya de por sí necesitado de ellos, y sin propuestas que realmente supongan una mejora de su uso, por mucho que se hable de “racionalización”, el gobierno solo va a conseguir deteriorar el sistema universitario español y, en consecuencia, la evolución negativa de nuestra economía y el empleo, la situación de las empresas y el bienestar social. La evidencia histórica nos indica que eso es lo que sucede cuando se adoptan medidas como las aprobadas por el Gobierno español. Y esa evidencia, junto a las crecientes facilidades que se vienen dando a los centros privados, es lo que nos lleva a denunciar que la estrategia que en realidad se viene persiguiendo en este como en otros servicios públicos es su privatización progresiva para convertirlos en simples negocios privados con independencia de que así queden millones de españoles y españolas sin poder acceder a ellos.

Por todo esto, llamamos a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, con independencia de sus ideas políticas y simplemente amantes y defensores de la universidad pública, a que suscriban este escrito con su firma, a que lo divulguen y a que asistan a las convocatorias que se harán en todas las universidades frente a los rectorados para reclamar a nuestros máximos representantes que defiendan estas ideas y rechacen de plano los recortes del gobierno por suponer un atentado gravísimo y de efectos terribles para el futuro inmediato de la sociedad y de la economía española. Y en concreto, para que con su firma exijan firme y directamente al Presidente del Gobierno la dimisión del Ministro de Educación y Cultura y la retirada inmediata del Real Decreto de “racionalización” del sistema educativo porque simplemente significa la destrucción del sistema público que con tanto esfuerzo y siempre con insuficientes recursos hemos podido levantar en los últimos años con una calidad y alcance social de la que, a pesar de todo, nos sentimos orgullosos y orgullosas.

Abril 2012

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La improvisación de Rajoy considerada como una de las Bellas Artes (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en publico.es el 2 de mayo de 2012

Mariano Rajoy ha inventado el Bálsamo de Fierabrás. Lo ha dicho claro y sin tapujos: de aquí al final de legislatura, una reforma todos los viernes; como Dios manda, con la misma disciplina estricta que requiere el cumplimiento de las fiestas de guardar de las personas de bien.
Si el mal de todos los males es que la gente se de cuenta de adónde nos lleva cada una de ellas, el agua milagrosa que puede curarlo no puede ser mejor que el hacerlas una detrás de otra, sin solución de continuidad, de modo que el dolor de la nueva haga olvidar el daño de la anterior. ¿Quién se acuerda ya de las primeras subidas de impuestos si luego han venido, ay Dios, los Presupuestos, el hachazo suplementario posterior en educación y sanidad, y ahora, poco a poco, su concreción y las privatizaciones que conlleven aumentos de tarifas, la subida del IVA y vaya usted a saber qué otras más?
Además, ¿qué mejor forma de tener contento al Gran Jefe Alemán que la de presentarle un golpe de efecto cada semana, la de mostrar cada siete días que el gobierno está dispuesto a ir cada vez más lejos y a donde digan en cada momento que debe ir?
¿Que la Señora que todo lo puede manda a su Ministro de Hacienda a Santiago de Compostela para que revise nuestras cuentas? Pues aprovechamos para anunciar que privatizamos lo que haga falta, para que vayan preparando la cartera y nos compren otro más de los pocos recuerdos de familia que nos van quedando.
- ¿Qué quiere, Ministro Shäuble, dígame qué quiere? ¿Loterías?, ¿Renfe?, ¿AENA?, ¿ADIF?, ¿los puertos?, ¿gestión de hospitales, de colegios, o quizá también las universidades? Tranquilo, dígale a Frau Merkel que el viernes próximo están a su disposición y no se preocupe por la cuenta que ya haremos números cuando les venga bien. ¿Algo más? Sí, claro, algo de trigo para los pollos: que, por supuesto, como dice el alemán, que hemos de ir a una economía del conocimiento. Con menos maestros y escuelas, con perores universidades y cerrando centros de investigación, eso sí, ¡qué le vamos a hacer! ¡A ver!, los investigadores que aprovechen y aprendan de paso a emprender: a buscar por ahí unos miles de euros si quieren acabar sus proyectos. Y si no, que los anulen todos, eso, como la Cospedal, que lo cierren todo. ¿Investigar?… ¡qué sabrán de eso!
Se podría decir que la estrategia de Rajoy es pura improvisación, que si de verdad tuviese un proyecto reformista serio, profundo y consistente lo presentaría como se presentan siempre los auténticos proyectos de reforma, en un paquete y de una tacada y no a base de pildorazos cuyo contenido nadie conoce ni siquiera dos o tres días antes de que se anuncien.
Es posible que sea así pero hay que reconocer que Rajoy ha conseguido hacerlo como quien ejecuta un arte singular, como un maestro del ingenio y la creatividad capaz de distraer la atención y encerrar la realidad en unas cuantas frases que pueden con todo. Rajoy ha hecho un arte de la improvisación y del disimulo para aparecer cada viernes como el autor de una obra previamente trazada. No sé si lo está logrando del todo, ni lo que pensarán de él y de su gobierno los amos a los que intenta complacer o las gentes más corrientes a las que quiere engañar, pero en todo caso me recuerda mucho lo que nos enseñó uno de mis grandes clásicos preferidos, Thomas de Quincey. En unas pocas pero sublimes líneas de su opúsculo El asesinato considerado como una de las Bellas Artes (Alianza, 1994) nos indica lo que suele suceder a quienes abusan de lo malo, como, salvando todas las distancias que haya que salvar, quizá podría pasarle a nuestro Presidente si insiste en seguir improvisando con tanto denuedo como disimulo: “Si uno empieza por permitirse un asesinato -dice de Quincey-, pronto no le da importancia a robar, del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a deslizarse cuesta abajo ya no sabe dónde podrá detenerse. La ruina de muchos comenzó con un pequeño asesinato al que no dieron importancia en su momento”.
Es por ello, por cierto, que de Quincey subraya la importancia que tiene oponerse desde el principio a lo que no nos conviene (principiis obsta, nos dice recordando los Remedia Amoris de Ovidio). Deberíamos tomar nota porque, aunque conmueve el arte de Rajoy, preocupa mucho cómo puede terminar y adónde nos puede llevar.

BORRACHINES JUANEROS - THERMOMIX -

Hoy es el día del trabajo y para celebrarlo hemos preparado estos Borrachines juaneros - La Juani de Ana Sevilla -, los hicimos entre los 3 (mis padres y yo), y quedaron riquísimos, ¡todos los que los probaron dijeron que estaban buenísimos!. Con esta receta hemos participado en el 2º reto del grupo de facebook Juaneando con Ana Sevilla, ¡aún teneis tiempo de participar!

Anina

Represión Antidemocrática (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado en El Plural, por Vicenç Navarro. 30 de abril de 2012.

Este artículo critica las propuestas realizadas por el Ministro de Interior del Gobierno Español y el Conseller de interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de criminalizar los actos de resistencia pasiva, incluidas las sentadas, señalando que tales medidas estimularán la violencia que en teoría quieren prevenir. En realidad, tales medidas lo que intentan es debilitar e incluso eliminar los movimientos de protesta hacia las políticas públicas que están imponiendo a la población, sin tener un mandato popular para llevarlas a cabo.

Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales.

Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión.

En realidad, la resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad, la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva, para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares. Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.

Ni que decir tiene que la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa. La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales actos.

Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig.

Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”. En lugar de ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene conciencia democrática.

Acabar con la universidad pública a base de mentiras (JUAN TORRES LÓPEZ)

Publicado en Sistema Digital el 26 de abril de 2012

Después de conocer las medidas adoptadas por el gobiernos para “racionalizar” el gasto educativo en la universidad no sé bien qué es peor, el ataque a la universidad pública que suponen o las mentiras que el Ministro y los dirigentes del PP están diciendo para justificarlas.

La universidad española tiene problemas objetivos que son muy bien conocidos porque han sido puestos de manifiesto por muchos estudios empíricos realizados desde todos los enfoques ideológicos.

Sabemos que está mal financiada. No solo porque recibe menos recursos que la media de los países de nuestro entorno y mucho menos que los sistemas universitarios de vanguardia a los que siempre nos comparan (las práctica totalidad de las 100 mejores universidades a las que refiere el Ministro para decir que ninguna española está entre ellas, están en países en donde se invierte en I+D el doble que en España). También lo está porque la financiación que reciben las universidades no se dirige suficientemente bien y porque no hay suficientes mecanismos de evaluación de su impacto, de su equidad, eficacia y rendimiento.

En casi la totalidad de nuestras universidades hay un claro desacople entre demanda y oferta de titulaciones, y por supuesto también a nivel global. Tanto las autoridades académicas como las políticas han asumido el ineficaz e insensato criterio de que una universidad es mejor si dispone de un completo abanico de titulaciones, lo que ha dado lugar a duplicidades muy caras e inútiles y ha dificultado la especialización que hubiera permitido utilizar mucho mejor los recursos.

La universidad española tiene también un problema grande porque no está inserta en un auténtico sistema de enseñanza superior. En la práctica no existe la formación profesional de máximo nivel, o la enseñanza superior solo consagrada a la docencia más orientada a la formación laboral de excelencia, y eso ha masificado también inútilmente los centros universitarios con alumnos y profesores que deberían encontrarse realmente en la enseñanza superior no universitaria. Los intentos de acercar los estudios superiores a las demandas del mercado laboral incidiendo solo en la actividad universitaria sin desarrollar la enseñanza superior no universitaria es una barbaridad porque desnaturalizan a la primera que, por definición, no debe funcionar solo para satisfacer a las demandas de los mercados o las empresas sino, precisamente, para proporcionar la inteligencia colectiva que permita el progreso, que no es otra cosa que el cambio constante de las inercias dominantes.

En gran parte, estos problemas subsisten porque el sistema de control social ideado a través de los consejos sociales no ha funcionado. Y no se puede decir que eso haya ocurrido por culpa de los universitarios. Entre las presidencias y secretarías que ocupan dirigentes de partidos gobernantes que estaban en el dique seco (por cierto con sueldos desorbitados que se deberían hacer públicos) y que son muy poco operativas y las personalidades que los conforman en otros casos sin apenas capacidad ejecutiva sobre el funcionamiento de la universidad, solo se ha conseguido que los consejos se dediquen a dar unos cuantos premios, a ponerle unas algunas trabas sin importancia a los presupuestos para hacerse notar y a muy poco más.

Para proponer soluciones a problemas como estos y a otros más que puedan ponerse sobre la mesa, el Ministerio ha creado una comisión de expertos formada por personas todas ellas de indudable mérito y capacidad y del más alto nivel profesional o académico, pero de una gran homogeneidad ideológica. Es fácil prever que si se dejan fuera del análisis y de la posibilidad de hacer propuestas a quienes representan sensibilidades y preferencias diferentes y que responden también a los intereses de una buena parte de la población, las conclusiones a las que se llegue estarán sesgadas y nunca responderán a las necesidades del conjunto de la sociedad.

En cualquier caso, el gobierno no ha esperado a disponer de propuestas para dar el hachazo y ha adoptado medidas que llama de racionalización pero que simplemente representan un ataque sin precedentes a la universidad pública española.

Ha modificado la dedicación docente del profesorado en virtud de un supuesto criterio de dedicación a la investigación que no lo es y que lo que va a conseguir es un doble efecto perverso: que sea todavía más difícil que los profesores compaginen la docencia y la investigación y que se puedan atender con eficacia las nuevas necesidades que plantea el sistema de Bolonia que así va a perder lo único bueno que podía haber traído consigo. Paralelamente el Ministerio ha dado un tajo brutal en los Presupuestos Generales del Estado a los recursos destinados a financiar la investigación, lo que se va a traducir en docenas de proyectos paralizados, en mucha menos movilidad y en una menor presencia de los investigadores españoles en la vanguardia de la ciencia internacional. Y la disminución en el número y variedad de becas va a impedir que los mejores talentos se dediquen a la actividad investigadora si no disponen de recursos propios. Más o menos lo que va a ocurrir si la subida de tasas no se hace racionalmente,  con mayores criterios de equidad y con más becas o sistemas alternativos de financiación de las matrículas.

Y, como decía al principio, el Ministerio ha tomado estas medidas difundiendo una serie de datos erróneos, que realmente entran en la categoría de mentiras cuando se repiten conscientemente, y que solo se orientan a desprestigiar a la universidad pública española con el fin de justificar el daño que se le hace. El Ministro Wert ha hecho referencia, por ejemplo, a que en España hay un excesivo número de universidades, cuando lo cierto es que hay menos por habitante que en los países que están en la vanguardia del conocimiento (en España hay casi el doble de alumnos por universidad pública que en el Reino Unido y casi seis veces más que en Estados Unidos; y prácticamente la mitad de universidades de las que hay en California, en donde se inventó que había solo 10); ha hecho mención erróneamente a los datos de abandono de estudios (confundiendo la salida de la universidad con el cambio de titulación) y ha exagerado sin fundamento el supuesto coste de ello; utiliza los datos de desempleo de universitarios para afirmar la ineficacia de las universidades públicas pero no los compara con la tasa de paro general; y no tiene en cuenta que otros indicadores de eficacia y rendimiento académico muestran que la universidad pública española prácticamente está a la altura de las demás de nuestro entorno aunque dispone de muchos menos recursos para la docencia y la investigación o cuando gastamos la tercera parte en becas (Ver José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros en Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas. El País, 16 de abril de 2012).

No puede ser casualidad que se estén difundiendo tantos datos falsos y opiniones negativas sobre la universidad española justo cuando, en lugar de abordar los problemas que tiene de verdad, se adoptan recortes que son los que realmente van a impedir que cumpla con eficacia sus funciones. Yo creo que no es ni mucho menos casualidad, porque desde hace tiempo sabemos que lo que está haciendo el Partido Popular en política universitaria y educativa en general es lo que mismo que hace en el conjunto de los servicios públicos: disminuir sus recursos, dejar así que empeore su gestión y funcionamiento y propiciar de esa manera que se vaya consolidando la provisión privada.

Si lo dijeran claro, al menos podríamos pensar que quienes lo están haciendo son políticos transparentes y honrados.

POTAJE DE LA ABUELA - THERMOMIX -

Hoy para comer y con este tiempo de lluvia y frío, apetecen estos platos Potaje de la abuela - La Juani de Ana Sevilla - ¡está muy rico! ¡a Juanma le ha gustado mucho! así que se puede repetir, jejeje!

Anina

PECHUGAS DE POLLO A LA REINA - THERMOMIX -

Hoy preparé estas Pechugas de pollo a la reina - La Juani de Ana Sevilla -

A mi me han gustado, son muy suavecitas, ¡parecen de dieta! ¡y eso a mi no me viene mal! jajaja. Sin embargo a Juanma no le han gustado nada, dice que son muy sosas, que no saben a nada, ya sabéis, para gusto las distintas recetas! jejeje.

Anina

El falso problema de la deuda pública. El caso de EEUU (y de España) (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 27 de abril de 2012

Este artículo señala que la llamada “crisis de la deuda pública” es una situación creada sobre todo por el capital financiero (entre los que destaca la banca y las compañías de seguros, así como las hedge funds) a fin de  privatizar la Seguridad Social y el Estado del bienestar. El artículo se centra en la situación de la deuda pública estadounidense, señalando su relevancia al caso español.

No existe plena conciencia en muchos círculos progresistas de que el llamado “problema de la deuda pública” es un fenómeno creado artificialmente para justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Un caso claro, entre otros muchos, es el debate existente en EEUU sobre tal deuda. En un intento de reducir el Estado del Bienestar, las fuerzas conservadoras y neoliberales (las derechas) están promoviendo la percepción de que la deuda pública del Estado federal es insostenible, requiriéndose recortes muy sustanciales del gasto público, y muy en particular del gasto público social, incluyendo el de la Seguridad Social y el de los servicios públicos del Estado del Bienestar (con especial énfasis en los programas federales de asistencia sanitaria a los ancianos, ‘Medicare’, y a las personas en situación de extrema pobreza, ‘Medicaid’, programa, éste último, que se cofinancia con los Estados para cubrir a las personas llamadas “médicamente indigentes”, término que se utiliza para definir a aquellas personas que no pueden pagar sus facturas médicas. En la promoción de tal postura, los medios de difusión de la derecha (como el ‘The Wall Street Journal’) publican artículos e informes que son citados también por los corresponsales españoles en EEUU sin ninguna crítica, contribuyendo a la difusión de tal percepción. Entre ellos destaca Antonio Caño, el corresponsal de ‘El País’ en Washington.

El problema con tales reportajes es su nula credibilidad científica. Veamos los datos. La deuda pública federal creció en los últimos diez años (del 2000 al 2010) 9,2 billones de dólares. Este crecimiento ha sido causado por los siguientes gastos: 1) el 34,2% de este crecimiento (3,15 billones) nace del recorte de impuestos aprobado por el presidente Bush, que ha beneficiado primordialmente a las grandes fortunas; 2) el 22,9% (2,1 billones) del crecimiento del gasto militar, consecuencia de las guerras de Irak y Afganistán; y 3) el 9,8% (0,9 billones) de la ayuda directa (subsidios públicos) a la banca (y que no incluye los préstamos a Wall Street, 9 billones que no se contabilizan al presupuesto del Estado, pues se consideran –erróneamente- como préstamos). En total, la gran mayoría del crecimiento de la deuda pública (el 67%) se debe a medidas de apoyo al complejo militar industrial, a la banca y a las rentas superiores. Sin embargo, ninguna de las medidas encaminadas a reducir la deuda pública está orientada a cambiar estas políticas. En su lugar, se intenta reducir el gasto público social, concretamente la Seguridad Social y los servicios sanitarios, y ello a pesar de que la Seguridad Social (las pensiones principalmente) no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública. Todo lo contrario, la Seguridad Social (que no se contabiliza en el presupuesto federal) ha estado en superávit en los últimos veinticinco años (alcanzando los 2,4 trillones de dólares), calculándose que producirá un trillón de dólares más en el superávit de los próximos diez años (en este artículo se utiliza “trillones” y “billones” según la terminología estadounidense). En realidad, las estimaciones más creíbles, por su rigor, son las producidas por los propios expertos de la Seguridad Social que señalan que la Seguridad Social estadounidense no tiene ningún problema de solvencia durante los próximos 50 años. La Seguridad Social no ha contribuido en absoluto al crecimiento de la deuda pública, al contrario. Sus intereses han estado financiando la deuda pública. El argumento de que hay que reducir las pensiones a fin de salvar la deuda pública, que hace ‘The Wall Street Journal’, y que reproduce Antonio Caño en ‘El País’, es insostenible y muestra una ignorancia o malicia que pertenece a la esfera de creencias dogmáticas neoliberales impermeables a la luz de los datos.

En cuanto a los servicios públicos sanitarios, ellos han contribuido en un porcentaje muy menor (1,9%) al crecimiento de la deuda pública. En realidad, el capítulo más importante que ha contribuido al crecimiento de tal déficit ha sido el capítulo ‘D’ de ‘Medicare’, es decir, el gasto farmacéutico, consecuencia de la medida adoptada por el presidente Bush jr., que prohibió (sí, sí, prohibió) al Gobierno federal marcar el precio de los productos farmacéuticos comprados por tal gobierno, permitiendo que fuera la propia industria farmacéutica la que definiera tales precios. El capítulo de farmacia, que se contabiliza aparte, fue el que representó un porcentaje mayor, 4,8% (450 millones), resultado del gran poder de la industria farmacéutica, que recogió amplios beneficios, conllevando este incremento.

Un 2,7% (255 millones) del aumento se debió a la bajada de impestos, resultado del crecimiento del desempleo. Un 2,9% (270 millones) fue resultado del crecimiento del pago de los intereses de la deuda.

El estímulo económico, iniciado por el presidente Bush y expandido notablemente por el presidente Obama, representó el 20,6% del crecimiento de la deuda pública (1.896 millones). Este estímulo consistió en rebajas de impuestos (durante el mandado del presidente Bush), a los cuales el presidente Obama añadió inversiones públicas en creación de empleo, medida más estimulante del crecimiento económico que la reducción de impuestos, y que frenó la Recesión que iba en camino de convertirse en Depresión.

El segundo error que hace la derecha estadounidense y que reproduce la derecha española, es considerar el tamaño de la deuda pública (como porcentaje del PIB) como el indicador de su gravedad, es decir, de su impacto negativo en la economía. Este error es fácilmente demostrable, cuando se observa que los intereses de la deuda pública en EEUU son los más bajos de los existentes hoy en el mundo desarrollado. Si los bonos públicos se percibieran como arriesgados e inseguros, como ocurre en España (que tiene una deuda pública mucho más baja que el promedio de la UE-15 y de EEUU), sus intereses serían elevadísimos. Y en cambio son bajísimos y, a pesar de ello, los mercados financieros los valoran muy positivamente (ignorando las valoraciones negativas que hacen de ella las agencias de rating). ¿Cuál es, pues, el problema con la deuda pública en EEUU? En realidad, ninguno. Lo que ocurre es que la derecha (tanto en EEUU como en España) está utilizando todo tipo de argumentos, errores y falsedades para cargarse al Estado del Bienestar.

Una situación semejante ocurre en España. La deuda pública española es más baja que la del promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante desarrollo económico al español, e incluso más bajo que la deuda pública alemana. Los elevadísimos intereses del Estado español (que incluye tanto el Estado central como el autonómico y municipal) no tienen nada que ver, repito, nada que ver, con el tamaño de la deuda pública. Ni tampoco mucho que ver con la manoseada “confianza de los mercados”. Tiene que ver primordialmente con decisiones políticas, entre las cuales una de las más importantes es la negativa del Banco Central Europeo (que no es un banco central, sino un ‘lobby’ de la banca, y muy en especial de la banca alemana) a comprar deuda pública española, exigiendo al Estado español que desmantele su Estado del Bienestar como condición de que el Banco Central compre tal deuda pública. Es un chantaje vergonzoso que se utiliza por la derecha española (y europea) para conseguir lo que siempre han deseado. El llamado “problema de la deuda pública” es un problema artificial, es decir, creado por voluntad política (de sensibilidad neoliberal) a fin de desmantelar las conquistas sociales de las clases populares. Así de claro.

El ocaso del neoliberalismo en América Latina: El caso de Argentina

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 26 de abril de 2012

Este artículo muestra que ha habido en la mayoría de países de América Latina, una ruptura con el neoliberalismo, que no se ha dado todavía en la Unión Europea, ruptura que ha beneficiado el bienestar y calidad de vida de las clases populares. El artículo analiza la situación en Argentina, incluyendo la ruptura de la paridad peso-dólar y la nacionalización de la industria petrolífera, como muestra de ello.

El pensamiento neoliberal y la aplicación de sus políticas han dañado durante muchos años el bienestar y calidad de vida de las clases populares de los países de la Unión Europea, incluyendo España. La desregulación de los mercados laborales y de los mercados financieros, la privatización de los sectores claves de la economía, la reducción del gasto público, incluyendo el gasto público social, y la dilución de la protección social han sido las constantes en las políticas promovidas en la Unión Europea por el Banco Central Europeo, por la Comisión Europea, por el Consejo Europeo, y al otro lado del Atlántico por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Tal pensamiento también dominó América Latina durante muchos años cuando, país tras país, se vio la imposición de tales políticas que causaron un gran malestar y agitación social entre sus clases populares, lo cual explica las represiones que los gobiernos de aquel continente tuvieron que realizar para imponerlas. El caso de Chile bajo el General Pinochet fue el caso más extremo, pero no fue el único. Toda una retahíla de gobiernos, algunos dictatoriales, otros escasamente democráticos, de cariz autoritario, impusieron tales políticas a un coste humano y económico elevadísimo. El Center for Economic and Policy Research (CEPR) de Washington ha comparado indicadores económicos y sociales de América Latina antes y después de aquella época y la comparación es claramente negativa para la época neoliberal (caracterizada por un menor protagonismo del Estado), y no sólo en relación a su crecimiento económico, sino también en el crecimiento del Estado del Bienestar y de la protección social. (ver Navarro, V. Los “malos” gobiernos populistas latinoamericanos, 20 de enero de 2012 en www.vnavarro.org).

Ahora bien, aunque estas políticas neoliberales continúan siendo las dominantes en la Unión Europea, no es así en América Latina donde, con la excepción de Colombia (el país del mundo que tiene mayor número de asesinatos de sindicalistas) y algún otro país, pocos, tales políticas han dejado de dominar sus vidas económicas y sociales. Una de las primeras rupturas con el neoliberalismo fue el gobierno de Argentina que, en 2001, rompió la paridad que la moneda argentina tenía con el dólar. Aunque Argentina tenía moneda propia, el peso, en la práctica la fijación de tal moneda con el dólar estadounidense implicaba que no tenía potestad para cambiar su valor, perdiendo con ello uno de los instrumentos más importantes para estimular la economía, mediante la devaluación de la moneda. Tal fijación peso-dólar había conducido a Argentina (durante el periodo 1998-2001) a tener la mayor recesión conocida en su historia. Fue en aquel periodo, durante los gobiernos del neoliberal y corrupto Menem y de Fernando de la Rúa, cuando el Ministro de Economía argentino indicó con toda franqueza que el éxito de su política económica dependería más del Ministerio del Interior (encargado de la Represión) que del de Economía. Pero la ciudadanía no aguantó. El resultado fue que el gobierno Argentino rompió la paridad de su moneda con el dólar, desoyendo así la voz del Fondo Monetario Internacional, que había condicionado su “ayuda” a tal fijación del peso argentino al dólar. Lo que Argentina hizo sería comparable a que España dejara el euro.

Como era de esperar, la reacción unánime del FMI, del Banco Mundial, de los establishments europeos y del gobierno federal de EEUU, fue de condena, señalando que tal medida sería un desastre para Argentina. La devaluación de la moneda significaría, según tales establishments, que el valor de la deuda pública argentina sería menor, pagándose a los acreedores menos de lo que estos esperaban. De ahí que concluyeran que a Argentina le sería imposible pedir dinero prestado de los mercados financieros, colapsando con ello su economía. Pues bien, todos aquellos establishments erraron en sus pronósticos. A partir de entonces, Argentina creció enormemente (fue el país que creció más rápidamente en Latinoamérica), reduciendo la pobreza, incluyendo la pobreza extrema y aumentando tres veces su gasto público social durante el periodo 2001-2010. No sorprendentemente la presidenta Cristina Fernández de Kirchner –odiada por los neoliberales- fue reelegida en las últimas elecciones legislativas por un 54% de votos.

La nacionalización de la compañía petrolera argentina

Pero este proceso de ruptura con el neoliberalismo en Argentina ha continuado con la nacionalización de la compañía petrolera YPF, la cual había sido privatizada durante el periodo neoliberal del gobierno Menem, cuando Repsol, la compañía petrolífera española, pasó a tener el 57% de sus acciones. Con tal nacionalización, el gobierno argentino pasará a tener el 52%, controlando tal compañía. Como era de esperar, el gobierno de España, las élites que dirigen la Unión Europea y el FMI, los paladines del neoliberalismo, han condenado tal medida, augurando un desastre para Argentina. Una voz histriónica en este sentido ha sido predeciblemente la del Sr. Xavier Sala i Martín, “Repsol és només el principi” (“Repsol es sólo el principio”), La Vanguardia (23.04.12). El argumento que utilizan es que Argentina no encontrará instituciones que le presten dinero ni experiencia técnica para expandir la producción del petróleo en aquel país. Lo mismo se dijo, por cierto, cuando el presidente Hugo Chávez nacionalizó una serie de compañías extranjeras (cemento, acero y otros sectores), incluyendo algunas de EEUU; y cuando el presidente Morales de Bolivia nacionalizó las compañías del petróleo y producción de gas, telecomunicaciones y electricidad; y cuando el presidente Rafael Correa del Ecuador, nacionalizó las compañías de distribución del plátano. Pues bien, ninguno de los vaticinios de desastre se ha cumplido. Uno de los vaticinadores fue Moisés Naím, colaborador de El País y que fue en su día miembro del equipo económico del presidente Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, que promovió el neoliberalismo en aquel país, y que ahora concluye que tales medidas en Argentina llevarán a la ruina del país (“Cristina, Petróleo y Psicoanálisis”, El País. 21.04.12). Según Moisés Naím, que considera Colombia como el modelo a seguir para América Latina, la nacionalización caracteriza a los países con economías mediocres. Una postura casi idéntica aparece en el citado artículo de Sala i Martín. Moisés Naím y Sala i Martín, para llegar a sus conclusiones, deliberadamente ignoran algunos hechos. La gran mayoría de países productores de petróleo tienen empresas públicas (no empresas privadas) que controlan la producción de tal material, Rusia, Noruega, Venezuela, Méjico, Gran Bretaña y Arabia Saudí, entre otros, tienen nacionalizadas sus compañías energéticas. En realidad, Argentina era de las pocas excepciones. Referente a la intrínseca ineficacia que Sala i Martín atribuye a las empresas nacionalizadas, baste ver el éxito de Noruega, donde la empresa pública petrolífera ha garantizado el nivel de vida y calidad de vida de aquel país.

En cuanto a la falta de inversión extranjera, hay que atenuar, tal como acentúa Mark Weisbrot, co-director del CEPR-este fetichismo acerca de la inversión extranjera. Uno de los países con mayor crecimiento en el mundo del subdesarrollo, Corea del Sur, lo hizo sin apenas tener inversión extranjera. El otro hecho, ignorado por los economistas neoliberales, es que la producción de petróleo en Argentina había bajado, creando un grave problema del 2004 al 2011; la producción del petróleo descendió un 20% debido en parte a la escasa inversión por parte de Repsol. Consecuencia de ello es que Argentina en 2011 tuvo que importar petróleo por primera vez en su pasado reciente. De ahí que el gobierno Kirchner decidiera cambiar la situación y tomar control de la compañía petrolífera.

Una última observación. El gobierno Rajoy está intentando movilizar los sentimientos patrióticos acusando al gobierno argentino de atacar a España. El error en este argumento es que la mayoría del capital de Repsol no es español. En realidad, la única vez que fue español fue cuando estaba nacionalizado. Fue cuando el gobierno del PP lo privatizó cuando perdió su nacionalidad española. Intentar movilizarse para defenderla es ignorar quién es hoy Repsol, una compañía (como Endesa, otra empresa privatizada por el PP) que se caracteriza por su insensibilidad hacia el usuario español. Como siempre hacen los nacionalistas, el PP está manejando la bandera para defender, no los intereses generales, sino los muy particulares En realidad, la nula sensibilidad patriótica de Repsol se expresa en una de las empresas del IBEX 35 que utiliza más los paraísos fiscales, a fin de evitar pagar impuestos al Estado español, como bien ha señalado Juan Torres en su artículo “¿Argentina es quién perjudica a España?” ¡De patriota, Repsol, nada!

¿Argentina es quien perjudica a España? (JUAN TORRES LÓPEZ)

En un artículo anterior (Repsol no es España) escribía en este mismo diario que el intento de confundir los intereses de la multinacional con los del conjunto de los españoles es un ardid demasiado forzado. Hubiera dejado ya el tema si no fuera porque los dirigentes del Partido Popular se empeñan en utilizar el contencioso entre el gobierno argentino y Repsol como un velo que oculta los verdaderos problemas y enemigos que tenemos los españoles.

El  Ministro de Asuntos Exteriores ha afirmado que la decisión argentina perjudica a nuestros intereses y a los del conjunto de las empresas españolas. Una afirmación que me parece igualmente desenfocada y que busca encontrar enemigos donde yo creo que no están los de verdad.

Vaya por delante que no me pronuncio sobre la conveniencia o no de que el gobierno argentino defienda sus intereses nacionales nacionalizando YPF. Y que entiendo que los propietarios de esta última traten de sufrir el menor quebranto económico posible. Pero eso es una cosa y otra que todo un gobierno se equivoque a la hora de determinar quiénes son los enemigos que verdaderamente perjudican nuestros intereses con tal de ayudar a los propietarios de la multinacional, que no somos precisamente todos los españoles.

Por eso me parece que no estaría de más que el gobierno se planteara y respondiese con sinceridad ante la opinión pública a algunas preguntas elementales.

¿Quién perjudica a España y a sus empresas? ¿Argentina, o los tratados europeos que impiden que el Banco Central Europeo financie a los gobiernos, lo que ha ocasionado que solo en 2008, 2009 y 2010 España haya tenido que soportar una deuda ilegítima de 120.842 millones de euros?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los especuladores financieros, las agencias de calificación y los banqueros que manipulan los mercados para alterar artificialmente el precio de la deuda y obtener pingües beneficios?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los grandes poderes europeos, encabezados por su cómplice principal, el gobierno alemán de la Señora Merkel, que se empeña en imponer a toda Europa políticas que inevitablemente nos llevan a la depresión económica?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las grandes fortunas y grandes empresas cuyo fraude a la hacienda española supuso 42.711 millones de euros en 2010?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o las empresas que utilizan paraísos fiscales para evadir impuestos y no cumplir con todas sus obligaciones fiscales en España, como Repsol, que es la empresa del IBEX-35 que mantiene más sociedades ubicadas en paraísos fiscales.

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no luchan decididamente contra el fraude fiscal y hacen que España sea el país europeo que menos gasta en perseguirlo?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que aprueban amnistías fiscales para legalizar el comportamiento de los defraudadores?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos que para obtener beneficios extraordinarios dando crédito financian burbujas inmobiliarias insostenibles y que influyen en los gobiernos para imponer políticas económicas que endeuden a las familias y a las pequeñas y medianas empresas?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los bancos españoles que reciben del Banco Central Europeo todo el dinero que pidan al 1% y sin embargo obligan a miles de pequeñas y medianas empresas a financiarse mediante tarjetas de crédito a más del 29% de interés porque no les dan otro tipo de financiación?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que indultan a banqueros delincuentes y a políticos corruptos que roban el dinero público, mientras hacen que las leyes caigan con todo su peso sobre los trabajadores y pequeños empresarios que cumplen con sus obligaciones?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los ministros que imponen recortes en servicios sociales básicos recurriendo a mentiras y datos falsos para justificarlos, como viene haciendo particularmente el de Educación y Cultura?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que permiten que las compañías eléctricas estafen a las familias y empresas españolas inventándose ellas mismas el déficit de tarifa o mediante engaños como el de los costes de transición a la competencia o los relativos a los contadores de la luz, haciendo que nuestra factura eléctrica sea la tercera más cara de Europa solo para que ganen más que en ningún otro país?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina, o los gobiernos que no hacen frente con dignidad a las imposiciones que llevan a nuestra economía a la depresión, reducen a mínimos la inversión fundamental en materias como investigación, educación y formación, o apoyo a las empresas que crean empleo para subsidiar a bancos y grandes corporaciones?

¿Quién perjudica a España, a los españoles y a sus empresas? ¿Argentina. o los gobiernos que privatizan empresas públicas a bajo precio para dárselas a sus amiguetes?

Deberíamos obligar a que los gobiernos hablaran claro y se dejaran de tanto engaño y de tanta demagogia.

Lo que está en juego (VICENÇ NAVARRO)

Prólogo escrito por Vicenç Navarro titulado “Lo que está en juego” en el libro “La sanidad (y nuestra salud) está en venta”, escrito por Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa y Clara Valverde, febrero de 2012.

La Segunda Guerra Mundial fue una guerra contra el nazismo y el fascismo llevada a cabo por una alianza mundial de fuerzas progresistas con el objetivo de alcanzar un mundo mejor. El enorme sacrificio que significó la guerra, sobre todo para las clases populares de los países participantes en el conflicto bélico, se hizo con la esperanza de que con la derrota del nazismo y el fascismo en cada país se construyera una sociedad capaz de alcanzar las expectativas de las generaciones presentes y futuras. Parte de estas expectativas fue el desarrollo de un diseño internacional, que incluyera una sociedad de naciones llamada Naciones Unidas, orientada a desarrollar y garantizar los derechos humanos en cada país, entre los cuales destacaba el derecho a la salud. Ese fue el momento en que la salud se definió no sólo cómo la ausencia de enfermedad, sino también como buena calidad de vida y como el bienestar social de las personas y las comunidades. Para todo ello hacía falta desarrollar al máximo el potencial humano en todas sus dimensiones, no sólo biológicas, psicológicas y emotivas, sino también las sociales. Esta concepción de lo que es la salud, ha sido el banderín de enganche de todas las fuerzas que han luchado durante los siglos XX y XXI por una sociedad que permita y facilite el logro de ese derecho humano. Ello explica que la gran mayoría de Constituciones actuales hayan incorporado ese derecho entre los más importantes en su compilación de derechos, siendo una función de los Estados respetarlo, apoyarlo y  desarrollarlo. Así consta, por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución Española, que claramente reconoce “el derecho a la protección de la salud (…) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”.

Hoy es importante reafirmar de nuevo ese derecho, en un momento en que muchos representantes políticos parecen poner en cuestión tal derecho. Recientemente, nada menos que el Conseller de Salut del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, ha indicado que la salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado, una postura que entra claramente en contradicción con la Constitución Española y con el Estatut d’Autonomia de Catalunya (aprobado en referéndum por la población catalana, el Parlament de Catalunya y las Cortes Españolas), donde consta claramente que el Estado y la Generalitat de Catalunya tienen que garantizar tal derecho. Que la máxima autoridad sanitaria catalana niegue o cuestione ese derecho, transformándolo en una mera prerrogativa individual, personal y privada es extremadamente regresivo. Es probable que en España ésta no sea una voz aislada, pues en la actualidad muchos otros personajes con responsabilidad pública actúan acorde con esa visión privatizadora y mercantil de la salud y de la sanidad que nos retrotrae al siglo XIX o inicios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, que echa por los suelos el derecho adquirido reflejado en la Constitución y el Estatut. Derechos, por cierto, que fueron refrendados en la Ley General de Sanidad y en la recientemente aprobada Ley de Salud Pública catalana.

El libro del cual forma parte este prólogo documenta ampliamente las consecuencias que la privatización y la mercantilización tienen en la sanidad, la salud y la equidad. Con el detalle y rigor que caracterizan los bien conocidos trabajos de investigación de sus autores, el libro va desmontando pieza a pieza el enorme entramado ideológico, tecnocrático y político construido -con la inestimable ayuda de las cajas de resonancia proveídas por los grandes medios de comunicación- para justificar la venta de la sanidad pública y la progresiva eliminación del derecho a la salud.

Otro aspecto relacionado con el punto anterior y también muy preocupante es la aseveración del Conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, de que la salud de la ciudadanía depende de su genética, los antecedentes familiares y hábitos personales. Este libro muestra el enorme error planteado por esa sesgada postura ideológica que, por cierto, está ampliamente aceptada por grandes sectores de los establishments conservadores. Si bien esos factores influyen en la salud de la población, su valor explicativo es menor frente a otras variables y factores sociales y políticos de mucha mayor importancia pero que raramente aparecen en los medios de mayor difusión. La literatura científica, bien analizada y resumida en este libro, es contundente. El componente genético juega un papel menor en explicar el nivel de salud de la población. Mayor importancia tienen los comportamientos dietéticos, el ejercicio físico y otros “estilos de vida” relacionados con hábitos que reflejan conductas de las personas. Pero incluso estos factores tienen menos importancia que lo que la OMS denomina Determinantes Sociales de Salud, otro tema central del texto. Tal término incluye la acumulación de factores sociales como el desempleo, la precariedad laboral, la contaminación ambiental, la disponibilidad de vivienda digna, la inseguridad alimentaria y el limitado acceso a una alimentación adecuada, las facilidades educativas, las desigualdades de renta y propiedad, la escasa posibilidad de participación y expresión democrática, entre otros. El hecho de que un ciudadano de Pedralbes en Barcelona (uno de los barrios más pudientes de la ciudad), viva 10 años más como promedio que un ciudadano de Nou Barris (un barrio de clase trabajadora no cualificada), no se debe, como parece creer el Conseller Boi Ruiz, a que tengan estructuras genéticas distintas o comportamientos personales diferentes, sino al contexto económico, político y social que configura su desigual nivel de salud y calidad de vida.

Por otra parte, el texto identifica y plantea con nitidez otro tema esencial: la gran importancia de la atención sanitaria pública como determinante de la salud y la equidad. Esa atención sanitaria pública, fruto de largas luchas sociales, está hoy fuertemente cuestionada y atacada por fuerzas económicas y políticas muy conservadoras que, como el libro señala con precisión, utilizan estrategias como la difusión de la ideología biomédica de la salud, “culpabilizar” a los enfermos de abusar del sistema sanitario o no cuidar su salud, difundir el sistema privado de lucro, la supuesta mayor “eficiencia” de la gestión privada por encima de la pública, la necesidad de “racionalizar” un sistema público debilitándolo e instaurando copagos y mecanismos de gestión privados que supuestamente harán que el sistema público sea “más eficiente y sostenible.” Los datos y argumentos que presentan los autores (investigadores de gran prestigio y reconocimiento internacional, dos de los cuales han sido los únicos miembros catalanes y españoles que participaron en la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS) son robustos y deben ayudar a que toda la sociedad realice una profunda reflexión sobre estos temas forzando a que las autoridades públicas mantengan y amplíen el derecho a la sanidad y la salud de la población catalana y española, tal y como apoya el 87% de la población según las encuestas.

En un importante capítulo final, el libro apunta también a que la “solución” de esa preocupante situación no es técnica sino política, y que los retos son muy importantes. Destaquemos tres: cambiar el lenguaje y la conciencia personal y colectiva sobre la salud y sus causas mostrando un modelo de salud público alternativo al discurso neoliberal dominante que tenga en cuenta los determinantes sociales; hacer alianzas entre los movimientos sociales y las fuerzas populares con los profesionales, investigadores, expertos y académicos que trabajan en favor de la sanidad pública y la equidad; y reconstruir luchas democráticas, participativas y unitarias que frenen la privatización de la sanidad pública defendiendo su universalidad, equidad y calidad.

La población debe ser consciente de lo que está en juego: un derecho esencial como la sanidad pública y la salud que, fruto de largas luchas populares, está reconocido en los documentos legislativos. Si la información es poder, el conocimiento incluido en este libro constituye un recurso muy valioso que ha de permitir concienciar y dar más poder a la ciudadanía para defender un derecho hoy seriamente amenazado.

Barcelona, 13 de febrero de 2012