Artículo de Vicenç Navarro que se publicará mañana en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 8 de noviembre de 2012
Este artículo analiza las causas
del deterioro del bienestar social y calidad de vida de las clases
populares de la mayoría de los países de la Eurozona y muy en especial
de los países periféricos de tal zona monetaria, es decir, España,
Grecia y Portugal. Entre ellas, las más importantes son el dominio de
las fuerzas conservadoras sobre los Estados de tales países y del
sistema de gobernanza de la Unión Europea y de la Eurozona, y las
políticas públicas que determinan. De ahí la necesidad de la respuesta
masiva de protesta convocada por los sindicatos el día 14 de noviembre.
Partidos conservadores y
neoliberales están gobernando, tanto en España como en la mayoría de
países de la Unión Europea, incluyendo los de la Eurozona, implementando
políticas públicas que tienen como consecuencia: 1) la realización de
reformas laborales que conllevan la disminución de los salarios y el
aumento del desempleo; 2) el descenso de la población activa; 3) la
reducción de la protección social; 4) el recorte del gasto público
social; 5) la privatización de las transferencias y de los servicios
públicos del Estado del Bienestar; 6) la reducción de los derechos
laborales y sociales; 7) la disminución y privatización de las pensiones
públicas; y 8 ) el debilitamiento de la negociación colectiva y de los
sindicatos. La evidencia de que esto está ocurriendo es robusta y
claramente convincente (ver sección Economía Política en
www.vnavarro.org).
Donde tales políticas
han alcanzado su máximo desarrollo ha sido en los países periféricos de
la Eurozona, y muy en particular Grecia, Portugal y España. No es por
casualidad que estos tres países sean los países donde las fuerzas
conservadoras han sido más poderosas e influyentes en sus Estados
durante el siglo XX y principios del siglo XXI. Todos ellos han tenido
dictaduras fascistas o fascistoides por un largo periodo de su historia
e, incluso, durante su periodo democrático, cuando han estado gobernados
por partidos de centro izquierda, las políticas de estos gobiernos han
estado seriamente condicionadas por tales fuerzas conservadoras.
Tal dominio
conservador explica que estos Estados se caractericen por: 1) ser muy
pobres (sus ingresos al Estado representan sólo el 34% de su PIB en
España, el 37% en Grecia y el 39% en Portugal, porcentajes mucho más
bajos que el promedio de la UE-15, 44%, y mucho, mucho más bajos que en
Suecia, el país donde las izquierdas han gobernado por más tiempo
durante los últimos cincuenta años, y cuyo porcentaje es el 54%; 2)
tener escasa sensibilidad social con sus Estados del Bienestar
(transferencias, pensiones y servicios públicos, como sanidad, educación
y servicios sociales) muy poco financiados (su gasto público social
como porcentaje del PIB es el 22% en España, el 25% en Grecia y el 24%
en Portugal, de nuevo más bajos que el promedio de la UE-15 con un 27% y
mucho, mucho más bajos que el de Suecia, 30%); 3) la escasez de los
recursos públicos, incluyendo empleo en los servicios de tal Estado del
Bienestar –como, de nuevo, sanidad, educación, escuelas de infancia,
servicios domiciliarios a las personas con dependencia, servicios
sociales, entre otros- (sólo uno de cada diez adultos trabaja en tales
servicios en España, comparado con uno de cada cuatro en Suecia. Si en
España fuera uno de cada cuatro, se crearían cinco millones más de
puestos de trabajo, eliminando con ello el desempleo); 4) tener las
políticas públicas más regresivas y menos redistributivas de la UE-15.
(La pobreza en España se reduce, mediante las políticas del Estado
-tanto central como autonómico-, sólo 4 puntos, pasando del 24% de la
población al 20%, el porcentaje de reducción de la pobreza más bajo
–junto con Grecia y Portugal- de la UE-15. El promedio de la UE-15 es de
9 puntos, y en Suecia es de 14 puntos. Como consecuencia, España,
Grecia y Portugal son los países con mayor porcentaje de la población
que son pobres); 5) tener las cargas impositivas más regresivas e
injustas (el trabajador de la manufactura en España paga en impuestos el
74% de lo que paga su homólogo en Suecia. El súper rico español, el 1%
de la población con mayor renta, paga en impuestos sólo el 10% de lo que
paga el súper rico en Suecia); 6) tener los fraudes fiscales más
elevados de la UE-15 y también más concentrados en las rentas superiores
y en las rentas derivadas del capital (en España el 74% del fraude
fiscal -44.000 millones de euros- lo realizan las grandes fortunas, las
grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año –un
0,12% de todas las empresas- y la banca. Un tanto semejante ocurre en
Grecia y Portugal).
En todos estos países
un porcentaje muy reducido de la población (las élites financieras,
económicas y mediáticas) tiene una enorme influencia sobre sus Estados,
habiendo diseñado sistemas políticos de escasa representatividad
electoral. Esta característica es especialmente acentuada en España,
donde la Transición (mal definida como modélica) de la dictadura a la
democracia, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas
conservadoras que controlaban el aparato del Estado y la gran mayoría de
medios de información y persuasión. De ahí que el sistema electoral sea
escasamente proporcional y representativo.
Las consecuencias de este dominio conservador
La reducción de la
capacidad adquisitiva de la población, resultado del descenso real de
los salarios forzó a las familias a endeudarse, beneficiando con ello a
la banca, la cual, en maridaje con la actividad más especulativa de la
economía española, la actividad inmobiliaria, creó la burbuja
inmobiliaria, alimentada también con dinero procedente de la banca
alemana (entre otras) que hizo extraordinarios beneficios en aquella
inversión especulativa. Durante el boom económico, creado
artificialmente por tal burbuja, fuerzas conservadoras forzaron reformas
fiscales, bajando los impuestos a las rentas superiores y a las rentas
del capital (20.000 millones de euros en España), que beneficiaron
predominantemente a los sectores más pudientes de la sociedad, creando a
la vez un agujero en las cuentas del Estado, que apareció más tarde
cuando la burbuja estalló y el déficit del Estado apareció en toda su
dimensión.
Como respuesta, el Estado español
(así como el griego y el portugués) intentó reducir tal déficit, no
mediante la reversión de los recortes de impuestos implementados durante
la época de falsa bonanza, sino recortando el ya escasísimo gasto
público social. Así se congelaron las pensiones para conseguir 2.000
millones de euros, cuando se podían haber obtenido 2.100 millones
manteniendo el impuesto sobre el patrimonio o 2.552 millones anulando la
bajada de los impuestos de sucesiones. Y, más recientemente, las mismas
fuerzas conservadoras han ido recortando 6.000 millones de euros en la
sanidad española, cuando se podrían haber obtenido 5.300 millones
anulando la bajada de impuestos de las grandes compañías financieras.
Hoy el Estado español ha apoyado a la banca con una cantidad semejante
al 10% del PIB a la vez que están recortando a diestro y siniestro los
servicios y transferencias del Estado del Bienestar. Diariamente se
están echando a más de 500 familias de sus hogares por no poder pagar su
hipoteca, a la vez que se está ayudando a los bancos con el dinero de
todos. Y se están imponiendo enormes sacrificios, y otros que vendrán,
para pagar a la banca, tanto española como alemana (entre otras), el
dinero que como usurera está consiguiendo a costa de unas prácticas
inmorales, injustas y antidemocráticas.
Y digo antidemocrática porque, tal
como indiqué en mi artículo “La necesaria huelga general” (Público,
01.11.12), todas estas políticas que se están llevando a cabo no tienen
ningún mandato popular, pues ninguna de ellas estaba en los programas
electorales sobre los que fueron elegidos. De ahí la necesidad en todos
estos países de protestar y denunciar estas prácticas que se están
realizando en contra y a espaldas de la gran mayoría de su población. Lo
que estamos viendo en cada uno de estos países es el gobierno de una
minoría a favor de una minoría, en contra de una mayoría. Las derechas
de siempre, en cada uno de ellos, están ahora, bajo el falso argumento
de que no hay alternativas, intentando conseguir lo que siempre
desearon: la reducción de los salarios y de la protección social y la
eliminación del Estado de Bienestar. Y no se puede permitir, por mera
salud democrática, que ello ocurra. De ahí que se hayan convocado
Huelgas Generales y/o movilizaciones el próximo día 14 de noviembre en
cada uno de ellos, para protestar e impedirlo. La propia existencia de
la democracia está en peligro.
