Artículo publicado por Vicenç Navarro en la revista digital SISTEMA, 16 de septiembre de 2011
Este artículo critica la
interpretación de la crisis actual que la atribuye a la actitud
especulativa de los mercados financieros. Esta explicación ignora que
los mercados financieros siempre han sido especulativos, sin que ello
haya causado crisis como las presentes. El artículo señala que el
problema no es tanto la especulación de los mercados, sino la falta de
protección de los estados frente a tal especulación, y ello como
consecuencia de la manera como se estableció el euro que respondió a
una ideología neoliberal que tenía como objetivo debilitar a los estados
y desmantelar su dimensión social. De ahí que para “resolver” el mal
llamado “problema de la deuda pública” se esté desmantelando el Estado
del Bienestar, utilizando como excusa que los mercados así lo exigen.
Hoy se están haciendo en España, tanto
por el Gobierno español como por los gobiernos de las Comunidades
Autónomas, enormes recortes de derechos sociales adquiridos por la
población española (como la congelación de las pensiones, así como la
reducción de fondos públicos para la sanidad, la educación, los
servicios sociales y otros servicios del Estado del Bienestar, que
suponen una reducción de los derechos sociales, pues la evidencia
muestra que tales recortes están afectando negativamente a la calidad de
tales servicios), que se están realizando bajo la excusa (no hay otro
término para definir la argumentación que se está utilizando para
justificar tales reducciones) de que así lo exigen los mercados
financieros. La expresión “la presión de los mercados determina la
necesidad de hacer tales recortes” es la más utilizada y promovida por
los establishments políticos y mediáticos del país. Pero la evidencia
muestra que ello no es cierto. Es fácil de ver que los mercados no están
pidiendo que se hagan los recortes en estas transferencias y servicios
públicos.
Si leemos los Informes, por ejemplo, de las agencias de valoración de
bonos públicos (que no son necesariamente santos de mi devoción), vemos
que lo que señalan es la necesidad de que los Estados reduzcan el
déficit y la deuda pública. Y hay muchas maneras de reducir el déficit y
la deuda pública. La reducción del gasto público social no es la única
ni la más eficaz para reducirlo. En lugar de congelar las pensiones, por
ejemplo, a fin de obtener una reducción del gasto público de 1.500
millones de euros, se podrían haber alcanzado los mismos ahorros
mediante la cancelación, por ejemplo, de nuevas inversiones del Estado
en equipamiento militar que incluye, entre otras medidas, la compra de
24 helicópteros de combate llamados Tigre. O en lugar de recortar 600
millones de euros para los servicios a las personas con dependencia se
podría haber eliminado el pago a los profesores de religión católica en
el sistema público de enseñanza, ahorrando la misma cantidad.
O en lugar de variar la orientación de los recortes dentro del
presupuesto público, podría haberse aumentado el ingreso de fondos al
Estado (tanto central, como autonómico), revirtiendo los recortes de
impuestos que han beneficiado predominantemente a las rentas superiores.
Si se recuperara, por ejemplo, el nivel de imposición que tenía el
impuesto de sociedades de las grandes empresas (que facturan más de 150
millones de euros al año y que representan sólo el 0,12% de todas las
empresas de España), volviendo al nivel impositivo que tenían antes de
que Aznar y Zapatero les redujeran tal nivel, el Estado ingresaría 5.300
millones de euros más de los que recibe. Si el impuesto sobre las
grandes riquezas (que ingresan más de 120.000 euros al año) recuperara
el mismo nivel que tenía antes de que Aznar y Zapatero lo redujeran, el
Estado también recogería 2.500 millones de euros más. Y si se recuperara
el impuesto de sucesiones se obtendrían 2.552 millones de euros más.
Otra alternativa podría ser eliminar el fraude fiscal de las grandes
familias, las grandes empresas y la banca, que representa el 71% de todo
el fraude fiscal existente en España. Con ello, el Estado ingresaría
44.000 millones de euros más. Y otra alternativa podría haber sido
corregir la gran regresividad en la imposición de las empresas en que
éstas tienen un nivel impositivo efectivo del 17%, mucho más bajo que el
nivel impositivo de las medianas y pequeñas empresas, y mucho más bajo
que el nivel impositivo de los empleados y trabajadores en nómina, 37%
(para el salario medio de 22.802 euros en España).
Todos estos datos, procedentes en su mayoría del Sindicato de Técnicos
del Ministerio de Hacienda del Estado español, muestran que hay
alternativas sobre cómo reducir el déficit que ni siquiera están siendo
consideradas en los establishments políticos y mediáticos del país. El
hecho de que se estén reduciendo las transferencias y servicios públicos
del Estado del Bienestar en lugar de recortar otros ítems menos
populares o aumentar los ingresos al Estado (sin que afecte a lo que
paga en impuestos la gran mayoría de la población), no tiene nada que
ver (repito, nada que ver) con la presión de los mercados financieros.
Tiene que ver única y exclusivamente con el distinto grado de influencia
sobre el Estado español de distintos colectivos y clases sociales que
existen en España.
¿POR QUÉ SE HACEN LOS RECORTES EN LUGAR DE APLICAR OTRAS ALTERNATIVAS?
¿Por qué, pues, se hacen estos recortes? Y la respuesta es fácil de ver,
aunque raramente el lector lo verá en los mayores medios. Es el enorme
dominio de las derechas neoliberales existentes en las instituciones
europeas, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo (BCE) que, con la complicidad de los partidos socialdemócratas
gobernantes, han construido el euro según el dogma neoliberal que
intentaba reducir al máximo el papel del Estado. De ahí que se
eliminaran las medidas más importantes que los Estados (de lo que pasó a
ser la Eurozona) tenían para protegerse de la especulación de los
mercados financieros. Estas medidas consistían en tener bancos centrales
que imprimieran dinero con el cual comprar deuda pública del Estado,
forzando así la bajada de los intereses de tal deuda. Pero ahora los
Estados de la Eurozona no pueden hacer ni lo uno ni lo otro. Están
totalmente desprotegidos, Y de ahí que la deuda pública de tales Estados
(incluyendo ahora Francia y pasado mañana la misma Alemania, y si no se
lo cree, espere unos meses) esté sujeta continuamente a la
especulación. Y para reforzar esta vulnerabilidad, al Banco Central
Europeo también se le prohibió que transfiriera moneda a los Estados y/o
comprara su deuda pública. Lo hizo recientemente a regañadientes en el
caso de España e Italia, y los intereses de la deuda pública española e
italiana bajaron. Pero hubo una protesta que forzó la interrupción de
tal media. El BCE puede sólo ayudar a la Banca privada, pero no a los
Estados.
EL PROBLEMA ES LA FALTA DE PROTECCIÓN DE LOS ESTADOS FRENTE A LA ESPECULACIÓN DE LOS MERCADOS
¿Y por qué las derechas neoliberales desean tal vulnerabilidad de los
Estados? Porque, en realidad, tales derechas desean debilitar al Estado
del Bienestar, eliminar la protección social y abaratar los salarios.
Los intereses financieros y la gran patronal quieren la privatización de
las transferencias como pensiones públicas, y de los servicios públicos
del Estado del Bienestar, como la Sanidad, prohibiéndoles a los Estados
que se endeuden, forzándoles a tener el déficit cero o cercano a cero.
De nuevo, podría reducirse el déficit subiendo los impuestos. Pero esto
no ocurrirá, pues el capital tiene mucho más poder que el mundo del
trabajo.
Y los datos hablan por sí mismos. Las rentas del capital han ido
aumentando a costa de que las rentas del trabajo han ido disminuyendo.
Nada menos que Nouriel Roubini, el economista al que se le atribuye el
haber predecido la crisis financiera, lo reconoció en las páginas del
Wall Street Journal (15.09.11). Decía tal economista que el fenómeno más
llamativo de lo que ha estado ocurriendo ha sido “una radical
redistribución del ingreso desde el trabajo al capital, desde los
salarios hacia los beneficios”. Y añadía este autor que esta
redistribución era una de las mayores causas del enorme problema de
falta de demanda, causa de la Gran Recesión.
Las medidas adoptadas por los gobiernos de la Eurozona (y de la UE-15),
incluyendo el gobierno español, encaminadas a reducir los salarios y la
protección social, con el debilitamiento y reducción tan notable del
estado del bienestar, siguen este objetivo, utilizándose como excusa (de
nuevo, no hay otra manera de definir la argumentación utilizada para
definir tales medidas) que tales medidas son necesarias para incrementar
la competitividad (véanse mis artículos cuestionando esta tesis, en la
sección Economía política de mi blog www.vnavarro.org) y para calmar a
los mercados, argumentos que carecen de evidencia que los avale. Los
mercados financieros no son calmables, pues son especulativos por
definición. El problema no son los mercados, sino la falta de protección
de los Estados frente a la especulación de los mercados, vulnerabilidad
que ha sido diseñada para debilitarlos y debilitar la protección
social, reducir el Estado del Bienestar y privatizarlo.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN
Tal promoción de los intereses del capital a costa de los intereses del
mundo del trabajo exige una complicidad mediática, que presenta a las
políticas que se están desarrollando (que incluye recortes sociales y
prohibición a los estados de que se endeuden) como inevitables y
necesarias. La presentación de la reforma de la Constitución y de la Ley
Orgánica que la complementa en España siguen esta línea. Las dos se han
presentado como inevitables y necesarias, cuando la evidencia es
contundente y robusta de que no sólo son innecesarias, sino que son
incluso contraproducentes, pues serán utilizadas para reducir todavía
más al Estado del Bienestar español, el más poco financiado de la
Eurozona y de la UE-15. España tiene el gasto público social por
habitante más bajo de ambas comunidades. Y esta reducción del gasto
público, incluyendo el gasto público social, contribuye a disminuir la
demanda, causa de la gran recesión.
El argumento que machaconamente se utiliza por voces favorables a tales
medidas es que la reducción del déficit a niveles tan bajos como las
Cortes Españolas aprobaron hace unos días no tiene porque significar la
reducción del gasto público social. El candidato del PSOE a la
Presidencia del Gobierno, el Sr. Rubalcaba ha estado subrayando este
punto repetidamente. Tal postura ignora que la única manera de que tal
medida no signifique una reducción del gasto público (del cual, el gasto
público social es el mayor porcentaje) sería mediante un enorme aumento
de los ingresos al Estado (equivalente a un 7% del PIB), lo cual es
difícil que ocurra, debido al enorme poder de los colectivos que no
están contribuyendo al Estado en la medida que lo hacen sus homólogos en
otros países. Es este enorme poder que explica como, durante el periodo
de gobierno socialista, no se ha llevado a cabo el desarrollo de las
políticas alternativas a los recortes, detallada en la primera parte del
artículo. Y este mismo poder es el que causó que la entrada de España
al euro (que exigía la reducción del déficit del Estado por debajo de un
3% del PIB) se hizo a base de reducir (primero en términos absolutos y
después en términos relativos) el gasto público social, de manera que el
déficit social de España ( que se mide por la diferencia de gasto
público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15) era
mayor en 2007 que en 1993, año en el que se empezaron las políticas de
austeridad conducentes a la entrada de España en el euro.
Una última observación referente al papel de los medios de información y
su rol en promocionar las políticas que se están aplicando. El País
acaba de publicar una encuesta de Metroscopia (12.09.11) en la que
señala que hay más españoles (56%) que favorecen los recortes de gasto
público social que la subida de impuestos (31%), hecho que El País
parece interpretar como el apoyo de las políticas de recortes que se ha
estado haciendo. Tal dato es tendencioso y sesgado, carente de
credibilidad, pues no tiene la especificidad que requiere. El término
impuestos es demasiado genérico, pues no señala quien paga estos
impuestos. Si se preguntara en España, la pregunta ¿qué favorecería
usted para reducir el déficit del Estado, reducir los fondos públicos
para las pensiones, para la sanidad pública, para la escuela pública,
para los servicios domiciliarios para las personas con dependencia, para
las escuelas de infancia (entre otras transferencias y servicios
públicos) o que se revirtieron las bajadas de impuestos de las grandes
familias, grandes empresas y de la banca que han ido ocurriendo en los
últimos quince años?, la respuesta sería abrumadora a favor de la
segunda alternativa. Tal pregunta no se ha hecho en España. Se ha hecho
en EE.UU. y el porcentaje favorable a esta última alternativa ha sido de
82% (sí, repito 82%). Y ello en EE.UU. Creo que en España sería incluso
mayor.
EL PROBLEMA NO ES NI FINANCIERO NI ECONÓMICO. ES POLÍTICO
Es un profundo error el que el PSOE, que jugó un papel determinante
(apoyado por los partidos a su izquierda) en el establecimiento del
Estado del Bienestar en España, haya aprobado la reforma constitucional y
la Ley Orgánica que la complementa y que afectará negativamente al
Estado del Bienestar, dificultando la corrección del enorme déficit
social de España. Y es incluso peor cuando se opone a que tal reforma se
ponga a referéndum. He escrito extensamente el porque ambas decisiones
son además de profundamente equivocadas, antidemocráticas. Y tengo que
admitir que me ha sorprendido la falta de voces críticas a tales medidas
dentro de tal partido. Tal situación está reforzando la impresión de
que el PSOE es un partido de cargos políticos, junto con otros miembros
que están esperando ocupar cargos políticos. Esta percepción puede que
sea errónea, pero se está generalizando y está haciendo un enorme daño
al socialismo español. La ausencia de voces críticas dentro de tal
partido hará muy difícil la necesaria renovación y cambio profundo que
el socialismo español necesita.
Estos últimos años hemos estado viendo el enorme descenso del apoyo
electoral y de la militancia de los partidos socialdemócratas en la
Unión Europea como resultado, no de la falta de atracción del socialismo
en democracia, como las derechas maliciosamente interpretan el descenso
electoral de tales partidos, sino del distanciamiento de tales partidos
del socialismo, llevando a cabo políticas, como las realizadas por el
Gobierno Zapatero en respuesta a la crisis, que significan una rotura
con aquel proyecto, un proyecto que continua siendo tan válido hoy como
ayer. Según la última encuesta de valores de la Unión Europea, nada
menos que el 68% de la población de los países de la UE estarían de
acuerdo en vivir en sociedades en que los recursos se distribuyeran
según la necesidad de los ciudadanos, y que estos se financiaran según
la habilidad de cada uno. El distanciamiento de las élites gobernantes
de estos partidos socialdemócratas gobernantes hacia los principios del
socialismo explica su descenso electoral. El hecho real de que el
gobierno del PP sea incluso peor no es causa movilizadora suficiente
para muchos electores socialistas que están indignados con las políticas
llevadas a cabo por un partido al cual depositaron su voto. Esta es la
realidad que las élites dirigentes ignoran a un coste elevadísimo para
el socialismo en España. Los partidos socialdemócratas están perdiendo
rápidamente su capacidad de estimular cambios a favor de las clases
populares. Y España es, por desgracia, un ejemplo más de lo que está
ocurriendo en la Unión Europea. En lugar de ser parte de la solución, se
han convertido en parte del problema. Así de claro.