¿Necesita España un látigo para salir de la crisis? (VICENÇ NAVARRO)

A raíz de la propuesta del gobierno Rajoy de disminuir los salarios a fin de aumentar la competitividad de la economía española, publicamos de nuevo el artículo que el profesor Navarro publicó el 25 de marzo de 2011 criticando esta postura, promovida en aquel momento, en las páginas económicas de El País.

Javier Ayuso, corresponsal económico y redactor jefe de El País, ha publicado un artículo “España necesita el látigo del Pacto del Euro” en El País (20/3/2011) en el que celebra y da la bienvenida al Pacto de Competitividad (ahora llamado Pacto del Euro) que según él impondrá las reformas estructurales necesarias para que España salga de la crisis. En la selección del título del artículo, así como en la descripción de las medidas propuestas, Javier Ayuso reconoce que tales medidas serán dolorosas y según él deben realizarse a golpe de látigo. Leyendo el artículo aparece claramente quien será el receptor de los latigazos. En su análisis de la situación actual de España, Javier Ayuso considera que el estancamiento de la economía española se debe “al incremento de los costes laborales y al escaso crecimiento de la productividad” que ha llevado a España “a una enorme pérdida de la competitividad, sufriendo una bajada de nada menos que un 30% respecto a la alemana”. En otras palabras, la clase trabajadora será la receptora de estos latigazos necesarios para que salgamos de la crisis. Sus salarios tendrán que bajar para aumentar la competitividad. Tal propuesta coincide con la defendida por el Banco de España, por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, financiada por la banca y las grandes empresas), por los manifiestos de los 100 economistas (patrocinados también por Fedea) y otros grupos de presión que reproducen la sabiduría convencional económica del país.
El artículo de Javier Ayuso intenta iniciar un debate en las páginas económicas de El País en el cual se invita a 30 economistas. De éstos, la gran mayoría, 24, son economistas que trabajan o han trabajado en el sector bancario y/o asesoran a la banca u organismos financieros internacionales. Tales “expertos” son semejantes a los que el documental Inside Job (ganador del Oscar al mejor documental del año en EEUU) define como el complejo “banca-intelectualidad económica” que ha configurado el pensamiento económico dominante en aquel país, responsable –según el documental- de su enorme crisis financiera. Uno de los pocos expertos que no está ligado a la Banca es Angel Ubide, investigador visitante del conocido Peterson Institute for International Economics, instituto que ha subrayado repetidamente la necesidad de privatizar la Seguridad Social en el mundo (para ver una crítica detallada de tal instituto, leer los trabajos del economista Dean Baker, director del Center for Economic and Policy Research sobre el Instituto Peterson). Y para que no se diga, hay también en el grupo de “expertos” un economista de CCOO: uno de los 30 economistas. La gran mayoría de “expertos” son economistas de clara persuasión liberal y neoliberal que han trabajado o todavía trabajan con y/o para la banca. La falta de diversidad de los “expertos” permite prever la dirección del mal llamado debate, que en realidad, en lugar de debate, será la promoción de argumentos que legitimen y justifiquen los latigazos propuestos por el artículo.

LO QUE LA SABIDURÍA CONVENCIONAL ECONÓMICA IGNORA

En otros artículos he hecho una crítica del Pacto de la Competitividad y refiero al lector a tales escritos (“Lucha de clases bajo otro nombre” en Público (10/2/11), “Lo que no se dice sobre el supuesto milagro alemán” Sistema Digital (18/3/11), “Porqué la economía española no se recupera” Sistema Digital (11/3/11), todos ellos disponibles en mi blog www.vnavarro.org, sección Política Económica). Pero en este artículo quiero mostrar el error de la mayor premisa que sostiene la tesis de Javier Ayuso, que asume que el estancamiento de la economía española se debe al elevado nivel de los salarios y el escaso crecimiento de la productividad, lo cual –según él- lleva a una pérdida de competitividad, causa de la lenta recuperación económica.

Este argumento ignora varios hechos. Uno es que España fue uno de los países de la UE-15 con mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de empleo durante los últimos diez años (antes de que se iniciara la crisis) y ello a pesar de tener un nivel salarial bastante parecido al actual. El salario medio (descontando inflación) de 1995 era casi el mismo que en 2008 y ello no fue obstáculo para que el crecimiento económico y la creación de empleo fueran mucho mayores que ahora, en el momento de recesión. Algo debería ocurrir, ajeno a los salarios que explicara el estancamiento económico ahora y no entonces. Y este algo, es que la demanda doméstica y exterior fue mucho mayor que ahora, punto al que haré referencia más tarde.

Otro dato que Javier Ayuso ignora es que tal como ha señalado Marc Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research en Washington, EEUU, en su artículo “Spain´s troubles are Tied to Eurozone Policies” publicado en The Guardian (11/2/11), el nivel de productividad del sector manufacturero (el sector exportador más importante) en España ha sido alrededor del 63% del nivel de productividad del mismo sector en Alemania durante el período 1999 (cuando España ingresó en la Eurozona) a 2009. Y durante el mismo período el salario por hora del sector manufacturero creció en los mismos porcentajes en España y en Alemania. No ha habido, pues, un declive de la productividad en el sector manufacturero, (un sector clave en la competitividad española) que Javier Ayuso está indicando.

El tercer hecho que Javier Ayuso parece desconocer es que, en realidad, el crecimiento de la economía alemana en los últimos años no se debe a la moderación de los salarios de los trabajadores alemanes, ni tampoco al precio de los productos exportados. La propia Comisión Europea ha indicado que el crecimiento de las exportaciones en el período 1999-2008 (un crecimiento del 7.3%) se debió primordialmente al crecimiento de los mercados importadores .Sólo un 0.3% se debió al cambio de los precios de los productos exportados. Estudios económicos realizados en Alemania muestran que una reducción del 10% en su precio sólo aumentaría las exportaciones un 4%. Todos los datos disponibles muestran que la moderación salarial alemana no ha sido un factor en el crecimiento de las exportaciones. Sí, en cambio, ha sido un factor muy importante en determinar el enorme incremento de los beneficios empresariales. Y ahí está el punto que Javier Ayuso ni siquiera considera. La distribución del producto creado a base de incrementar la productividad (véase mi artículo “Productividad y renta” en Público (24/3/11). Una situación semejante ocurre en España. La variabilidad en los precios no es el mayor determinante en las exportaciones españolas. El punto clave es la demanda de los países importadores.

LAS CAUSAS DE QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NO SE RECUPERE

Lo cual nos lleva al punto clave ignorado por Javier Ayuso en su análisis del estancamiento de la economía española. En realidad, no es nada difícil encontrar el origen del estancamiento, aunque les garantizo que la gran mayoría de los llamados “expertos” invitados al debate, no lo encontrarán. Su proximidad a la banca les dificulta la comprensión del problema, pues la banca tiene bastante que ver con la escasa recuperación económica. Es interesante que Javier Ayuso empiece su artículo con la observación (que encuentro sorprendente) de que “a estas alturas del partido, no creo que nadie se atreva a seguir defendiendo que la causa de la recesión de la economía española haya que buscarla solamente en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria o en la crisis financiera”. La credibilidad de esta observación radica en el significado de la expresión “solamente”. Hay muchos expertos en España que creemos que aquellos hechos jugaron un papel clave en la génesis de la crisis y continúan jugando un papel clave en su escasa recuperación al paralizar la oferta de crédito en España, lo cual todavía continúa.

Es cierto que hay otros factores y otras causas del estancamiento de la economía española. Pero, entre ellos no se puede incluir el deterioro de la competitividad resultado del supuesto exagerado crecimiento de los salarios tal como Javier Ayuso sostiene. Todo lo contrario, la reducción de la masa salarial como porcentaje de la renta nacional, forzó un enorme endeudamiento a las clases trabajadoras y clases populares, (favorecida por las prácticas bancarias de claro carácter especulativo). Este endeudamiento fue el que sostuvo la demanda necesaria para sostener el crecimiento económico. Pero, cuando el crédito falló, el enorme endeudamiento dejó a las familias en una situación imposible, con la consecuente parálisis de la demanda, problema que se ha ido acentuando con las políticas llevadas a cabo por el gobierno (con el apoyo y bajo la presión del capital financiero), recortando el gasto público, el empleo público, y disminuyendo los salarios, medidas todas ellas que están retrasando la recuperación de la demanda y con ello, del crecimiento económico. De nuevo, es más que improbable que la mayoría de expertos convocados por Javier Ayuso concluyan que el estancamiento económico español tiene poco que ver con las supuestas e inexistentes rigideces del mercado laboral, o con la supuesta exhuberancia de los salarios (todavía los más bajos, y con mucho, de la UE-15), sino con las políticas macroeconómicas de austeridad de gasto público y reducción de los salarios, así como con las políticas monetarias del Banco Central Europeo que están dañando las posibilidades de recuperación de la economía española, al mantener estancada y reducida la demanda y el estímulo económico. La banca, pues, está jugando un papel clave en este empobrecimiento de la demanda. La banca está en el centro del problema y de ahí que debe ser parte de la solución, tomando medidas que garanticen la existencia de crédito, incluso a costa de establecer bancas públicas que la garanticen. Les garantizo que de tal mal llamado debate de “expertos” no se llegará a esta conclusión. Después de todo, tal conclusión les llevaría a orientar el látigo hacia ellos mismos (promotores de la sabiduría económica convencional), concluyendo con una autoflagelación.

¿Por qué continúo siendo republicano? (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 20 de febrero de 2012

Este artículo argumenta la superioridad del sistema republicano sobre el monárquico. Señala, también, que la Monarquía es el centro de un entramado profundamente conservador que incluye desde la Iglesia, las fuerzas armadas, y parte de la judicatura, a la banca y a la gran patronal, fuerzas que dominaron la dictadura (1939-1978) y que continúan teniendo una enorme influencia sobre el Estado español.

La presentación (¡por fin!) del programa Monarquía o República, en la televisión pública catalana, TV3, que ha sido retrasada más de un año, y después de cuatro cambios impuestos a los autores Montserrat Armengou y Ricard Belis, está creando un gran debate en Catalunya (más en la red que en los medios de mayor difusión, que continúan considerando el tema de la forma de Estado un tema tabú) que espero se extienda pronto al resto de España. A fin de contribuir a este debate publico ahora, de nuevo, en El Plural, un artículo que publiqué hace más de dos años en Público, 23.04.09 (con el permiso de tal rotativo) modificado para añadir algunas reflexiones al final del artículo.

“Como era predecible, mis críticas al Rey y a la Monarquía han creado gran revuelo, lo cual me fuerza a responder elaborando el por qué creo que sería mejor que en España tuviéramos una República en lugar de una Monarquía. Durante mi largo exilio he vivido en varios países, incluyendo una República, Estados Unidos. Y aún cuando he sido muy crítico en mis escritos con la democracia estadounidense, hay un aspecto de ella que valoro muy positivamente: la cultura republicana en la que las distancias sociales entre el Jefe del Estado y las clases populares son mucho más reducidas que en cualquier sistema monárquico. Tal cultura democrática transmite una sensación de que el poder deriva de la ciudadanía puesto que si a la población no le agrada el Jefe del Estado puede cambiarlo por otro. Es más, cualquier ciudadano puede aspirar a ser Jefe del Estado. Esta distancia se reduce incluso más cuando tal Jefe del Estado procede de las clases populares que sienten al Presidente como alguien suyo. Vimos en 2009 la gran alegría entre las clases populares (y muy especialmente entre la población afroamericana) de aquel país al ser elegido uno de ellos (hijo de una madre pobre y de un padre africano de Kenia) Presidente. La sensación de poder y complicidad con el Jefe del Estado en estas situaciones es enorme. No es sólo la capacidad de elegir al jefe del Estado sino también la percepción de que todos pueden serlo, lo que da gran poder a la ciudadanía.

Tal principio de responsabilidad democrática es negado en una Monarquía. En ésta, la distancia social es intrínseca en el sistema y aparece constantemente, como cuando el Rey llama de tú a todos los ciudadanos, los cuales deben referirse a él de usted, todo ello envuelto en un ambiente jerárquico y cortesano que enfatiza esta distancia. Incluso el Himno Nacional es una marcha real frente a la cual los ciudadanos se yerguen respetuosamente en silencio. Se reproduce así una cultura de vasallaje a la cual algunas izquierdas no son inmunes. Véase el blindaje mediático de la figura del Rey. Voces críticas apenas tienen cabida en los medios de información y persuasión del país.

A estas reservas a la Monarquía añado otras que tienen que ver con los orígenes de la Monarquía en España y su desarrollo durante la democracia. El Monarca no sólo fue nombrado por el Dictador sino que fue parte de la nomenclatura de aquel estado dictatorial dirigido por un General al cual nunca ha criticado. Antes al contrario, lo ha alabado incluso en tiempo de democracia. Así, el 18 de Julio de 1978, la Casa del Rey publicó el siguiente texto: “Hoy se conmemora el aniversario del Alzamiento Nacional que dio a España la victoria contra el odio y la miseria, la victoria contra la anarquía, la victoria para llevar la paz y el bienestar a todos los españoles. Surgió el Ejército, escuela de virtudes nacionales, y a su cabeza el Generalísimo Franco, forjador de la gran obra de regeneración”. Tal supuesta regeneración condujo a 192.684 ejecuciones y asesinatos, incluyendo 30.000 (que se ha ido descubriendo que incluye cifras muy mayores, casi 120.000) personas que continúan desaparecidas, estableciendo una dictadura en gran parte responsable del enorme retraso económico y social de España. Cuando el Dictador murió, España tenía el porcentaje más elevado de Europa de personas con escasa educación (84%).

La Casa Real es un círculo profundamente conservador como lo atestiguan declaraciones de sus miembros que incluyen desde las declaraciones de la Reina (definiendo a una de las dictaduras más represivas que han existido en Europa como una dictadura blanda), a las del jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, quien subrayó su coincidencia con Pío Moa en una entrevista a El Periódico (08.07.03) en su justificación del golpe militar del 1936 y la dictadura que estableció. El mundo social del Monarca, que es el Jefe de los Ejércitos, es predominantemente el mundo empresarial y financiero. Es un error derivar de los abruptos anti-monarca del ultraderechista Losantos, concluir que las derechas han dejado de ser monárquicas. El eje central de las derechas lo constituye el Ejército, la Iglesia, la Patronal y la Banca, que apoyaron y continuarán apoyando a la Monarquía porque les ofrece un orden constitucional que les favorece. Prueba de ello es la continua promoción de la Monarquía y del Rey en los medios de información que controlan o influencian, que son muchos.

Es el temor a los herederos de la dictadura, incluyendo a la Monarquía, el que ha frenado la corrección de la historia de nuestro país, incluyendo lo que fue la República, la Dictadura y la Transición, presentándose ésta como resultado de la vocación democrática del Monarca, ignorando el papel determinante que tuvieron las movilizaciones obreras que forzaron la apertura democrática que no existía en los proyectos originales aprobados por los gobiernos monárquicos de aquel periodo. De ahí que haya definido esta tergiversada versión de la Transición de la dictadura a la democracia como falsa, es decir que no corresponde a la realidad.

No dije, sin embargo, -como se me acusa- que la Transición era falsa, pues la democracia significó un importante cambio real y no falso. Lo que sí dije, y me reafirmo en ello, es que la Transición fue inmodélica pues la democracia, resultado de aquel proceso dista mucho de ser ejemplar. Tampoco dije, como se me acusó, que el Estado español está controlado por las derechas. Dije que éstas tienen mucha más influencia sobre tal Estado que las izquierdas, lo cual explica la continuación de la democracia incompleta, causa del bienestar insuficiente de nuestro pueblo. Indicar que la Monarquía (junto con la Iglesia, el Ejército, la Patronal y la Banca) no tiene nada que ver con ello me parece que es desconocer la realidad que nos rodea”.

Hasta aquí el artículo que escribí en 2009 y que continúo subscribiendo desde el principio al final. En realidad, estos dos años confirman todavía más la certeza de mi diagnóstico sobre el papel negativo que la Monarquía está jugando en el país, inhibiendo el desarrollo democrático de España. Acabamos de ver el linchamiento por parte del Tribunal Supremo del único juez en España que se atrevió a intentar enjuiciar los crímenes del franquismo, instruyendo además al Estado a que encontrara a los asesinados por la Falange y por las Fuerzas Armadas sublevadas, apoyadas por la Iglesia Católica, que permanecen desaparecidos. Ello es indicador de lo inmodélica que fue la Transición de la dictadura a la democracia y la baja calidad de esta última. El Estado, su composición y sus aparatos continúan reproduciendo una cultura profundamente conservadora, escasamente democrática, que se nutre de instituciones como la Real Academia de la Historia, cuya expresión de ultraderechismo aparece en su biografía de Franco. Ningún otro país democrático permitiría tales hechos.

La Monarquía es el centro institucional de tal Estado, profundamente conservador, que sigue protegiendo a los grupos que fueron dominantes durante la dictadura (el Ejército, cuyo jefe es el Monarca, la Iglesia Católica, la banca y la gran patronal), y que continúan siéndolo durante la democracia incompleta que tenemos. Desligar la Monarquía de este entramado definiendo al Rey como “republicano”, es una frivolidad que demuestra un profundo desconocimiento de la distribución del poder económico, financiero, cultural, ideológico y mediático en España, y la función reproductora de la Monarquía de tal distribución de poder. El hecho de que España sea el país de la Unión Europea de los Quince con el gasto público social por habitante más bajo y con el fraude fiscal más alto (del cual el 72%, según los técnicos de la Agencia Tributaria, lo realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año -que representan menos del 0,18% de todas las empresas- y la banca), se debe a esta realidad: la enorme influencia de tal bloque de poder, cohesionado por la Monarquía y la Iglesia católica y defendido por el Ejército, por la policía y por el sistema judicial. De ahí, que el cambio de Monarquía a República no sería un mero cambio de la persona que ocupa la jefatura del Estado, sino el inicio del deshilachado de tal entramado.

OREJAS DE CARNAVAL DE MARI

Hoy nos vinieron a ver Mari y Manolo, Mari preparó un botillo riquísimo y estas estupendas orejas de carnaval ¡ummmm! ¡buenísimas!

Anina

BICA DE CASTRO CALDELAS - THERMOMIX -

Ayer preparé esta riquísima Bica de Castro Caldelas -Velocidad Cuchara-, ¡está buenísima!

Anina

La importancia de movilizarse en contra de las medidas neoliberales (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 17 de febrero de 2012

Este artículo señala que las reducciones de los salarios y de la protección social que están realizando los gobiernos conservadores en España bajo el mandato del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, están respondiendo a los intereses del capital financiero y de la gran patronal que está utilizando la crisis para poder conseguir lo que han siempre deseado: el debilitamiento del mundo del trabajo. Tales medidas empeorarán la situación económica de una manera muy notable, no descartando la posibilidad de generar una Gran Depresión. Se exigen unas movilizaciones, no solo a nivel de España, sino también a nivel europeo, tanto a nivel sindical como político, para responder a esta guerra de clases unilateral. 

Hay distintas versiones del dogma neoliberal (el pensamiento económico de la troika –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)- que domina las instituciones de la Unión Europea y de la Eurozona, así como de gobiernos de los países de los Estados miembros) de cómo salir de la crisis actual, pero todas ellas coinciden en dos tipos de intervenciones: una es la necesidad de reducir el déficit y la deuda pública, a fin de “recuperar la confianza de los mercados financieros” (la frase más utilizada en las páginas económicas de los medios de mayor difusión que apoyan tales medidas) y con ello poder conseguir dinero prestado de la banca y otras instituciones financieras que los Estados necesitan para realizar sus funciones. De ahí su énfasis en recortar el gasto público, y muy en especial el gasto público social, disminuyendo las transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar. La famosa frase de que “hay que apretarse el cinturón” o la otra frase de que “no podemos gastarnos más de lo que tenemos” refleja esta necesidad de seguir políticas de austeridad a fin de dejar atrás la Gran Recesión (camino de la Gran Depresión) que estamos sufriendo.

El otro tipo de intervención en que coinciden todos los neoliberales, es que hay que disminuir los salarios a fin de hacer la economía más competitiva. Puesto que los países de la Eurozona, al compartir la moneda, no pueden unilateralmente devaluarla, la única alternativa posible para aumentar la competitividad –según este dogma- es bajar los precios de los bienes y servicios que el país exporta, de manera que la economía sea más competitiva. Y la manera más rápida y eficiente de reducir los precios es –de nuevo, según este dogma- disminuir los salarios de los trabajadores que producen tales bienes y servicios.

Las medidas que la troika ha estado imponiendo, y en España el Gobierno Rajoy ha estado dócilmente aplicando al pie de la letra, tiene este objetivo: disminuir los salarios. A fin de conserguir este objetivo, tienen que debilitar a los trabajadores y a sus instrumentos, los sindicatos, lo cual intentan conseguir alterando los convenios colectivos, descentralizándolos lo máximo posible, haciendo más fácil la posibilidad de despido, manteniendo atemorizado al trabajador, lo cual también consiguen haciéndole perder seguridad en su empleo y en su protección social. En realidad, los recortes del gasto público social, y consiguiente debilitamiento, cuando no desmantelamiento del Estado del Bienestar, tiene como objetivo principal el debilitamiento del mundo del trabajo, implicando una pérdida de derechos sociales y laborales que los trabajadores habían conseguido en periodos anteriores.

Esta es, pues, la agenda de los conservadores, tanto de España como de sus comunidades autonómicas como Catalunya. Estamos, pues, viendo el ataque más frontal frente a la clase trabajadora que hayamos visto desde el establecimiento de la dictadura fascista que imperó en España desde 1939 a 1978, cuyo objetivo fue también debilitar al mundo del trabajo a costa del mundo del capital. Ello explica que cuando al Dictadura terminó –en parte debido a la presión del movimiento obrero- España tenía el Estado del Bienestar menos desarrollado y los salarios más bajos de Europa (ver mi libro “El Subdesarrollo Social de España Causas y Consecuencias”). La diferencia entre aquel periodo y éste es que, mientras en aquel periodo el elemento más notorio y visible era la represión policial, con tortura incluida, ahora se hace mediante cartas y llamadas del Banco Central Europeo al presidente del Gobierno, condicionando la compra de deuda pública del Estado a que se debilite el mundo del trabajo, exigiendo bajada de salarios, desmantelamiento de la protección social y otras medidas hostiles a la población trabajadora.

Estas medidas, que el Gobierno de Rajoy está imponiendo, son el resultado de la alianza de la banca con la gran patronal, utilizando la crisis como excusa para conseguir lo que siempre han deseado: el desmantelamiento del Estado del Bienestar y el debilitamiento de la clase trabajadora. Es lo que Noam Chomsky llama “La guerra de clases unilateral”, del capital frente al trabajo, que el primero está ganando en bases diarias, y que entre sus victorias está el desmantelamiento de las instituciones democráticas. Ninguna de las medidas, que los partidos conservadores gobernantes -el PP y CiU- están imponiendo, estaba en su programa electoral, habiendo ocultado cada una de sus medidas impopulares durante la campaña electoral. A nivel estatal, el Gobierno de Rajoy es el más dócil de todos los Gobiernos de la Eurozona a Bruselas, habiendo abandonado cualquier intento de dignidad y soberanía nacional. Esta lucha de clases que vivimos enfrenta a la burguesía financiera y empresarial, contra las clases populares (clase trabajadora y clase media) y tiene lugar dentro de un contexto europeo en el que hay una alianza de clases, como demuestra el notable apoyo que la troika está proveyendo a la burguesía española para conseguir sus fines.

Frente a esta avalancha, las fuerzas progresistas deben responder con toda contundencia. Está claro que en el Gobierno del PP refleja un “autoritarismo machista” que consiste en mostrar su virilidad cargándose a la clase trabajadora, a fin de mostrar a la troika que tienen los bemoles para hacer lo que Bruselas desea. Incluso alardean de que tendrán una huelga general (que naturalmente piensan derrotar) a fin de impresionar a los que consideran sus superiores. Es importante que las fuerzas progresistas respondan mediante la movilización, presentando a la vez alternativas que muestren la falsedad de que no existan alternativas (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, “Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España”). Y entre estas alternativas está, desde salirse del euro (opción que no hay que desechar), hasta desarrollar una huelga general a nivel de toda la Eurozona (el mismo día), con peticiones comunes que van desde el establecimiento de un salario mínimo común (que, naturalmente, sería proporcional y no absoluto, representando aproximadamente el 60% del salario promedio anual) para todos los países de la Eurozona, hasta el establecimiento (todavía inexistente hoy en la Eurozona) de un marco legal para establecer convenios colectivos a nivel continental, incluyendo otras medidas como que el BCE ponga como condición para comprar deuda pública la eliminación del fraude fiscal y la aplicación de reformas fiscales, que recuperen la progresividad anterior a las bajadas de los impuestos que estuvieron ocurriendo en los últimos años, en lugar de las políticas anti clase trabajadora que están promoviendo. Hoy hace falta una movilización, no sólo nacional (que continúa siendo muy importante), sino europea, tanto a nivel sindical como político.

¿Quién desacredita a España? (VICENÇ NAVARRO)

Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 16 de febrero de 2012

Este artículo señala que no son los críticos del Tribunal Supremo los que están desacreditando la Justicia del Estado español sino el Tribunal Supremo y sus defensores en el gobierno español que están mostrando al mundo su escasa sensibilidad democrática, contribuyendo al enorme desprestigio de las instituciones representativas del país.

Las fuerzas conservadoras que dominan grandes sectores del aparato del Estado, tanto en su rama legislativa y ejecutiva, como en la jurídica, se han movilizado inmediatamente para apoyar la decisión del Tribunal Supremo de sancionar al juez Garzón, cuestionada ampliamente por la ciudadanía, la mayoría de la cual cree (un 62%), con razón, que ha habido un linchamiento al juez Garzón a fin de expulsarlo del cuerpo judicial, como consecuencia, entre otros hechos, de su investigación de los crímenes cometidos por la dictadura. Y, por si ello no fuera suficiente, han amenazado con tomar medidas sancionadoras, a través del Ministerio Fiscal, hacia aquellos ciudadanos que han indicado que tal decisión es errónea, injusta y contraria al espíritu democrático que debiera imbuir a todas las estructuras del Estado incluyendo el Tribunal Supremo.

Un ejemplo de tal movilización conservadora son las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochó a quienes se han atrevido a cuestionar la decisión de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, insinuando que sería una acción apropiada por parte del fiscal del Estado el tomar medidas represivas frente a tales personas críticas del Tribunal Supremo. En su conferencia de prensa, se mostró indignada por el desprestigio que tales declaraciones críticas causan internacionalmente al Estado y al propio Tribunal Supremo, argumento repetido también en varias ocasiones por la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (Gabriela Bravo).

Las intervenciones de la vicepresidenta y de la portavoz del Poder Judicial intentando callar las voces críticas del Tribunal Supremo traducen, además de una falta de sensibilidad democrática, un déficit de entendimiento de lo que es democracia, basado en un insuficiente conocimiento de cómo la democracia funciona en otros países con mayor experiencia y madurez democrática que España. Cuando el Tribunal Supremo de EEUU dictaminó recientemente que las grandes empresas tenían la misma personalidad jurídica que las personas, permitiéndoles financiar a los candidatos a los cargos representativos en las elecciones estadounidenses, se oyeron protestas generalizadas hacia la Corte Suprema, denunciando la falta de cultura democrática de los miembros de dicho tribunal, por permitir semejante disparate que corrompía al proceso electoral. El propio presidente Obama les criticó y avergonzó en su discurso sobre el Estado de la Unión, frente al Congreso de EEUU. Y los indignados de EEUU, el movimiento Occupy, pusieron verde al tribunal con toda clase de mofas e irreverencias. Sería impensable que el fiscal del Estado intentara tomar acciones en contra de los críticos: esto no ocurre en una democracia.

La frase de la vicepresidenta de que “les pueden gustar más o menos, pero tienen que ser respetadas por todos y acatadas por las partes”, refleja el tono autoritario, de las derechas en España. Las decisiones del Tribunal Supremo, o de quien sean, no tienen por qué respetarse. Respeto es un sentimiento personal. A mí la decisión del Tribunal Supremo me repugna y no respeto ni el dictamen ni los miembros del Tribunal Supremo que aceptaron la acusación de Falange, herederos del partido que asesinó a miles y miles de españoles (120.000 de los cuales permanecen desaparecidos) en contra del juez Garzón, quien quiso averiguar las responsabilidades de la dictadura en tal desaparición (como instruye y ordena el Consejo de Derechos Humanos de la ONU), colaborando incluso, en el caso del juez Varela a preparar la acusación. Y también desprecio a los miembros del Tribunal Supremo que están prevaricando y participando en el linchamiento a Garzón. En cuanto a acatarla, es una medida que el ciudadano puede o no escoger hacerlo. La desobediencia civil es un elemento del comportamiento democrático que ha hecho progresar la democracia enormemente. Sin desobediencia civil, los negros en EEUU estarían viajando todavía hoy en la parte trasera del autobús. Y la desobediencia civil (brutalmente reprimida) del Movimiento 15-M permitió dar visibilidad a unos temas (con los cuales la mayoría de la población está de acuerdo) que habían estado ocultos durante demasiado tiempo (como la corrupción extendida entre la clase política, que el dictamen del Tribunal Supremo, por cierto, favorece con su tolerancia).

La señora Soraya Sáenz de Santamaría haría bien en preguntarse por qué las instituciones representativas y la clase política están tan desprestigiadas en España, siendo el tercer mayor problema que tiene España según las encuestas. Son los comportamientos políticos, como los del partido de la cual ella es dirigente, los que llevan a cabo acciones que dañarán claramente a la población y que no estaban en su programa electoral. El arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana, consideró este hecho –la realización de recortes por parte del Gobierno de David Cameron, que no estaban anunciados en su programa–, como inmorales e ilegítimos, aunque fueran legales. Por desgracia, las autoridades católicas españolas no llegan a la altura moral del arzobispo de Canterbury.

Son tales medidas, así como el enjuiciamiento del juez Garzón por el Tribunal Supremo, las que están desprestigiando a España. Su comportamiento se ve como lo que es: un intento de deshacerse de un juez muy incómodo para el establishment conservador heredero del franquismo. Es incomprensible, en el mundo democrático, que el Estado no ayude a los familiares a encontrar a sus desaparecidos, que son los desaparecidos de todos los demócratas en este país. La democracia la están desacreditando los miembros del Tribunal Supremo y el Gobierno conservador que está apoyando tales comportamientos. Las declaraciones de la portavoz del Poder Judicial y de la vicepresidenta del Gobierno están contribuyendo a ello.

La especulación inmobiliaria. Introducción a la exposición del pintor Hans Haacke en el Museo Reina Sofía (VICENÇ NAVARRO)

El Museo Reina Sofía inaugura hoy la exposición del pintor Hans Haacke “Castillos en el aire” (15/2 – 23/7) que es una exposición pictórica crítica de la especulación inmobiliaria en España. El Museo Reina Sofía invitó al profesor Navarro a que escribiera una introducción al tema que se pudiera distribuir durante la exposición y que el blog presenta hoy tanto en su versión castellana como inglesa.

Los orígenes del problema: la dictadura franquista

Los cuarenta años de dictadura en España dejaron huellas profundas en los posteriores vividos en democracia. Una de ellas fue la gran dependencia que la economía tiene del sector bancario-inmobiliario, sector que juega un papel clave en la configuración del espacio económico del país.
Una política explícita del régimen franquista, extremadamente conservador, fue incentivar la propiedad inmobiliaria entre la ciudadanía. Como dijo en 1957 el dirigente falangista José Luis Arrese, ministro de Vivienda, “Queremos un país de propietarios, no de proletarios” . Era pues un objetivo político de las fuerzas dominantes estimular la propiedad de la vivienda como elemento básico de pertenencia de la ciudadanía, reforzando así la cultura conservadora del país.

Debido a estas políticas, España sufrió un cambio significativo. En lugar del alquiler (que había sido la forma habitual de acceder a la vivienda), se generalizó el sistema de pago a las instituciones financieras (banca y cajas), con el cual conseguir la deseada propiedad.
En los últimos años de la dictadura, el 70% de las viviendas estaban en este régimen de propiedad, aunque, para millones de españoles, la propiedad de la vivienda no era tanto suya  sino del banco, al cual tenía que pagar su hipoteca durante muchos años. Gran parte de la población estaba hipotecada y dependía de la banca y de las cajas (las cuales se comportaban más y más como la banca, al intentar optimizar sus beneficios en los préstamos).
En realidad, entre jóvenes y adultos, propietarios reales eran minoría, aunque el número iba aumentando a medida que avanzaba la edad: el sistema hipotecario no abundaba entre los ancianos, pues se hallaban al final de su existencia y también del pago de su hipoteca. La mayoría de propietarios pasaba, así, gran parte de su vida laboral pagando sus hipotecas. De ser un país de arrendatarios, España se convirtió en un país de endeudados con hipotecas inmobiliarias.

La continuación de las políticas públicas durante la democracia

Las políticas antes descritas fueron continuadas por todos los gobiernos de la democracia, que ofrecieron númerosos estímulos para que la población prefiriese comprar su vivienda a alquilarla. Entre ellos destaca desgravar el pago de las hipotecas, que en realidad significó un subsidio público para bancos e inmobiliarias, los cuales aprovecharon los subsidios a deudores para aumentar el precio de la vivienda y de las hipotecas.
Por todo ello, en 2007, antes de que comenzara la crisis, el sistema de propiedad (es decir, las personas que vivían en una vivienda hipotecada y las personas que ya poseían su vivienda) llegó a representar nada menos que el 87% de las viviendas, el mayor porcentaje de propiedad de la vivienda existente en la UE-15 (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español). En realidad, el 35% de las familias tenía más de una casa. Tener dos o más viviendas pasó a ser un distintivo de clase, pues eran las rentas superiores y medias-altas las que expandieron su propiedad inmobiliaria más intensamente. El alquiler pasó a representar, y continúa representando, sólo un 13% del mercado de la vivienda, uno de los más bajos de la UE-15. En Francia es un 38%, en Gran Bretaña un 32% y en Alemania un 57%.
Esta situación explica en parte la inflexibiliad que caracteriza el mercado de trabajo español, pues la propiedad de una casa acaba determinando el lugar de residencia del propietario y limita su movilidad territorial: uno se lo piensa mucho antes de ir a trabajar a otra parte del país, si ello supone tener que vender la casa o resolver el problema de su hipoteca. Así, una de las mayores causas de la escasa movilidad en el mercado laboral apenas tiene visibilidad en los medios y, sin embargo, es uno de los mayores condicionantes que impiden el traslado de las personas de una población a otra según sus necesidades.También explica que muchas personas deban trasladarse largas distancias para ir de su casa al lugar de trabajo, con los costos humanos (el estrés en el transporte es una de las mayores causas de accidentes de España), económicos (la familia española se gasta el 3% de su renta disponible en transporte) y urbanos (la contaminación atmosférica, causada en parte por el transporte, ha alcanzado niveles anormales y por encima de los valores permitidos en varias ciudades españolas) que implica.
La explosión de propietarios ha provocado un gran aumento de los precios de la vivienda, desproporcionado respecto al resto de la economía. Así, el precio de la vivienda creció un 12% por año durante el periodo 1997-2007, siendo este crecimiento especialmente acentuado durante el periodo 2003-2006, cuando creció en un porcentaje de un 20% anual (Instituto Nacional de Estadística). En el año 2008, el precio de la vivienda representaba nada menos que 7,7 veces la renta familiar del país, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, representaba sólo 4,8 veces.
El precio de la vivienda rebasó con mucho el crecimiento de la economía. La mayor demanda de viviendas, resultado del crecimiento de la población, sobre todo de la población inmigrante, fue una de las causas de este aumento, pero no la principal. Lo fueron las prácticas especulativas del complejo banca-sector inmobiliario, que jugó un papel clave en el establecimiento de la burbuja inmobiliaria. Al estallar, creó el enorme problema financiero (falta de crédito) y económico (escasa demanda) que España está viviendo hoy en día.

¿Cómo surgió el complejo banca-sector inmobiliario?

Para responder, tenemos que hacernos preguntas que raramente se hacen. Debemos preguntarnos, por ejemplo, por qué creció tan rápidamente el complejo banca-sector inmobiliario. Para dar una respuesta, habríamos de formularnos dos preguntas previas: a qué se debió el rápido crecimiento del sector bancario y por qué creció, con igual celeridad, el sector inmobiliario. En realidad, ambas preguntas están relacionadas y responden a las mismas causas: la mala distribución de las rentas en España, una de las más desiguales en la Unión Europea-15.
Uno de los hechos más importantes que se han dado en la economía española reciente ha sido la disminución de las rentas del trabajo. Es decir, los salarios han ido bajando en términos reales, no nominales (diferencia importante, pues en el análisis de los sueldos y su capacidad adquisitiva hay que descontar al salario nominal, el impacto de la inflación, y otros factores que afectan a la capacidad adquisitiva real de las personas). Este descenso forzó a las familias a endeudarse para comprar un piso, lo cual pudieron hacer gracias a las grandes facilidades de crédito, consecuencia, en parte, de la entrada de España en el euro; también a que el aval necesario para obtener crédito era (y continúa siendo) para la mayoría de las familias, su vivienda; y finalmente, a los estímulos estatales a las hipotecas que se han mencionado anteriormente . Y puesto que el precio de la vivienda iba creciendo rápidamente, las familias podían conseguir crédito y endeudarse.
Ahí está el origen del enorme endeudamiento privado de España,  un 87% del PIB, un porcentaje mayor que el endeudamiento público (68%) que ha acaparado el interés mediático. Ésta es también la causa del gran crecimiento de la banca: a mayor endeudamiento, mayores beneficios. Numerosos estudios nacionales e internacionales documentan que, a mayores desigualdades de renta en un país (una mayor concentración de las rentas en una minoría de la población), mayor endeudamiento de la mayoría de la población y mayor crecimiento del sector financiero basado en el crédito (lo que se conoce popularmente como la banca).
España confirma esta realidad. Según la Agencia de datos de la Unión Europea, el Eurostat, España es uno de los países con mayores desigualdades de renta en la UE-15, y, a la vez, con un mayor porcentaje de familias endeudadas. Lo primero –las desigualdades y la escasa capacidad de compra de la mayor parte de la ciudadanía– lleva a lo segundo.

Consecuencias del endeudamiento de las familias por una parte (falta de demanda) y de la concentración de las rentas por otra (la especulación)

La banca y las cajas, que en gran medida se comportaron  como los bancos, con el fin de optimizar sus intereses, prestaron dinero para que la gente obtuviera hipotecas y comprara su vivienda. El descenso de los salarios que determinó el crecimiento del endeudamiento creó enormes problemas económicos, sociales y humanos. Así, según el propio Banco de España , el porcentaje de familias que destinaba más del 40% de su renta a pagar su hipoteca pasó de ser un 42,4% en 2002 a un 70,9% en 2005. Esto era el resultado no tanto del incremento en las facilidades del crédito (como señalan las instituciones financieras), sino –como indiqué anteriormente- de la disminución salarial. El porcentaje de trabajadores que ganaban menos de 18.500 euros aumentó del 57,8% al 60% durante el mismo periodo. Mientras, los dividendos empresariales crecieron una media del 30% durante ese mismo espacio de tiempo, siendo mayor en las empresas financieras, un 42%.
Ahora bien, hay otro factor que explica el gran crecimiento de la banca,y tiene que ver, de nuevo, con la distribución de las rentas en España. La reducción de las rentas del trabajo implicó la disminución de la capacidad adquisitiva de la población, y con ello el descenso de la demanda de bienes y servicios. Es decir, decreció la compra de coches, bicicletas, trajes y otros objetos de consumo, lo cual convirtió  el sector de la economía productiva en un sector poco rentable. La gente muy rica, que depositaba su dinero en el banco, prefirió, por lo tanto, invertirlo en actividades de rentabilidad más alta que la existente en la economía productiva, entre ellas, en las especulativas del sector inmobiliario. Esta relación banca-sector inmobiliario se transformó en un enorme bloque de poder que, junto al sector de la construcción, se convirtió en el motor del crecimiento económico, conocido como el “milagro español”.  Tal “milagro”, sin embargo, estaba basado, en parte, en especulación y contaba con múltiples cómplices, incluyendo a las autoridades públicas. Los Ayuntamientos, cuya mayor fuente de ingresos procedía de los impuestos sobre la propiedad, vieron crecer sus ingresos notablemente. Y el Banco de España, en teoría regulador de la banca y por tanto responsable de haber prevenido e impedido la burbuja protegiendo y garantizando el crédito, se relajó en su función reguladora, favoreciendo frecuentemente los intereses de la banca en lugar de los de los usuarios, ciudadanos y medianas y pequeñas empresas que necesitaban el crédito.
Todo ello ocurrió a pesar de las advertencias de los propios inspectores del Banco de España. Fue entonces cuando se creó la imagen tan extendida y promovida en círculos económicos y financieros de que el sistema financiero español era el más sólido y eficaz de todos los existentes. Confundiendo eficacia con poder, se aceptó la prepotencia del complejo bancario-sector inmobiliario-industria de la construcción, que fue el eje y motor del supuesto milagro económico, llegando a suponer el 10% del PIB.
Estableciendo un símil con la realidad estadounidense, la importancia del complejo banca-inmobiliarias-construcción en la economía española era semejante a la del complejo militar-industrial en la economía estadounidense, con la salvedad de que este último al menos ha creado colateralmente medidas de estímulo productivo, tales como Internet, que aún pudiendo haber sido desarrolladas más eficazmente invirtiendo en otros sectores de la economía, el hecho es que han derivado en bienes productivos. En España, sin embargo, tal complejo no tuvo ningún efecto estimulante colateral. Todo lo contrario, empobreció y retrasó la mejora de la economía, pues absorbió gran número de recursos que podrían haberse invertido en áreas más productivas. Gran parte de la juventud abandonó sus estudios para ganar dinero rápido, siendo ésta una de las mayores causas de abandono escolar en España. Todo ello contribuyó a que cuando explotara la burbuja inmobiliaria, el nivel de desarrollo económico se estancase, perdiéndose así lo ganado en estos años de boom económico.

La explosión de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias

El estallido de la burbuja inmobiliaria fue el detonante de la crisis financiera y económica en España. La banca, cuya liquidez provenía en gran medida de la banca extranjera y, muy en particular, la banca alemana y francesa, se encontró en una situación muy vulnerable: además de convertirse en la propietaria de la mayoría de viviendas vacías (tres millones), ahora tenía problemas derivados de su dependencia del capital financiero europeo, muy contaminado con los productos tóxicos que les llegaron de Estados Unidos. Como consecuencia, se colapsó el crédito, afectando primordialmente a la población hipotecada y al pequeño y mediano empresario. Todo ello causó un gran descenso de la demanda, a lo cual ha contribuido el enorme crecimiento del desempleo. España pasó de crear 2.4 millones de puestos de trabajo en el periodo 2004-2006 a la destrucción de dos millones en el mismo periodo de tiempo en los años posteriores. La mitad de estos empleos corresponden a la industria de la construcción.

En este estallido no puede ignorarse el papel que han jugado las autoridades públicas, comenzando por el Banco de España, que cerró los ojos ante las prácticas especulativas de la banca, algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde también se produjo una burbuja inmobiliaria con consecuencias semejantes. Los reguladores de la banca, tanto en España como en Estados Unidos, que tenían que haber previsto estas actividades especulativas no lo hicieron. Los análisis realizados a partir de la crisis han mostrado unos comportamientos contables encaminados a ocultar el verdadero estado patrimonial de la banca, como se ha dicho, el mayor propietario de viviendas vacías en España, dándose la situación paradójica y profundamente inhumana de que, mientras hay millones de españoles con dificultades para acceder a una vivienda, tres millones se ecuentran vacías. Es más, la banca se resiste a rebajar el precio de las viviendas que poseen, dificultando la reactivación del mercado del sector. En efecto, durante el periodo de la crisis, el precio de la vivienda ha bajado sólo un 17%, cuando se calcula que el precio está sobrevalorado en un 30%.
Las medidas adoptadas por el Estado han sido claramente insuficientes. Se podría haber penalizado el tener viviendas vacías, gravando la propiedad anualmente en un 5% de su valor, como ha sugerido Dean Baker, del Center for Economic Policy Research, uno de los economistas especializados en temas inmobiliarios más conocido y respetado en Estados Unidos. O prohibiendo que estuvieran vacías, forzando su alquiler, medidas que se han aplicado en otros países pero que no se han considerado en España, ni por el gobierno central ni por los autonómicos.
Otra consecuencia del estallido de la burbuja en España ha sido la disminución de los ingresos al Estado (los cuales dependen primordialmente de las rentas del trabajo), pero tales ingresos han descendido;  de hecho son los más bajos de la UE-15, un 32% frente al 44% de promedio. Otros tres factores han contribuido al descenso de ingresos del Estado. El primero ha sido la reducción de la carga impositiva de las rentas superiores que ha venido ocurriendo durante los últimos quince años. El segundo, el enorme crecimiento del desempleo, que ha alcanzado el mayor porcentaje conocido hasta ahora, un 22%, con un 48% entre los jóvenes. El tercero, el decrecimiento económico, resultado del descenso de la demanda.
Esta reducción de ingresos del Estado ha generado el problema de la deuda pública, que a pesar de ser menor (68% del PIB) que en el promedio de la Eurozona, ha estado sujeta a un gran ataque especulativo por parte de los mercados financieros. Tales mercados tienen escasa confianza en la viabilidad y credibilidad de la banca española, excesivamente mezclada con el sector inmobiliario, y en la habilidad del Estado para pagar su deuda a causa de sus bajos ingresos. Por ello, el complejo bancario-inmobiliario ha sido también un factor determinante en el problema de la deuda pública, que intenta resolverse erróneamente mediante los recortes de los derechos sociales y laborales, que no tuvieron nada que ver, por cierto, con la crisis que tiene hoy el país. España, que tiene el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15, está reduciéndolo todavía más. No puede, por lo tanto, atribuirse la crisis de la deuda pública a un inexistente excesivo gasto público (incluido el gasto público social), tal como se está malinterpretando en las políticas públicas de austeridad de gasto social que sucesivos gobiernos centrales y autonómicos han estado llevando a cabo durante estos años de crisis. Tal problema radica en los escasos recursos que tiene el Estado (tanto central como autonómico) y a la desconfianza en la solidez del sistema bancario español, entrelazado con el sector inmobiliario, profundamente endeudado. Las consecuencias de tal relación han sido muy negativas para la economía y para la sociedad española.