Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario digital EL PLURAL, 21 de noviembre de 2011
Este artículo cuestiona la
visión idealizada de la democracia española que presenta el
comportamiento de las instituciones representativas como resultado del
mandato que la ciudadanía ejerce a través del proceso electoral en el
que se asume que cada ciudadano votante tiene la misma capacidad de
incidencia en la gobernanza del país. Tal visión ignora que tanto el
sesgo electoral que favorece a las fuerzas conservadoras, como el
contexto en el que se desarrolla tal proceso, traduce la enorme
influencia que las fuerzas conservadoras, así como grupos de presión
dentro de ellas (tales como la banca dentro y fuera de España) ejercen
en configurar las políticas de aquellas instituciones. El artículo
indica que la mayor causa de la reducción de la democracia española no
se debe tanto a factores externos (como la presión de los mercados
financieros) sino a la distribución de poder económico-político dentro
de España con un sistema democrático poco representativo. Las políticas
actuales realizadas por el gobierno Zapatero así como las que
desarrollará el gobierno Rajoy no corresponden a un mandato popular,
puesto que el proceso electoral no refleja el mandato de la mayoría de
la ciudadanía española.
Existe una visión de la democracia que
la considera el sistema político que iguala a todos los ciudadanos ante
las urnas en el día de las elecciones. El voto del banquero, por
ejemplo, cuenta tanto como el voto del trabajador. Es un voto por
cabeza. La democracia se presenta así como el sistema político que
permite expresar las opiniones de cada ciudadano dándole igual peso a
través del proceso electoral. Javier Pérez Royo, en su artículo “La
erosión de la Igualdad” (El País. 12.11.11) subraya tal característica
igualadora de la democracia española indicando que esta característica
queda amenazada cuando las decisiones de los elegidos, los
representantes de la ciudadanía, responden a influencias exteriores,
tales como los mercados financieros, que rompen con este principio de
igualdad, pues su poder es enorme y fuerza a que los representantes
tengan que tomar decisiones en contra del deseo popular. Javier Pérez
Royo alerta de que tales factores externos están reduciendo la
democracia española a unos niveles insoportables.
Tal versión de la democracia y de sus limitaciones externas, bien
resumida en el artículo de Javier Pérez Royo, está basada en unos
supuestos altamente cuestionables. En primer lugar, la característica de
la democracia y su sistema electoral como igualitario es fácilmente
demostrable que no se corresponde con la realidad en nuestro país. En
España, el voto de una persona que viva y vote en territorios
tradicionalmente conservadores, tiene mucho más valor en su capacidad de
influenciar el proceso de gobernanza del país que una persona que viva y
vote en un territorio tradicionalmente progresista. En otras palabras,
el sistema electoral tiene un sesgo muy marcado que favorece a las
derechas a costa de las izquierdas. El caso más extremo es el caso de
Izquierda Unida que, en las últimas elecciones al Congreso de los
Diputados consiguió casi un millón de votos, y a pesar de ello, la ley
electoral le permitió tener sólo dos representantes en las Cortes
Españolas, un número mucho menor que otros partidos de persuasión
conservadora, que obtuvieron muchos menos votos. En realidad, la suma de
todos los votos a partidos de izquierda en la mayoría de elecciones
legislativas a las Cortes Españolas ha sido mayor que los votos a las
derechas (2.677.061 votos en 1982; 1.460.497 en 1986; 2.174.278 en 1989;
2.014.027 en 1993; 1.250.822 en 1996; 2.152.514 en 2004 y 1.486.896 en
2008), sin que ello se haya traducido en mayorías de izquierdas en las
Cortes españolas, excepto en el periodo 1982-1993 (ver el artículo
“Cuestionando algunos de los análisis que se han hecho sobre las
elecciones del 9 de marzo del 2009”, de Vicenç Navarro, Marta Tur y
Maria Freixanet, en www.vnavarro.org)
Y esto no ocurre por casualidad, pues responde a un diseño realizado en
la época predemocrática, cuando la Asamblea del Movimiento Nacional puso
como condición para su disolución que el proceso electoral tuviera un
sesgo en contra de las izquierdas y muy en especial en contra del
Partido Comunista que fue el partido clandestino que protagonizó la
lucha contra la dictadura. Es cierto que este sesgo no ha impedido, como
he indicado en el párrafo anterior, que un partido cuyas bases
electorales son de izquierda, el PSOE, haya obtenido incluso mayorías
absolutas en las Cortes. Pero el hecho es que sus propuestas
reformistas, incluidas en sus programas electorales, frecuentemente no
han sido realizadas debido a tener que aliarse con partidos a su derecha
para conseguir la mayoría parlamentaria. El apoyo del PSOE al sistema
electoral vigente que favorece el bipartidismo (y que le favorece
electoralmente) ha obstaculizado, sin embargo, la aplicación de su
programa, contribuyendo a la frustración y desapego de su electorado. La
situación actual es un ejemplo de ello.
Las limitaciones a la democracia no son sólo externas
El segundo supuesto erróneo de la versión idealizada de nuestra
democracia es asumir que los agentes limitadores de la democracia sean
predominantemente externos, citándose con gran frecuencia a los mercados
financieros como uno de ellos, una categoría analítica excesivamente
genérica. En realidad, estamos hablando del capital financiero, centrado
en la banca. Pues bien, la banca española (no extranjera) ha sido el
mayor poder fáctico (mayor que la Iglesia y el Ejército) que ha
condicionado con mayor frecuencia e intensidad la acción de los
gobernantes en España. La evidencia científica que apoya tal observación
es robusta.
La enorme influencia de la banca (aliada frecuentemente con la gran
patronal) en el proceso político, incluyendo el proceso electoral (y no
digamos ya en el proceso legislativo) es enorme. Tal influencia se
realiza no sólo directamente, actuando sobre los políticos, sino también
indirectamente, a través de los medios de información sobre los cuales
ejercen también gran poder (véase mi artículo La Banca, el Fraude Fiscal
y el The New York Times en www.vnavarro.org). Los mayores medios de
comunicación están altamente influenciados por la banca debido a su
clara dependencia económica. Y puedo hablar con autoridad. Diez días
antes de que un libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y
bienestar social que tres economistas (Juan Torres, Alberto Garzón y yo
mismo) escribimos, presentando políticas públicas alternativas a las
existentes (crítico de la banca y de otras instituciones financieras y
de la gran patronal) que iba a publicarse por una de las mayores casas
editoriales en España, se retiró y toda la promoción desapareció debido
–según la propia casa editorial- “a presiones externas a la editorial”
que, aún cuando no fueron especificadas, procedían, en última instancia,
de una institución financiera.
Ha sido la banca española, aliada predominantemente con la banca alemana
y francesa, la mayor responsable de las burbujas inmobiliarias, y más
tarde de la deuda pública, causa de la crisis en la que nos encontramos.
En realidad, lo que estamos viendo hoy es como el gobierno español está
aplicando las medidas que la banca española y la gran patronal han
estado deseando por muchos años utilizando el argumento de que la
presión de una fuerza externa –los mercados- no permite otras políticas
que las que se están realizando. No hay duda de que estas políticas se
exacerbarán todavía más con el gobierno de derechas que ganó las
elecciones legislativas este domingo.
Tales políticas de austeridad de gasto público, incluyendo el social,
con debilitamiento de la protección social, no sólo son innecesarias,
sino que son contraproducentes, llevando al país a la Gran Recesión.
Prueba de ello es que todos los grandes recortes de derechos sociales y
laborales que han ido aprobándose en las Cortes españolas (y que se
defendieron con el argumento de que eran necesarios para calmar a los
mercados financieros), han sido inútiles, tal como algunos de nosotros
predijimos, para recuperar la confianza de tales mercados y evitar el
deterioro de la economía.
La predecible respuesta neoliberal a la crisis
La respuesta del PP y de economistas ultraliberales como Sala i Martín
al hecho de que la economía española no se está recuperando, es que
tales recortes de gasto público (incluyendo el social) han sido
demasiado pequeños y que las reformas laborales (encaminadas a facilitar
el despido de los trabajadores) no han sido suficientemente duras. Tal
postura carece de credibilidad científica. Es el triunfo del dogma sobre
al evidencia empírica. No es extraño que los que sostienen tal dogma,
nieguen también –como hace Sala i Martín- que haya un cambio climático
resultado de decisiones y actividades que podrían haberse evitado o
revertido. El consejo de tal economista al futuro gobierno de Rajoy es
que hay que gobernar con mano dura “aplicando recortes dolorosos que
crearán malestar social…ignorando el nuevo radicalismo del PSOE… y las
posturas demagógicas populistas de los indignados” (La Vanguardia.
17.11.11). El dogma neoliberal y los recortes que propone, en el país
que tiene ya el gasto público (incluyendo el social) más bajo y el
Estado del Bienestar menos desarrollado de la UE-15, no nos llevará a
recuperarnos. Antes al contrario. Y creará un número todavía mayor de
movilizaciones de protesta.
El problema está dentro, no sólo fuera de España
La enorme indignación que estas políticas han generado debe canalizarse,
sin embargo, hacia el interior, y no sólo o predominantemente al
exterior. El mayor problema lo tenemos dentro, no fuera del país. Por
cada recorte que se está imponiendo a la población, existe una
alternativa que ni se consideró y que habría afectado a los intereses de
los sectores pudientes de la población en lugar de los sectores
populares. En lugar de congelar las pensiones, que permitió un ahorro de
1.500 millones de euros se podría haber anulado las rebajas fiscales
–aprobadas por los partidos PSOE y PP- a las grandes empresas que
facturan más de 150 millones de euros (y que son sólo el 0,12% de todas
las empresas) con lo que se podrían haber obtenido 5.300 millones,
cantidad muy superior a la obtenida con la medida anterior.
El hecho de que sistemáticamente las políticas públicas que se aplican
favorecen sistemáticamente a aquellos grupos minoritarios que derivan
sus rentas predominantemente del capital, a costa de las rentas del
trabajo (de donde derivan sus ingresos las clases populares) tiene que
ver más con los factores internos (las relaciones de poder de clase
dentro del país) que externos, sin negar la existencia de los últimos.
Hay una alianza de intereses financieros a nivel europeo e internacional
que explica que el diseño de las instituciones de la Eurozona
favorezcan sistemáticamente a las élites financieras de cada país, que
controlan en realidad el Banco Central Europeo, que no es un banco
central sino un enorme lobby de la banca y, muy en especial, de la banca
alemana.
La crisis de la deuda pública española tiene muy poco que ver con el
tamaño de la deuda pública o con el tamaño del déficit (Italia tiene un
déficit del Estado de sólo un 4% del PIB y la deuda pública española es
menor que el promedio de la UE-15). La causa de sus problemas es la
falta de herramientas por parte de Estado español (tales como impresión
de moneda y compra de deuda pública) que le permitiera defenderse frente
a los ataques especulativos de los mercados financieros. Como bien ha
descrito y documentado Jeff Faux, fundador del conocido instituto de
investigación económica internacional, The Economic Policy Institute en
su libro The World Class War, existe una alianza de las élites
dominantes (o de lo que los indignados estadounidenses definen como el
1% en cada país) a nivel internacional que dominan las instituciones
internacionales (incluyendo el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional) que apoyan medidas que favorecen los intereses
de tales minorías en cada país.
No es, pues, la desaparición de los Estados, sino el reforzamiento del
conflicto dentro de cada país, entre una minoría muy poderosa, por un
lado, y las clases populares por el otro, con el apoyo de las primeras
por parte de estos organismos internacionales, como el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
De ahí la enorme urgencia de informar a la población de que hay
alternativas que favorecen a las últimas en lugar de a las primeras,
rompiendo con el determinismo imperante de que las que se están
imponiendo son las únicas posibles. Y una alternativa urgente y
necesaria es democratizar el sistema electoral español para que las
Cortes españolas defiendan los intereses de la mayoría de la población,
lo cual no ha estado haciendo, resultado de la enorme desigualdad
existente en la democracia española, causa del enorme desprestigio de la
clase política del país.
